Organizaciones regionales indígenas suramericanas piden diálogo para resolver el conflicto generado por la construcción de carretera que atraviesa el TIPNIS.

 Tal como fue acordado en la reunión del Foro Indígena del Abya Yala realizada en Manaus, Brasil, el 20 de agosto pasado, una comisión integrada por Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y Edwin Vásquez Campos, Coordinador General de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) está en Bolivia para mediar entre el gobierno y los pueblos indígenas de ese país.

Los máximos dirigentes de las organizaciones regionales indígenas de Suramérica están en estos momentos caminos a la Amazonía boliviana, donde esperan ser escuchados por los representantes del gobierno, a fin de hallar una solución al conflicto generado por la construcción de una carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS), proyecto cuya ejecución no ha sido consultada a los pueblos indígenas afectados.

Esta carretera es uno de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), diseñada para facilitar la extracción de los bienes naturales hacia los mercados de los países desarrollados, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas involucrados y la integridad de la Madre Tierra y moviendo millonarias inversiones de empresas multinacionales e instituciones financieras internacionales y multiplicando las deudas externas de los países suramericanos.

Las organizaciones regionales indígenas del Abya Yala piden al gobierno del Presidente Evo Morales tomar debidamente en cuenta que el Estado Plurinacional de Bolivia ha incluido como normas constitucionales el Convenio N° 169-OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, las cuales comprometen al pleno respeto de los Derechos Territoriales y Colectivos de los Pueblos Indígenas, y a cumplir con la Consulta vinculante y Consentimiento previo sobre proyectos de desarrollo.

En ese marco, respecto al impacto por la construcción de la carretera que afectará profundamente a los pueblos del TIPNIS y la marcha iniciada por ellos, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) hacia La Paz, han llamado al Estado de Bolivia, y en especial al hermano Presidente Evo Morales y las organizaciones indígenas, a redoblar los máximos esfuerzos para el diálogo entre todas las partes y a evitar todo acto de violencia y de represión.

“Respaldamos a los pueblos indígenas del TIPNIS y de CIDOB en su justa demanda para el respeto a su integridad territorial afectada por dicha carretera y que se cumpla el derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante”, han subrayado las organizaciones indígenas del continente. Por ello, el diálogo debe orientarse hacia la atención de esta demanda y a garantizar el respeto y el ejercicio pleno de los pueblos indígenas bolivianos.

Miguel Palacín Quispe señaló que un primer paso para facilitar el diálogo es que ambas partes den una tregua a sus declaraciones, en particular que los representantes del gobierno boliviano se abstengan de continuar lanzando declaraciones que estigmaticen a los pueblos indígenas y sus organizaciones y que garanticen que no se reprimirá la VIII Gran Marcha.

Seguiremos informando…

Lima, 19 de septiembre del 2011.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Comunicaciones CAOI

Área de Comunicaciones

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049 Santa Beatriz, Lima – Perú

Telefax: 0051-1-2656250

Sitio web: www.minkandina.org

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (ONIC), la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA) y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) se permiten comunicar a la comunidad nacional e internacional, sobre la presunta autoría del señor Jairo Miguel Paí, como responsable de la masacre perpetrada el pasado 26 de agosto en el Resguardo Gran Rosario, Municipio de Tumaco, en el que resultaron ejecutadas 12 personas, entre ellos 7 niños,  el menor de ellos, con tan sólo 6 meses de nacido. 

Bogotá, D.C septiembre 01 de 2009

“En la guerra los niños y las mujeres no se tocan porque no son guerreros”   

Según la información recibida, el señor Jairo Miguel Paí desde hace varios años se habría incorporado a las actividades delincuenciales con distintos actores armados. Desde el año 2007, el  señor Paí fue denunciado por las autoridades indígenas como responsable de diversos delitos en el municipio de Barbacoas y sus alrededores, desde donde delinquía, a pesar del exceso de tropas de la Fuerza Publica en la zona. 

A pesar del presunto accionar delictivo del señor Paí, denunciado desde hace mas de 2 años por la autoridades indígenas, llama la atención, que solo hasta este momento de manera diligente fuera detenido y sindicado de la masacre del pasado 26 de Agosto, acción ésta que valoramos, si ello conduce a esclarecer los verdaderos móviles de esta masacre, en la cual el Gobierno ha desarrollado la teoría de “ajustes de cuentas o problemas internos entre la misma comunidad”. Teoría que se ha implementado en varios casos emblemáticos de los pueblos indígenas de Colombia.

Consideramos que la información que ha circulado en algunos medios de comunicación, desconoce el contexto de violencia producto del conflicto armado que vive el pueblo Awa, víctima  en el primer semestre de 2009, de varias  masacres  y 36 homicidios, que infringen el DIH y el orden natural indígena, este ultimo precisa: “que en la guerra los niños y las mujeres no se tocan porque no son guerreros”. 

 Preocupa también a nuestras organizaciones, que se desvincule esta masacre de los hechos ocurridos el pasado 23 de mayo de 2009, en la que resultó asesinado el señor Gonzalo Rodríguez, esposo de la señora Sixta Tulia García, quien fue testigo presencial de la muerte de su esposo y  que luego fue presentado como “dado de baja en combate”. La señora García denunció al Ejercitó de esta ejecución, posteriormente fue objeto de amenazas, por lo cual solicitó protección ante los organismos competentes, sin que se tomaran las medidas pertinentes. Hoy la señora  Sixta Tulia García hace parte junto a dos de sus hijos y otros familiares, de esta horrenda masacre.

 La ONIC, la UNIPA y CAMAWARI rechazan las aseveraciones perversas y descontextualizadas de los hechos que precedieron esta masacre, en los que le asiste al Ejército Colombiano una gran responsabilidad, por la ejecución del indígena Gonzalo Rodríguez.

Insistimos en la evidente responsabilidad del Estado colombiano por omisión en su deber de prevención, protección e investigación frente a la problemática del pueblo Awa.

 Exigimos a los órganos de investigación de esta masacre celeridad, transparencia y profundización sobre los elementos sustanciales que rodearon esta masacre. Así mismo, solicitamos al Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguir de cerca el proceso de investigación que está realizando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, para que se les garantice a las víctimas y sus familiares y al Pueblo Awa la verdad, la justicia y la reparación integral y colectiva. 

 POR LA VIDA, LA DIGNIDAD, Y LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO AWÁ

 CONSEJO DE GOBIERNO INDIGENA

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA,  ONIC

UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ, UNIPA

CABILDO MAYOR AWÁ DE RICAURTE, CAMAWARI