Durante los días 14 y 15 de septiembre del 2024 nos dimos cita en la ciudad de Bogotá, organizaciones del movimiento sindical, de trabajadores y pensionados, iniciativas comunitarias y de poder popular, comunales, del movimiento campesino, la Minga Nacional Social, Comunitaria y Popular, pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, juventudes populares y estudiantes, artistas e intelectuales, connacionales en el exterior, mujeres y colectivos de diversidad sexual, junto con las organizaciones políticas de izquierdas, progresistas y alternativas provenientes de todo el país. En este encuentro reafirmamos y estructuramos un balance de dos años de Gobierno del Cambio, los retos, dificultades, y también la ruta de respaldo y defensa del Gobierno, de la agenda legislativa y ejecutiva para sacar adelante las reformas por la justicia social, ambiental y económica. Reafirmamos con energía nuestro compromiso con la UNIDAD de las fuerzas políticas y sociales alternativas y la búsqueda sin vacilaciones de la paz para Colombia.
En este camino hemos construimos las bases para el fortalecimiento de nuestras autonomías, vida digna y buen vivir por lo que declaramos que la movilización y la resistencia son derechos que no se negocian y marchamos autónomamente por las transformaciones para la vida, el territorio, la democracia, la justicia, la paz y el deber ciudadano para mantener la soberanía del pueblo.
Reconocemos y apoyamos una agenda democrática transformadora en el Gobierno del Cambio. Rechazamos todos los intentos golpistas que, por la vía de las amenazas a la vida e integridad del Presidente, o por vías jurídicas, contrarias a las garantías constitucionales, pretenden desconocer la voluntad popular. Ante cualquier acción desestabilizadora, llamamos al pueblo de Colombia a nivel nacional y en el exterior, a estar alertas y a responder de manera masiva, organizada y pacífica en las calles en defensa de la voluntad popular y la democracia.
En este encuentro analizamos la situación política nacional, resumida en el contraste entre un Gobierno que transforma y mejora progresivamente las condiciones materiales de la vida de la gente de todo el país -a pesar de haber recibido una institucionalidad endeudada y con graves problemas de corrupción- en oposición a las fuerzas tradicionales y reaccionarias, que se resisten al desmonte de privilegios históricos producto del despojo, que se rehúsan a la paz y al cambio social. El incumplimiento a los acuerdos de paz por parte del gobierno anterior así lo atestigua.
Reconocemos el esfuerzo del Gobierno del Cambio por movilizar las anacrónicas burocracias de las instituciones del Estado hacía la política de paz total. Sin embargo, la prevalencia por más de 200 años de un proyecto desde las élites, racistas, capitalistas y patriarcales, ha incubado un aparato jurídico-institucional inerte y diseñado para favorecer intereses corporativos, empresariales y de clases privilegiadas. Actualmente, el país experimenta un recrudecimiento de las violencias debido a la atomización y presencia de grupos armados que disputan el control no sólo de las economías ilícitas, sino también de las comunidades, los territorios y economías legales, lo cual ha generado el deterioro y la destrucción de las formas de vida, ancestrales e históricas de las comunidades, y especialmente graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Respaldamos y abogamos por la aprobación de las reformas sociales expresadas en los proyectos de reformas pensional, laboral, de salud, a la financiación de la educación, a los servicios públicos, la ley ordinaria de jurisdicción agraria y de reforma agraria integral y popular, entre otras iniciativas legislativas que, tienen como objetivo prioritario recuperar y garantizar derechos fundamentales para las y los colombianos. Respaldamos el proyecto de presupuesto general y la ley de financiamiento que busca cubrir los déficits heredados y garantizar los recursos necesarios para la inversión social.
Reclamamos un compromiso nacional con la vida. La continuidad del conflicto armado es responsabilidad de los gobiernos que históricamente el país ha tenido y las clases poderosas del país que se niegan a producir los cambios económicos, sociales y políticos que requiere Colombia. Esta confrontación se torna más compleja y degradada por la acción paramilitar, la doctrina del enemigo interno, la diversidad de sus actores y la múltiple división de los grupos armados. En ese contexto, insistimos en la solución política al conflicto social y armado interno, mantener y reactivar las mesas de diálogos y conversaciones, levantamos la bandera del cese al fuego multilateral y exigimos que pare la violencia y el terror contra el pueblo, sus organizaciones y sus dirigentes, así como el desmonte del paramilitarismo como política del Estado. Además, les exigimos a todos los actores armados en conflicto el respeto por las normas de los Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, y el respeto por la vida y bienes de la población civil, sus organizaciones y sus líderes.
A todas las agrupaciones armadas exigimos el respeto a la población civil, y les pedimos hacer los esfuerzos necesarios para retomar lo más pronto posible las mesas de conversaciones, los ceses al fuego y los compromisos humanitarios con la debida verificación. La vía del diálogo y los acuerdos son el único camino efectivo para construir la paz. Tanto el Gobierno Nacional como los grupos armados insurgentes y otros grupos armados ilegales deben buscar voluntad de paz y de cumplimiento de la palabra.
En respuesta a esta crisis social y humanitaria, las organizaciones sociales al poder ejecutivo, legislativo y judicial reconocer y tener en cuenta todas nuestras capacidades y experiencias organizativas como organizaciones sociales y movimiento popular para fortalecer las confianzas e implementar una ruta de materialización urgente de la paz en los territorios con participación activa de las comunidades. Nos hemos movilizado a favor de la vida, la justicia social y el sueño de un nuevo país incluyente y garantista de los derechos humanos, territoriales y del reconocimiento a la dignidad humana y de los pueblos. En este sentido exigimos al gobierno nacional que la propuesta de paz debe ser participativa e incluyente, multilateral y territorializada.
Llamamos a construir, en el marco de la Unidad, y como un eje del Frente Amplio Social y Político, este Movimiento Social por la Paz y las Transformaciones, para materializar una fuerza social transformadora y una propuesta de país que interprete a las mayorías históricamente excluidas para que podamos construir una paz real cimentada en la justicia social, la vida digna y la realización plena como nación colombiana.
Asumimos con entereza y compromiso la necesidad de responder al momento histórico que vive Colombia. Son momentos de unidad y esperamos que así se refleje en las decisiones políticas que deberán asumir los sectores de izquierdas y progresistas hacia el 2026, con el deber de ganar y profundizar las reformas y los cambios que el pueblo necesita. Los territorios tienen que tener la palabra y los plataformas y organizaciones políticas respetarlas. La victoria popular implica necesariamente reconocer a los territorios, los liderazgos naturales de las organizaciones y tener procesos de participación amplia e incluyente para construir un proyecto de país más allá de lo electoral que fortalezca el proyecto social y popular.
Conformaremos Coordinadoras por el Cambio en cada municipio y departamento. Los pondremos en funcionamiento en cada rincón del país y junto a la diáspora internacional nos dispondremos a defender la democracia, el programa de transformaciones y reformas sociales, y su presencia territorial mediante una amplia convocatoria unitaria que ayude a persuadir, argumentar, organizar y movilizar a todas las personas dispuestas a contribuir al proceso participativo hacia un Nuevo Poder Popular.
No somos ajenos, como procesos populares, organizaciones de base, asociaciones, plataformas, y en general como poder popular en Colombia, que hay elementos y acciones que deben mejorarse urgentemente por parte del Gobierno
Nacional. Entendemos que son solo cuatro años, pero son muchas las injusticias a las que se les debe hacer frente y el tiempo no da espera. La celebración de esta Asamblea es también producto de lo que se ha percibido como una falta de articulación entre el Gobierno Nacional y el Poder Popular, por eso, y en aras de ajustar el camino, como organizaciones sociales y populares mandatamos que:
- Al Gobierno Nacional mantener espacios de construcción popular y comunitaria, que permitan hacer realidad la política de paz total en los Estamos convencidos de que un trabajo honesto, transparente, articulado y coordinado con el pueblo y sus organizaciones, puede aportar eficacia a las estrategias para finalizar la guerra, evitar las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y contribuir al esfuerzo conjunto que nos permita vivir en un país en paz.
- Al Gobierno Nacional Trabajar con el movimiento popular una ruta para construir las bases políticas y programáticos que permitan el desarrollo de un gran acuerdo nacional de orientación popular desde la lucha de clases y con los territorios y sus diferentes expresiones populares. En este sentido le exigimos al Gobierno Nacional radicalizar la lucha de la mano del movimiento social y popular para construir los acuerdos con las clases oligárquicas sobre esa base.
- Convocamos al gobierno nacional a replantear y ajustar la gobernanza para estabilizar el ejercicio de gobierno y sus instituciones para construir la confianza en la sociedad, en lo que tiene que ver con presencia y acompañamiento territorial y aceleración de programas
- Exigimos a la Fiscalía General de la Nación profundizar las investigaciones para determinar los responsables sobre quienes están haciendo uso del software de espionaje Pegasus que pone en riesgo la vida y la democracia de nuestra
Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales y políticas del país a lograr un ACUERDO NACIONAL que garantice para todos los sectores de la sociedad la participación política y económica que nos encamine en un proyecto de país del cambio y la esperanza para todos y todas. Todo esto para transformar las desigualdades e injusticias estructurales e históricas del pueblo colombiano. Ha sido un camino con dificultades, pero también en donde ha prevalecido la dignidad de nuestra lucha por encima de la política de muerte y guerra que se nos ha impuesto por siglos.
Colombianos y colombianas, nos declaramos, en nuestras múltiples y diversas agendas y procesos de trabajo en Movilización Permanente por el Cambio. Como parte de esto reiteramos el llamado a participar activamente en la Marcha de las Canas, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de septiembre, en respaldo a la reforma pensional, la democracia popular, al proceso de cambio, en rechazo al golpe y en favor de los más de 3 millones de adultos mayores que hoy son beneficiarios de esta reforma. La Asamblea Nacional se reunirá para informar al país de las agendas de movilizaciones, como las que vienen en octubre y el 21 de noviembre.
Reafirmamos el compromiso irrenunciable con el objetivo de hacer del país de la belleza una Potencia Mundial para la Vida.
Bogotá, Ciudad Universitaria, 15 de septiembre de 2024.