Popayán, 20 de noviembre de 2009
Señor presidente de Colombia Dr. ALVARO URIBE VELEZ
Colombia vive una historia dramática de entreguismos y deslealtades, en donde la razón de los pueblos ha sido negada por sus instituciones para asumir la verdad de los imperios.Hoy, que el gobierno nacional de forma unilateral, desconociendo el querer de sus ciudadanos y el interés de las naciones hermanas, decidió conferir la soberanía nacional a los intereses del poder militar de los Estados Unidos, la Consejería Mayor CRIC, llama la atención del mundo con esta carta dirigida a usted, doctor Uribe, en forma de memorial de agravios, al cumplirse 200 años del documento del mismo nombre redactado por don Camilo Torres en representación del Cabildo de Santafé y presentado ante la suprema Junta Central de España el 20 de noviembre de 1809, pues sabemos que lo que sucede en la actualidad con nuestros pueblos es consecuencia de las formas de poder implementadas históricamente por el Estado colombiano y que hoy son parte de su política neoliberal y de globalización conocida como política de seguridad democrática.
UNO:
Bombardeos, minas antipersonas, explosivos abandonados, amenazas y asesinatos que han dejado innumerables víctimas, entre ellas niños, madres y líderes de las comunidades, como ha sucedido en los municipios de Corinto, Caloto, Toribío, Puracé, Jambaló, Suárez, Buenos Aires y Morales. De igual forma, por efecto de las fumigaciones y la acción de los actores de la guerra, legales e ilegales se ha causado desplazamiento forzado de los pueblos Eperara Siapidara, en el Pacífico caucano y Yanacona en el Macizo colombiano. Por otra parte se ha reportado que el ejército nacional ha copado sitios sagrados en Tierradentro y Sur yanacona, e iniciado obras civiles en los municipios de Morales y Cajibío, situaciones con las cuales se viola el territorio y se involucra a los civiles en el conflicto armado. Estos tristes acontecimientos muestran la permanencia de situaciones violatorias de los Derechos Humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario, evidenciando así la degradación de una guerra que han padecido y siguen padeciendo nuestros pueblos y territorios desde la fundación de la república, pero que durante su gobierno se han evidenciado como acciones sistemáticas y premeditadas.
Debido a esta panorámica de guerra, el día 24 de agosto en la plaza principal de Corinto Cauca, las autoridades indígenas del Cauca, en el marco Nasa Uus Yhup’ Phenni, convocaron a la guerrilla de las FARC y al gobierno colombiano con el objetivo de debatir públicamente aquellas situaciones que en el marco del conflicto armado colocan en riesgo la pervivencia integral de nuestros pueblos. Pasados tres meses no se obtuvo respuesta formal, sino el recrudecimiento de las confrontaciones armadas en nuestros territorios, con un saldo lamentable de vidas humanas, zozobra y desplazamientos internos que han carecido de la ayuda humanitaria correspondiente; en consecuencia, las mismas autoridades indígenas, realizaron una Audiencia pública en la plaza central del municipio de Caloto el día 28 de octubre del 2009.
Pasados tres días de la actividad relacionada, el puesto de policía ubicado en el casco urbano de Toribío fue hostigado por la guerrilla de las FARC, con un saldo de seis civiles heridos, entre ellos un niño de tres años de edad. La tragedia fue ocasionada por un petardo disparado por la guerrilla que explotó en el andén de una tienda de la plaza principal, donde la gente reunida jugaba al parqués. Por otro lado, un días después que el gobierno nacional anuncia el establecimiento de una base militar en el norte del Cauca y el traslado de la tercera brigada a Popayán, la guerrilla de las FARC, tal vez, para demostrar lo correcto de la decisión institucional, destruyó una torre de energía en Corinto con un saldo de 9 militares muertos, situación que aumenta y mantiene en alto riesgo a la población civil de la zona. Resulta de altísima gravedad la decisión del gobierno nacional de establecer en la Emperatriz un batallón antiguerrilla. Dicha finca ha sido reclamada históricamente por el pueblo Nasa del norte del Cauca, víctima de la masacre del Nilo en 1991.
Al observar la falta de voluntad política de parte de la guerrilla de las FARC-EP y del gobierno nacional para atender el llamado de las comunidades víctimas de sus acciones, el Nasa Uus Yhup’ Phenni – Tribunal Indígena del Cauca, definió:
a) Invitar a la comunidad internacional, a las instituciones de control del Estado, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a los demás pueblos indígenas, a las organizaciones sociales, a las iniciativas de paz y a los medios de comunicación para que se unan en terreno al desarrollo práctico del Mandato alrededor de una agenda de paz.
b) Reclamar de los actores armados la desmilitarización, el cese a los señalamientos, las amenazas, el reclutamiento forzado de comuneros, líderes y autoridades indígenas, así como las confrontaciones armadas en lugares donde se ponga en riesgo a la población civil.
c) Exigir del Gobierno la suspensión de las acciones cívico militares que desarrolla en comunidades indígenas y campesinas y que por el contrario cumpla su papel constitucional de fomentar políticas públicas que fortalezcan la administración civil y redunden en garantías sociales y condiciones de vida digna
DOS:
Un panfleto aparecido en Cali, en la sede de la CUT Valle, cuyo título está incuestionablemente en defensa suya al expresar que “EL GOBIERNO SIGUE CUNPLIENDO (sic) CON LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS”, coloca su gestión en apuro de estar comprometida con el paramilitarismo o con las bandas emergentes, como usted las llama, pues está firmada por las “AGUILAS NEGRAS NUEVA GENERACION”, donde se dice haber decidido declarar “objetivo militar” a instituciones de Derechos Humanos como Nomadesc, CUT Valle, PCN, Consejo Comunitario de La Toma, al Cabildo indígena de Cerro Tijeras, y a las personas Licifredy, Eduar Villegas, Jose Goyes y Diego Escobar, al igual que al Concejal del municipio de Suárez Meraldiño Cabiche, así como a otras personas a quienes relaciona como “recheche” y “Plutarco”, refiriéndose a todos como burócratas HP.
Después que el gobierno nacional anunciara que en Corinto realizaría detenciones masivas, aparece otro panfleto amenazando a 36 personas indígenas y campesinas de la región con la firma de las águilas negras.
Bajo los mismos argumentos de defensa de las instituciones y contra aquellos que promuevan la defensa de los derechos humanos, el grupo ilegal los rastrojos en el departamento de Nariño, reitera las amenazas arriba informadas contra organizaciones como Crear, Arco Iris, Comité D/tamental de DDHH, Fundepaz, Movice, Escuela de los Pastos, Pastoral de Tumaco, CRIC – Aida Quilcue, Comité DDHH –Miguel Fernández- Sociedad Civil, Álvaro Ruiz del Cauca, Acipaz, Rodrigo Márquez, Fundenpaz, Hernán Vaquero Comité de DDHH, Cristina Tamayo, Resguardo Indígena de pradera –Campo Elías Dicue, Redepaz Tulúa, Carmen medina y Polo Democrático de Cartago – Carlos Oliveros. Incluye también en la amenaza de muerte a miembros del PNUD, es decir a los integrantes de organismos de Naciones Unidas y a las dos organizaciones indígenas del pueblo Awá, Unipa y Camawari, cuyas comunidades han sufrido el flagelo de la barbarie y el terror de la guerra, según informes, con masacres perpetradas en los dos últimos años tanto por actores legales como de aquellos al margen de ley.
Este tipo de panfletos que en Colombia son una cotidianidad, no dejan de llamar la atención, pues si bien siempre dicen defender al gobierno; que se sepa, nunca los voceros institucionales han negado la relación con ellos ni defendido su buen nombre y por el contrario, los funcionarios, se refieren de manera irresponsable e inconstitucional en los mismos términos que usan los ilegales contra el movimiento social.
Coincidencialmente, las comunidades indígenas de Morales denunciaron que el 13 de Noviembre de 2009 apareció asesinado, en el sitio denominado “El Tanque” ubicado en el Cerro Damián del Resguardo Cerro Tijeras, Municipio de Suárez, Cauca, NILSON CAMPO, líder del resguardo de Honduras y hermano del comunicador Alfredo Campo, indígena que desde hace más de 6 meses debió abandonar el territorio para garantizar su vida. En los mismos hechos fue herido de gravedad EGIDIO OVANDO HUILA. Días antes, 11 de noviembre, había sido asesinado REINALDO BOMBA en la Vereda Bella Vista del mismo Resguardo y el 29 de Octubre de 2009 se informó sobre el asesinato de MARLY CAROLINA HUILA GUAMANGA, en hechos sucedidos el la vereda Damián del mismo territorio.
Situaciones similares de amenaza y riesgo son:
a) El día 21 de Octubre de 2009, siendo las 7:45 de mañana cuatro hombres que se trasportaban en un vehículo estuvieron husmeando los alrededores de la casa de habitación de AYDA QUILCUE, ex consejera Mayor CRIC, situación que fue denunciada oportunamente con información precisa sobre el vehículo, la cual fue desestimada por la policía manifestando que el número de placas no existía. Caso similar sucedió durante la realización de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, el día 16 de Octubre del mismo mes, a las 2:00 p.m., en los alrededores del CAM de la ciudad de Cali, donde la líder del CRIC fue seguida por dos desconocidos, quienes al ser emplazados y entregados al CAI de la policía nacional por la Guardia Indígena y Miembros del Equipo de Derechos Humanos de la Cut – Valle, expresaron no tener identificación.
b) El mismo día, a la 1:00 p.m. el Ex Vicegobernador del Cabildo Honduras, municipios de Morales, Cauca, JOSE GOYES, quien aparece en el panfleto, fue ultrajado verbalmente y amenazado de muerte vía celular por una voz con acento paisa.
c) Se tiene información que MERALDIÑO CABICHE Concejal del municipio de Suárez, Cauca, ha sido víctima de múltiples amenazas todas ellas denunciadas ante los organismos correspondientes.
d) La Fundación Nomadesc, que acompaña, en materia de derechos humanos a las comunidades indígenas de Morales y Suárez, ha denunciado ante las instituciones policiales y públicamente, que durante los últimos días del mes de octubre sus sedes en Cali fueron asediadas por extraños que merodeaban el lugar o se movilizaban continuamente en vehículos sospechosos por el sector.
e) Gerson Acosta, Gobernador indígena del Cabildo de la Laguna, cuya comunidad está ubicada en el municipio de Timbio debido al desplazamiento ocasionado por la Masacre del Naya en el año 2001, denunció ante la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, que el 26 de octubre pasado recibió amenaza, tanto él como su familia, a través de mensajes de texto llegados a su celular, donde le advertían, primero, que debía abandonar su lugar de residencia o atenerse a las consecuencias y segundo que cumplirán con su misión y que ni se les ocurriera informar a la policía.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que las amenazas actuales se dan en una coyuntura cercana a La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, y que los plagiarios basan sus argumentos en la defensa de la política de seguridad democrática y en acusaciones que el mismo gobierno sabe que no son ciertas, reiteramos de forma urgente que usted debe pronunciarse públicamente al respecto desde las siguientes consideraciones:
- El gobierno tiene voceros que deben informar a la opinión pública cuándo y de qué modo el Estado colombiano está cumpliendo con los compromisos que tiene con las comunidades y organizaciones sociales y no esperar que sean los actores ilegales los que hablen por éste.
- Dada la gravedad de los panfletos y de las situaciones denunciadas que amenazan y colocan en alto riesgo a colectivos, organizaciones, líderes sociales y Autoridades indígenas, el gobierno nacional, como representante del Estado y responsable de la garantía de los derechos, la integridad y la vida de las comunidades y personas, tiene la obligación de investigar el origen de las amenazas y persecuciones, iniciando procesos sobre quienes sean hallados responsables.
- También, es deber de las instituciones informar públicamente sobre los resultados de las investigaciones, mostrando con veracidad si miembros del Estado mantienen relación o distancia con los actores que produjeron las amenazas y las acciones ilegales. De igual forma debe brindar las medidas de protección que sean necesarias para conservar la vida, la integridad física y el buen nombre de quienes aparecen en los líbelos o están siendo hostigados en su cotidianidad.
TRES:
Su gobierno, en audiencia pública ministerial con la Minga de Resistencia social y Comunitaria, realizada en el Sena, Bogotá, en el mes de noviembre de 2008, se comprometió ante el país a entregar un informe actualizado del nivel de cumplimiento de los acuerdos que mantiene el Estado colombiano con los sectores sociales desde hace más de 25 años, sin embargo ya casi a un año de realizado dicho compromiso lo que podemos decir a manera de evaluación es lo siguiente:
a) Se demostró que las instituciones del Estado no han cumplido su deber constitucional de atender los requerimientos organizados de la sociedad civil, discriminan a los sectores sociales al no registrar en la memoria institucional los convenios firmados y no existe voluntad política de cumplimiento al no incluir en el presupuesto nacional recursos para facilitar el desarrollo de lo acordado.
b) El trabajo de la Comisión Técnica, integrada por funcionarios del mininterior y delegados de La Minga solo pudo avanzar hasta recoger la información entregada por las mismas organizaciones y procesos movilizados, que quedó registrada en una matriz previamente concertada, y frente a la cual los ministerios e instituciones no mostraron interés para indicar el nivel de cumplimiento de cada compromiso.
c) Los encuentros con las instituciones demostraron la incapacidad ministerial para brindar respuestas a los reclamos sociales y por el contrario se esforzaron tercamente en mostrar como cumplimiento los desarrollos de la política de seguridad democrática que, aparte de desconocer los alcances de lo pactado, lejos está de atender los derechos fundamentales del pueblo colombiano
d) Todos los ministros, sin excepción, revelaron su falta de conocimiento frente al proceso de acuerdos, expresando estar solo en capacidad de asumir lo que corresponde a su periodo de gestión pero sin comprometer recursos del presupuesto para su cumplimiento. Algunos de ellos expresaron desconsuelo por las decisiones de la Corte Constitucional, en especial frente al Estatuto de Desarrollo Rural.
Se extrae como conclusión principal que no existe una lógica de cumplimiento de acuerdos sino paliativos de política pública, lo cual se demuestra con el hecho que para las vigencias 2008 y 2009 el presupuesto de tierras para el Cauca haya sido cero pesos, y que para el 2010 solo esté aprobada una cantidad irrisoria para el Cauca, más cuando el actual gobierno conoce la existencia del proceso de acuerdos y tiene compromisos expresos para el caso del pueblo Nasa de Sat Tama Kiwe, en Caldono.
Obligaciones como las asumidas a fines de julio del 2009 por el ministro de agricultura para remediar la situación de tierras y la problemática del fique, en el sentido de tramitar una ampliación de rubros en el Plan Nacional de presupuesto vigencia 2010 – 2011, no fueron concertadas ni gestionadas , mientras que las reuniones fueron atendidas por funcionarios medios y no por el director de Desarrollo Rural como se había acordado, quienes de manera irrespetuosa manifestaron no tener conocimiento de los acuerdos y venir exclusivamente a organizar una agenda de trabajo sobre el tema de cadenas productivas.
CUATRO:
El 19 de Febrero de 2007 se reactivó el Volcán Nevado del Huila, produciendo una avalancha de lodo que ocasionó daños considerables sobre el municipio de Páez y dejó pérdida de cultivos y afectación drástica sobre la producción agraria, piscícola y ganadera de la Población Indígena y campesina de Tierradentro. Una segunda erupción, ocurrida el 18 de abril de 2007, produjo deshielo del glaciar del Volcán que trajo consigo una avalancha de lodos que se deslizó por las Cuencas de los ríos Páez y Símbola, causando perdidas de cultivos, animales vacunos, ovinos, equinos y especies menores, base del autoconsumo, el intercambio y el sostenimiento económico y cultural del Pueblo Nasa de la región. El 20 de Noviembre de 2008 un nuevo evento eruptivo afectó quince (15) Resguardos Indígenas y la cabecera municipal del Municipio de Páez, cuyo saldo trágico en vidas humanas fue de doce muertes e infinidad de enfermedades respiratorias en la zona. Hubo colapso del sistema de comunicación e interrupción total vial por la destrucción de siete puentes vehiculares y trece puentes peatonales.
Las situaciones narradas se informaron por la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, primero en la reunión Ministerial del 22 de noviembre en el Sena de la ciudad de Bogotá, donde el gobierno nacional se comprometió a atender con celeridad y de manera urgente, lo cual no sucedió, debiendo las comunidades buscar formas autónomas de sobrevivencia, bien fuera dentro de la zona o saliendo de ésta hacia territorios donde recibieron solidaridad de otros pueblos indígenas; segundo, en todas las reuniones con los ministerios, realizadas en el marco de La Minga durante el año 2009, se reiteró la necesidad de una declaratoria de emergencia que permitiera atender la situación en las dimensiones vividas por las comunidades, entre ellas las referidas a los desplazamientos internos y hacia afuera de Tierradentro, o la contingencia sufrida por problemas sanitarios, en el mes de agosto en los resguardos indígenas de Vitoncó, Huila, Tálaga, Lame y Chinas, debido a la contaminación de las diferentes fuentes de agua, en especial las que abastecen los acueductos, y en donde murieron 14 niños y cerca de 200 personas tuvieron síntomas de vómito, diarrea, fiebre y altos grados de deshidratación.
Nuevamente, el pasado16 de Octubre de 2009, un proceso de emanación de gases y expulsión de cenizas provocó asfixia y problemas respiratorios, especialmente en los niños de los quince Resguardos indígenas, afectando además, cultivos y animales, así como las iniciativas propias de alimentación y sostenimiento que se suman al deterioro considerable de fuentes y sistemas de abastecimiento de agua potable.
Ante la desatención en que se encuentran por parte del Gobierno, y teniendo en cuenta que han pasado dos años desde la reactivación del Volcán y a pesar de las eventualidades narradas, la emergencia no ha sido atendida de manera integral, por lo cual las autoridades indígenas de Tierradentro, reiteran:
a) La conveniencia, de que sean incluidos oficialmente dentro del Sistema Nacional de Atención de Prevención de Desastres los quince Resguardos indígenas de Páez y la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha, de forma que puedan adelantar acciones del Plan de Prevención Territorial y atender los procesos de forma oportuna y adecuada.
b) Se cumplan las obligaciones del Estado frente a la toma de medidas o decisiones pertinentes para la reducción de desastres, entre las cuales se encuentran la adquisición urgente de tierras para la población asentada en la zona de influencia del complejo volcánico Nevado del Huila, en Especial para los resguardos de Wila y Tóez.
c) Atención médica permanente en la zona, así como la dotación necesaria de implementos básicos para actuar en emergencias, con el objetivo de disminuir los efectos del fenómeno de erupción volcánica sobre la población, la infraestructura y los bienes y servicios.
d) Adecuar albergues temporales en sitios seguros y en condiciones dignas, de forma que se pueda articular el sistema de alerta temporal temprana, fortaleciendo el sistema de alerta personal, el cuál en el momento se encuentra limitado al manejo de las emergencias.
CINCO:
EL 22 de marzo de 2009 fue creada la Opic, en ceremonia que estuvo presidida por el ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González y mandos de la fuerza pública. Dicha organización ha contado con el apoyo irrestricto del gobierno nacional y del gobierno departamental siendo mostrada por ustedes como autoridad indígena a pesar que tiene dentro de sus fundadores a voceros de Fedecampo, militares activos y reinsertados de las autodefensas campesinas, así como religiosos evangélicos de origen indígena.
Teniendo en cuenta que los fundamentos de este organismo se basan en calumnias expresadas delante de las instituciones, las cuales, al no ser desmentidas por los funcionarios como es su deber constitucional, no solo los están avalando sino que siguen haciendo eco a la decisión tomada por usted, en el Consejo Comunitario de marzo 2008 de la ciudad de Popayán, donde ofreció recompensas para romper la unidad indígena. No contentos con estos procederes se insiste en legalizarla como autoridad indígena, y apelando al engaño, hacen firmar a gobernadores de comunidades indígenas del Chocó, con el único fin de registrarlos como Asociación de cabildos para facilitar la politiquería y entregarles recursos que pertenecen a los pueblos indígenas.
En consecuencia, hemos iniciado procesos jurídicos, tanto de derecho propio como de la justicia ordinaria, contra las personas que han emitido calumnias en contra de nuestros procesos organizativos y de las instituciones que los han apoyado violando la legalidad colombiana, por lo cual reclamamos de usted:
- Abstenerse de brindar apoyo a la Opic como organización indígena, por carecer de reconocimiento de las autoridades tradicionales, legalmente constituidas, y menos identificarla como organización nacional étnica, pues con ello, el gobierno sigue engañando a la opinión pública y utilizando de forma indebida los recursos que deben destinarse para cumplir las obligaciones que tiene con los pueblos indígenas, con los cuales el Estado mantiene no solo obligaciones constitucionales y de palabra, sino otras procedentes de fallos jurídicos de la Corte Constitucional y de organismos internacionales de derechos humanos, frente a los cuales se le han cumplido los plazos previstos.
- Hacer público cualquier apoyo a la mencionada ONG, identificando las normas que soportan legalmente sus decisiones.
- Ordenar a los organismos de control que inicien procesos de investigación sobre los funcionarios públicos, en especial a sus ministros y gobernador del Cauca que han alcahueteado y mentido para propiciar el rompimiento de la unidad indígena, así como a los integrantes de la fuerza pública que figuran como socios fundadores y participantes de la asamblea donde se creó la ONG Opic.
DOS SIGLOS DE AGRAVIOS Y FRUSTRACIONES:
Como se puede observar, la actual coyuntura, confirma que son doscientos años de frustraciones, dos siglos de intentos estropeados, un lapso de la historia buscando establecer una nación que entienda y valore nuestra realidad desde la existencia de diversidad de pueblos con orígenes milenarios como los indígenas, centenarios como los descendientes de culturas africanas quienes en condiciones adversas han debido reinventar sus tradiciones y saberes, mestizos que avanzan reinterpretando la ciencia y los valores humanistas de occidente así como los conocimientos de los antiguos americanos. Otros por el contrario, asumieron la codicia, la barbarie, la invasión, el saqueo la delación y la guerra y hoy son los representantes del poder económico y político en el mundo.
1991 fue un momento importante en la historia de Colombia, hubo el ejercicio de una Asamblea Nacional Constituyente, donde se intento reconstituir el poder del Estado para el pueblo, entendido como mayorías, se acumuló todo el legado de la llamada civilización occidental en materia de derechos humanos y se interpretó la democracia como uno de los valores modernos para la convivencia y la garantía plena de los derechos, lo cual hoy es letra muerta.
En septiembre de 2007 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la Resolución por medio de la cual emitió la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el gobierno de Colombia se abstuvo de votar argumentando diferencias existentes entre el texto de la ONU y la Constitución Política en temas como autonomía territorial (suelo, subsuelo y espacio aéreo), presencia de ejércitos y Consulta Previa, lo cual aparte de faltar a la verdad, muestra la realidad política con relación a los pueblos indígenas en Colombia. Esta situación fue ratificada por la Cancillería del gobierno colombiano, en un intento por confundir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al decir que había enviado mensaje a la Asamblea corrigiendo su decisión.
Tal vez, a doscientos años del Memorial de Agravios de don Camilo Torres, los criollos aún no logran ser reconocidos como hijos legítimos de España pero se esfuerzan por mostrar que son dignos representantes de los invasores y, para gozar de los favores del imperio, reinventan la expedición de exterminio del tristemente célebre “pacificador Morillo”, quien sin lugar a dudas será el verdadero héroe en las celebraciones de los centenarios que está promoviendo el rey de España y el gobierno de los Estados Unidos para los regímenes de los llamados países Iberoamericanos.
Doctor Uribe, en estas conmemoraciones es su deber decirle al mundo de qué lado está, pues nosotros sabemos que si otra patria es posible, es aquella que interprete la grandeza americana de los pueblos que han sobrevivido a los quinientos años de invasión y a los doscientos años de capitalismo y modernidad. En estos centenarios, sabemos que las movilizaciones no corearan “que viva el rey y muera su mal gobierno”, sino que atentos a las voces de la historia, ellos y nosotros, continuaremos exigiendo el establecimiento de estados realmente democráticos y construyendo un país para todos, en especial para las mayorías víctimas de los gobiernos que han dominado durante doscientos años de repúblicas coloniales.
“Vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos peleando mientras no se apague el Sol”.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
ELIDES PECHENE IPIA
LUCELIA MONTENEGRO
OSCAR LIS
OSCAR SAMBONI
ALCIDES MUSSE
JEREMIAS MESA
MARCOS CUETIA
VITELIO MENZA
ALVARO MUÑOZ ANACONA