En Durban, a cinco días de iniciada la XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP17), se respira incertidumbre sobre los resultados finales de las negociaciones sobre cambio climático y del futuro del Protocolo de Kioto.

En este marco, el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) y las distintas delegaciones se han pronunciado por un segundo período del Protocolo de Kioto 2013 – 2020, y que éste sea vinculante de manera obligatoria para todos los países del mundo.

Por su parte, el coordinador general de la Coordinadora Andina De Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín Quispe, exigió respeto a la madre tierra y a los pueblos indígenas, y la gestión de ecosistemas estratégicos basados en el Buen Vivir.

En el curso de la semana, movimientos indígenas y sociales se reunieron con representantes de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). Coincidieron en sus críticas al manejo del Fondo Verde y al Banco Mundial, que debería estar fuera del manejo de todo fondo vinculado al cambio climático.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, igualmente, señalaron que los países llamados desarrollados deberían adoptar un segundo compromiso para reducir emisiones conforme al Protocolo de Kyoto.

El movimiento sindical internacional insta a los gobiernos reunidos en la conferencia de Durban a abandonar su posición cómoda y tomar decisiones para negociar un instrumento mundial jurídicamente vinculante para todos los países y financiar el Fondo Climático Verde de 100 mil millones de dólares.

En tanto que Oilwatch propone colocar al petróleo, al gas y al carbón, en el centro de las discusiones nacionales e internacionales.

El domingo 4 de diciembre tendrá lugar una jornada de movilización en Durban, promovida por una amplia gama de organizaciones sociales, ante la negativa de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Rusia y Japón a la adopción de compromisos vinculantes para la reducción de gases contaminantes.

Escuche el Programa 69 de audio de Voz de los Movimientos con propuestas que movimientos y organizaciones sociales camino la COP17 en Durban, Sudáfrica y reportes de Panamá, Argentina, Honduras y Ecuador.

Siga la cobertura de la Minga Informativa de Movimientos Sociales desde Durban, en la 17º Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 17): 28 noviembre – 9 diciembre.  http://www.movimientos.org/madretierra/

Las instituciones del Estado, entre ellos el Ejército Nacional y el programa de reinserción y desmovilización de la Presidencia de la República vienen promoviendo entre jóvenes indígenas del Departamento del Chocó que se integren las redes de informantes y señalen a miembros de sus propias comunidades indígenas como auxiliadores o miembros de grupos insurgentes para obtener recompensas. 

A partir de esto, jóvenes de diferentes comunidades han sido utilizados por el Ejército Nacional para la judicialización de miembros de sus comunidades y justificar la militarización de la zona.

El día 6 de septiembre de 2011, en la comunidad de Alto Andiadó, zona uno, del Resguardo del Alto Andágueda, las Autoridades indígenas en ejercicio de la autonomía y aplicando justicia propia, como principios consagrados en el derecho propio de los pueblos Indígenas reconocidos constitucionalmente, procedieron a detener a 20 miembros de comunidades indígenas del Pueblo Embera Katío, pertenecientes a las comunidades Indígenas de Conondo, Currupipí, Aguasal y Cevedé.

Estas capturas por parte de los justicieros indígenas se motivó en el desequilibrio que viene generando en el territorio indígena la intromisión de las instituciones y la participación de estos jóvenes en los programas de reinserción, dado que vienen siendo utilizados por el Ejército Nacional como informantes y para acceder a los beneficios del programa y en varias ocasiones habían señalado a algunos miembros de las comunidades indígenas de la zona del Andágueda de ser miembros o colaboradores de la guerrilla, sobre informaciones completamente falsas ya que quienes han sido señalados son miembros de las comunidades que se dedican a las actividades agrícolas, docentes y comunitarias del territorio.

Por otro lado, denunciamos las constantemente invasiones y atropellos que realiza en Ejército Nacional en nuestras comunidades indígenas, en los últimos meses se han incrementado los allanamientos a las viviendas de las comunidades indígenas, son constantes los retenes militares, frecuentemente impiden el tránsito de las comunidades y restringen la entrada de alimentos a las comunidades y hoy quieren utilizar a nuestros comuneros como sus informantes poniendo en riesgo la vida de estos comuneros y a su vez la de toda la comunidad.

No conforme con involucrar las comunidades indígenas en medio del conflicto ahora pretenden judicializar a las autoridades, dado que a partir de esto el Ejército Nacional ha acusado a las autoridades indígenas de secuestradores y de torturar a miembros de las comunidades, estigmatizando a las autoridades indígenas que ejercen justicia propia en búsqueda del equilibrio y para resolver los conflictos que se generan en sus comunidades, como un derecho constitucional propio de los pueblos indígenas, por lo tanto rechazamos categóricamente el accionar del ejército nacional quienes nos quieren involucrar en el conflicto armado, poniendo en riesgo la vida y la integridad de nuestras comunidades indígenas y creando desequilibrio en el territorio, dado que no queremos que nos hagan parte de este conflicto que ha dejado tanta miseria y muerte en nuestros territorios.

Finalmente hacemos responsable las instituciones del Estado, particularmente el Ejército Nacional por cualquier agresión o violación de la que puedan ser víctimas las autoridades indígenas del Alto Andágueda, de igual modo una vez más denunciamos y rechazamos los altos índices de confinamientos, desplazamientos, asesinatos, atentados, amenazas y demás afectaciones que vienen sufriendo las comunidades Indígenas, en todo el departamento del Chocó. De igual manera hacemos responsables al gobierno nacional por las acciones de violencia que se presenten en nuestros territorios.

Así mismo, hacemos un llamado urgente a todos los organismos de control y garantía de Derechos Humanos, entre ellos al Ministerio Público para que conforme una comisión que verifique la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades Indígenas de la zona Andágueda y se investiguen el accionar de las fuerzas militares en estas operaciones militares debido a que se han vuelto constantes los señalamientos y judicializaciones indiscriminadas, afectando la vida, los bienes y derechos de estas comunidades.

Consejo de Autoridades Indígenas.

Quibdó Chocó, 20 de septiembre de 2011

Asociación de Cabildos Indígenas del departamento del Chocó OREWA

página web www.orewa.org

Mail: [email protected]

telefax: 6724079