La Minga Social y Comunitaria rechaza y condena toda agresión que el Gobierno Nacional y su régimen, han diseñado y materializado contra el derecho universal a la libre expresión de la protesta social en Colombia; asesinatos, desapariciones, retenidos, violaciones sexuales, tortura, xenofobia, racismo, falsos positivos, así como los ultimo hechos donde encapuchados que no hacían parte de los grupos organizados en resistencia, incendiaron el emblemático edificio del Palacio de Justicia de Tuluá, centro del Valle del Cauca, buscando sembrar caos y miedo.
Hechos como ese, evidencian filtración de agentes encubiertos en la protesta social. Para nosotros y gran parte de la opinión pública nacional, es claro el interés de «vandalizar» la resistencia ciudadana que durante un mes se ha mantenido en las calles rechazando las políticas del actual gobierno del presidente Iván Duque Márquez.
Esas acciones delictivas, son protagonizadas por personas que no hacen parte de la protesta pacífica, para nosotros, al parecer fueron miembros encubiertos de la fuerza pública, como lo demostrado por la guardia indígena en la ciudad de Cali, donde, en el marco del paro nacional, aplicó justicia propia, a policías y militares que se infiltraron en varios puntos de resistencia para cometer actos vandálicos y luego incriminar a los jóvenes.
El modus operandi del estado para enfrentar al paro nacional, aunque ha sido desenmascarado en repetidas ocasiones, manipula la opinión publica a través de los medios convencionales de comunicación, quienes desinforman y desconocen las pruebas de la realidad denunciada por la ciudadanía, incitando a la mentira para justificar la agresión militar contra la población colombiana.
Todos hemos venido observando que las actuaciones violentas contra los ciudadanos, así como también la destrucción, incineración y destrucción de los bienes públicos de la nación como: URI de la fiscalía en Popayán – Cauca, alcaldía de La Plata – Huila, los hechos ocurridos en Yumbo y ahora el palacio de justicia en Tuluá – Valle del Cauca, son actuaciones que avizoran ataques a sangre y fuego de la estrategia encubierta de la fuerza pública en contra de la población civil y que busca deslegitimar el ejercicio de la protesta.
Ante estos lamentables hechos ocurridos lanzamos un SOS a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos internacionales ONU, OEA, CIDH, ACNUR, Corte penal internacional, Human rights, Amnistía Internacional y otros organismos para que lleguen al país a realizar la verificación, investigación y sanción a los autores intelectuales y materiales de este gobierno y el estado colombiano.