En tonos diversos y aún con palabras distintas, las ideas de los panelistas reflejaron una misma conclusión: “no es un delito defender el agua y la Pachamama que da de comer a todos/as, pues es la vida”.
Así se concluye luego de escuchar las intervenciones de la Mesa de Criminalización de la Protesta Social y el Derecho a la Alimentación, realizada en el marco del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, espacio donde se presentaron los resultados de la Misión de Verificación realizada, el viernes 17 y sábado 18 de este mes, por algunas comunidades del Azuay que registran conflictos mineros.
La mesa contó con la presencia de Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo Nacional, Abel Arpi de la parroquia Santa Isabel, Wilson Escandon, presidente del Comité de defensa de los 7 sentenciados en la parroquia de Nabon, Arnulfo Cañar presidente de la Junta de Agua de la parroquia San Bartolomé. Los tres últimos presentaron testimonios de las consecuencias que están sufriendo en la provincia de Azuay.
Para el Defensor del Pueblo, la persecución a dirigentes sociales que defienden los derechos de la naturaleza y de la vida es grave y es necesario reposicionar los derechos humanos en una sociedad democrática, camino en el cual él está dispuesto a apoyar y vigilar el cumplimiento de los derechos y la Constitución existente en el Ecuador.
El tema de la criminalización de la protesta social no es algo nuevo de estos últimos tiempos, se ha vivido en gobiernos abiertamente derechistas y se está viviendo con el actual gobierno, por esta razón es urgente aunar esfuerzos entre las diversas organizaciones sociales, los indígenas, los afroecuatorianos, los campesinos, las mujeres, los jóvenes y más actores sociales, en un frente para visibilizar esta problemática. La CONAIE viene acompañando estos procesos, manifestó Humberto Cholango.
En este gobierno los indígenas no tenemos patria, dijo Wilson Escandon. La injusticia que se ha cometido con 7 líderes sociales que defendieron el agua en la parroquia Cochapata del cantón Nabon, hace un llamado a la solidaridad con este pueblo, pues para ellos la injusticia no es un problema de los 7 sino de la comunidad entera, compromete al Defensor del Pueblo y al presidente de la CONAIE a tomar cartas en el asunto.
En San Bartolomé, la minera dijo que iba a dar adelanto para el pueblo, adelanto para las escuelas, para el colegio, para la iglesia, que iba a dar carreteros, jamás lo dio, son los argumentos que da Arnulfo Cañar para no volver a permitir la instalación de la minería en la zona, que pretende ingresar nuevamente ahora cambiada de nombre nada más. Para ellos lo importante es su agua, su salud, su producción, ya perdieron demasiado en tiempos anteriores y aún no logran recuperarse totalmente.
Para Abel Arpi, lo fundamental es la socialización de la información sobre la realidad de lo que está pasando con las concesiones mineras en la provincia del Azuay, solo en Santa Isabel existen 35, hasta ahora se conocen casos emblemáticos nada más. Asimismo, hace un llamado al presidente de la CONAIE a generar un proceso de unidad de los pueblos que hagan frente a la minería.
El Derecho a la comunicación
En el marco del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, se desarrolló también la mesa de Comunicación, Medios y Cultura. Este espacio contó con la presencia de diversos medios de comunicación alternativa que cubren el evento.
El debate de esta mesa se centró en lo que implica la democratización de la comunicación y cómo impulsarían las leyes estos procesos.
Las principales conclusiones, recomendaciones y propuestas presentadas en plenaria fueron:
· Consideramos a la Comunicación como un Derecho de los pueblos a comunicarse e informarse y que busca superar las taras coloniales tanto del Estado como de la sociedad, así como buscar traspasar el sentido de la comunicación como mercancía. La Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador garantiza la participación de las nacionalidades y pueblos con sus propias estructuras organizativas e institucionales para ejercer este derecho humano a la Comunicación, desde una visión plurinacional.
· Es necesario generar procesos que construyan sentidos de comunicación comunitaria, que generen y aporten herramientas en las diversas comunidades. Es decir, generar procesos de formación política en comunicación para la verdadera consecución de este derecho.
· La construcción de comunicación alternativa no solo implica la lucha por la democratización de la comunicación, la redistribución de frecuencias, sino tener claro qué y para qué se quiere comunicar.
· Demandamos de las organizaciones reconocer la comunicación como un eje transversal en el fortalecimiento de las organizaciones y el posicionamiento de las luchas que se vienen dando por defensa de la vida.
· Llamamos a las organizaciones sociales a incorporar el debate y propuesta de comunicación, no desde una visión de la comunicación desde la comercialización, sino como instrumento de incidencia política en la sociedad.
· Hacemos el llamado para que la Ley Orgánica de Comunicación incorpore la propuesta del 33% público, 33% privado y 33% comunitario, como un derecho para las comunidades entendidas como pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, campesinos, mujeres, jóvenes, montubios, y colectivos comunitarios organizados desde diversas identidades.
· Hacemos llamado a los colectivos y organizaciones sociales a involucrarse en el tema de comunicación y defender la vida desde nuestras propias voces.
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