Informativo Regional AMCIC 15 de Octubre del 2015

Los pueblos indígenas y Sectores Sociales del Cauca continuamos en Asamblea Permanente en rechazo a todas las políticas económicas que se impulsa desde el Gobierno Nacional y sectores políticos, que genera destrucción y contaminación a nuestra Madre Tierra. En estos tiempos es más fuerte la estrategia de desprestigio y deslegitimación a nuestras justas luchas, a la jurisdicción especial indígena, el derecho a la movilización y la protesta social, un caso emblemático es de nuestro líder indígena Nasa Feliciano Valencia que en este momento es un preso político por el sistema judicial ordinario y las políticas económicas de este País.

CRIC, denuncia y rechaza las reiteradas Amenazas de Paramilitares a organizaciones sociales e indígenas, periodistas y Defensores de DDHH del departamento del Cauca

Comunicado a la Opinión pública Nacional e Internacional

El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, denuncia y rechaza categóricamente las reiteradas amenazas por parte del grupo Paramilitar “Águilas Negras”, remitido a las organizaciones sociales vía correo electrónico  hace dos días. Estas Amenazas están dirigidas a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, profesores de Unicauca, dirigentes de ASOINCA, ASPU, Ruta pacifica de Mujeres, ACIT, COCOCAUCA, Marcha patriótica del Cauca y representantes de organizaciones sociales e indígenas Caucanas, entre  ellas a una de nuestras organizaciones zonales filial al CRIC, como es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN. Estas amenazas se suman a los graves hechos de señalamientos, amenazas, atentados y asesinatos de comuneros, líderes indígenas y dirigentes de sectores sociales que han venido ocurriendo en los últimos meses. Es claro que estos hechos evidencian la implementación de una estrategia de extermino, hacia los procesos indígenas y sociales, colocando en grave riesgo la armonía territorial y la vida de las comunidades y los pueblos. Todo esto sucede sin que hasta el momento haya garantías de protección efectivas y de salvaguarda por parte del gobierno Colombiano.