Durante el fin de semana, el norte del Valle del Cauca volvió a ser escenario de un conflicto que Colombia parece condenada a repetir: campesinos y comunidades indígenas enfrentados por la tierra, esa misma tierra que debería unirnos como víctimas históricas del abandono estatal. La ocupación forzada de predios legalmente adjudicados a pueblos del CRIC en los municipios de Tuluá y Bugalagrande no es un acto de fuerza es un síntoma del fracaso hacia el gobierno departamental para mediar los conflictos rurales con verdad, pedagogía y justicia.
Los hechos son claros, los predios La Luciana del Resguardo de San Andrés ubicado en el municipio de Bugalagrande y El Marañón del Resguardo de Guadualito en el municipio de Tuluá, entregados por la Agencia Nacional de Tierras a familias del Pueblo Nasa como parte de su proceso de reasentamiento, estos espacios fueron invadidos y bloqueados por grupos campesinos, algunos aparentemente alentados por desinformación e incluso presuntamente por presiones armadas ilegales. Mientras tanto, las comunidades indígenas fueron desplazadas y estigmatizadas bajo la narrativa de que “les entregaron tierras de la SAE” o que “hubo malos procedimientos en las compras”. Versiones falsas que encontraron eco en declaraciones de funcionarios regionales, ampliando la confusión y legitimando la toma.
Lo más grave no es el conflicto en sí, sino la pasividad de la Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades policiales permitieron por omisión o connivencia la consolidación de bloqueos ilegales y el presunto control de actores armados ilegales ajenos al territorio. Solo cuando el escándalo trascendió a medios y redes, se dio una reunión de emergencia en Tuluá, donde se acordó el levantamiento del paro y el acompañamiento humanitario al retorno de las familias indígenas con presencia de la ONU, la Defensoría y defensa de la vida y los Derechos Humanos CRIC.
Aun así, la herida está abierta
En Colombia, la tierra sigue siendo un campo de batalla político y simbólico, las comunidades indígenas las concebimos como espacio de vida y espiritualidad; los campesinos como fuente de sustento y dignidad. Ambas visiones son legítimas, pero el departamento ausente o desarticulado termina enfrentándolas. Mientras los organismos públicos no garanticen procesos de titulación transparentes, pedagogía territorial y acompañamiento integral, cada entrega de tierras será percibida como un despojo por otro grupo.
No se trata de elegir entre indígenas o campesinos, sino de exigir al Estado que cumpla su función de árbitro justo. Hoy se necesita un Puesto de Mando Unificado Étnico y Campesino, con participación real de las comunidades, que verifique los títulos, proteja a las familias y frene la manipulación política. De lo contrario, la paz territorial será apenas un eslogan más, tan vacío como las fincas quemadas y las promesas rotas.
Cuenten con nosotros para La Paz, nunca para la guerra.
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC Nacional.
