¿Qué está pasando en los territorios indígenas?

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Varias desapariciones, un menor awá asesinado, otro reventado por una mina, comunidades confinadas en el Alto Baudó, una crisis permanente en el Cauca… El postconflicto no ha traído aún la paz a los pueblos indígenas.

Jhonatán Fernay Rodríguez Guanga estaba almorzando en su en su casa del resguardo Awá Gran Rosario, en el corregimiento de La Guayacana (Tumaco, Nariño) el pasado jueves 9 de marzo. Eran las 12 del mediodía. Jhonatán Fernay hasta diciembre de 2016 era miembro de la guardia indígena, como otros miembros de su familia. Mientras almorzaba, en la puerta paró una moto y de ella se bajaron dos hombres que, sin mediar palabra, entraron al domicilio y le dispararon en la cabeza a este joven de 16 años. El pueblo Awá ha visto un inicio de año violento. El 22 de febrero, otro menor awá de 16 años murió de forma inmediata tras pisar una mina antipersona en su finca, en la vereda La Aduana, resguardo indígena de Piedra Sellada.

Un día antes de que asesinaran a Jhonatán Ferley, el miércoles 8 de marzo, desaparecieron cuatro miembros de la comunidad Embera Chamí de La Esperanza, municipio de Alcalá (Valle del Cauca). Julio César Vélez Vásquez, de 39 años; Luis Adrián Vélez Restrepo, de 20 años; Brayan Stiven Vélez Restrepo, de 17 años; y Luis Sebastián Namundia Vélez, otro menor de edad, salieron a pescar en la finca El Edén y nunca regresaron. En el lugar de los hechos se encontraron objetos personales de los desaparecidos y el pueblo Embera del Valle del Cauca sigue exigiendo la presencia institucional que ha sido ausente.

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Jairo Ismaré Caizano

Unas horas antes de este suceso, el día 7 de marzo, desaparecía el médico tracicional Wouanan Nonan Jairo Ismaré Caizano, de 43 años. “Los otros médicos tradicionales aseguran que está vivo, pero llevamos desde ese día buscando y nada”, explica a Colombia Plural otro miembro del cabildo indígena de Valledupar, en el Bajo San Juan, a cuya comunidad pertenece Jairo Ismaré. “En la actualidad”, ha denunciado la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “las comunidades del pueblo Wouanan Nonan, presentan restricción de la movilidad por la presencia de la Fuerza Pública y actores armados ilegales en su territorio, lo cual implica la desarmonización del territorio, restricción de las actividades diarias y cotidianas para el sustento de las familias, y la suspensión de las clases en los centros educativos”.

En el Alto Baudó (Chocó), la situación, en estos momentos, es dramática. Hoy mismo la Defensoría del Pueblo aseguraba que “el proceso de expansión de los grupos armados ilegales (AGC y ELN) y los combates entre estos han generado el desplazamiento forzado de más de 500 personas y el confinamiento de otras 1.200 en la subregión del Baudó afectando gravemente a las comunidades negras e indígenas”.

Las amenazas en el Cauca

Las denuncias de los pueblos originarios del país se multiplican pero no parecen estar presentes en la agenda mediática masiva ni en las preocupaciones de las autoridades.

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Consejería Mayor Çxhab Wala Kiwe-ACIN mandaba una carta abierta al presidente de la República a finales de febrero para exigirle que “la paz no traiga más muertos que la guerra”. El norte del Cauca, una de las zonas más azotadas por el ataque a líderes sociales e indígenas, reclama del Gobierno que reconozca lo que está ocurriendo en los territorios y le recuerda que “para las comunidades indígenas las múltiples acciones de afectación han significado una desarmonía territorial, por lo que demandamos la presentación del estado actual de las investigaciones judiciales en cada uno de los casos dados contra líderes indígenas y sociales en el norte del departamento del Cauca desde enero de 2016 hasta la fecha (…) las investigaciones no satisfacen los requerimientos de nuestras comunidades, en esa medida vemos como a pesar del desarrollo e implementación del proceso de Paz, los pueblos indígenas quienes por siglos hemos reclamado y defendido nuestros derechos, seguimos siendo perseguidos, estigmatizados y asesinados”.

“Es urgente”, insistían los consejeros de la ACIN, “realizar cambios en las estructuras de fuerza pública y las autoridades judiciales a fin de contrarrestar el accionar corrupto y cómplice de algunos funcionarios con los grupos paramilitares”.

Las denuncias de la ACIN se suman a las del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que llevaron a la Defensoría del Pueblo a lanzar una alerta el 17 de febrero para pedir ayuda humanitaria para 85 desplazados desde la comunidad de Las Peñas y de otros 927 que permanecen confinadas en La Sierpe, Unión Málaga y Calle Santa Rosa, en Timbiquí, por el choque entre actores armados.

WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, por sus siglas en inglés) alertaba en los últimos días de que 15 de los 80 casos de líderes asesinados en 2016 acumulados por Somos Defensores corresponden a indígenas. “El impacto de los asesinatos, intentos de asesinato, amenazas y agresiones contra activistas tiene un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estas cifras no solo son estadísticamente confiables y precisas -ya que un reporte afirmó que el 30 por ciento de los activistas de la sociedad civil asesinados son minorías étnicas- sino también sociológicamente. Estos asesinatos causan efectos desastrosos en el proceso colectivo y organizativo de las minorías étnicas y su capacidad para defender sus derechos territoriales, étnicos y culturales”.

Las cifras del Registro Único de Víctimas del Gobierno nacional contempla n que hay 180.054 víctimas que corresponden a los pueblos indígenas. Esa cifra es proporcionalmente muy grave ya que supone el 13% del total de la población originaria de Colombia (1.378.884 personas).

Sin embargo, en los últimos dos debates que se han celebrado en la plenaria del Senado de la República sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el enfoque étnico no ha estado presente, a pesar de que el capítulo étnico de los acuerdos de paz implicaba la consulta con estos pueblos de cada acto legislativo referido a la implementación de los acuerdos. Mientras en la agenda política lo indígena sigue desaparecido en los territorios hombres y mujeres con historia, con familia, con anhelos y temores, están desapareciendo.

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