Nuevamente se presentó la Ley de Aguas en la Asamblea Nacional

El viernes 22 de agosto de 2009, en rueda de prensa en la Asamblea Nacional, se volvió a presentar la Ley de Aguas o proyecto de ley que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua.  Los principales líderes en sus intervenciones dijeron:


Marlos Santi, presidente de la CONAIE

 *-  Actualmente el Agua está en manos de las empresas hidroeléctricas transnacionales y de las oligarquías agrarias.

*   No al Código Ambiental y Si a la Ley de Aguas

Para la CONAIE y sectores sociales es de preocupación la Ley de Aguas, tiene que ser tratado de forma urgente en la Asamblea Nacional dentro del ámbito Plurinacional como contempla en la nueva Constitución.  Dentro de las Nacionalidades y Pueblos hemos tomado prioridad la propuesta de Ley de Aguas, que es para el buen vivir, ahora es la tercera vez que presentamos al país y en la Asamblea Nacional.

 Como CONAIE siempre estamos generamos propuestas para todos los ecuatorianos y vamos a estar muy vigilantes en defensa de nuestros derechos.  Y la Plurinacionalidad tiene que ser transversal en todas las demandas y leyes.

 Humberto Cholango, presidente de ECUARUNARI

Es de enorme importancia el debate de la Ley de Aguas para el pueblo y los ecuatorianos.  El país tiene que conocer que en estos momentos el agua no está en mano de los ecuatorianos y del pueblo, el agua está en manos de las empresas hidroeléctricas transnacionales y de las oligarquías agrarias.  Por eso el movimiento indígena, los sectores sociales y patrióticos presentamos la propuesta de Ley de Aguas, con una movilización el 19 noviembre del 2.008 en Cajas, igual el 25 de noviembre presentamos en la Asamblea Nacional, pero hasta ahora como siempre las iniciativas del pueblo no han sido calificadas y en esta Asamblea sigue sin tramitar. 

 Por lo tanto exigimos a la actual Asamblea Nacional que empiece a debatir como manda la  Constitución, ya que el 14 de octubre termina la disposición transitoria 1, numeral 2 donde dice que se debe debatir la Ley de Recursos Hídricos y entonces tiene que haber la Ley, no debe haber prorroga a pretexto que en esta Asamblea una mayoría está en contra de la voluntad popular y tratar de imponer una Ley que no favorecería a los ecuatorianos.

 Los kichwas vamos a luchar por un verdadero cambio y esta propuesta de Ley de Aguas es parte de la revolución agraria y proceso de cambio revolucionario, por eso vamos  a defender la Ley de Aguas y para eso vamos a acompañar con asambleas masivas y movilizaciones en Cuenca (Azuay) el 11 de septiembre, en Gonzales Suárez (Imbabura) el 12 septiembre y en Salasaca (Tungurahua) el 13 de septiembre, donde discutiremos sobre el agua, tierra, revolución agraria, educación entre otros.  Porque no queremos que Ecuador salga de la noche neoliberal y se quede en un largo amanecer, los pueblos queremos un cambio definitivo.

 Finalmente decimos, que como movimiento indígena no vamos a aceptar un código ambiental como se pretende desde el gobierno, y dentro de ello intentar entregar grandes áreas de territorios de las nacionalidades a ONGs ambientales.  Y el Agua tratar como servicio ambiental, muy claro decimos no al código ambiental, si a la Ley de Aguas.

 Jorge Escala, Coordinador de la Alianza Progresista Plurinacional

Como Alianza progresista de izquierda Plurinacional, se presenta la Ley orgánica que regula los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, ley que hará realidad todo trabajo, debate, discusión y movilización de todos los pueblos, para que el líquido vital sirva para la vida y no esté en pocas manos.

 La propuesta de Ley de Aguas, tiene 180 artículos y 10 transitorias, define el agua como patrimonio nacional, estratégico, de uso público que no puede ser privatizado, regula la obtención, gestión y garantiza el buen vivir.  La Ley plantea la nulidad de todos los títulos mineros, permite recuperar 57 mil concesiones de agua y uso que están en manos de grandes agro exportadores, que hay más de 40 mil conflictos en el país y así garantizar la soberanía alimentaria el país.

 Hay que terminar con todas las concesiones, como Interagua en Guayaquil y Triple Oro en Machala que son grandes negociados de los Socialcristianos que ahora tienen representantes al interior de la Asamblea Nacional.  La propuesta de los sectores populares es exonerar el pago tarifario, el riego comunitario y campesino, y tener una autoridad única del Agua, esto es un aporte importante para país.

 Lourdes Tibán, Asambleísta de Pachakutik y miembro del CAL

El Consejo de Administración Legislativa CAL, tiene que tener coherencia Constitucional, es decir aprobar las leyes hasta el día 14 de octubre, no va a dar trámite a ningún proyecto de ley, resolución y reforma hasta el día14. 

 Ahora se está recibiendo todas las propuesta y se va a priorizar las leyes que constan dentro de la transitoria 1 de la Constitución Política del Estado y sobre manera la ley de aguas, por lo tanto no hay ningún proyecto oficialmente presentado, hay algunas versiones que están trabajando algunos Asambleístas.   Y para el movimiento indígena, si llama la atención la ley de aguas que se presentó en Cajas que paso? Donde se quedo? A pesar que el 25 de noviembre del 2008 se ingreso oficialmente o se está esperando la Ley oficial que venga desde el Gobierno para allí empezar a debatir? 

 Patricio Zhingri T.

Comunicación ECUARUNARI

Fotos: Pato Zhingri T.

Relator especial demanda a la ONU velar por los pueblos indígenas Colombianos en peligro de extinción.

En informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, pide la intervención del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio El Relator Especial Sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas James Anaya, instó al Estado colombiano a invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico, según la Corte Constitucional en su Auto 004.

Tal invocación fue formulada como una de las conclusiones y recomendaciones del tercer anexo del Informe que James Anaya presentó en Ginebra, el 20 de septiembre de 2010, en el XV período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, informe correspondiente al período septiembre 2009 – septiembre 2010.

El documento del Relator Especial aborda un tema crucial: la responsabilidad empresarial con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Acompañan a este informe anual nueve anexos, el tercero de los cuales se titula “La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior (Rodolfo Stavenhagen)”.

En este Anexo, de 22 páginas, James Anaya pide al gobierno colombiano apoyar las iniciativas de diálogo y construcción de la paz que han sido presentadas por los pueblos indígenas, cumplir las medidas cautelares emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y concertar previamente con los pueblos indígenas toda presencia militar en sus territorios.

Asimismo, señala que el Estado debe proteger los territorios de los pueblos indígenas desplazados para que estos puedan retornar y garantizar el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas en general.

James Anaya se dirige también a todos los actores armados del conflicto interno, instándolos a abstenerse de reclutar niños y niñas indígenas en actividades relacionadas con las hostilidades, “lo que constituye una grave violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

En otra de sus recomendaciones, el Relator Especial señala la necesidad de “armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo que se refiere a los denominados megaproyectos relativos a la extracción de recursos o infraestructura, con los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, y enfatiza la recomendación del Relator Especial anterior de que no deben alentarse los proyectos de inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales, desarrollo productivo, etc. sin previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblos indígenas.

Es indispensable asimismo implementar debidamente las sentencias de la Corte Constitucional respecto a los proyectos de intervención y grandes obras de infraestructura”.

En esa dirección, plantea al Estado colombiano concertar con los pueblos indígenas un proyecto de ley sobre consulta y asegurar que todos los acuerdos alcanzados con ellos sean respetados e implementados.

Otra de sus importantes recomendaciones es aquella que “urge al Estado a fortalecer la interlocución y articulación de los planes de desarrollo locales, municipales, y nacionales y otros instrumentos de política pública con las necesidades de las comunidades. La institucionalidad debe reconocer a las autoridades indígenas y las otras formas de autoridad y decisión de los grupos étnicos, y el desarrollo de planes y programas deberían contar con la participación de autoridades locales”.

24 de Setiembre de 2010