Hoy, que se cumplen nueve años de la masacre del Naya perpetrada por grupos paramilitares, las victimas queremos dar a conocer, a la opinión pública, a las instituciones oficiales, organizaciones sociales, entidades no gubernamentales, organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, la impunidad y abandono que para nuestra comunidad ha tenido el Estado.
Como victimas de la masacre del Naya estamos inconformes con los procedimientos y manejos de la justicia en nuestro país expresados en las leyes: Ley 782 de2002, Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz y decreto 1290 de 2008 que reglamenta la reparación administrativa, puesto que se enfocan de forma exclusiva en una reparación económica mínima, y dejan de lado el cumplimiento del derecho a la verdad, pues en la actualidad el proceso judicial no ha esclarecido por completo los móviles de la masacre y quiénes se beneficiaron de ella, es decir, los autores intelectuales, financiadores y quienes con su omisión permitieron, y aún favorecen, el avance del proyecto paramilitar. Exigimos garantías en el proceso judicial en contra de Ever Velosa alias HH, quien públicamente ha manifestado la participación en la masacre de políticos, militares, empresarios y familiares de secuestrados del Kilómetro 18 en la vía a Buenaventura y los de la iglesia La María en Cali.
El proceso de acceso a la verdad se ha visto obstaculizado y entorpecido, como en el caso de las extradiciones de los jefes paramilitares que planearon y llevaron a cabo las masacres y generaron masivos desplazamientos forzados. A pesar, de haber sido enfáticos en rechazar la extradición en el año 2009 de Ever Veloza, alias HH, jefe del bloque Calima de las AUC, quien efectuó durante el mes de abril de 2001 los hechos de barbarie en la región del Naya; este criminal fue procesado por cortes estadounidenses por delitos de narcotráfico, sin que las autoridades colombianas lo investigaran y condenaran por el asesinato de un centenar de victimas y el desplazamiento forzado de unas seis mil personas entre campesinos, afrocolombianos e indígenas.
Por otra parte, las investigaciones en contra del General Francisco Rene Pedraza Peláez de la Tercera Brigada y del Coronel Tony Vargas Petecua del Batallón Pichincha por su responsabilidad en la masacre del Naya, fueron torpedeadas por la Fiscalia General de la Nación. Tras haberse dado orden de captura a Pedraza y Vargas, el fiscal encargado del caso fue removido de su cargo. La nueva fiscal asignada, Jenny Claudia Almeida Acero, ignoró el cúmulo probatorio y declaró la nulidad de los afectados ordenando su libertad inmediata. De esta manera, el Estado colombiano es negligente en la aplicación de justicia y búsqueda de verdad, por lo que fomenta la violación de los derechos de nuestras comunidades profundizando su condición de victimas.
De igual forma, manifestamos nuestra inconformidad con la falta de una legislación para las victimas, pues las propuestas de ley han sido elaboradas de manera inconsulta y sin pensar en los afectados. La Ley de Justicia y Paz favorece la impunidad al condenar a los victimarios a penas mínimas y enfocarse en los autores materiales, desconociendo los intelectuales. Estas leyes no garantizan los derechos de nosotros las victimas a una reparación integral y a la no repetición de estos hechos violentos. Casi una década después, las familias de los asesinados y los desplazados no tenemos una restitución satisfactoria de nuestros derechos, se han desconocido los procesos organizativos de las comunidades del Naya en resistencia, quienes aún no tienen asegurados sus territorios, su autosostenibilidad y las garantías de integridad física y organizativa. En suma, seguimos sin alcanzar nuestras expectativas de una vida digna.
Es fundamental que se respete y garanticen los derechos a la verdad, a la justicia, a una reparación integral individual y colectiva en términos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de la no repetición. denunciamos que aún continúan las amenazas por parte de actores armados sobre nuestros líderes y comunidades.
Por lo anterior exigimos al Ministerio Público, a la Fiscalía y demás autoridades competentes del Gobierno Nacional pronunciarse al respecto y actuar a favor de nuestras exigencias, en el marco de la conmemoración del 9º aniversario de la masacre del Naya que nos congrega el día de hoy, lunes 12 de abril 2010 en acto publico en la ciudad de Popayán.
Hacemos una relación de varios puntos de incumplimiento por parte de las entidades del Estado en materia de retorno y reubicación en el marco de la ley 387 de 1997, sentencia T 025 del 2004 y el auto 004 de 2009, donde igualmente esperamos su pronunciamiento
Incumplimiento en los cinco puntos de negociación
-Titulación del Territorio Naya en nombre de las comunidades que lo habitan.
Nueve años después de la masacre no se ha reconocido el derecho legitimo a la propiedad del territorio a las comunidades que lo habitan.
-Acompañamiento y veeduría internacional. No ha habido un acompañamiento permanente que garantice el cumplimiento de acuerdos pactados y satisfacción de los derechos vulnerados por parte del Estado.
-Plan de inversión y Desarrollo para la región del Naya. A la fecha no se a implementado ningún plan de desarrollo que permita recomponer el tejido social y los daños sociales, económicos y culturales causados por la masacre.
-Reparación Individual y Colectiva para las victimas. A pesar de existir una normatividad en materia de reparación y restitución de derechos no se a hecho efectiva a favor de las victimas, vulnerando el acceso a la verdad, justicia, restablecimiento integral y garantías de la no repetición.
– Retorno y Reubicación con garantías del orden social. La mayoría de las familias retornaron a la región del naya sin ningún tipo de acompañamiento y garantías, bajo la irresponsabilidad del estado, actualmente no se han iniciado acciones a favor de estas comunidades victimas del desplazamiento forzado.
La reubicación de las 70 familias en el territorio Kitek kiwe ha sido incompleta. La compra del predio contempló la implementación de un proyecto productivo, el cual a la fecha no se ha cumplido lo que incide en el retraso del restablecimiento integral. Falta garantías y condiciones de seguridad para directivos y comunidad en general. Falta legalizar, constituir y ampliar el resguardo (kitek kiwe) territorio La Laguna, municipio de Timbio cauca. Falta la generación de ingresos suficientes que garanticen sustento a las familias. Carecemos de acceso al agua potable, saneamiento básico, servicios públicos, vivienda digna, infraestructuras educativas y de salud, vías de acceso, espacios deportivos, recreación y culturales, subsidios agrarios y educativos entre otros.
De Antemano Agradecemos sus buenos oficios en pro de la reivindicación de nuestros derechos
Firman,
COMUNIDADES DEL NAYA EN RESISTENCIA
Información Cels: 3136264764 – 3115616888
Email [email protected] – www kitek kiwe.org
[email protected] comunidadnaya.Blogspot.com