A comienzos del 2010, la Consejería Mayor CRIC, reprochaba del gobierno nacional por la descalificación que de nuestros procesos de resistencia en el Cauca hacía el presidente Uribe, cuando bajo un lenguaje perverso y soterrado hablaba de “republiquetas de delincuentes”, y rotulaba a la población indígena de “milicianos, delincuentes y narcotraficantes”. En aquel momento el CRIC deducía la existencia de un complot entre la guerrilla de las farc y el gobierno nacional contra los pueblos indígenas; maniobra que según se dijo servía para justificar ante los incautos las acciones de guerra contra los civiles, explicar los altos costos de la guerra y argumentar el cobro de impuestos o vacunas para mantener el conflicto armado.
Hoy los hechos no solo siguen demostrando esa dolorosa realidad, sino que los actores de la guerra continúan buscando por todos los medios que la población civil haga parte del conflicto, pues, unos y otros, como enemigos irreconciliables, realizan actos para justificar la presencia y las acciones de sus enemigos. Aquí la tragedia es que los escenarios permanentes de la guerra son las poblaciones donde hay manifestaciones de resistencia civil, como los territorios indígenas y las víctimas siguen siendo personas de los estratos económicos más bajos de la población colombiana y menores que siendo víctimas del conflicto aparecen como delincuentes y sus familiares señalados como aliados del terrorismo o el narcotráfico, cuando no, de informantes del ejército o de los paramilitares.
Lo sucedido el 26 de marzo de 2011, en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó, Municipio de Toribio, donde la policía nacional, con apoyo aéreo del “comando jungla antinarcóticos”, bombardeó un campamento del Sexto Frente de las FARC, integrado principalmente por menores de edad, y en la noche del 26 de abril del 2011, en el territorio Nasa del resguardo de Jambaló donde un carro bomba dirigido contra la estación de policía nacional, dejó como consecuencia 2 civiles heridos, 3 Policías muertos, 5 policías heridos, averiadas más de 40 viviendas del área urbana y de la vereda Campo Alegre, así como el Hospital y el puesto de salud indígena, muestran la trágica situación de los pobladores de la zona, atrapados en una guerra de control territorial que no le pertenece a la sociedad y que se hace práctica a través del incremento de la militarización, los ataques por tierra y aire, los atentados y las acciones de control militar que restringen la movilidad y los derechos ciudadanos bajo el argumento que hay que acabar con el enemigo.
Es igualmente reprochable que sucedan situaciones de exceso de uso de la fuerza por parte del ejército como ocurrió el pasado 27 de los presentes, en el resguardo de Togoima, Tierradentro, donde los uniformados dispararon contra la comunidad congregada, asesinando al fiscal del Cabildo Aimer Medina e hiriendo a tres personas más, se dijo que uno de los militares amenazó incluso con matar a más gente y quitarse la vida. La comunidad capturó a uno de los uniformados quien fue puesto a disposición de la Fiscalía seccional de Paez.
Por otra parte la situación de riesgo que vive la comunidad nasa de San Andrés de Pisimbalá, por los enfrentamientos armados entre el ejército y la guerrilla de la FARC, agrava el estado de alteración de la convivencia ciudadana, creado por la secretaría de educación departamental, la cual, además, se ha negado a garantizar el derecho a una educación intercultural en el territorio indígena y que las demás instituciones del Estado han tratado con altos niveles de parcialidad, como lo demuestra la respuesta de la policía nacional al derecho de petición interpuesto por el alcalde municipal de Inzá ante el ministerio del Interior y al tratamiento de orden público dado por el gobierno colombiano a las exigencias planteadas por las autoridades indígenas de la región.
Es inconcebible que estas situaciones estén sucediendo dos años después que la Corte Constitucional, por medio del Auto 004, le ordenara al gobierno nacional atender la situación de los pueblos indígenas de Colombia, los cuales según sus propios análisis, se encontraban en riesgo de desaparición forzada por causa del conflicto armado interno. Con dicho Auto la Corte le mostraba al Estado y a la sociedad colombiana la urgencia de establecer planes de salvaguarda y garantía para la pervivencia de nuestros pueblos.
Lo anterior significaba sacar a los pueblos indígenas de la guerra, pero lo sucedido hasta el día de hoy, por el contrario, es que el gobierno continúa propiciando situaciones para que nuestros territorios sean escenarios de acciones militares, como lo es la noticia dada por el ministro de la Defensa y el comandante de la tercera brigada de Cali de establecer un batallón de alta montaña en el resguardo indígena de Tacueyó, argumentando que nuestra gente debe definir su compromiso como aliada de un conflicto que no nos pertenece.
La Consejería Mayor del CRIC, se une al clamor y exigencia de nuestras comunidades y autoridades tradicionales indígenas para evitar que nuestros territorios sigan siendo escenarios de los combates o de presencia armada, de igual forma se deben crear políticas para que nuestros hijos e hijas no continúen siendo víctimas del reclutamiento forzado o inducidos a unirse a sus filas, ni puestos al servicio de la guerra como informantes en ninguno de los ejércitos que invaden nuestros territorios.
Reiteramos nuestra posición de exigibilidad a los actores armados para que atiendan de forma obligante los mandatos del derecho internacional humanitario y al Estado colombiano como a las guerrillas encontrar caminos que conduzcan a una paz dialogada y con participación de la sociedad civil. Nuestra tragedia de siglos nos ha enseñado que la guerra solo favorece a unos pocos, en cambio la paz beneficia a todos por igual.
Popayán, abril 29 de 2011.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC-