En el complejo escenario del conflicto armado que afecta a Colombia, los verdaderos protagonistas de esta trágica historia somos, sin duda, el pueblo colombiano donde hacen parte las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Somos quienes cargamos el peso de las consecuencias diarias de un conflicto que parece no tener fin, por ello, es importante que tanto el Gobierno Nacional como los actores armados cumplan con los compromisos pactados y firmados.
Las recientes declaraciones de Vera Grabe, Jefa de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN, tras la firma del acuerdo sobre el cese al fuego, plantean una prórroga hasta el 5 de febrero de 2024 para evaluar y fortalecer el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT). Estos acuerdos, respaldados por el Acuerdo N.º 22, establecen claramente la intención de continuar trabajando en los avances logrados hasta ahora y consolidar la paz en las regiones.
Es importante ver pasos hacia adelante, pero no podemos perder de vista la urgencia y la importancia de cumplir con estos compromisos. Las comunidades más afectadas por décadas de conflicto merecen una paz estable y duradera. Las promesas hechas en las declaraciones de Vera Grabe y en el Acuerdo N.º 22 deben traducirse en acciones concretas que mejoren la vida de aquellos que han sufrido tanto.
La sociedad colombiana ha demostrado paciencia y dedicación para alcanzar la paz, pero también ha sufrido lo indecible. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno y los actores armados asuman la responsabilidad de poner fin a este conflicto de una vez por todas. Los acuerdos firmados deben ser más que palabras en papel, deben ser un compromiso real y palpable con el bienestar de las comunidades.
Es crucial que se establezcan mecanismos de seguimiento y verificación efectivos para garantizar que tanto el Gobierno como los actores armados cumplan con lo acordado. La transparencia en la implementación de los acuerdos es esencial para construir la confianza necesaria entre todas las partes involucradas.
En última instancia, este llamado no solo es para el Gobierno y los actores armados, sino también para toda la sociedad colombiana. La construcción de la paz es una tarea colectiva, y todos deben contribuir para garantizar que se cumplan los compromisos pactados. La paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia de condiciones que permitan una vida digna y justa para todos los colombianos.
El 5 de febrero de 2024 se acerca rápidamente, y con él, la oportunidad de avanzar hacia un futuro más pacífico. Que este sea un punto, donde las promesas se conviertan en realidad y donde el sufrimiento del pueblo colombiano llegue a su fin. La paz es posible, pero depende de la acción decidida y comprometida de todas las partes involucradas.
Por: Programa de Comunicaciones CRIC-Nacional