“... La lucha de las comunidades indígenas Nasa por la liberación de la tierra involucra reivindicaciones ancestrales que hacen parte de una autentica cultura de la resistencia, con una historicidad y una cosmovisión propia que no puede ser confundida con los procesos de lucha campesina. Sin embargo, dadas las dinámicas del conflicto actual por la tierra, los procesos de liberación pueden ser interpretados como un conflicto de raíz étnica que se entrecruza con conflictos de clase por la tierra. Su lucha tiene por destino salir del confinamiento de las tierras altas, bajar a las zonas de mayor productividad, vencer el monopolio de la industria cañera y recuperar los territorios ancestrales para garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones venideras. Y es allí, en la lucha contra la expansión terrateniente, en donde se encuentran las posibilidades de articulación entre los movimientos indígena, campesino y afrodescendiente del Cauca, proceso que se ha venido entretejiendo desde los años 70 y que, con la articulación de las comunidades afro descendientes y el movimiento indígena en la liberación de López Adentro en 1984, como con la acción conjunta de indígenas y campesinos por la liberación de la hacienda la Emperatriz en el municipio de Caloto, iniciado desde el 2005, se trata de un complejo proceso de articulación regional que aun continua su marcha.”

El despojo como origen del conflicto por la tierra en el Cauca

Aunque la práctica del despojo contra los pueblos indígenas ha sido constante desde la colonia, es posible distinguir en este largo proceso tres momentos centrales. El despojo de tierras en el periodo colonial para el establecimiento de haciendas desde el siglo XVI hasta el XVII, cuando cesan los grandes esfuerzos bélicos de las comunidades indígenas del Cauca y sur del Tolima por expulsar al invasor español, el último de ellos registrado para 1656 (1).
La expansión terrateniente de finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, para entonces familias latifundistas del Cauca como los Mosquera, los Zambrano, los Valencia y los Arboleda, detentaron títulos de propiedad sobre terrenos ancestrales de los pueblos indígenas, pese a que la ley 89 de 1890 garantizó el carácter no enajenable de las tierras de los resguardos. El mecanismo para el logro de estas propiedades fue la ilegalidad y la violencia (2).

Por último, para la mitad del siglo XX, se combinaron distintos factores que desembocaron en un nuevo momento de usurpación de tierras indígenas. Por un lado la violencia de los años 50 permitió el aumento de la propiedad terrateniente del Norte del Cauca. En los años 60 las políticas de modernización agraria y el aumento internacional de la demanda de azúcar colombiano, generado por el bloqueo a la comercialización de la producción cubana a raíz de la revolución de 1959, permitió el aumento y la consolidación de los cultivos de caña en el Norte del Cauca, lo que implicó un nuevo ciclo de expropiación de tierras indígenas (3).

La historia que explica la manera como las tierras bajas del Cauca se encuentran hoy bajo títulos de propiedad de grandes terratenientes e ingenios, da clara cuenta de la ilegitimidad del origen de estas propiedades, sustentadas en la violencia como mecanismo que permitió la concentración de la tierra y la acumulación necesaria para la posterior reproducción del capital. En contra, la lucha de las comunidades indígenas no es por la apropiación privada de estos territorios, el movimiento busca que las tierras entren a formar parte de los territorios colectivos de los resguardos.

La manera como las comunidades indígenas Nasa asumen la propiedad de la tierra señala un proceso histórico de construcción de identidades colectivas que los distingue del movimiento campesino. Si bien ambos movimientos luchan por la tierra en contra de los monopolios latifundistas, sin embargo el movimiento campesino busca la titulación en parcelas privadas, mientras que la pertenencia cultural del movimiento indígena, como pertenencia a una comunidad de origen ancestral, con lengua, cosmovisión, formas de gobierno e historia propia, hace que se acentúen las tendencias a la colectivización y la vida comunitaria. De allí que los indígenas que lucharon contra el terraje en los años 70, se negaron a aceptar los planes presentados por el hoy liquidado Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INCORA, en donde se quiso establecer la entrega de tierras bajo la creación de cooperativas o empresas de producción campesinas, sin integrar estas tierras a los resguardos (4). Su resistencia a los planes del INCORA señala que las demandas indígenas no se limitaban sólo a la entrega de tierras, sino que la memoria indígena operaba en la forma de reconstrucción de los resguardos.

La propiedad de la tierra es la base de la dominación sobre el trabajo indígena. Cuando en mayo de 1851 se terminó oficialmente con la esclavitud, la libertad para las comunidades afro e indígenas fue sólo de papel. Los terratenientes del Cauca se negaron a perder la fuerza de trabajo indígena, por lo que se estableció el terraje como forma de explotación servil, en donde las comunidades se vieron obligadas a pagar con trabajo el derecho a vivir y cultivar en sus propias tierras, usurpadas por los hacendados. El trabajo tributario que los indígenas tenían que darle al hacendado consistía normalmente en largas jornadas de tres semanas al mes, mientras que el tiempo restante podían dedicarlo a labrar una pequeña parcela dedicada al autoconsumo. Por su parte las mujeres debían prestar servicios como servidumbre en la casa de la hacienda.

Dado que el terraje, como la desarticulación de los resguardos, encontraron su origen en el problema de acumulación de la tierra a través del despojo, los dos primeros puntos de la plataforma de lucha del CRIC en febrero 24 de 1971, y que aún hoy continúan vigentes, son 1- recuperar las tierras de los resguardos y 2- ampliar los resguardos, pues sólo de este modo las comunidades indígenas podrán dar cumplimiento al mandato espiritual de proteger y preservar la madre tierra, como garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones venideras.

La figura del terraje dominó las haciendas del Cauca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el inicio de las luchas de los años 70 del siglo XX, articuladas alrededor del CRIC. El no al terraje constituye el punto 4 de su plataforma de lucha.

La situación actual de concentración de la tierra

La reacción de los gremios vinculados a la gran producción agraria, después de iniciado el proceso de liberación en Corinto, en diciembre de 2014, no se hizo esperar, Isabella Victoria, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca SAG, afirmó que los indígenas han recibido cerca de 721.000 hectáreas. “Eso es -según sus palabras- una cuarta parte del Cauca” (6). La SAG, que aglutina al exclusivo grupo de grandes propietarios de la tierra en el departamento, se opone a cualquier nueva ampliación de los resguardos en las zonas bajas porque, según ellos, los indígenas tienen demasiada tierra. Lo que coincide con la posición tomada por el alcalde de Corinto, quien lleva acabo una agresiva campaña para que mestizos y afros rechacen el resguardo indígena.

Pero las verdades a medias son otra forma de mentir. Es cierto que los resguardos de las diferentes comunidades indígenas que habitan el Cauca, entre ellos las comunidades Nasa, Misak, Eperara siapidara, Ambaló, Kizgó, Inga, Kokonuco, Polindara, Totoró y Yanacona, alcanzan las 721.000 hectáreas, sin embargo de estas tierras 252.000 hectáreas pertenecen a reservas forestales, 75.000 hectáreas son paramos no explotables, mientras que 25.000 hectáreas son tierras improductivas. De las tierras que pertenecen a los resguardos solo 91.000 hectáreas son aptas para cultivos (7), de manera que la distribución de tierras cultivables entre las comunidades indígenas sólo llega a 0,37 hectáreas por persona (8), lo que constituye una difícil situación para la seguridad alimentaria de estas comunidades.

El informe del 2009 realizado por el IGAC registró, del 2000 al 2009, una tendencia marcada a la concentración de la tierra en pocos propietarios. El 85.4% de los propietarios del Cauca sólo poseen el 26,03% de la tierra, en pequeñas extensiones de micro y minifundio, mientras que el 7,8% de propietarios posee el 60,22% de la tierra, de ellos el 0,52% de propietarios domina el 15,63% de la tierra (9). Ahora, gran parte de la tierra del Cauca está clasificada de baja y muy baja fertilidad, solo el 3% de la tierra está clasificada como de alta fertilidad, 25% fertilidades bajas y 32% muy bajas, de allí que la presión que ejercen los terratenientes cañeros y la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia por la posesión de las tierras de mayor fertilidad, ha devenido en un nuevo proceso de expulsión de las comunidades indígenas, afro y campesinas, confinadas en las tierras altas no productivas. Así, en municipios como Cajibío, Sotará y Timbío, en donde las comunidades mantenían cultivos transitorios de café, caña panelera y sorgo, poco a poco la gran industria de la caña los ha desplazado a las laderas de las cordilleras (10).

La lucha de las comunidades indígenas Nasa por la liberación de la tierra involucra reivindicaciones ancestrales que hacen parte de una autentica cultura de la resistencia, con una historicidad y una cosmovisión propia que no puede ser confundida con los procesos de lucha campesina. Sin embargo, dadas las dinámicas del conflicto actual por la tierra, los procesos de liberación pueden ser interpretados como un conflicto de raíz étnica que se entrecruza con conflictos de clase por la tierra. Su lucha tiene por destino salir del confinamiento de las tierras altas, bajar a las zonas de mayor productividad, vencer el monopolio de la industria cañera y recuperar los territorios ancestrales para garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones venideras. Y es allí, en la lucha contra la expansión terrateniente, en donde se encuentran las posibilidades de articulación entre los movimientos indígena, campesino y afrodescendiente del Cauca, proceso que se ha venido entretejiendo desde los años 70 y que, con la articulación de las comunidades afro descendientes y el movimiento indígena en la liberación de López Adentro en 1984, como con la acción conjunta de indígenas y campesinos por la liberación de la hacienda la Emperatriz en el municipio de Caloto, iniciado desde el 2005, se trata de un complejo proceso de articulación regional que aun continua su marcha.

Autor: Pedro García
Fuente: CEP-Enraizando
Publicado en agosto de 2017