Nuestros más sinceros y dolidos sentimientos de horror y dolor ante estos hechos. Nuestro rechazo a gritos a los bandos en guerra, a quienes disparan y a quienes los mandan, vengan de donde vengan. Nuestra repugnancia porque este terror y esta guerra son para el Capital que ahora cobardemente masacra niños y niñas para robarse el territorio y quienes dicen resistirlo, las FARC, que le ayudan a matar, a despreciar la vida poniéndose en el otro bando para eliminar pueblos.

Nos duele por las comunidades, las familias, las madres, hermanas, la gente toda. Nos duele. Llamamos desde el dolor a no permitir que esta masacre sea en vano, a no dejar que se convierta en una denuncia y nada más. Que se levante ese pueblo desde abajo, todo el Territorio del Gran Pueblo (Cxhab Wala Kiwe) y ponga todas sus capacidades y recursos en resistir a un sistema que masacra, despoja, compra, invade y engaña para enriquecerse. Cada muerto es un comunero, una comunera menos. Cada asesinado, busca que no pasemos de la denuncia y que nos traguemos el dolor. Vienen a robarse la cultura, el territorio, el proceso. Vienen con balas, con proyectos, con negocios. Vienen a privatizar el agua, la tierra, las minas. Vienen a convertir el trabajo de la gente en mano de obra para los mega-proyectos. Vienen a convertir a los niños y las niñas muertas, en cifras que justifiquen plata para proyectos. Convierten en mercancía el dolor.

El 26 de marzo de 2011, a las 2 y 25 de la mañana, en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó, Municipio de Toribio, la policía nacional, con apoyo aéreo del “comando jungla antinarcóticos”, bombardeó un campamento del Sexto Frente de las FARC, de milicianos recién reclutados. Resultaron, según las fuentes publicadas, 16 muertos (la mayoría de ellos menores de edad) y 4 heridos por parte de los guerrilleros. Los combates siguieron todo el día y la noche siguiente: por un lado los helicópteros y avionetas sobrevolaban la zona mientras la policía se quedaba con los cuerpos en el campamento destruido y, por otro lado, los guerrilleros disparaban en dirección del campamento desde lugares cercanos.

Aparte de esta lamentable violencia entre grupos armados legales e ilegales, lo que se denuncia acá, y se saca a la luz es la situación de los pobladores de la zona, los pueblos indígenas, atrapados en esta guerra. Hay que romper el círculo de silencio, de desinformación de los medios masivos, pues, mientras el señor Santos se jacta de “otro gran golpe a las FARC”, las comunidades enfrentan el incremento de la militarización, las balas impactando las casas y la tristeza de ver a sus hijos caer en medio de la guerra.

Lo que viven los pobladores en las veredas de Gargantillas, La Esperanza, El Triunfo, Soto y La Playa, entre otras, no es lo que vieron los demás colombianos en los noticieros oficiales. Para ellos, la pesadilla empezó en la madrugada del sábado como contaron los habitantes de estas comunidades, toda la noche no pudieron dormir por el ruido de las explosiones de las bombas lanzadas por los aviones, cerca de las casas. “El bombardeo fue horrible, el movimiento de las casas fue terrible, hasta las siete de la mañana”, declara un habitante de la vereda de Gargantillas, “los niños están aterrados”, añade.

Entre la incertidumbre, la comunidad tuvo que soportar la “operación conjunta de nuestras Fuerzas Armadas” (según las palabras del Presidente), luego, la repuesta de la guerrilla. Ellos empezaron a disparar con tiros de balas y otras bombas desde sitios muy cercanos a las casas, poniendo en peligro toda la comunidad. Algunos comuneros se quedaron en sus casas, luego huyeron hasta lugares más seguros, lejos de la lluvia de balas, mientras otros salieron a buscar familiares de quienes no tenían noticias. Se colgaron las banderas blancas, única protección en situación de combate, porque ¿quién iba a protegerlos? ¿Cuál autoridad del gobierno iba a meterse entre las balas para atender a la gente? ¿Será que importa más los “éxitos” de las Fuerzas Armadas que los pueblos indígenas?  No, los pueblos indígenas tenemos que atendernos nosotros mismos, a través de las autoridades indígenas que se encargaron de organizar a la gente en Asamblea Permanente para tomar medidas de protección.  Son ellas, junto con los comuneros, que investigaron para saber lo que había pasado, para informar a los pobladores del lugar y para verificar si había civiles o bienes afectados.

Mientras las cámaras de los medios masivos mostraban imágenes sensacionales de avionetas de la policía controlando la zona, del humo junto a las detonaciones, los comuneros aguantaban la ansiedad y se preguntaban con temor si los cadáveres detenidos por la policía eran hermanos, tíos o hijos. Se preguntaban si el niño que hace unos meses jugaba con los demás de la comunidad hace parte de los menores de edad que componen la mayoría de los cuerpos empacados en las bolsas de plástico, allá en el monte. Porque las primeras víctimas de los conflictos armados son los indígenas, son los niños involucrados en la guerrilla por estrategias de reclutamiento. A pesar del trabajo de las autoridades indígenas y de la Guardia indígena para tratar de detener el reclutamiento de sus jóvenes, haciendo asambleas, generando discusiones sobre el tema en las familias, proponiendo proyectos productivos y culturales, los guerrilleros siguen armando campamentos cerca de las viviendas, poniendo armas entre las manos de los niños.

Quizá los periodistas de los medios masivos, nacionales e internacionales, mientras preparan su material de prensa sigan celebrando la coincidencia de este ataque con el tercer aniversario de la muerte del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, pasando desapercibido el horror de los niños masacrados y la suerte de mujeres, niños, mayores y familias enteras expulsadas de sus casas, andando bajo la lluvia sin siquiera saber dónde ir. “Llegaron con los carros, bajaron las bombas, nosotros recogimos los niños y salimos a correr para acá, porque no queremos estar metidos allí.” cuenta una madre de familia de la vereda del Triunfo. “Ellos dijeron que teníamos que salirnos rápido, porque iban a tirar algo más, nos asustamos, no sabíamos para dónde ir, estaba lloviendo” declara una joven de 14 años, “nos salimos, nos fuimos corriendo y cuando empezaron a disparar, las balas pasaban por allí.” Esta misma adolescente es la que salió casi de noche para pedir a los guerrilleros que pararan de disparar. Nadie ha escuchado su voz, aparte de las autoridades indígenas, ni la de una madre cargando sus dos niños, llorando por no haber podido darles de comer desde que la sacaron de su casa en la mañana; tampoco la del comunero, a quien le dijeron que su hijo estaba allá, en esas bolsas.  Ahora las familias piden que los cuerpos sean entregados para poder exhumarlos y despedirse de sus familiares, a pesar de que hayan sido involucrados en la guerra.

Las Autoridades Indígenas denuncian que las primeras víctimas de estos tipos de acciones siguen siendo los niños y niñas, comuneros de los pueblos indígenas. El gobierno ejecuta acciones de guerra como la que sucedió, poniendo en riesgo las poblaciones, causando daños irreparables. Frente al terror de los grupos armados, los pueblos indígenas queremos la autonomía en nuestros territorios, y no ser instrumentados por ninguno actor gubernamental, ni armado legal o ilegal, que actúan por intereses económicos y por control del poder.

Como Nasas que somos, exigimos levantarnos desde el dolor a resistir, a echar a los guerreros, a los negociantes, a las transnacionales, a los que sacan ventaja del territorio. Para que la muerte no niegue el futuro a nuestro pueblo.

Comunicado a la opinión pública:

Los recientes hechos de agresión en el Departamento del Cauca, responden a la dinámica del conflicto entre la insurgencia y el Estado, que con su búsqueda de consolidar porciones de territorio para sus intereses, desconocen las consecuencias que esto genera en las comunidades, especialmente indígenas y afrodescendientes. La actual fase de recuperación del Plan Nacional de Consolidación en el norte del Cauca “que consiste en adelantar operaciones enfocadas a la recuperación de la seguridad territorial y dirigidas a mitigar los efectos de la confrontación armada sobre la población civil con el fin de protegerla” está dirigido a privilegiar el éxito militar sobre las vidas y bienes de la población civil.

La confrontación permanente ha transformado territorios indígenas en escenarios de guerra de alta intensidad que aunadas a las estrategias de judicialización afectan a las comunidades sembrando temor y restringiendo la acción del Estado a la persecución de la insurgencia y al narcotráfico, obviando las responsabilidades sociales que como Estado Social y Democrático de Derecho le corresponde garantizar y proteger.

Hechos como el bombardeo del pasado 26 de marzo en Tacueyó, no pueden volver a repetirse, la indolencia de la insurgencia y el Ejército acabó con la vida de 15 menores de edad. Esto pone en evidencia la necesidad de que los actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario y especialmente se abstengan de reclutar menores de edad.

Llamamos a los actores del conflicto a que emprendan diálogos humanitarios para la búsqueda de una salida negociada al conflicto en Colombia, respeten los lugares de protección de la población civil al interior de los territorios ancestrales del pueblo nasa del norte del Cauca.

Igualmente solicitamos a las autoridades civiles acompañar a las familias afectadas y facilitar el ingreso de los organismos humanitarios a la zona para brindar asistencia humanitaria. Reiteramos el llamado de atención sobre el riesgo que representan los restos explosivos de guerra que posterior a estos hechos puedan afectar a las comunidades y su territorio.

Exigimos respeto a la vida de nuestros comuneros y comuneras, autoridades, Guardia Indígena y demás miembros de la CXAB WALA KIWE.

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN