Asesinatos, leyes represivas y censura de medios de prensa se unen para criminalizar el ejercicio de derechos
Hacia la Minga Global por la Madre Tierra: 12 al 16 de octubre
Coordinadora Andina De Organizaciones Indígenas – Caoi
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina.
Pinochet ha resucitado en Chile. La represión contra las comunidades mapuches recrudece en ese país, llegando a emparentarse con la dictadura. El asesinato por la espalda de José Facundo Mendoza Collío por manos de carabineros está unido con la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que prohíbe las manifestaciones de protesta, el cierre de emisoras por la Policía de Investigaciones y la amenaza de impunidad para los responsables de la violencia criminal contra los pueblos indígenas.
La autopsia practicada al joven mapuche Jaime Mendoza confirma que fue asesinado por la espalda y que no había disparado arma alguna, lo que echa por tierra el argumento de “legítima defensa” esgrimido por los mandos de carabineros, que se atreven a pedir mayor respaldo político para sus actos violentos contra las comunidades indígenas, a las que incursionan para detener, torturar e incluso matar.
Esta impunidad podría “legalizarse”, porque el Senado de Chile ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe las manifestaciones de protesta, el cual ha pasado a la Cámara de Diputados.
De manera paralela y casi clandestina, agentes de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones vienen incursionando en las emisoras independientes y han clausurado por lo menos tres en las últimas tres semanas: Radio 2000 Montedónico, Radio UV-15 del Cerro Las Cañas y Radio Placeres.
En resumen, asesinatos, leyes represivas y censura se unen. ¿Para esto luchó el pueblo chileno por la democracia? ¿Qué diferencia hay con la dictadura de Augusto Pinochet? Como en el Perú y Colombia, la imposición del neoliberalismo y la criminalización del ejercicio de derechos son las dos caras de la misma moneda.
Pero también hay resistencia. Las marchas contra el asesinato de Jaime Mendoza se multiplican en todo el país, con la más amplia solidaridad de todos los movimientos sociales nacionales e internacionales. Hay tres mil comunidades mapuches que han sobrevivido a las políticas de exterminio y están dispuestas a seguir con su legítimo proceso de recuperación de tierras.
Las políticas de exclusión y criminalización del Pueblo Mapuche ya han llamado la atención de diversos organismos de Naciones Unidas, como el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, que han exigido al gobierno de Michelle Bachelet, entre otros muchos temas, que explique por qué se juzga a los dirigentes mapuches con la Ley Antiterrorista de la dictadura y que lleve adelante un verdadero proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado sobre la reforma constitucional referida al reconocimiento de los pueblos indígenas.
El gobierno chileno, con estas políticas, no solo emula la dictadura pinochetista sino que reedita la llamada “Pacificación de la Araucanía” emprendida desde 1861 en los territorios ubicados entre los ríos Bío Bío y Toltén, la misma que se prolongó durante toda la segunda mitad del siglo XIX y cuyo objetivo fue el despojo de territorios para ceder grandes extensiones de tierra a los latifundistas del trigo. Siglo y medio después, la historia se repite para seguir despojando territorios, esta vez principalmente para las forestales nacionales y multinacionales.
La diferencia es que ahora los pueblos indígenas no solo han dejado de ser invisibles y avanzan en su articulación y construcción de propuestas, sino que cuentan con instrumentos internacionales que obligan a los Estados a respetar el ejercicio de los derechos. La comunidad internacional y los organismos de Naciones Unidas están obligados a pronunciarse enérgicamente y exigir el cumplimiento de dichos tratados por el Estado chileno, para detener los crímenes contra las comunidades mapuches.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
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Norma Aguilar Alvarado
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