La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación sobre la crítica situación de violencia que enfrenta el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde, desde la madrugada de este 16 de diciembre, hombres armados, que presuntamente pertenecen al Frente Jaime Martínez, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), llevan a cabo ataques armados indiscriminados en pleno casco urbano contra la estación de Policía. Estos actos bélicos han puesto en riesgo extremo e inminente a la población civil.
La entidad tiene conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo, tanto en vías de acceso al municipio que estarían bloqueadas como en distintos puntos del casco urbano, lo que aumenta significativamente el riesgo de detonaciones. La manera indiscriminada en la que este grupo armado está atacando con cargas explosivas podría causar daños graves a la vida y a la integridad física de las personas, así como afectaciones a bienes civiles.
Estas acciones constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), ya que vulneran los principios de distinción, proporcionalidad y precaución al exponer deliberadamente a la población civil a peligros indiscriminados y a afectaciones excesivas.
Sumado al uso de explosivos en el casco urbano, de acuerdo con información recibida por la Defensoría, este grupo armado estaría obligando a la población a abandonar sus viviendas en medio de las hostilidades y bajo amenazas directas, sin permitirle llevar consigo bienes básicos para su subsistencia. Hay reporte de personas confinadas, así como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres gestantes, bebés recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo recuerda que ha emitido tres Alertas Tempranas para Buenos Aires, y todas están vigentes: la Alerta Temprana (AT) 019-2020, la AT 019- 2022 y la AT 036- 2023 con las que advirtió de forma reiterada, oportuna y documentada sobre las consecuencias de irrupciones violentas como las que hoy tienen lugar en el municipio. La ocurrencia de estos hechos evidencia que las medidas adoptadas por las autoridades competentes han sido insuficientes para mitigar el riesgo y prevenir el impacto humanitario sobre la población civil.
Esta situación configura un escenario de emergencia humanitaria, con riesgo de desplazamiento forzado, lesiones graves, afectaciones psicosociales y pérdida de vidas humanas, cuya responsabilidad recae en quienes, mediante el uso de la violencia y el empleo de medios y métodos de guerra prohibidos o indiscriminados, desconocen deliberadamente las normas del DIH y los derechos humanos (DD. HH.).
En este contexto, la Defensoría hace un llamado urgente, categórico e inaplazable a todos los actores armados a cesar de inmediato las acciones que ponen en peligro a la población civil, a que se abstengan de utilizar artefactos explosivos en zonas pobladas y a respetar estrictamente el DIH y los DD. HH.
Asimismo, exhorta a los gobiernos nacional, departamental y municipal a implementar de forma inmediata, efectiva y coordinada todas las medidas de protección, atención humanitaria y asistencia integral necesarias, garantizando el despeje seguro de las vías, la atención en salud, el acompañamiento psicosocial, la protección de los grupos poblacionales con mayor situación de vulnerabilidad y la implementación de corredores humanitarios y evacuaciones seguras.
Es perentorio, adicionalmente, que el Gobierno nacional y el departamental fortalezcan la capacidad institucional de la administración municipal, a fin de que sean puestas en marcha medidas preventivas y de protección, según lo expuesto por los autos 1929 de 2024 y 1418 de 2025 de la Corte Constitucional.
La Defensoría continuará ejerciendo su mandato constitucional de prevención, seguimiento y defensa de los derechos humanos, manteniendo monitoreo permanente de la situación y reiterando que la protección de la población civil es una obligación ineludible del Estado y un mandato imperativo del DIH. La vida, la dignidad y los derechos de las y los habitantes de Buenos Aires no pueden seguir siendo puestos en riesgo.
