Para comprender el porque nos movilizamos y porque debemos movilizarnos todos

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Minga de resistencia por el territorio, la dignidad y cumplimiento de acuerdos

#MingaCRIC

Nuestra persistencia y nuestra lucha nos han permitido continuar existiendo como pueblos con identidad y cultura, defendiendo nuestros territorios, autonomía y gobernabilidad propia. Los pueblos indígenas del Cauca, en conjunto con campesinos, afrocolombianos y demás sectores sociales hemos aportado una visión de país en la cual las poblaciones locales estamos entrelazadas con el territorio, somos parte constitutiva del mismo, y proyectamos en él nuestros planes de vida y buen vivir. Esa visión no es solo una teoría sino también una práctica constante de lucha y resistencia. 

El sistema económico y político dominante nos ha notificado, con muerte e imposición, que las poblaciones locales no contamos a su interior ni podemos seguir existiendo en nuestros territorios. Durante siglos fuimos arrancados de gran parte de nuestros espacios de vida y territorios ancestrales; en las últimas décadas con el modelo neoliberal, se ha impuesto el extractivismo y el despojo territorial en todo el país y de manera intensa en el Suroccidente colombiano. El Estado colombiano ha sido tomado de manera permanente por una elite que no ve otra posibilidad de país que aquella que le sirva a las multinacionales y al gran capital.

El 35% del Cauca está concesionado o solicitado para la exploración y explotación minera; otra parte está previsto para hidroeléctricas; combinado todo ello con los desiertos forestales y agroindustriales, y la privatización del agua. Mientras tanto, se ataca a la economía campesina, indígena y afro, con normas fitosanitarias contra las semillas propias y la producción alimentaria, sumando a ello la violencia permanente contra comunidades y organizaciones. Una parte de la población departamental ha tenido que refugiarse, por mero instinto de sobrevivencia en los cultivos de uso ilícito, constituyéndose ello en un mal mayor que el que se quiere solucionar; aprovechando el Estado colombiano para criminalizarla y expulsarla de sus territorios.

El proceso de paz con las FARC y con el ELN, a pesar de contemplar la terminación del uso de la violencia en la política y en la economía, así como también salidas para algunos de los problemas estructurales que vive el país y que están en el origen del conflicto armado, ha sido rechazado por las elites y sectores dominantes, las cuales pretenden que se desconozcan los acuerdos y/o que todo se reduzca al desmonte de estos dos actores armados.

Fenómenos actuales, como la proliferación de múltiples actores de violencia en nuestros territorios y el patrón paramilitar que consiste en que el Estado y los macro-proyectos utilizan la existencia de grupos ilegales para avanzar en su modelo, haciendo muchas veces connivencia con los mismos, considerando a las organizaciones sociales y comunidades como blancos a atacar, nos dejan claro que las elites dominantes no le apuestan a acabar con la violencia para el tratamiento de la conflictividad social sino que utilizan la pervivencia de la misma como estrategia para imponer sus designios. A ello se suma, la manera explícita como el ESMAD viene actuando contra la población, violando sus propios protocolos y marcos legales, dejando muerte y dolor en las comunidades, con la complacencia y complicidad del resto de institucionalidad. Hay una sistematicidad en la violencia contra la lucha social que nos permite denunciar estos hechos como crímenes de Estado.

El proceso de paz y posacuerdo no puede ser convertido, por quienes se oponen a la transformación social en el país, en escenario que niegue la organización social y la lucha por los derechos. Las elites dominantes en Colombia, ya sean las fracciones que están o la que no están en el Gobierno nacional, a pesar de su furia y su terror, son elites desgastadas por la escandalosa corrupción en que han caído y por la manera egoísta en que manejan el país, no haciendo nada contra la inequidad, la pobreza y la exclusión.

Nuestra lucha siempre ha sido por derechos: como humanos, como pueblos étnicamente diferenciados, como colombianos, por un país en equidad y con unidad en la diversidad.

Hemos exigido nuestros derechos en movilizaciones, y en acciones de reivindicación de lo ya consagrado diferencialmente en el ordenamiento nacional e internacional respecto al territorio, el gobierno, la educación, la comunicación, la salud, la cultura, la organización, la paz, la planeación, la vida digna, como pueblos con autonomía. También nos hemos movilizado conjuntamente con otros sectores sociales en la búsqueda de una transformación social y por la vigencia de un verdadero Estado social de derecho, participativo, democrático y de regiones.

Minga de Resistencia por el Territorio, la Dignidad y Cumplimiento de Acuerdos

 “Acción comunitaria de los pueblos indígenas del Cauca en Derecho”

Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-

Monterilla, territorio Sath Tama Kiwe, Caldono, Resguardo las Mercedes, 10 de noviembre del 2017

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