Bogotá, 28 de junio de 2010 – Entre el 16 y el 23 de agosto se realiza en Colombia el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización que busca «dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que afrontamos hoy los pueblos de las Américas y en particular Colombia; afectando nuestros cuerpos, territorios, autonomía y soberanía de las mujeres y los pueblos”.

El Encuentro se realiza en este país, cuyo gobierno suscribió en noviembre del año anterior un acuerdo militar con Estados Unidos que le permite el uso de siete bases y otras instalaciones aéreas civiles o militares colombianas, y cobija con inmunidad diplomática a 800 militares y.

Para las mujeres, la militarización es un factor de riesgo, ya que ellas han sido las principales víctimas de la violencia sexual por parte de los actores de la guerra, como consecuencia del aumento de prácticas y lógicas machistas en entornos militarizados. Sin haber entrado en vigencia el nuevo acuerdo, existen denuncias contra soldados estadounidenses por violaciones sexuales contra mujeres y niñas. Estos oficiales integran unidades móviles reglamentadas por el Plan Colombia.

En países como Filipinas, Bosnia y Japón, se ha documentado cómo la presencia de tropas extranjeras está acompañada del incremento de la violencia sexual contra las mujeres, así como el aumento de la prostitución, junto con delitos como la trata de personas, la pederastia y otras violaciones a los derechos humanos. También ha sido evidente cómo la instalación de bases militares y la presencia de tropas extranjeras ocasiona la pérdida de libertades civiles en las comunidades aledañas, daños ambientales severos derivados de residuos tóxicos y riesgos de accidentes para la población civil por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar.

Aunque este Acuerdo ha sido presentado como parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en realidad viola la soberanía nacional, profundiza el conflicto armado interno y constituye una amenaza contra los países vecinos que han emprendido proyectos de gobierno que se separan de los intereses de expansión de Estados Unidos.

Para sensibilizar, denunciar y llamar la atención sobre esta realidad, el Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la militarización tiene programadas varias actividades:

• Del 16 al 20 de agosto Misión Humanitaria: con la participación delegadas y delegados internacionales que verificarán los efectos de la militarización en diferentes regiones de Colombia.
• 21 y 22 de agosto Encuentro Internacional: con la participación representantes de organizaciones nacionales e internacionales, en Barrancabermeja, Santander, Colombia.
• 23 de agosto Vigilia por la Vida: con la participación de mujeres y hombres que se oponen a la militarización.

Mayor información,

Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz, correo electrónico

[email protected] / teléfono: +57 7 646 88 69, celular +57 310 320 39 69, Colombia.

Marcha Mundial de las Mujeres, correo electrónico: [email protected] / teléfono de contacto en Brasil: +55 11 3032 – 3243.

Organización Femenina Popular, correo electrónico [email protected] / teléfono +57 7 646 79 63, celular +57 3105776921, Colombia.

Convocan:

Marcha Mundial de las Mujeres

Vía Campesina

Convergencia de los Movimientos y pueblos de las Américas, COMPA

Consejo Mundial de la Paz, CMP

Coordinador Nacional Agrario, CNA

Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN

Corporación Compromiso

Unión Sindical Obrera, USO

Corporación Colombiana de Teatro

Minga de Resistencia Social y Comunitaria

Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz: Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; Organización Femenina Popular, OFP; Mujeres de Negro – OFP Colombia; Colectivo Policarpa Salavarrieta, La Pola, Cundinamarca; Proceso Nacional de Mujeres Campesinas – CIC-ANUCUR: (Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, Asociación de Mujeres Campesinas de Pradera, Comité de Mujeres Campesinas de Caldas, Coordinación de Mujeres Campesinas de Atlántico, Coordinación de Mujeres Campesinas de Sucre); Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ECAP; Resguardo Indígena Cariamomo, Caldas, Risaralda; Programa Mujer Indígena, CRIC; Pueblo Yanacona; Pueblo Totoroes; Pueblo Coconuco; Pueblo Nasa; Red de Mujeres de Tiquisio; Pueblo Siapirara; Pueblo Eperara; Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez; Asociación de Proyectos Alternativos Comunitarios, APAC; Asociación de Madres Comunitarias del Área Metropolitana de Bucaramanga; Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos, ASOMUPCAR; Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación; Hermanas Nuevas Esperanzas, Alianza Fraternal de Mujeres; Asociación de Mujeres Fe y Vida, AMUFEVI; Ciudadanos por la Paz; Hermanas de San Juan Evangelista, Pastoral Obrera: Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja; Movimiento Juvenil Quinto Mandamiento; Fundación de Apoyo y Consolidación Social para Desplazados por la Violencia en Colombia, FUNDESVIC; Colectivo Gioconda Belli y Colectivo El Aquelarre de Estudiantes de la Universidad Surcolombiana; Constituyente de Betulia, Santander; Red de Mujeres del Nororiente Colombiano de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia García Rovira; Asociación de Madres Comunitarias de la Provincia Puerto Wilches; Asociación de Mujeres Rurales por la Paz y el Progreso, San Gil; Emisoras Comunitarias Magdalena Medio; Pax Christi-Alemania; Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, AMMUCALE; Asociación Santandereana de Servidores Públicos, ASTDEMP; Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP; Siervas de San José, Bogotá; Liga Estudiantil Autónoma, LEA; Unidad Social Popular, Girón; Colombia Support Network Madison,WI

En tonos diversos y aún con palabras distintas, las ideas de los panelistas reflejaron una misma conclusión: “no es un delito defender el agua y la Pachamama que da de comer a todos/as, pues es la vida”.

Así se concluye luego de escuchar las intervenciones de la Mesa de Criminalización de la Protesta Social y el Derecho a la Alimentación, realizada en el marco del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, espacio donde se presentaron los resultados de la Misión de Verificación realizada, el viernes 17 y sábado 18 de este mes, por algunas comunidades del Azuay que registran conflictos mineros.

La mesa contó con la presencia de Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo Nacional, Abel Arpi de la parroquia Santa Isabel, Wilson Escandon, presidente del Comité de defensa de los 7 sentenciados en la parroquia de Nabon, Arnulfo Cañar presidente de la Junta de Agua de la parroquia San Bartolomé. Los tres últimos presentaron testimonios de las consecuencias que están sufriendo en la provincia de Azuay.

Para el Defensor del Pueblo, la persecución a dirigentes sociales que defienden los derechos de la naturaleza y de la vida es grave y es necesario reposicionar los derechos humanos en una sociedad democrática, camino en el cual él está dispuesto a apoyar y vigilar el cumplimiento de los derechos y la Constitución existente en el Ecuador.

El tema de la criminalización de la protesta social no es algo nuevo de estos últimos tiempos, se ha vivido en gobiernos abiertamente derechistas y se está viviendo con el actual gobierno, por esta razón es urgente aunar esfuerzos entre las diversas organizaciones sociales, los indígenas, los afroecuatorianos, los campesinos, las mujeres, los jóvenes y más actores sociales, en un frente para visibilizar esta problemática. La CONAIE viene acompañando estos procesos, manifestó Humberto Cholango.

En este gobierno los indígenas no tenemos patria, dijo Wilson Escandon. La injusticia que se ha cometido con 7 líderes sociales que defendieron el agua en la parroquia Cochapata del cantón Nabon, hace un llamado a la solidaridad con este pueblo, pues para ellos la injusticia no es un problema de los 7 sino de la comunidad entera, compromete al Defensor del Pueblo y al presidente de la CONAIE a tomar cartas en el asunto.

En San Bartolomé, la minera dijo que iba a dar adelanto para el pueblo, adelanto para las escuelas, para el colegio, para la iglesia, que iba a dar carreteros, jamás lo dio, son los argumentos que da Arnulfo Cañar para no volver a permitir la instalación de la minería en la zona, que pretende ingresar nuevamente ahora cambiada de nombre nada más. Para ellos lo importante es su agua, su salud, su producción, ya perdieron demasiado en tiempos anteriores y aún no logran recuperarse totalmente.

Para Abel Arpi, lo fundamental es la socialización de la información sobre la realidad de lo que está pasando con las concesiones mineras en la provincia del Azuay, solo en Santa Isabel existen 35, hasta ahora se conocen casos emblemáticos nada más.  Asimismo, hace un llamado al presidente de la CONAIE a generar un proceso de unidad de los pueblos que hagan frente a la minería.

El Derecho a la comunicación

En el marco del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, se desarrolló también la mesa de Comunicación, Medios y Cultura. Este espacio contó con la presencia de diversos medios de comunicación alternativa que cubren el evento.

El debate de esta mesa se centró en lo que implica la democratización de la comunicación y cómo impulsarían las leyes estos procesos.

Las principales conclusiones, recomendaciones y propuestas presentadas en plenaria fueron:

·         Consideramos a la Comunicación como un Derecho de los pueblos a comunicarse e informarse y que busca superar las taras coloniales tanto del Estado como de la sociedad, así como buscar traspasar el sentido de la comunicación como mercancía. La Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador garantiza la participación de las nacionalidades y pueblos con sus propias estructuras organizativas e institucionales para ejercer este derecho humano a la Comunicación, desde una visión plurinacional.

·         Es necesario generar procesos que construyan sentidos de comunicación comunitaria, que generen y aporten herramientas en las diversas comunidades. Es decir, generar procesos de formación política en comunicación para la verdadera consecución de este derecho.

·         La construcción de comunicación alternativa no solo implica la lucha por la democratización de la comunicación, la redistribución de frecuencias, sino tener claro qué y para qué se quiere comunicar.

·         Demandamos de las organizaciones reconocer la comunicación como un eje transversal en el fortalecimiento de las organizaciones y el posicionamiento de las luchas que se vienen dando por defensa de la vida.

·         Llamamos a las organizaciones sociales a incorporar el debate y propuesta de comunicación, no desde una visión de la comunicación desde la comercialización, sino como instrumento de incidencia política en la sociedad.

·         Hacemos el llamado para que la Ley Orgánica de Comunicación incorpore la propuesta del 33% público, 33% privado y 33% comunitario, como un derecho para las comunidades entendidas como pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, campesinos, mujeres, jóvenes, montubios, y colectivos comunitarios organizados desde diversas identidades.

·         Hacemos llamado a los colectivos y organizaciones sociales a involucrarse en el tema de comunicación y defender la vida desde nuestras propias voces.

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