Los Objetivos del Milenio no incluyen los temas indígenas fundamentales

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En el año 2000, 189 países promulgaron el acuerdo del milenio y fijaron ocho objetivos a cumplir en el 2015; estos objetivos son: 1) erradicar la extrema pobreza y el hambre, 2) lograr la educación básica universal, 3) Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer,  4) reducir la mortalidad infantil, 5)mejorar la salud sexual y reproductiva, 6) combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue, 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

A partir de estos objetivos se fijaron metas que cada país ratifico a través de documentos oficiales[1], Estas metas se han visto reflejadas en los planes de desarrollo, por ejemplo el actual plan de desarrollo de Santos tiene como que 350.000 Familias se gradúen de la Red de Superación para la Pobreza Extrema, es decir que dejan de ser pobres extremos y pasen a ser pobres[2].

Así pues, los Objetivos del Milenio (ODM) están presentes en la política social del estado, incluso, los actuales planes de desarrollo de municipios y departamentos debieron incluir estos objetivos en el diseño de sus metas.

Los ODM, constituyen unas apuestas mínimas frente al desarrollo, pero no tocan problemas estructurales tales como la inequidad, la desigualdad y la exclusión social como instrumento para la acumulación desmedida de la riqueza por parte de una pequeña minoría de privilegiados en el mundo.

Lo más grave es que los ODM no incluyeron el tema indígena, ni siquiera de manera general y mucho menos en función de un trato diferencial. Este tratamiento excluyente se refleja en las metas e indicadores adoptados por Colombia para cada uno de los objetivos del milenio, dónde el tema indígena desaparece por completo y se somete a generalidades que desconocen la diversidad étnica y cultural y las distintas visiones sobre la vida y el llamado “desarrollo”.

Por ejemplo temas fundamentales para los pueblos indígenas como el tema de territorio y autonomía, no se reflejan en ninguna de los compromisos asumidos por el gobierno colombiano frente a los ODM.

En los ODM prima lo individual sobre lo colectivo

La concepción a partir de la cual se formularon los Objetivos del Milenio, enfatizan solamente en los derechos individuales y desconocen los derechos colectivos. Esta es la razón por la cual los derechos esenciales de los pueblos indígenas no caben en este modelo. Por ejemplo, este enfoque ha llevado a que el problema de desnutrición se enfoque en el niño no en la familia y mucho menos en la comunidad, de tal manera que el gobierno ejecuta una política asistencialista para garantizar que el niño esté temporalmente nutrido, pero no garantiza la autonomía alimentaria para toda la comunidad, incluso, llega al extremo de arrebatarle el niño a la familia para poder cumplir con el indicador.

Los ODM fomentan la dependencia y tecnifican el clientelismo político

Programas como “familias en acción” y otras estrategias de acción social del gobierno, son parte de este modelo. El problema de su aplicación es que están dirigidas a generar dependencia de las personas frente a un gobierno que ayuda con “cualquier cosita”, pero que a la vez implementa una política económica que profundiza la inequidad para la inmensa mayoría y favorece la acumulación para una pequeña minoría de privilegiados y para los grandes negocios multinacionales.

Así pues, las graves necesidades de las personas se resuelven con las pequeñas ayudas que da el gobierno pero que no afectan las causas estructurales de la pobreza. Los dineros que financian estos programas sociales se mueven por la vía del sistema financiero y su destino final es el pago de bienes y servicios: transporte, alimentos procesados, insumos escolares, medicamentos, etc. En esta lógica, el dinero destinado a los pobres termina convertido en ganancia para los mismos privilegiados de siempre[3].

Sucede entonces que el  modelo no está dirigido a garantizar los derechos colectivos porque esto es más costoso y sobre todo porque este enfoque si implicaría tocar el tema de la redistribución de la riqueza, afectando el bolsillo y los intereses de los banqueros, de los industriales, de los terratenientes y de las multinacionales.

El modelo de la dependencia no va dirigido a resolver la pobreza, si no a hacerla administrable. Las personas, las familias, las comunidades tendrán que depender por siempre de las dadivas del gobierno y cada vez perderán más y más la capacidad de  resolver sus problemas de manera autónoma: si está pobre te doy unas monedas no un trabajo ni una tierra, si estas enfermo te doy un medicamento no un ambiente sano y en armonía, si quieres educarte te doy una escuela y un maestro, no una comunidad ni un territorio, si tienes hambre te doy comida pero no tierra para que siembres tu propia comida, si está mal el planeta te doy plantaciones forestales pero no te garantizo la defensa del territorio.

Bajo la estrategia de profundizar la dependencia se ha tecnificado el clientelismo político: Ya los votos no se consiguen solamente con la intermediación de los politiqueros locales, ahora también se garantizan los votos por la vía de  la dependencia que se genera frente a los recursos que entrega el gobierno.

En la estadística todo es posible, incluso un mundo mejor

La estructura de metas – indicadores de los ODM se prestan para la manipulación estadística. En los indicadores se refleja lo que los gobiernos quieren mostrar y no necesariamente la realidad problemática de los más discriminados y olvidados. Las fronteras artificiales sobre las cuales se define la línea de logro de un indicador, contribuye a la exclusión: por ejemplo, la línea de pobreza extrema se define a partir de un ingreso menor a US$1,25 diarios. Hay miles de personas que pueden ganarse un poco más que eso y que pueden estar iguales o peor que los que caben en el indicador pero que automáticamente quedan excluidos de las prioridades por obra y gracia de una operación estadística, que si genera ganancias para la imagen política de los gobiernos.

Los promedios estadísticos también excluyen a los sectores sociales y regiones con menos peso demográfico, como es el caso de los grupos étnicos. Entre menos se contribuya al volumen de la variable, menos importancia se tiene en la prioridades. Por eso en Colombia se agudiza cada vez más la brecha entre los urbano y lo rural y entre los grupos étnicos y el resto de la sociedad. En nuestro país, la aplicación de los ODM no ha resuelto el problema de la inequidad. Es evidente la gran diferencia que hay entre los datos nacionales y los datos regionales, la gran mayoría de las metas comprometidas por Colombia no se podrán alcanzar al 2015. Por ejemplo, en el caso de la pobreza extrema, la meta nacional es disminuirla a un 8%. Según los actuales informes, el promedio nacional está un 13%, pero en departamentos dónde se concentra la mayor parte de la población indígena de Colombia, como es el caso del Cauca, el Chocó y la Guajira, la línea actual de pobreza extrema está por encima del 33%[4].  Esto quiere decir que al ritmo en el que se ha avanzado para la superación de la pobreza extrema, en los últimos 20 años, se necesitarían aproximadamente unos 108 años más para alcanzar la meta fijada  en estos departamentos[5].

El debate internacional hacia el 2015

En el 2015 se evaluaran las metas cumplidas por los países y seguramente se concluirá que es necesario redefinir los ODM, aplazar sus metas o construir nuevas herramientas de evaluación más realistas. Sin embrago, el tema indígena puede quedar nuevamente invisible en medio de las generalidades.

Desde la formulación de los ODM en el año 2000, se han abierto espacios interesantes en la ONU para los pueblos indígenas; se ha creado la oficina del alto comisionado para pueblos indígenas, se promulgó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2006 y se ha manifestado una intención permanente de conocer e incluir el tema indígena en el debate de los ODM. En este nuevo enfoque influye la preocupación mundial por la crisis ambiental y en el diseño de alternativas a dicha crisis, los pueblos indígenas son actores fundamentales. En estos momentos existen varios escenarios de debate a nivel internacional, sin embargo, como lo acabamos de ver en la pasada cumbre de la tierra (Río + 20), los gobiernos excluyen de la discusión a los sectores sociales y más aún, a los pueblos indígenas.

El reto es incidir en este debate mundial que en los próximos dos años tendrá una connotación trascendental. Así pues, la propuesta indígena tiene que estar presente en las discusiones del actual plan de desarrollo, en las consultas de los proyectos de desarrollo y leyes a nivel nacional y regional y en el diseño de políticas públicas a nivel nacional e internacional, potencializando instrumentos como el acuerdo 169 de la OIT y la declaración internacional de pueblos indígenas.

Avances de la propuesta desde el CRIC

La propuesta alternativa con respeto a la inclusión del tema indígena y el enfoque diferencial parte de los siguientes criterios: 1) Partir de la plataforma reivindicativa del CRIC, ratificada y contextualizada en los mandatos de los últimos congresos de la organización, 2) enfocar la propuesta en el sentido de visibilizar y demostrar los incumplimientos sistemáticos del gobierno respecto a los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas y 3) reiterar y demostrar que logros producto de las luchas reivindicativas indígenas no pueden ser mostradas como logros del gobierno y de su voluntad espontanea a favor de los pueblos indígenas.

Como alternativa a los ODM, estamos planteando reafirmar nuestros principios milenarios en dos temas básicos: a) alcanzar la autonomía territorial y de gobierno y b) recomponer la salud de la madre tierra su equilibrio y armonía. Estos principios se estructuran en  cuatro líneas de política pública; tierras, autoridad territorial – ambiental, gobernabilidad y familia y equidad  que incidan en la acciones gubernamentales por la vía de lo jurídico –legislativo y por la vía de la movilización y la exigibilidad de derechos.

En el tema de alcanzar la autonomía territorial y de gobierno, se está proponiendo: a) Lograr la autonomía administrativa para operar cinco Sistemas de administración propia (SISPI (salud), SIEP (educación), Autoridad Territorial Económica Ambiental, Transferencias de SGP y Justicia Propia) b) Lograr el  cumplimiento efectivo de los acuerdos y compromisos del gobierno con los pueblos indígenas del Cauca, referidos a la inclusión y aplicación de los conceptos diferenciales de desarrollo  y bienestar c) Lograr el reconocimiento efectivo de la autonomía censal y estadística para los diez pueblos indígenas del Cauca con incidencia en políticas públicas y con efectos legales y administrativos d) Lograr el respeto a las formas de organización y autoridad tradicional, política y espiritual y garantizar su fortalecimiento y trascendencia pública en el marco de los derechos colectivos, para los diez pueblos indígenas del Cauca.

En el tema de recomponer la salud de la madre tierra su equilibrio y armonía, se está proponiendo: a) lograr garantías efectivas para pervivir como indígenas dentro de nuestros territorios, en  una mínima armonía territorio – comunidad – familia – persona b) Lograr la superación de la dependencia alimentaria en los territorios indígenas c) Lograr el respeto a la Integridad Territorial para diez pueblos indígenas del Cauca d) Lograr la  resolución de las necesidades de tierras, para diez pueblos indígenas del Cauca e) Lograr  el reconocimiento y el fortalecimiento de la familia como instancia de orientación de principios y valores culturales f) Lograr  el reconocimiento y aplicación de los derechos a una educación diferencial para los diez pueblos indígenas del Cauca g) Lograr el reconocimiento y aplicación de los derechos a una salud diferencial para los diez pueblos indígenas del Cauca.

Como veremos en el siguiente artículo, se ha avanzado en la consolidación de la propuesta de política pública en el tema de Territorio que incluye exigencias sustentadas en materia de dotación  de tierras, cumplimiento de acuerdos y legalización de tierras en posesión, fortalecimiento de la economía propia y garantía de la autonomía alimentaria, protección frente a efectos de los TLC, no a la explotación minera por las multinacionales, autonomía en el manejo del agua, ratificación y respeto al carácter de autoridad ambiental de los Cabildos Indígenas.

 

Martín Vidal T, Julio de 2012.



[1][1] en el caso de Colombia a través  del CONPES 91 de 2005  que fue ajustado en sus metas e indicadores a través del CONPES 140 de 2011.

[2] Se entiende por pobre extremo, aquella persona que obtiene un ingreso diario menor a unos $2.400 aproximadamente y como pobre el que tiene un ingreso diario menor a $4.000 aproximadamente.

[3] En Colombia la distribución del recursos público es inmensamente inequitativa: en el actual plan de desarrollo, el solo un 18% está destinado al gasto social mientras que en seguridad se invierte un 24% en el aparato judicial un 17%,  para el pago de la deuda externa  un 25% y para el funcionamiento de la administración pública y el congreso un 16%.

[4] El actual plan nacional de desarrollo del presidente Santos, se ha propuesto la meta de reducir la pobreza extrema  al 14,5%  para el 2014. Así mismo, considera alcanzados 19 indicadores de 51 y se propone llegar a los 46 para el 2014.

[5] Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, tienen un gran peso en la medida promedio de la variable en la actualidad, incluso en algunas de ellas ya se considera superada la pobreza extrema… eso es lo bonito de la estadística.

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