Un nuevo hecho de desarmonía se presentó el 31 de marzo de 2026 en la vereda El Trapiche, territorio de Tacueyó, municipio de Toribío, mientras la comunidad participaba en una minga convocada por la Junta de Acción Comunal para avanzar en la limpieza del cultivo de café en la finca comunitaria.
Hacia las 10 de la mañana, en la parte alta del predio donde un grupo de cinco comuneros realizaba la limpieza del cafe, uno de ellos, mientras trabajaba con su guadaña, hizo contacto con un artefacto explosivo que estaba, oculto entre la maleza en medio del cafetal. Donde inmediatamente se produjo la explosión, dejándolo gravemente herido y afectando a los compañeros que se encontraban a su alrededor.
En ese momento, 15 comuneros más se encontraban en la parte baja de la finca adelantando labores comunitarias del acueducto. Al escuchar la explosión, subieron de inmediato a auxiliar a sus compañeros. La atención inicial se dio desde la misma comunidad, que logró evacuar a los heridos en medio de las dificultades por la falta de comunicación y la distancia hasta la vía principal y fueron llevados al puesto de salud del territorio de Tacueyo.
El hecho dejó 5 comuneros afectados. El caso más grave es el de Luis Fernando Pechene, joven de 18 años, quien fue trasladado al centro médico Valle del Lili en la ciudad de Cali y permanece en estado delicado. Otro comunero, Daniel Felipe Canas, resultó con una esquirla en el brazo y está a la espera de ser remitido a un hospital de mayor nivel. Un tercero, Andrés Felipe Canas, sufrió heridas en una pierna y fue dado de alta con recomendaciones médicas. Los otros dos comuneros, Yerzy Jovián Medina y Gildardo Medina (presidente de la Junta de Acción Comunal de El Trapiche), también resultaron afectados por la onda explosiva.
Esta minga se realizaba para continuar un trabajo que había quedado pendiente desde el pasado 26 de marzo, cuando cerca de 250 comuneros participaron en una jornada en ese mismo lugar. En esa ocasión, la presencia de un actor armado obligó a suspender la actividad y evacuar la zona, dejando incompleta la labor en el cafetal. Días después, al regresar para retomar la minga, la comunidad se encontró con este hecho.
La finca comunitaria ha sido construida por años como un espacio de trabajo colectivo donde se siembra café, se adelantan iniciativas productivas y se sostiene el proceso organizativo desde la comunidad. Estás desarmonía deja comuneros heridos y familias afectadas. Fragmentando la minga como espacio de encuentro, de trabajo y de construcción comunitaria.
Tras lo ocurrido, la Junta de Acción Comunal acudió tanto a las autoridades del ámbito jurídico propio como al personero municipal para realizar las gestiones y dejar constancia de lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado presencia directa en el lugar de los hechos por parte de entidades encargadas de la defensa de los derechos humanos ni verificación del área donde ocurrió la explosión.
Desde la comunidad surge una pregunta que también es denuncia: ¿por qué las instituciones no llegan hasta las comunidades cuando ocurren estos hechos de desarmonias? La responsabilidad de verificar, acompañar y ser veedores de los derechos humanos no puede recaer únicamente en la comunidad afectada. Se requiere presencia en el territorio, no solo en este caso, sino en los diferentes espacios donde la guerra sigue impactando gravemente a las comunidades.
El impacto de este hecho ya se siente en la vereda. Comuneros de la parte alta manifiestan temor de regresar a sus parcelas y de participar en nuevas mingas, ante el riesgo de encontrarse con otro artefacto en medio del trabajo. La zozobra empieza a afectar la continuidad de estos espacios colectivos.
Lo ocurrido en el territorio no es un hecho aislado. Es una situación que golpea a la comunidad, afecta el proceso organizativo y deja a familias en medio de la incertidumbre. La minga, que es un espacio de encuentro colectivo y el cuidado de la vida, hoy queda marcada por un hecho que no puede repetirse.
