La vida entre dos calendarios cerrar el 31 de diciembre sin olvidar que el año empieza el 21 de junio
Para nuestros pueblos, el ciclo grande no lo marca el calendario gregoriano, el Año Nuevo, para muchos de nosotros, nace el 21 de junio, cuando la Tierra y el sol acomodan de otro modo la vida, la siembra, el pensamiento y la palabra; pero también es cierto y no vale la pena ocultarlo que nos han impuesto fechas externas, ajenas y terminamos viviendo entre dos tiempos: el propio y el externo.
Por eso hoy 31 de diciembre vale la pena hacer una pausa política y humana, no para rendirle pleitesía a una fecha impuesta sino para usarla como herramienta: mirar el territorio, mirarnos como comunidades y decir con claridad qué está pasando; porque este año que “se acaba” en el papel, en la realidad no se acaba: la guerra no pide permiso para seguir, la crisis social no descansa y el miedo no se guarda por respeto a las fiestas.
El territorio está hablando duro y a veces lo escuchan tarde
En el Cauca la gente no necesita discursos para entender el conflicto: lo vive. La Defensoría del Pueblo, en su radiografía reciente sobre vulneración de derechos humanos en el departamento, habla de “crisis humanitaria grave y recurrente” y deja recomendaciones puntuales al Estado para frenar daños que ya no son amenaza, sino hechos que se repiten (Defensoría del Pueblo, “Cauca: voces que resisten”, presentación e informe 2025).
Y cuando decimos “crisis”, no hablamos solo de combates, hablamos de confinamientos, restricciones de movilidad, presión armada sobre la vida cotidiana, control social, miedo para denunciar y una economía ilegal que se mete hasta la cocina, con la misma facilidad con la que compra silencios.
En 2024 por ejemplo el informe difundido por la Defensoría sobre Cauca registra afectaciones que se sienten en veredas y resguardos y medios que reseñan ese informe han citado cifras duras sobre reclutamiento en el departamento (Defensoría del Pueblo, “Cauca: voces que resisten”, 2025; Diario Occidente citando el informe).
¿Cuántos actores armados hay hoy en Colombia? La cifra cambia, pero el crecimiento es verificable.
Aquí hay que hablar con cuidado, porque una trampa común es decir “tantos grupos” como si fuera una lista cerrada; no lo es: los grupos se fragmentan, se reagrupan, cambian nombre, cambian mando y se disputan rentas. Aun así, sí hay datos recientes verificables sobre la capacidad de esas estructuras, según cifras divulgadas por el Ministerio de Defensa y reportadas por prensa nacional, los Grupos Armados Organizados pasaron de 21.958 integrantes a 25.278 (corte reportado en noviembre de 2025), y el Gobierno atribuye el crecimiento a economías ilegales y presión territorial (El Tiempo citando MinDefensa, 4 nov 2025).
La Fundación Ideas para la Paz, analizando el ejercicio ACCAM de la Fuerza Pública, también señala el aumento y lo ubica en un contexto de expansión de rentas y control territorial (FIP, 9 nov 2025). ¿Y en el Cauca? Ahí el asunto es más concreto: además de la presencia histórica de estructuras como el ELN y disidencias FARC en distintos momentos, hoy se siente la presión de frentes y columnas que operan sobre corredores estratégicos, sobre todo donde hay coca, minería ilegal o rutas (Defensoría del Pueblo, radiografía Cauca 2025).
Cuando “paro armado” significa castigo a la población civil.
Este diciembre denunciamos con claridad que un “paro armado” impuesto por el ELN no golpea a ningún objetivo estratégico, pero sí castiga de manera directa a la población civil: comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y barrios populares, con confinamiento, miedo y ruptura de la vida económica básica (CRIC, 16 dic 2025).
Lo dijimos y toca repetirlo: esas medidas no son “comunicados de guerra”; son mecanismos de control social, la gente deja de salir por pan, por medicina, por sus actividades cotidianas. Y después cuando llegan los balances oficiales, aparecen como “afectaciones colaterales”. No. Son el centro del daño.
Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes: cifras que no deberían existir
Hay números que uno escribe con tristeza, porque detrás hay infancia robada.
La Defensoría del Pueblo reportó que en 2024 conoció 409 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales (Defensoría del Pueblo, reporte 2024). Para el primer semestre de 2025, la Defensoría informó 55 casos conocidos, con afectación tanto a niños/adolescentes como a niñas/adolescentes (Defensoría del Pueblo, primer semestre 2025). Y el ICBF, desde otra orilla (la atención a desvinculados y prevención), reportó 117 ingresos a su programa especializado solo hasta el 28 de febrero de 2025, y también reconoce el aumento del fenómeno (ICBF, 8 abr 2025).
UNICEF, con base en verificaciones de Naciones Unidas, alertó que el impacto es especialmente grave en comunidades étnicas: más de la mitad de los casos verificados en los últimos dos años corresponden a niñas, niños y adolescentes indígenas o afrodescendientes (UNICEF Colombia, 10 feb 2025). Esto en territorio indígena, no es solo una violación individual: es una herida comunitaria, porque cuando se llevan a un menor, también golpean la lengua, el plan de vida, la espiritualidad, el tejido.
Secuestro y extorsión: el dolor y el negocio
El Gobierno ha dicho que en 92% de los municipios del país no ha ocurrido un solo caso de secuestro durante 2025, destacando resultados operacionales (Presidencia/MinDefensa, comunicado 2025). Pero el panorama nacional sigue mostrando secuestros en cifras que preocupan: entre enero y septiembre de 2025 se registraron 285 secuestros, en su mayoría extorsivos, según un balance periodístico con datos oficiales y de contexto (Cambio, 5 nov 2025).
Y el Cauca volvió a ser noticia nacional por hechos que reflejan cómo los grupos presionan incluso a comunidades para retener a fuerza pública, como ocurrió cerca de El Plateado, en un episodio reportado internacionalmente (Reuters, 23 jun 2025).
La extorsión, además, es una sombra diaria sobre comerciantes, transportadores, pequeños negocios y economías de subsistencia, el Ministerio de Defensa reportó una disminución del 12% en casos de extorsión registrados en 2025 (comparación presentada en control político), pero en los territorios la percepción sigue siendo de presión constante, solo que más “micro” más repartida y más difícil de denunciar (MinDefensa, oct 2025). En palabras simples: al que vende en la plaza, al que tiene una tiendita, al que se rebusca con el pan coger, le cobran por existir.
Minas, explosivos y miedo: el territorio como trampa
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó que en 2024 hubo 719 víctimas por minas y artefactos explosivos en Colombia, un aumento del 89%, la cifra más alta de los últimos ocho años, con fuerte impacto en regiones como el Cauca (CICR, reportado por Reuters, 27 mar 2025). Eso significa caminos cerrados, cultivos abandonados, niños que ya no caminan libres, guardias y comuneros que saben que el monte puede estar sembrado de muerte. Y así, ¿qué “paz” puede crecer?
Guardia Indígena y defensores: cuando cuidar se vuelve sentencia
La persecución contra la Guardia Indígena y quienes defienden derechos humanos no es un “cuento”, este noviembre denunciamos amenazas directas contra compañeros de Guardia y del Programa de Defensa de la Vida y DD.HH., con señalamientos de muerte y exigencias de renuncia y salida del territorio (CRIC, 25 nov 2025). En el plano nacional la Defensoría registró que entre enero y junio de 2025 documentó 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales y 25 homicidios de firmantes de paz, además de otras vulneraciones (Defensoría del Pueblo, 2025).
Y en otro corte, la Defensoría indicó 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en 2025 (con acumulado de 1.569 desde 2016 hasta mayo de 2025), lo cual muestra persistencia del riesgo para quien lidera procesos comunitarios (Defensoría del Pueblo, 2025). Aquí el mensaje es crudo: en Colombia, muchas veces liderar es quedar marcado.
Violencia de género: lo que se calla también mata
Este punto no puede seguir “ignorando” como dicen algunos, porque lo que pasa con mujeres y niñas no es un asunto secundario: es un termómetro de descomposición social y de control violento sobre el cuerpo. A nivel nacional, la Procuraduría alertó que, a septiembre de 2024, se registraron 16.797 exámenes medicolegales por presunto delito sexual y el 88% de las víctimas fueron mujeres (Procuraduría/Medicina Legal, 28 nov 2024).
El Instituto Nacional de Salud también ha reportado que una proporción alta de casos notificados de violencia de género en 2024 afecta a mujeres, y presenta cifras de violencia sexual y otras formas de agresión con concentración en población vulnerable (INS/Sivigila, 2024).
¿Y qué significa esto en territorio indígena? Significa que la violencia armada y la economía ilegal muchas veces traen consigo control sobre mujeres: amenazas, acosos, “castigos”, silencios forzados, presión sobre lideresas y también significa algo que casi no se dice: hay hombres que sufren violencia y callan por vergüenza, por temor a la burla o por desconfianza institucional, en ambos casos el silencio no es “cultura”; es miedo. Esto exige dos cosas al tiempo: fortalecer rutas de atención (incluida la institucional cuando toca) y fortalecer justicia y cuidado desde lo propio, sin negar la gravedad del daño.
Economías ilegales: cuando la ambición rompe el tejido comunitario
No se puede hablar del conflicto sin hablar de rentas; el crecimiento de integrantes de grupos armados se conecta con economías ilegales y el propio Ministerio de Defensa lo ha reconocido en su explicación del aumento de estructuras (MinDefensa, reportado por El Tiempo, nov 2025). En el norte del Cauca y otras zonas se habla de asociaciones alrededor de marihuana o coca que, aunque se presenten como “organización productiva” terminan jalonando una lógica que no es comunitaria sino de mercado ilegal: plata rápida, armas cerca, reglas impuestas, jóvenes captados y división interna. Aquí el punto no es moralizar la planta, el punto es la cadena criminal que se monta encima y que transforma la relación con el territorio: ya no se siembra para sostener la vida, sino para sostener una renta que compra poder y destruye autoridad.
Sustitución, concertación y el fantasma del glifosato: una conversación que no puede “imponer”
En diciembre de 2025, el Gobierno anunció que iniciaría fumigación con glifosato usando drones a baja altura, “esta semana”, en el marco de su política contra narcocultivos (Portafolio, 22 dic 2025).
Ese anuncio prende alarmas en los territorios por razones conocidas: impacto ambiental, salud, agua, cultivos de pancoger y la historia de decisiones tomadas desde lejos, si el Estado quiere intervenir no puede hacerlo sin una conversación real con autoridades tradicionales y comunidades, porque lo que está en juego es el territorio como cuerpo vivo. Y aquí hay un punto clave: sin sustitución concertada, sin inversión seria, sin alternativas económicas para jóvenes, cualquier medida “dura” termina empujando más gente hacia el control armado o el endeudamiento con actores ilegales, lo que no resuelve la economía, lo termina “ordenando” el fusil.
Cierre del año que “se acaba”, pero la tarea apenas se pone más seria
No estamos cerrando un año para hacer lista de lamentos, estamos cerrando para tomar decisiones, porque vienen cambios de autoridades tradicionales, vienen definiciones organizativas y viene un ciclo electoral donde los riesgos de control territorial y coerción política no son un invento: Naciones Unidas ha advertido consolidación de grupos ilegales y afectaciones graves a población civil, incluidas comunidades indígenas, confinamientos y reclutamiento (ONU DD.HH., reportado por El País, feb 2025).
Como organización la tarea es doble: defender la vida con acciones concretas (protección comunitaria, alertas, rutas, comunicación propia) y defender el tejido interno de la descomposición social que traen las rentas ilegales y la violencia cotidiana, hoy 31 de diciembre entonces, no es una fiesta para olvidar; es un punto para decir: aquí estamos, seguimos, pero no vamos a normalizar lo inhumano. Y sí que quede dicho con todas las letras: la paz no puede ser un discurso de capital mientras el territorio vive con miedo, si la paz no llega al resguardo a la vereda, a la escuela, a la tulpa, entonces no es paz; es un anuncio.
En los territorios le seguimos apostando a la paz pero no a cualquier paz, le apostamos a una paz estable, duradera, armónica y sobre todo, concertada, construida desde abajo y con la palabra de quienes habitamos y cuidamos el territorio. Sin embargo, hay que decirlo: la ambición y la codicia de unos pocos no quieren que esa paz florezca, son esas mismas lógicas de dinero fácil, de poder armado y de control las que una y otra vez atraviesan la vida comunitaria y sabotean los esfuerzos colectivos por vivir tranquilos.
Aun así y pese a todo, no renunciamos al camino de la vida, saludamos este nuevo año gregoriano con fuerza espiritual, extendiendo la mano a los distintos sectores sociales: pueblos afrodescendientes, comunidades campesinas y sectores urbanos populares, porque la paz no se construye solos ni desde una sola orilla, se construye en colectivo, reconociendo dolores comunes, respetando las diferencias y entendiendo que, si el territorio no vive en dignidad, ningún país puede llamarse realmente en paz.
Por: Programa de Comunicaciones CRIC y la red AMCIC.
Fuentes principales citadas: Defensoría del Pueblo (reportes 2024–2025, alertas y balances), CRIC (comunicados 2025), ICBF (2025), UNICEF (2025), MinDefensa/Presidencia (2025), CICR (cifras 2024 reportadas por Reuters), y prensa nacional para contexto y verificación (El Tiempo, Portafolio, Cambio, El País).
