Comunicado
Durante el diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya, el Gobierno colombiano empieza a sacar partido de la visita que el Presidente Juan Manuel Santos realizó a los territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta antes de su posesión.
En su presentación ante el Relator Especial el Gobierno pretende desconocer la realidad que padecen los pueblos indígenas al afirmar que “entre enero y agosto de 2010 se ha registrado un total de 40 homicidios indígenas, lo cual representa una disminución del 51% en relación con el 2009”. Esta cifra no da cuenta de lo acontecido en el año 2010, cuando la cifra de indígenas asesinados es de 83 , de los cuales 39 asesinatos corresponden al pueblo Nasa.
El Gobierno quiere mostrar avances en la garantía del derecho a la Consulta previa, cuando es uno de los temas en los cuales hay escasos avances. “La metodología clara y única para el proceso de consulta” de la Directiva Presidencial 01 de 2010, que menciona el Gobierno, es muestra evidente del desconocimiento de las obligaciones señaladas en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que el Gobierno afirma cumplir. En su intervención el Gobierno no mencionó las decisiones judiciales que han ordenado la suspensión de algunos proyectos de explotación de recursos naturales e infraestructura, debido precisamente al desconocimiento del derecho a la consulta, entendido este derecho como el consentimiento previo, libre e informado de las medidas que afectan a los pueblos indígenas.
Tampoco es exacto el Gobierno cuando reporta avances en el diseño e implementación del Programa de Garantías y los planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional para proteger los derechos de los pueblos indígenas cuya supervivencia física y cultural se encuentra amenazada por las violaciones de derechos humanos, el conflicto armado y el desplazamiento forzado. Tal como ha señalado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ACNUDH- en su informe sobre Colombia, presentado en el 13º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, son pocos los avances en el diseño e implementación del Programa de Garantías y los Planes de Salvaguarda para los pueblos indígenas.
En cuanto a la lucha contra la impunidad, son pocos los avances. Aunque se profirió una sentencia judicial contra los responsables del homicidio del líder indígena Edwin Legarda, ello no debe ser motivo de orgullo para las mismas autoridades estatales que negaron la comisión del asesinato como represalia por la participación de Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric- y esposa de Edwin, en el Consejo de Derechos Humanos.
Es preocupante que la Fuerza Pública continúe perpetrando violaciones contra los derechos humanos de los miembros de los pueblos indígenas , y que insista en actuar en contravía del artículo 30 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, que prohíbe la invasión militar de los territorios sin consulta a los pueblos indígenas. Así mismo, preocupa que el Gobierno insista en negar las graves consecuencias que el conflicto armado interno tiene para la superviviencia de los pueblos indígenas.
Además, cabe precisar que no son 82 los pueblos indígenas existentes en Colombia, como sostiene el Gobierno, sino que en realidad se trata de 102 pueblos indígenas que siguen padeciendo los efectos directos de las violaciones a sus derechos, la confrontación armada y la consiguiente militarización de sus territorios ancestrales.
Los pueblos indígenas de Colombia expresan su preocupación frente al contenido de los informes del Gobierno, en los que busca mostrar un mejoramiento de la situación de derechos humanos mientras que continúa sin desarrollar acciones que garanticen efectivamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, y sin aplicar las recomendaciones que han hecho al Estado colombiano los órganos internacionales tales como la ACNUDH, el Consejo de Derechos Humanos durante el Examen Periódico Universal (EPU) y el mismo Relator Especial, entre otros.
El Consejero de derechos humanos de la autoridad nacional del Gobierno indígena, ONIC, y la Comisión Colombiana de Juristas, presentes en el 15º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, instan al Gobierno nacional a que reconozca la gravedad de la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, que amenaza la supervivencia física y cultural de dichos pueblos, y a que aplique de manera inmediata las recomendaciones formuladas por el Relator Especial en su informe de la visita de seguimiento a Colombia. También, invitan a mantener el diálogo con las organizaciones indígenas y las ONG de derechos humanos, y a continuar haciendo uso de la valiosa cooperación brindada por la Oficina en Colombia de la ACNUDH.
Ginebra, 21 de septiembre de 2010
1- Base de Datos de la ONIC.
2- 2- De acuerdo con la Base de Datos de la ONIC, entre los meses de enero y agosto del año 2010 los responsables de las múltiples violaciones a los derechos humanos contra miembros de los pueblos indígenas son: agentes estatales 228, grupos guerrilleros 107, otros actores sin identificar 85, y grupos paramilitares 55.
Organización Nacional Indígena de Colombia y Comisión Colombiana de Juristas
