De acuerdo con el Centro de Investigación y Análisis FUNDAR, los pobladores afectados no fueron consultados por las autoridades federales para los proyectos incluidos en la Reforma Energética
Por Leticia Ánimas Vargas
25 de noviembre, 2016.- Sin consultarlos, la Reforma Energética comprometió en las Rondas Cero y Uno más de 600 mil hectáreas de terreno de cinco pueblos indígenas incluidos los huastecos, náhuatl y totonakus de la Sierra Norte del estado de Puebla, para la extracción de hidrocarburos, señaló un estudio del Centro de Investigación y Análisis FUNDAR.
En el documento “El Sector de Hidrocarburos de la Reforma Energética, retrocesos y perspectivas”, los académicos indicaron que tanto en la aprobación de este cambio estructural, como en el de sus leyes secundarias y su puesta en marcha, se violaron los derechos de los pueblos originarios, específicamente a la consulta previa y al consentimiento libre e informado.
Aunque la concesión de los territorios y la afectación de los bienes naturales de los pueblos originarios fue la consecuencia de la instrumentación de estas reformas, las violaciones a estos derechos iniciaron desde la aprobación de las mismas, estableció FUNDAR.
El “Estado mexicano tenía la obligación de consultarles y de buscar un acuerdo o su consentimiento antes de dar luz verde a este conjunto de regulaciones, de conformidad a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la propia Constitución mexicana. Sin embargo, dichos instrumentos se transgredieron con la promulgación de esta legislación a puertas cerradas y en forma expedita”, indicó el documento.
A pesar de que en las leyes secundarias se incluyeron algunos principios de derechos humanos y declaraciones de respeto a las comunidades, en los hechos terminaron anulados con figuras legales como la ocupación superficial y temporal y la servidumbre legal, que privilegian el acceso de las empresas a tierras, territorios y recursos naturales sobre esas garantías, expuso.
Así, las reformas permitieron en la Ronda Cero, la entrega de 281 mil hectáreas de los pueblos chontal de Tabasco que tiene un 85 por ciento de su territorio ocupado, mientras que fue concesionado a Pemex un 38 por ciento del de la etnia totonaku tanto de Puebla como de Veracruz y el 31 por ciento del popoloca.
Mientras que en la Ronda Uno son cinco los pueblos que tienen ocupada una porción de su territorio, con poco más de 320 mil hectáreas concesionadas a empresas extranjeras. Entre ellos, los pueblos huasteco, náhuatl y totonaku con la ocupación de una quinta parte de sus territorios, ubicados en la cuenca Tampico-Misantla, se explicó.
Derivado de algunas protestas y acciones legales de los pueblos indígenas, se han instrumentado algunas consultas sobre todo en el sector eléctrico, pero estos ejercicios no han cumplido los estándares internacionales, como los realizados a la comunidad zapoteca de Juchitán, en Oaxaca o a la comunidad totonaca de San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla.
“Por tanto, no es de esperar que para el caso del sector de hidrocarburos las dependencias responsables de realizar estos procesos −que son las mismas del sector eléctrico− no apliquen la consulta con la misma lógica de simulación y con el propósito de validar, por medio de la consulta, proyectos que ya fueron aprobados previamente, sin el consentimiento de las comunidades”, se expuso.
Tomado de servindi.org