Las autoridades tradicionales del pueblo indígena embera chamí de los doce cabildos del departamento de caldas representados en el consejo regional indígena de caldas cridec,
Denunciamos:
El peligro de agresión violenta que amenaza a toda la población indígena y especialmente a nuestros Cabildantes, Lideres, Representantes y Autoridades Ancestrales y tradicionales en los municipios de Supía, Riosucio, Marmato, Neira, Anserma, Filadelfia, Belalcazar, San José y Risaralda en Caldas y Quinchia en el departamento de Risaralda, por la grave amenaza que ha proferido el grupo paramilitar águilas negras a comienzos del mes de mayo de 2010 en contra de las organizaciones populares en todo el país , donde aparece señalada nuestra organización indígena CRIDEC declarándonos como objetivo militar.
La presencia de hombres vestidos de civil armados y otros vestidos de azul oscuro, encapuchados y con brazalete rojo, en nuestros territorios que han prohibido la circulación de la población indígena en horas de la noche.
Hacemos un llamado Urgente a la Comunidad Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a los Organismos defensores de Derechos Humanos para que intermedien ante el Gobierno Colombiano en el Marco de las Medidas Cautelares garantías de Prevención y Protección de la integridad personal y colectiva de nuestro Pueblo y nuestro territorio.
ANTECEDENTES
En enero de 2010 denunciamos públicamente la persecución y violenta agresión del Gobierno Nacional por la absurda negación de los títulos coloniales y republicanos[1] de los resguardos Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y Cañamomo Lomaprieta en Caldas y gran cantidad de Resguardos Indígenas en todo el País.
En enero 27 de 2010 denunciamos las graves amenazas que el grupo paramilitar águilas negras ha venido realizando en contra de nuestras victimas de la Masacre de la Herradura afectando especialmente a la comunidad del Resguardo Cañamomo Lomaprieta[1].
16 de febrero de 2010, fue asesinado por siete impactos de arma de fuego, el indígena MESIAS MORALES MORALES, de 40 años de edad quien habitaba en la comunidad las partidas, jurisdicción del resguardo nuestra señora candelaria de la montaña.
En Marzo de 2010 denunciamos a CORPOCALDAS por que ha otorgado permisos y concesiones a las empresas Multinacionales explotadoras de oro y demás recursos naturales dentro de los territorios indígenas sin consultarnos debidamente.
En el mes de Marzo de 2010 denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las amenazas de muerte en contra de algunos de los Gobernadores y dirigentes Indígenas.
El riesgo que corre nuestro Pueblo y que aumenta por las amenazas proferidas en el mes de marzo de 2010, por el grupo armado ilegal Los Rastrojos en contra de varias organizaciones sociales a nivel nacional y contra miembros del Polo Democrático Alternativo al cual estamos adscritos.
El 10 de mayo de 2010 fue asesinada con dos impactos de bala la indígena LAURA MARIA BAÑOL LARGO de 19 años de edad, quien vivía en la comunidad de Santa Inés en el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.
Hemos venido denunciando permanente el constante asedio de las empresas multinacionales interesadas en ejecutar megaproyectos dentro de los territorios indígenas violentando nuestro derecho fundamental a la Consulta Previa.
PETICIONES
Por todo lo anterior solicitamos:
Al Gobierno Nacional y en particular al Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez cumplir con su deber constitucional de defender y proteger los derechos de los humanos de nuestro Pueblo Indígena de acuerdo con los principios, Tratados y Convenios Internacionales entre ellos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT.
A la Honorable Corte Constitucional para que el Gobierno Nacional cumpla con las ordenes de Salvaguardar al Pueblo Embera Chamí contenido en el Auto 004 de 2009.
Hacemos un llamado Urgente a la Comunidad Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a los Organismos defensores de Derechos Humanos para que intermedien ante el Gobierno Colombiano en el Marco de las Medidas Cautelares garantías de Prevención y Protección de la integridad personal y colectiva de nuestro Pueblo y nuestro territorio.
A la ONIC y demás organizaciones hermanas para que nos solidaricemos con la grave situación que afecta los derechos fundamentales, integrales y colectivos de las organizaciones populares, indígenas, campesinas, afrodescendientes y del Pueblo colombiano en general.
Solicitamos enviar sus pronunciamientos ante las siguientes autoridades:
Sr. Álvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República, carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C, Fax (+57) (1) 5662071. Correo: [email protected]
Sr. Francisco Santos, Vice-presidencia de la República, correo: [email protected]
Sr. Carlos Franco, Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, calle 7 # 5-54 Bogotá D.C. tel.: (+57) (1) 3360311.
Correo: [email protected]
Sr. Volmar Antonio Pérez, Defensoría del Pueblo. Calle 55 # 10 -32 pbx: (+57) (1) 3147300. Correo: [email protected]
Sr. Guillermo Mendoza Diago, Fiscalía General de la Nación, diagonal 22 b # 52-01. Bogotá D.C. Fax: (+57) (1) 5702000.
Correo:[email protected]
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS
CRIDEC
