En el suelo colombiano continúa el plan de intimidación y exterminio por parte del paramilitarismo – AGUILAS NEGRAS – en complicidad con el actual gobierno y sus fuerzas militares, quienes lo han asumido como una estrategia siniestra de acallar las voces de organizaciones sindicales y sociales que hemos decidido tomar las banderas de la defensa de los territorios, de la denuncia frente a los atropellos ocasionados por el gobierno y las multinacionales sin tener en cuenta los derechos ancestrales de las comunidades del suroccidente del país.

Acción urgente !!! Vuelve y juega ¡¡¡

Amenazas de las águilas negras

Y el gobierno con su silencio cómplice

Estrategia que se fortalece por el contexto de degradación del conflicto social y armado por la que atraviesa nuestro país, aunada a la poca eficiencia y negligencia de las instituciones del Estado para garantizar nuestro ejerció democrático de exigibilidad de los derechos constitucionales de carácter fundamental para los grupos poblacionales vulnerables, y antes por el contrario permite que la escalada de violencia se posesione como una acción política en contra los líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

HECHOS

El 31 de mayo de 2010, siendo las 8:13 pm a algunos compañeros antes amenazados les llega un mensaje de texto enviado del abonado Comcel número 312-7609693, que decía textualmente: “pcn concej cmrt la toma yolombo cric cerro tigeras ddhh cutvalle buenos aires cr teta nómades naya hp instan a las comunidades a la revolución creando problemas de orden publico reteniendo a los representantes del gobierno en Suarez presentando papeles falsos para evitar el progreso desde el dia viernes teníamos ubicao sr alex quintero le perdonamos la vida a la familia primero licifredy enrique goyes eduarvilleg diegescobar águilas negras”. (Sic).

Los anteriores compañeros hicieron parte de la Audiencia Minera que se celebró el pasado 26 de Mayo en el Municipio de Suárez – Cauca, hicieron intervenciones en defensa del territorio ancestral para las comunidades indígenas y negras, cuestionaron abiertamente las políticas del Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas en su nefasta intervención para que el Juez 1º Administrativo de Popayán ordenara mediante una acción de cumplimiento el desalojo de varias familias de escasos recursos que se han dedicado por centenares de años a la extracción artesanal de oro, y que ahora por extrañas circunstancias y procedimientos errados le fueron entregados en concesión al señor Héctor de Jesús Sarria, persona que nunca ha vivido en la región.

A la misma audiencia, asistieron por parte del Estado el encargado de la política de DDHH de la Vicepresidencia de la República Dr. Carlos Franco, Delegada del Ministerio de Minas y Energía, Delegadas de Ingeominas por Bogotá Dra. Ercilia Monroy y Cali, el Defensor Regional del Pueblo Dr. Víctor Meléndez, un Funcionaria de la Gobernación del Cauca, los Alcaldes de Buenos Aires Sr. Clemente Lucumí Golu y Suárez Sr. Luis Fernando Colorado, entre otras personalidades

DEMANDAMOS

El cumplimiento de los compromisos adquiridos en los últimos años por el Gobierno Nacional, ante la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, la Organización de Estados Americanos – OEA, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, la Organización Internacional del Trabajo – OIT.

Se brinde las garantías necesarias para el libre ejercicio del derecho a la libertad de  expresión y la defensa de los derechos humanos como responsabilidad del Estado.

La investigación y el esclarecimiento de los hechos, móviles y autores de las amenazas y hostigamiento en cuestión.

La imposición de las sanciones judiciales correspondientes, a los autores intelectuales y materiales de las mismas.

El desarrollo de acciones integrales, prontas y efectivas de prevención y protección, que permitan garantizar la integridad física y psicológica de los amenazados.

Solicitamos a los diferentes organismos y redes internacionales de Derechos Humanos el seguimiento permanente a las eventuales políticas y acciones estatales sobre la materia.

Central Unitaria de Trabajadores – CUT Valle del Cauca Departamentos de Derechos Humanos y Lucha contra Transnacionales, Asociación de Cabildos del Norte del Cauca – ACIN, Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, Proceso de Comunidades Negras – PCN, Asociación NOMADESC, Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya, Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA, Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia – SINTRAUNICOL, Cabildo Cerro Tijeras, Coordinador Nacional Agrario – CNA.

La Consejería de Mujer de la Onic y su consejo de gobierno condenan la violación sexual contra una de nuestras niñas por parte de un soldado del Batallón Santa Bárbara, repudiamos este acto infame que viola la dignidad humana los derechos colectivos de los pueblos y el DIH.

La Consejería de Mujer Familia y Generación de la Onic conoció un caso depravado e infame de violencia sexual contra una de nuestras mujeres por parte de un militar. Los hechos sucedieron en Paramito comunidad Wiwa del municipio San Juan del Cesar en la Guajira.

El Pueblo y la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, denunciaron como un militar del Batallón Santa Bárbara, adscrito a la X Brigada violó a una niñita de apenas 13 años e intimidó a toda su familia.

Los hechos sucedieron el pasado 7 de noviembre y apenas hoy tuvimos conocimiento que el Ministerio de Defensa pidió a la Fiscalía abrir la investigación. La Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Onic denunció el hecho ante el gobierno nacional en el marco de la Mesa Nacional de Concertación que se realiza en Bogotá los días 12 y 13 de noviembre.

Lamentamos y repudiamos que se presenten actos como este que además de ser reiterativos, son sistemáticos y se presentan en diferentes regiones del país. Por eso hoy como Onic y unidos a nuestras autoridades tradicionales presentes en la Mesa nacional de Concertación -por lo menos un centenar de autoridades indígenas de viarias regionales-, a los ex constituyentes indígenas del 91, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y congresistas indígenas condenamos el acto infame y pedimos al gobierno e instancias judiciales investigar y sancionar de manera drástica al violador y hacer un cuestionamiento ético y sanción a la Fuerza Pública por violar los derechos humanos de la población colombiana cuyo propósito fundamental es proteger y garantizar que se cumpla.

En el mismo sentido se le exigió al gobierno tomar medidas preventivas para evitar que se presenten nuevamente estos actos depravados; pues como Onic consideramos y entendemos que estos hechos están encaminados a destruir y exterminar nuestras comunidades y pueblos.

Exigimos a las instituciones del gobierno y fuerzas militares respeto a la dignidad humana de nuestras mujeres y niñas y de todos nuestros hermanos indígenas; garantizar el respeto a los derechos fundamentales y colectivos de nuestros pueblos y no involucrar a nuestras comunidades en sus actividades.

De Igual manera la Onic rechazó la actitud despectiva de un funcionario del gobierno que una vez conocido el caso aseguró que eso era un caso “de historia patria”, lo cual la comunidad indígena presente cuestiona por ser un acto de irrespeto y malévolo no sólo con los presentes sino con la víctima y su familia.

A continuación presentamos el comunicado de denuncia de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OWYBT

Hechos:

1º Hacia las 4:00 p.m. del siete de noviembre de 2009 en la finca conocida como Paramito comunidad Wiwa de La Peña de los Indios, municipio San Juan del Cesar, Guajira, jurisdicción del resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco un soldado perteneciente al Batallón Santa Bárbara adscrito a la X Brigada Blindada del Ejército Nacional de Colombia, al parecer bajo los efectos de sustancias alucinógenas, abusó sexualmente de una niña Wiwa tradicional de tan sólo 13 años de edad, quien venía siendo formada en los conocimientos y saberes requeridos para ser una Saga (mujer de conocimiento o mujer medicina, como suele llamar en otras latitudes).

2º Según refiere Sebastián Mojica, Comisario Mayor del pueblo Wiwa y quien presenció el desafortunado hecho, el soldado del Batallón Santa Bárbara de manera agresiva le preguntó por la ubicación de las tropas y luego indagó por el paradero de la niña Wiwa. Según se pudo establecer el soldado venía solo, con un pasamontañas,
descamisado y con el torso descubierto, con la reata puesta -el casco amarrado a
ésta- y portando un arma de largo alcance la cual procedió a desasegurar para,
posteriormente ir en busca de la niña Wiwa, la cual encontró cerca del lugar junto
a la mamá y tres hermanos.

3º Una vez el soldado avistó a la niña Wiwa, encañonó a la mamá de ella y mientras realizaba un disparo la tomó por la fuerza y la arrastró hacia un rastrojo donde la
despojó de la ropa interior, se bajó los pantalones y procedió a abusar sexualmente
de ella, lo cual hubiera podido ser peor de no ser porque el padre y otros familiares llegaron hasta el lugar y lograron quitarlo de encima de la niña. El soldado al verse descubierto golpeó fuertemente a la niña y mientras huía realizó al menos dos disparos.

4º Los testigos refieren que Sebastián Mojica acudió a una patrulla de soldados del Batallón Santa Bárbara que se encontraba muy cerca de la comunidad para informar lo que estaba sucediendo y solicitar ayuda, pero al principio los soldados hicieron
caso omiso del ruego de sus palabras.

A no ser por la insistencia del Comisario Mayor los soldados seguramente se hubieran retirado y el soldado hubiera podido causar una tragedia, al igual que la ocurrida en el corregimiento de Cuestecitas (Albania) donde apenas hacía unos días, el 1rº de noviembre de 2009, Luis Eduardo Julio Pájaro, un iracundo soldado del Batallón Gustavo Matamoros D´acosta, asesinó en una fiesta a dos personas e hirió a cinco más. Afortunadamente la patrulla reaccionó y neutralizó al soldado agresor.

5º La comunidad de La Peña de los Indios lo mismo que las comunidades Wiwa cercanas se encuentran alarmadas y atemorizadas por el repudiable comportamiento de este soldado, el que sumado a los recurrentes rumores que refieren que este tipo de hechos también se han presentado en otros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo en lo que respecta a sus comunidades más tradicionales, ha terminado por resquebrajar y socavar la confianza que el Ejército Nacional de Colombia venía construyendo con el pueblo Wiwa y con los otros pueblos indígenas del macizo serrano.

6º Con el propósito de analizar este insuceso, entre las 10:00 a.m y las 12:00 m del 09 de noviembre de 2009 tuvo lugar en la comunidad Wiwa de La Peña de los Indios una reunión entre, por una parte, autoridades del pueblo Wiwa y familiares de la víctima y, por la otra, delegados del Batallón Santa Bárbara, al frente de la cual estaba el capitán Álvaro Gómez, en la que los militares si bien se negaron a dar información sobre la identidad del soldado agresor, reconocieron que hacía parte de esa unidad.

En principio, los militares, se comprometieron a cubrir los gastos inherentes al desplazamiento de la niña Wiwa y de sus familiares hasta la cabecera municipal de San Juan del Cesar a fin de elevar las denuncias ante las autoridades competentes y la realización por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del
respectivo examen médico de la niña Wiwa, lo cual a todas luces es insuficiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, las autoridades del pueblo Wiwa y la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona OWYBT, demandan lo siguiente:

–     Dado que el abuso sexual contra la niña Wiwa de 13 años configura sin duda alguna una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el soldado victimario debe ser ejemplarmente sancionado y la niña Wiwa, su familia y la comunidad deben ser adecuadamente resarcidas por los daños morales (culturales y psicológicos), daños emergentes, daños físicos y el lucro cesante…, que se hayan ocasionado, máxime si se tiene presente que se echó a perder un prolongado y delicado proceso de formación tradicional de una futura Saga.

–     En razón a que la conducta punible fue cometida en territorio del pueblo Wiwa (resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco) y en contra de una niña Wiwa, se solicita competencia sobre el caso, para que el sistema jurídico del pueblo Wiwa y sus dispositivos tradicionales tengan conocimiento de los procesos que se adelantan contra el soldado agresor, el cual debe ser entregado a las autoridades del pueblo Wiwa durante un determinado tiempo para que sea juzgado y restablecida así la armonía que abruptamente ha sido quebrada.

–      Se solicita que en el inmediato plazo posible se conforme una comisión mixta e interinstitucional que investigue detalladamente las alusiones que se vienen haciendo en el sentido que mujeres Kogui y Wiwa de comunidades tradicionales han sido violadas por militares adscritos a los batallones de la Décima Brigada Blindada.

–    Finalmente la OWYBT, en el marco de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pone en conocimiento de este organismo interamericano, la ocurrencia de este execrable delito, para que se le brinde seguimiento a las propuestas que aquí se han planteado.

Dado en Valledupar (Cesar), a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos
mil nueve (2009). Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OWYBT