Denuncian inminente desplazamiento de comunidades Campos minados, conflicto e invasores diezman a los Awá.

La Defensoría del pueblo advirtió que la población indígena Awa, se encuentra nuevamente confinada por la presencia de minas antipersona. La Unipa advierte que personas extrañas invaden territorios con fines de explotación aurífera.

La crisis humanitaria de las comunidades indígenas en especial de las asentadas en el piedemonte de Nariño se incrementa, así lo señaló La defensoría del Pueblo que verificó la situación de esta comunidad.

Una nueva amenaza es denunciada por parte de la Unidad Indígena del Pueblo Awa Unipa, que manifiesta que personas extrañas desarrollan estudios para la explotación aurífera sin el permiso o el conocimiento de las autoridades de esta etnia. Las masacres y los asesinatos selectivos son una constante para esta población que a resistido a lo largo de siglos la violencia contra su cultura y la presión por desarraigarlos de sus territorios considerados sagrados por ellos.

 

La Corte Constitucional Colombiana emitió el Auto 004 en el que obliga al Estado y 34 pueblos indígenas, a concertar Los Planes de Salvaguarda para generar un marco de protección que permita la pervivencia física y cultural de estos pueblos, que como el Awá, parecen estar en vías de extinción.

Ese plan de salvaguarda, para los indígenas, según los Awa, no se ha cumplido y prueba de ello es que en la actualidad se reportan nuevos campos minados y nuevas amenazas a sus territorios.
La crítica situación del pueblo Awá y las necesidades especiales de protección, motivó a que el pasado 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para este pueblo.

Minas bajo sus pasos

Nuevas campos sembrados de minas en distintas poblaciones del piedemonte costero de Nariño, denunció el Defensor del Pueblo, álvaro Raúl Vallejos, quien precisó que comunidades indígenas y población civil, se encuentran en medio de la confrontación de actores armados que actúan en la zona.

Veredas confinadas y desabastecimiento de productos básicos serían muestra de que en la zona existen nuevos campos minados que hacen inminente un nuevo desplazamiento masivo de estas comunidades.

Vallejos Yela, manifestó que la situación actual se complica.“Continúa la problemática humanitaria de los pueblos indígenas Awa que residen particularmente en los municipios de Ricaurte y de Barbacoas. Según las denuncias que nos han hecho llegar los dirigentes de la población indígena, la presencia de actores armados ilegales como las Farc y el ELN, ha hecho que se reactive el escenario de confrontación en la región lo que implica que los afectados son los miembros de la población civil.”

Expresó el funcionario indicó que desde la Defensoría del Pueblo, se ha hace seguimiento constante a la situación de estas comunidades. “Estamos atentos al desarrollo de estos acontecimientos, en días pasados estuvimos presentes en esa zona con el objetivo de verificar las denuncias recibidas, hablar con la dirigencia indígena sobre las condiciones socioeconómicas y de orden público que se viven en la zona”. Expresó.

Alertan sobre desplazamiento

Según el Defensor del pueblo una situación muy preocupante fue denunciada por las comunidades puesto que al parecer los grupos armados ilegales, estarían sembrando nuevos campos minados, para impedir el ingreso de la fuerza pública la zona. “Este hecho, la colocación de minas antipersonal en varios sectores, ocasiona la restricción de la movilidad pues la comunidad ve su vida amenazada por la presencia de estos artefactos” dijo. Vallejos Yela, agregó que la comunidad asentada en esta zona, se siente desamparada frente a la presencia de los grupos armados ilegales y por ello puede darse un desplazamiento masivo por parte de estas comunidades.

El Defensor del Pueblo agregó que en el momento hay una clara restricción de la movilidad para las familias que no pueden salir de sus veredas, y no pueden desarrollar sus actividades diarias. Anunció también que hay confinamiento de algunos sectores y que incluso se presenta desabastecimiento de productos básicos, dada la imposibilidad de acceder o salir de estas zonas que estarían minadas.

El saqueo continúa: Unipa.

De acuerdo con lo expresado por medio de una denuncia pública, la comunidad AWA, afectada por los campos minados y la presencia de actores armados ilegales en sus territorios, ahora afronta la presencia de personas dedicadas a la explotación ilegal de oro en la región.
Mediante un comunicado a la opinión pública la Unidad Indígena del Pueblo Awa Unipa, denunció que desde meses atrás las comunidades del Resguardo de Tortugaña Telembí, ubicado en el Municipio de Barbacoas, han notado la presencia de personas ajenas a su pueblo, en el sector del rió Naya, donde al parecer los foráneos realizan estudios de explotación de oro sin ningún permiso de las Autoridades Indígenas.

“Hoy, después de miles y miles de años de existencia, conservación de nuestras riquezas propias, de cuidar los sitios sagrados heredados por los mayores y de preservar nuestro territorio ancestral; de haber sobrevivido al exterminio por la ambición de expropiarnos el territorio y todas las riquezas que en él se encuentran, nos vemos nuevamente en la mira de aquellos que por usurpar los minerales precioso están dispuestos a pagar el precio que sea necesario: nuestra pervivencia física y cultural” : AWA La denuncia elevada por la Unipa, indica que esta invasión de los territorios es de alguna forma ignorada por el gobierno que no ha implementado las políticas necesarias para proteger a esta comunidad ancestral pues los planes de salvaguarada no han cumplido el objetivo de protegerles.

“La cabecera del Rio Naya es un sitio sagrado para nosotros los INKAL AWá, en este lugar se encuentra una casa hecha en piedra por nuestros antepasados, que resistió toda la barbarie ocurrida en los tiempos de la colonización, pero que se ve amenazada a ser destruida por parte de las personas que se encuentran realizando la explotación de nuestras riquezas.” Dice el documento.

De igual forma en la denuncia conocida por Diario del Sur, la comunidad denuncia que en este sector se ha instalado un helipuerto artesanal, el cual está operando tranquilamente, alrededor de este se encuentran trabajando personas que sin importarles lo que nosotros pensamos, realizan la explotación de nuestra madre tierra, desangrándola y desequilibrando la vida de nuestro pueblo indígena.

Desde mediados del 2008 la militarización de este resguardo por parte del gobierno nacional ha sido constante, producto de esto fueron los enfrentamientos entre los actores alzados en armas, que conllevo a asesinatos colectivos, desplazamientos individuales, masacres y desplazamientos gota a gota y masivos, quedando gran parte del territorio desocupado. Las cifras sobre las víctimas de los awa, que han caido bajo la mira de violentos no son exactas, igual sucede con quienes han resultado como víctimas mortales de las minas antipersonal los mutilados reportados en los últimos años ascienden a más de 100 personas, sin embargo el subregistro en todos los casos es muy alto.

Las minas en Nariño

El director nacional de la Campaña Colombiana contra las Minas, Alvaro Jiménez, que en lo corrido de este año 18 víctimas se han registrado en Nariño a causa de estos elementos.

De estás víctimas 3 son mortales, dos indígenas Awá y una persona en el municipio de Policarpa. Según Jiménez, en el departamento de Nariño esta problemática ha generado una complicada situación de las comunidades que habitan en zonas rurales, como es el caso de la costa pacífica. Señaló que también los pueblos indígenas Awá en las organizaciones de Camawari y Unipa.

Denuncia pública:

Ante los Abusos e infracción a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, por parte del Ejercito colombiano, con las comunidades Emberá Katio, de Córdoba.

El Consejo de Gobierno de la Nación Embera, en uso de las Facultades que le confiere la ley de Origen, el Derecho Mayor y el derecho propio, en concordancia con la ley 89 de 1.890 y los artículos 246 y 330 de la Constitución Política, así como conConvenio 169 de la OIT el cual hace parte del bloque de constitucionalidad que protege los Derechos de los Pueblos Indígenas tanto individuales como colectivos, especialmente el derecho de autonomía de los pueblos; además los Autos de la Corte Constitucional,004,092,008, 382 y demás normas que protegen los derechos de los pueblos indígenas;

DENUNCIAMOS.

 

ANTE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES, LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, ONGS Y A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL QUE:

ANTECEDENTES:

La comunidad indígena Embera Katio está ubicada en el Sur del Departamento de Córdoba, con asentamiento en el Nudo de paramillo. Unas de sus organizaciones son los Cabildos Mayores de Rio Sinú y Rio Verde, resguardo Embera Katio del alto Sinú. Debido a la situación de conflicto armado que viene viviendo esta población indígena en el año 2002 la CIDH de la OEA, decretó medidas cautelares a esta comunidad para salvaguardarla del conflicto social y armado perpetrado por los Actores Armados; son varios los líderes indígenas que han tenido que ofrendar la vida por reclamar respeto a los Derechos colectivose integrales de esta comunidad, entre ellos Kimy Perniá Domicó.

HECHOS:

El día lunes 18 de abril del presente año a las 5:00 am, mientras el gobernador de la comunidad de Porremia se encontraba pescando en bocas de la quebrada Chocó, fue abordado por un hombre armado que le pidió que cruzara el río,el gobernador le manifestó que no tenia canoa, y el hombre le increpó diciendo que él sabía que tenía una canoa en su comunidad y le pido que fueran por ella. Posteriormente cuando subieron en la embarcación le pidió a nuestro gobernador que lo llevara hasta las bocas de la quebrada chocó, donde aparecieron aproximadamente 30 hombres fuertemente armados y con prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, quienes lo presionaron para que los cruzara el río. También manifestaron que ellos eran del frente 58 de las FARC y que iban a recibir una remesa en las bocas de la quebrada Pánico (Comunidad indígena de Pawarandó), y que esta remesa era para su comandante “Iván”.

El día miércoles 20 de abril a las 10:00 am llegaron a las bocas de Pawarandó los 30 hombres antes mencionados y preguntaron por una remesa que se encontraba a orillas del río verde, posteriormente los hombres armados se escondieron en la maleza. Horas más tarde un hombre vestido de civil llegó al puerto de la quebrada Pánico con dos mulas a recoger la remesa que se encontraba allí; de inmediato fue abordado por los hombres que se encontraban entre la maleza quienes lo amarraron y al día siguiente abordaron un helicóptero de las fuerzas militares colombianas.

Es importante mencionar que entre los hombres armados que abordaron el helicóptero se encontraba un hombre encapuchado que al parecer brindaba toda la información al resto de la tropa; en días pasados hombres armados al parecer de los grupos ilegales que operan en la región, manifestaron que las comunidades indígenas y sus líderes estaban colaborando con el ejército y amenazaron con adelantar las investigaciones para dar con el paradero de los colaboradores.

Rechazamos y exigimos respeto a la población indígena. No entendemos cómo el Ministerio de Defensa permite que su ejército utilice a la población indígena como escudo humano, para sus fines de guerra y poniendo en riesgo a la dirigencia Indígena. No compartimos las actuaciones de los que dicen ser defensores de todos los colombianos y manifestamos la inconformidad del incumplimiento de la Normatividad jurídica ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de las medidas Cautelares, y de la orden de la Honorable Corte Constitucional con los planes de Salvaguarda, y el programa de garantías, que reza el Auto 004 del 26 de enero del 2009.

SOLICITAMOS.

1. Proteger a los pueblos indígenas frente a las violaciones de sus derechos y garantizar la investigación, identificación, juzgamiento y sanción de los responsables por su acción u omisión, así como aplicar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estas violaciones se sigan perpetrando.

2. Solicitamos al Gobierno Nacional y en particular al presidente de la República Juan Manuel Santos, cumplir con su deber constitucional de defender y proteger los derechos humanos de acuerdo con los principios constitucionales y los Tratados y Convenios Internacionales.

Así como en consideración del marco de la política ministerial de protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas, que engloba el concepto de derechos humanos, como un concepto de connotaciones especiales, en tanto que se refiere a las garantías para la existencia digna y autónoma de las colectividades como algo integral y esencialmente de tipo colectivo, como consta expresamente en la Directiva Permanente No 16 de 2006 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, como política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a comunidades de los pueblos indígenas.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de abril del 2011.

CONCEJO DE GOBIERNO DE LA NACION EMBERÁ.