En el origen del conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) está el proyecto de construcción de un tramo de la carretera Cochabamba-Beni, de unos 177 km, que debe atravesar ese territorio doblemente protegido, por ser una parte de las TCO (Tierras comunitarias de origen), y por haber sido declarado Parque Nacional.
– Las razones de la oposición
La reacción ruidosamente desfavorable que iba a suscitar ese proyecto era previsible. En primer lugar, por el hecho de que el gobierno no se había tomado el trabajo de someterlo a consulta previa, como lo obliga la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyas principales recomendaciones han sido incorporadas a la nueva constitución. Luego, porque todo gran proyecto de infraestructura provoca siempre comprensibles temores y desconfianzas entre las poblaciones que serán directamente concernidas. Inquietudes que pueden ser fácilmente amplificados por los que no están de acuerdo con esos proyectos.
El primer objeto de preocupación para las poblaciones, tiene que ver con el hecho evidente que toda nueva vía de comunicación provoca una dinámica de desarrollo, que puede apreciarse de manera diversa, para algunos como una bendición, para otros como una catastrofe. Esto es lo que explica que una parte de las 64 comunidades indígenas del TIPNIS (en total, unas 10.000 personas), haya tomado una posición abiertamente contraria al proyecto.
Estos pobladores temen que la carretera facilite una invasión masiva de colonos cultivadores de coca, cuyo número en ese territorio asciende ya a unos 20.000. También temen que se implanten empresas forestales para explotar la riqueza maderera de la región, y que en un plazo relativamente breve comience la explotación de reservas petrolíferas, cuya existencia e importancia han sido confirmadas desde hace tiempo.
– Los objetivos del gobierno
Del lado del gobierno, los objetivos de esa carretera tienen que ver con la integración del país y con la ampliación y dinamización del mercado interno. El trazado, en efecto, ha sido concebido para comunicar directamente los departamentos de Cochabamba con el Beni y resolver así, en particular, el transporte rápido hacia el occidente de los productos agropecuarios del Beni que, en volúmenes considerables, son obligados hoy de transitar por Santa Cruz, lo que implica una distancia superflua, y el consecuente aumento de costos, de más de 800 km.
Por lo demás, la carretera, va a permitir al gobierno dar satisfacción a las demandas de las poblaciones del TIPNIS, relativas a la educación, a la salud, a la electrificación y a otros servicios públicos básicos, como también la provisión de documentos de identidad, lo ya se está haciendo en otras regiones del país.
– El frente del rechazo
Que una parte de la población del TIPNIS rechace el proyecto, es compresible. Que otras organizaciones sociales, como la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), que se alinea con la oposición al gobierno de Evo Morales, apoye ese rechazo y orqueste rápidamente la movilización, es también perfectamente comprensible. Como ya se ha dicho, por falta de consulta previa, ese proyecto representaba una violación flagrante de la constitución, y correlativamente, una vulneración de los derechos indígenas.
Por el contrario, lo que conviene analizar es el comportamiento de los agentes exteriores a este conflicto. Dos de ellos, por su participación relevante en la protesta, ofrecen un interés particular: las ONGs ambientalistas, y las organizaciones de izquierda.
– Los ambientalistas
Para las ONGs ambientalistas, que se han propuesto la titánica tarea de salvar el planeta y el género humano, y de paso también el capitalismo (recuérdese que algunas de ellas están financiadas por la benemérita USAID –United States Agency for International Development-), las razones para apoyar el movimiento de rechazo a la carretera eran numerosas.
En primer lugar la perspectiva cierta, inevitable, de que esa vía de comunicación iba a alterar profunda y rápidamente el “modo de vida tradicional” de la población autóctona. Es así como estas organizaciones entienden la “protección” de los pueblos originarios conservándolos herméticamente aislados del resto de la sociedad.
Luego, que iba a poner en peligro la naturaleza, es decir, los bosques, los cursos de agua, la flora y la fauna silvestre. En suma, que iba a condenar a muerte a las pocas comunidades indígenas que aún quedan en la región. En otras palabras, que en nombre del “progreso” iba a cometer, simplemente, un etnocidio.
– Las organizaciones de izquierda
En cuanto a ciertos partidos de izquierda, la movilización contra la carretera, largamente mediatizada por todos los intereses abocados a la constante destabilización del régimen, representaba una magnífica ocasión de figurar y visibilizar su existencia.
Para justificar su alineamiento entusiasta con estos movimientos sociales protestatarios, esa izquierda encontró razones. Por ejemplo, a casi el 80% de su valor, esa carretera está financiada con un préstamo del BNDES (Banco nacional de desenvolvimiento económico) de Brasil. Además, los trabajos de construcción han sido confiados a la empresa brasileña OAS. Elementos éstos que consideraron suficientes para afirmar que ese proyecto responde principalmente al interés expansionista del Brasil, urgido de abrirse camino hacia el Pacifico.
Otro detalle que iba a convencerlos de la inspiración neoliberal del proyecto, el hecho que esa carretera haya sido diseñada en el contexto del programa IIRSA (Iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana), propuesta por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la CAF (Corporación Andina de Fomento).
– Algunas interrogaciones
Sin embargo, lo que llama la atención es que a esas organizaciones no les haya preocupado en absoluto que el movimiento y la Marcha en defensa del TIPNIS contara también con la aprobación y el aliento entusiasta de la más rancia oligarquía santacruceña, que no dilapida ninguna ocasión para estimular la oposición a Evo Morales y la subversión de las nuevas instituciones progresistas creadas por el proceso. Tampoco que el propio embajador norteamericano se comunicara telefónicamente, en varias ocasiones –aun en plena marcha- con algunos de los principales líderes del movimiento indígena.
Igualmente, en cuanto a los objetivos de los marchistas, nadie remarcó que algunos de los 16 puntos incluían demandas altamente cuestionables, por lo menos por la gente de izquierda, como la defensa del Fondo Verde y la subsecuente pretensión de recibir directamente retribuciones compensatorias por la mitigación de gases de efecto invernadero, o exigir la paralización de todas las actividades hidrocarfuriferas del Parque Aguaragüe que provee 90% del gaz exportable, lo que representa la fuente de ingresos más importantes del País, y pedir al mismo tiempo… “recursos económicos para la implementación de la autonomía indígena”.
En fin, como se sabe, la marcha, y más aún el tsunami mediático que la acompañó, le impuso a Evo Morales la suspensión del proyecto, lo que fue inmediatamente reputado por esta izquierda, como una de las más radiantes “victorias” del movimiento social. Victoria que, según lo dijeron, venía a confirmar –por lo menos para algunos de ellos- la validez y la justeza de la estrategia propia de los que ya no creen en la posibilidad, ni en la necesidad de tomar el poder para comenzar la revolución socialista. Que el poder no se toma –dicen-, sino que se construye (entiéndase, en y con el movimiento de masas). El poder –para estos amigos- no reposa en los movimientos sociales, son los movimientos sociales el poder.
– El conflicto, por ahora, no ha terminado
Pero, todo parece indicar que el conflicto no ha terminado, pues, lo que nadie se esperaba, acaba de producirse en estos días. En efecto, varias de las comunidades del TIPNIS, y otros movimientos sociales de la región que no apoyaron la oposición a la carretera, han comenzado a manifestarse exigiendo que ésta se concretice de una buena vez.
Recientemente, bajo las banderas del CONISUR (Consejo indígena del Sur) se llevo a cabo otra marcha –menos publicitada que la anterior-, y sus dirigentes llegaron a La Paz para exigir la reactualización del proyecto, y que para ello se derogue o modifique la Ley 180, de protección del área natural, y que se suprima específicamente el carácter de “intangible” que se le ha atribuido al territorio del TIPNIS, en la llamada “Ley corta”, resultado de los acuerdos firmados con los representantes del otro sector de las comunidades que se oponen a la construcción de la carretera.
Esta perspectiva, de asistir al enfrentamiento de dos sectores de la población del TIPNIS, es preocupante.
– Conclusión
Las lecciones que pueden y deben sacarse de esta experiencia son múltiples. Sin embargo, en esta nota, lo que más importa, es lo tiene que ver con el desempeño de las izquierdas en situaciones que son, a todas luces, harto complicadas.
No cabe la menor duda, en efecto, que los problemas relativos a la construcción de vías de comunicación, o de explotación de recursos naturales, son extremadamente complejos y que pueden suscitar, como en el caso del TIPNIS, graves contradicciones en el seno mismo de las poblaciones concernidas.
Esperemos entonces que las izquierdas del subcontinente saquen de esta experiencia las lecciones que corresponde. La primera, que en lugar de tomar parte, mecánicamente, por una de estas facciones, se haga un examen concienzudo de cada proyecto y se dé una opinión fundamentada al conjunto de la población, aún cuando ésta fuera contraria a la del sector que aparezca como el más combativo.
No hay que perder de vista que en todos esos problemas, no sólo existen los intereses particulares, sino también los del país. Y que no se trata de ponerse ciegamente a la cola de movimientos sociales cuando éstos, aun sin proponérselo, puedan hacerle el juego a intereses contrarios a la voluntad de cambio de regímenes progresistas como el boliviano, incluso cuando esos regímenes no den entera satisfacción a nuestras propias aspiraciones.
Por lo demás, en lo que respecta a la naturaleza, que no se trata de considerarla sagrada, o intocable, como lo pretenden algunos neo-ecologistas catastrofistas de última hora. Tampoco de estimular o de tolerar su depredación, sino de hacer de ella una explotación racional, que proteja el entorno, los equilibrios del ecosistema, y la salud de los que trabajan en esas explotaciones, y de las poblaciones residentes en los alrededores.
Y que se asuma, en fin, que en países pobres como los nuestros, de esa explotación racional de los recursos naturales, depende una buena parte del desarrollo, entendido no sólo desde el punto de vista económico, sino también social, es decir, que beneficie objetivamente a todos y que ayude a crear, para todos, condiciones de vida dignas.
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