Reunión de la Mesa Permanente de Concertación

Los Delegados Indígenas a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos, sus Autoridades y Organizaciones Indígenas, congregados en Bogotá D.C., se entrevistaron el día 4 de octubre de los presentes, con el señor Vicepresidente de la República de Colombia, Doctor, Angelino Garzón, para manifestarle la disposición de diálogo y concertación, así como su alta preocupación frente a la política del actual Gobierno, para con los 102 pueblos indígenas del país.

Anexamos carta dirigida al Gobierno Nacional de Colombia.

Bogotá D.C., 4 de octubre de 2010

Doctor ANGELINO GARZÓN

Vicepresidente de la República de Colombia

E.S.M

Respetado señor:

Los Delegados Indígenas a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos, sus Autoridades y Organizaciones Indígenas, reunidos en Bogotá D.C., nos dirigimos a usted como parte fundamental del actual gobierno, con el propósito de expresar nuestra disposición de diálogo y concertación, así como nuestras preocupaciones frente a la política del actual Gobierno.

La Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas, fue creada con los siguientes propósitos: concertar entre los Pueblos y el Estado todas las decisiones administrativas, legislativas y además susceptibles de afectarnos; evaluar la ejecución de la política indígena impartida desde el Estado y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que allí se pacten y, en esa medida construir confianza, elemento determinante para la buena relación entre los pueblos indígenas y el Estado.

Los pueblos indígenas reiteramos que el conflicto armado, los megaproyectos y la pobreza estructural en Colombia han tenido consecuencias devastadoras en nuestros territorios, en la medida en que ha afectando de forma significativa nuestra pervivencia física y cultural; así lo ha declarado la Corte Constitucional Colombiana en el Auto 004 de 2009, los dos Relatores de Naciones Unidas para pueblos indígenas y otros organismos internacionales de derechos humanos.

Es por tanto nuestro interés y así lo hemos manifestado en los distintos escenarios, reiterar nuestra disposición de dialogo y encuentro con la Institucionalidad Estatal, siempre que todos los acuerdos originados desde dichos espacios, reciban respuesta oportuna en términos de su cumplimiento, precisando que los acuerdos alcanzados desde tiempo atrás han sido celebrados con la institucionalidad estatal y, en esa medida no pueden estar sujetos a los climas o fluctuaciones políticas que llegan con cada gobierno.

Por lo ya expuesto, exigimos el cumplimiento de los acuerdos, el respeto a la dignidad física, cultura y territorial de nuestros pueblos, como del conjunto de la población colombiana y abogamos a los espacios de interlocución con el gobierno, que descansan en los escenarios nacionales de concertación, los cuales deben funcionar según lo pactado y definido en los decretos 1396 y 1397 del 1996, así como los acuerdos celebrados con las organizaciones Indígenas de Nariño, Cauca, con la Mesa Regional Amazónica para que desde allí adelantemos todo el proceso de discusión necesario, de cara a establecer las medidas que correspondan al único y firme propósito de salvaguardar a los pueblos indígenas del país, todo ello enmarcado en el compromiso de profundización y consolidación de la democracia Colombiana.

Los pueblos indígenas, sus Autoridades y Organizaciones reiteramos la necesidad de una salida negociada al conflicto armado y en este sentido exigimos, que se impulsen y respalden las iniciativas de dialogo y de paz propuestas por nuestras autoridades y sus organizaciones.

Por otra parte, expresamos, nuestra profunda preocupación frente a la exclusión de los pueblos indígenas de todas las iniciativas legislativas presentadas por el gobierno, lo cual se constituye como una discriminación negativa y vulnera nuestro derecho a la igualdad.

Así mismo, manifestamos nuestra inconformidad frente a la posibilidad de que el Gobierno colombiano denuncie el Convenio 169 de la OIT, el cual cumple está próximo a cumplir diez años de haber sido integrado al ordenamiento jurídico interno, tiempo en el cual se ha configurado un instrumento fundamental para la defensa de nuestros derechos.

Igualmente, preocupa a nuestras autoridades y organizaciones legítimas la estrategia del gobierno de impulsar la creación nuevas organizaciones indígenas que se contraponen a nuestros intereses y principios de lucha histórica en el seno del movimiento indígena.

En este contexto, los pueblos indígenas proponemos la construcción concertada de una agenda de discusión sobre los temas esenciales que nos afectan, para que los mismos sean incorporados al Plan Nacional de Desarrollo y puedan ser efectivamente realizados.

Exigimos incorporar integralmente en el ordenamiento jurídico colombiano, mediante Ley de la República, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas de 2007 y Cumplir de forma inmediata la sentencia T-025 de 2004 y los autos emitidos por la Corte Constitucional, en especial los referidos a los pueblos indígenas.

La presente la firman el día cuatro (4) de octubre de dos mil diez (2010),

DELEGADOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN Y AUTORIDADES INDÍGENAS PRESENTES.

Guerra de comunicados para perpetuar ambiente anti-ndigena en el Departamento del Cauca.

La Consejería Mayor del CRIC rechaza y condena un comunicado que circula vía Internet, en el cual de la manera más burda posible se presentan amenazas contra la dignidad de personas y sectores sociales y gremiales del departamento del Cauca.

En el más característico estilo paramilitar se declara, por parte de quienes escriben el comunicado, “…como objetivo militar: masacres colectivas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas, amenazas y hostigamientos…” contra campesinos, indígenas, afrocolombianos, instituciones del Estado y organismos de derechos humanos. Es decir que se amenaza proseguir las violaciones a los derechos humanos que se han venido haciendo en contra del pueblo colombiano en las dos últimas décadas, lo cual hemos denunciado y contra lo cual nos hemos movilizado. 

De manera intrigante y sospechosa, los autores del comunicado se firman como Movimiento Armado nietos del Quintín Lame y hablan como indígenas, siendo claro que al hacerlo su objetivo es desvirtuar ante la opinión pública nuestras luchas, fomentar divisiones en el campo popular y, en general, crear un clima de incertidumbre en la sociedad caucana, preparando así condiciones para realizar una guerra sucia contra quienes luchamos por reivindicar los derechos, ya seamos indígenas, campesinos, afrocolombianos, estudiantes o trabajadores. 

Llamamos a la opinión pública y a los sectores sociales, gremiales y políticos a no dejarnos manipular por estos mecanismos desorientadores y a que avancemos en la ruta de una construcción pacifica que brinde solución a nuestras problemáticas de pobreza e inequidad como caucanos.
 

Exigimos del Gobierno nacional, de la fiscalía y de los organismos de control y vigilancia y de garantía de derechos humanos del Estado colombiano, investigar con agilidad y a fondo la procedencia y autoría de este comunicado, de manera que se identifique y judicialice a los autores para que no queden impunes amenazas como ésta, dirigida claramente contra todos los sectores del Cauca, ni la mentira que se sigue forjando en contra de los pueblos indígenas. 

A la comunidad internacional la llamamos para que esté atenta, pues en la historia de la guerra sucia en el país, primero se empieza con campañas de desinformación y luego se concreta contra quienes, desde los diferentes sectores, damos la lucha por los derechos y por la aplicación de los derechos y principios fundamentales de la Constitución Política colombiana.
 

Popayán, Septiembre 8 de septiembre de 2011.  

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC.