{"id":8851,"date":"2014-09-10T22:45:53","date_gmt":"2014-09-10T22:45:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/?p=8851"},"modified":"2014-09-10T22:45:53","modified_gmt":"2014-09-10T22:45:53","slug":"la-justicia-indigena-amenazada-de-muerte-en-el-ecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/la-justicia-indigena-amenazada-de-muerte-en-el-ecuador\/","title":{"rendered":"La Justicia Ind\u00edgena Amenazada de Muerte en el Ecuador"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Carlos P\u00e9rez Guartambel<\/strong><\/p>\n

ECUARUNARI<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

La Corte Constitucional del Ecuador CCE, alumbrada en las urnas con la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n en refer\u00e9ndum del 2008, gener\u00f3 enorme expectativa en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador, contrario a lo que se pensaba, acaba de propinar la mayor estocada a los pueblos ind\u00edgenas[1]<\/sup><\/a>, al dictar una sentencia en el caso 0731-10-EP, conocido como La Cocha, cuyo antecedente remota al 9 de mayo de 2010, cuando en la comunidad La Cocha y Guantopolo-Cotopaxi, el pueblo Kichwa Panzaleo aplic\u00f3 justicia ind\u00edgena a Flavio e Iv\u00e1n Candelejo Quishpe, Wilson y Kl\u00e9ver Chaluisa y a Orlando Quishpe Ante, por ser autores del asesinato de Marco Olivo, tambi\u00e9n oriundo de la misma comunidad. Haciendo caso omiso al principio non bis in \u00eddem<\/em> o doble juzgamiento e irrespetando la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, la justicia penal ordinaria conoci\u00f3 el caso, aprehendi\u00f3 a los autores del il\u00edcito y prosigui\u00f3 con el proceso, ello motivo a una acci\u00f3n extraordinaria de protecci\u00f3n ante la Corte Constitucional, misma que se fue sentencia en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\u201cl. Que no se han vulnerado derechos constitucionales, tanto en el ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia ind\u00edgena por parte de la Asamblea General Comunitaria de La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio P\u00fablico y la judicatura penal ordinaria.<\/p>\n

2. Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo es la autoridad de justicia ind\u00edgena habilitada y competente para resolver los conflictos internos en sus territorios.<\/p>\n

3. Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo, cuando conoci\u00f3 este caso de muerte, no resolvi\u00f3 respecto de la protecci\u00f3n del bien jur\u00eddico vida como fin en s\u00ed mismo, sino en funci\u00f3n de los efectos sociales y culturales que esa muerte provoc\u00f3 en la comunidad, estableciendo diversos niveles de responsabilidad que son distribuidos, en distinto grado, entre los directamente responsables y sus respectivas familias, mientras que por su lado, el ministerio p\u00fablico y la justicia penal ordinaria actuaron bajo la obligaci\u00f3n constitucional y legal de investigar y juzgar, respectivamente, la responsabilidad individual de los presuntos implicados en la muerte, por lo que esta Corte declara que no se ha configurado el non bis in idem o doble juzgamiento.<\/p>\n

4. De conformidad con los art\u00edculos 11 numeral 8, y 436 numerales 1 y 6 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, la Corte Constitucional establece las siguientes reglas de aplicaci\u00f3n obligatoria que las autoridades ind\u00edgenas, autoridades administrativas y jurisdiccionales, as\u00ed como los medios de comunicaci\u00f3n p\u00fablicos, privados y comunitarios, observar\u00e1n de manera obligatoria, a partir de la publicaci\u00f3n de la sentencia, bajo los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

    \n
  1. La jurisdicci\u00f3n y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona, es facultad exclusiva y excluyente del sistema de Derecho Penal Ordinario <\/strong>(lo negrito es nuestro) aun en los casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas, as\u00ed los hechos ocurran dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad ind\u00edgena.<\/li>\n
  2. <\/li>\n<\/ol>\n

    La administraci\u00f3n de justicia ind\u00edgena conserva su jurisdicci\u00f3n para conocer y dar soluci\u00f3n a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su \u00e1mbito territorial y que afecten sus valores comunitarios.<\/p>\n

      \n
    1. Las autoridades de la justicia penal ordinaria, en el procesamiento y resoluci\u00f3n de casos penales que involucren a ciudadanos ind\u00edgenas, aplicar\u00e1n lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.<\/li>\n
    2. <\/li>\n
    3. Es obligaci\u00f3n de todo medio de comunicaci\u00f3n p\u00fablico, privado o comunitario que para la difusi\u00f3n de casos de justicia ind\u00edgena, previamente se obtenga autorizaci\u00f3n de las autoridades ind\u00edgenas concernidas y comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualizaci\u00f3n, reportando de manera integral los procesos de resoluci\u00f3n de conflictos internos y no solo los actos de sanci\u00f3n, al tenor de los razonamientos desarrollados en la parte motiva de esta sentencia. De igual forma se aplicar\u00e1 a los funcionarios p\u00fablicos judiciales o no y particulares que deber\u00e1n tomar en cuenta estos aspectos propios.<\/li>\n<\/ol>\n

      5. Que el Consejo de la Judicatura organice un proceso sistem\u00e1tico de difusi\u00f3n de esta sentencia con todos los operadores de justicia relacionados, debiendo dise\u00f1ar una pol\u00edtica institucional apropiada para lograr una eficaz y generalizada implementaci\u00f3n administrativa y financiera de las instancias de cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n intercultural a nivel nacional, tanto en el \u00e1mbito del Ministerio P\u00fablico como en las instancias judiciales pertinentes.<\/p>\n

      6. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la Defensor\u00eda del Pueblo, Defensor\u00eda P\u00fablica y la Secretaria Nacional de Gesti\u00f3n de la Pol\u00edtica, organicen a la brevedad posible un proceso nacional de difusi\u00f3n de esta sentencia en el nivel local, provincial y nacional con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas, en su propia lengua.<\/p>\n

      7. Notif\u00edquese la presente sentencia a las partes interesadas y a las autoridades referidas en la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo establecido en la Constituci\u00f3n y la ley, debiendo traducirse la parte resolutiva al idioma Kichwa para ser divulgada entre las comunidades del pueblo Kichwa Panzaleo de la provincia de Cotopaxi.<\/p>\n

      8. Publ\u00edquese una gaceta exclusiva en espa\u00f1ol y Kichwa, y, la parte resolutiva publ\u00edquese en espa\u00f1ol y Kichwa en un diario de circulaci\u00f3n nacional\u201d.<\/p>\n

      Voto salvado <\/strong><\/p>\n

      En la sentencia dictada por la CCE, el juez Dr. Fabi\u00e1n Marcelo Jaramillo, salva su voto y para ello realiza la siguiente argumentaci\u00f3n jur\u00eddica:<\/p>\n

      \u201cDel estudio del caso concreto y de los peritajes t\u00e9cnicos obtenidos, esta Corte encuentra que el sistema de justicia en el pueblo Kichwa Panzaleo, al cual pertenece la comunidad de La Cocha, cuenta con los siguientes elementos que deben ser resaltados:<\/p>\n

        \n
      1. Un conjunto de autoridades propias, socialmente reconocidas;<\/li>\n
      2. <\/li>\n
      3. Reglas de conducta que exteriorizan valores perfectamente identificables por todos los miembros de la comunidad;<\/li>\n
      4. \n
          \n
        1. Existencia de una costumbre tradicional de resolver los conflictos internos a trav\u00e9s de un procedimiento reconocible por todos los miembros de la comunidad; y,<\/li>\n
        2. \n
            \n
          1. Medidas correctivas o \u00absanciones\u00bb reconocidas, aceptadas y acatadas por toda la comunidad.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

            El Dr. Jaramillo realiza un amplio an\u00e1lisis sobre el proceso de juzgamiento, con suficiente solvencia y rigurosidad t\u00e9cnico-jur\u00eddico y agrega \u201cpara un estudio a profundidad de este caso se requiri\u00f3 la colaboraci\u00f3n de los expertos Esther S\u00e1nchez y Pedro Torres, quienes realizaron los peritajes t\u00e9cnicos que fueron presentados a la Corte Constitucional de Ecuador, para la resoluci\u00f3n de la presente causa (\u2026)\u201d. Luego trascribe el texto del Pbro. Pedro Torres[2]<\/sup><\/a>:<\/p>\n

            \u00ab(. .. ) lo que busca la runa justicia es la protecci\u00f3n de la comunidad o el ayllkuna all\u00ed kausay, el bien vivir entre familias y el estar ‘integrado’ a la comunidad, el proteger la convivencia armoniosa, pacifica, amistosa entre todos y con todo lo que nos rodea … AYLLU, LLAKTA, PACHAMA, PACHA por eso suelen decir: ‘tenemos que ser llevados entre todos, comportarse bien con todos y no tener problemas con nadie’ y si se presenta alguna ruptura de ese orden establecido hay que convocar a la comunidad porque, es la vida de la comunidad, la que est\u00e1 amenazada y buscar c\u00f3mo solucionar el problema y reprender a quien obra de esa manera\u00bb.<\/p>\n

            \u00ab( … ) Lo mismo pasa con el valor de la vida, no se le da un valor en s\u00ed mismo como un ser personal o un ente individual sino en cuanto es de comunidad y lo que se busca es proteger es precisamente esto: la vida en cuanto un valor de convivencia com\u00fan, de entendimiento social y de armon\u00eda con los que les rodean (\u2026)\u00bb.<\/p>\n

            M\u00e1s adelante trascribe lo que se\u00f1ala la antrop\u00f3loga Esther Botero S\u00e1nchez, en su peritaje:<\/p>\n

            \u00ab( .. .) las sanciones que la asamblea o las autoridades ind\u00edgenas imponen a sus pobladores buscan sanar al individuo, que retome a una forma de vida apropiada y fortalezca el esp\u00edritu individual, familiar y colectivo que fue debilitado por su actitudes de conductas ( .. .)\u00bb<\/p>\n

            Agrega el juez Jaramillo a la luz de una interpretaci\u00f3n intercultural, este tipo de sanciones no constituyen pr\u00e1cticas que tengan como fin la tortura o la degradaci\u00f3n de la dignidad de las personas; por el contrario, son medios tradicionales propios de sus costumbres con un alto significado simb\u00f3lico que tienen por objeto devolver a los infractores su funci\u00f3n dentro de la comunidad y su dignidad como miembro de la misma; as\u00ed como tambi\u00e9n buscan restaurar el equilibrio y la armon\u00eda con la naturaleza y sus valores, y SENTENCIA:<\/p>\n

              \n
            1. Declarar que no ha habido vulneraci\u00f3n al derecho constitucional a la seguridad jur\u00eddica en las decisiones de justicia ind\u00edgena adoptadas el 16 de mayo de 2010 y el 23 de mayo de 2010 por la Asamblea General Comunitaria de La Cocha.<\/li>\n
            2. <\/li>\n
            3. Declarar que las autoridades ind\u00edgenas de la comunidad de La Cocha, en el caso concreto, actuaron en aplicaci\u00f3n directa del art\u00edculo 171 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, as\u00ed como del art\u00edculo 343 del C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial.<\/li>\n
            4. \n
                \n
              1. Declarar la vulneraci\u00f3n del derecho constitucional de no re victimizaci\u00f3n (Art. 78 de la Constituci\u00f3n) del se\u00f1or V\u00edctor Manuel Olivo Palio y su familia.<\/li>\n
              2. \n
                  \n
                1. Como medidas de reparaci\u00f3n integral se dispone lo siguiente:<\/li>\n
                2. \n
                    \n
                  1. Las autoridades judiciales ordinarias en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del art\u00edculo 171 de la Constituci\u00f3n deber\u00e1n respetar las decisiones adoptadas por las autoridades de la comunidad ind\u00edgena de La Cocha <\/strong>(lo subrayada es nuestro) quienes conocieron investigaron, juzgaron y sancionaron la muerte de Marco Antonio Olivo Palio en aplicaci\u00f3n del derecho propio, por lo que les corresponde archivar los procesos correspondientes a fin de evitar un doble juzgamiento.<\/strong> Lo subrayado es nuestro).<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                    Amicus Curiae <\/strong><\/p>\n

                    Es necesario destacar que en la presente causa, la Defensor\u00eda P\u00fablica presenta un Amicus Curiae, suscrito por los Dres. Ernesto Pazmi\u00f1o Granizo, Jorge Paladines Rodr\u00edguez y Luis \u00c1vila Santamar\u00eda, argumentando \u201cLa Corte Constitucional no es a priori competente formalmente para limitar de ninguna manera lo establecido en el art\u00edculo 171 de la Constituci\u00f3n como un m\u00ednimo sustancial. Seg\u00fan se\u00f1alan, el art\u00edculo 171 impone estrictos y suficientes l\u00edmites al ejercicio de los sistemas de justicia ind\u00edgena, de tal manera que estiman que cualquier regulaci\u00f3n, a\u00fan jurisprudencia, significar\u00eda una limitaci\u00f3n inconstitucional que adem\u00e1s, har\u00eda imposible su funcionamiento y existencia como una de las manifestaciones m\u00e1s importantes del Estado plurinacional reconocido por la Constituci\u00f3n de 2008\u201d. Agregan \u201cRespecto de los derechos humanos y su derecho propio, manifiestan que el desconocimiento de los valores y el entendimiento de las decisiones de los sistemas de justicia ind\u00edgena producen una falsa apariencia de contradicci\u00f3n con los derechos humanos. Se vuelve indispensable, dicen, entender mediante peritajes antropol\u00f3gicos las normas del derecho propio de los colectivos ind\u00edgenas, respecto de que no existan pr\u00e1cticas violatorias de los derechos humanos en el ejercicio de sus sistemas de justicia-tal como sucede, tambi\u00e9n, en la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Por lo que, aseveran que no se puede afirmar sin m\u00e1s que la justicia ind\u00edgena debe someterse a la visi\u00f3n occidental de los derechos humanos, pues aquello supone un prejuicio que la subordina y excluye de toda posibilidad de existencia\u201d.<\/p>\n

                    Asimismo existe el reconocimiento de estar de acuerdo con lo juzgado por la justicia ind\u00edgena por parte de los familiares de la v\u00edctima y, algo fundamental, declaran la no aceptaci\u00f3n a un doble juzgamiento. Solo desde la cosmovivencia ind\u00edgena se puede entender el sentir y pesar que ser\u00e1 para los familiares ver a sus hermanos, vecinos de la comunidad, el sufrimiento en el juicio estatal, la c\u00e1rcel de quienes ya fueron juzgados por la comunidad y remediaron el equilibrio causado.<\/p>\n

                    An\u00e1lisis de la sentencia <\/strong><\/p>\n

                    La sentencia de mayor\u00eda desconoce y viola el primer art\u00edculo de la Constituci\u00f3n que define al Estado como Plurinacional e Intercultural, cuyo sustento es la presencia milenaria de comunidades pre-estatales, precolombinas, sobre la que se edifica el principio universal, garantizado en el Derecho Internacional P\u00fablico como es el Derecho a la Libre Determinaci\u00f3n y de la cual brotan otros principios como: pluralismo jur\u00eddico, autonom\u00eda, debido proceso, oralidad, legitimaci\u00f3n activa, diversidad, igualdad, non bis in \u00eddem, pro jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, entre otros. La ra\u00edz que sostiene toda la estructura jur\u00eddico pol\u00edtica de un pueblo es la libre determinaci\u00f3n, el tronco es la plurinacionalidad e interculturalidad y de ello brotan varias ramas como el pluralismo jur\u00eddico que es la convivencia de dos o m\u00e1s sistemas jur\u00eddicos dentro de un mismo Estado[3]<\/sup><\/a>. La presencia de varios sistemas jur\u00eddicos plantea la existencia de normas sustantivas y adjetivas de diverso origen que demandan su estricto cumplimiento en un mismo territorio. En consecuencia, el pluralismo jur\u00eddico cuestiona el monopolio de las instituciones estatales como las \u00fanicas autorizadas a crear derecho y aplicar en derecho, y reconoce taxativamente otras fuentes creadoras de derecho y otras autoridades jurisdiccionales encargadas de su aplicaci\u00f3n. Para el ejercicio del pluralismo jur\u00eddico la Constituci\u00f3n dispuso:<\/p>\n

                    Art. 57 \u201cSe reconoce y garantizar\u00e1 a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas, de conformidad con la Constituci\u00f3n y con los pactos, convenios, declaraciones y dem\u00e1s instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:<\/p>\n

                    Numeral 10.\u00a0Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podr\u00e1 vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes\u201d.<\/p>\n

                    El pluralismo jur\u00eddico entendido como la convivencia de sistemas jur\u00eddicos diversos en la unidad social, cuestiona y desvela la visi\u00f3n monolegalista como \u00fanico y leg\u00edtimo referente de derecho positivista occidental. La resistencia a la centralidad occidental positivista constituye el mayor aporte a la antropolog\u00eda y sociolog\u00eda jur\u00eddica interesados en dar cuenta de la vigencia de otros sistemas jur\u00eddicos dentro de los Estados nacionales. En este camino el pueblo del Ecuador tuvo el m\u00e9rito de aprobar en refer\u00e9ndum el ejercicio pleno de la justicia ind\u00edgena en la Constituci\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

                    \u201cArt. 171<\/strong>.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas\u00a0ejercer\u00e1n funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su \u00e1mbito territorial, con garant\u00eda de participaci\u00f3n y decisi\u00f3n de las mujeres. Las autoridades aplicar\u00e1n normas y procedimientos propios para la soluci\u00f3n de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constituci\u00f3n y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.<\/p>\n

                    El Estado garantizar\u00e1 que las decisiones de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena sean respetadas por las instituciones y autoridades p\u00fablicas. Dichas decisiones estar\u00e1n sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecer\u00e1 los mecanismos de coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n entre la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena y la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d.<\/p>\n

                    La disposici\u00f3n constitucional impone estrictos y suficientes l\u00edmites al ejercicio de los sistemas de justicia ind\u00edgena, cualquier regulaci\u00f3n, a\u00fan jurisprudencial, significar\u00eda una limitaci\u00f3n inconstitucional que adem\u00e1s, har\u00eda imposible su funcionamiento y existencia como una de las manifestaciones m\u00e1s importantes del Estado Plurinacional, m\u00e1xime que el art. 10 numeral 7 de la Constituci\u00f3n prescribe el contenido de los derechos se desarrollar\u00e1 de manera progresiva, no dice regresivamente, a trav\u00e9s de las normas, la jurisprudencia y las pol\u00edticas p\u00fablicas. Por lo que, afirman que la Corte tiene un mandato ineludible e impostergable de desarrollar en progresivo y no regresivo los sistemas de justicia ind\u00edgena a trav\u00e9s de su jurisprudencia y si tiene dudas de una determinada interpretaci\u00f3n es preciso aplicar la hermen\u00e9utica intercultural y si a pesar de ello persiste la duda cabe aplicar el principio de la interpretaci\u00f3n pro justicia ind\u00edgena.<\/p>\n

                    Adem\u00e1s la disposici\u00f3n constitucional habla de funciones jurisdiccionales<\/strong>, que no es otra cosa que la capacidad que tiene la autoridad, en el caso que nos ocupa las autoridades ind\u00edgenas para conocer, resolver y sancionar todos los conflictos en base a sus tradiciones ancestrales (cosmogon\u00eda, cosmovisi\u00f3n, cosmovivencia) y su derecho propio, sistema jur\u00eddico originario, milenario.<\/p>\n

                    A la Constituci\u00f3n coadyuvan los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, al disponer:<\/p>\n

                    Art\u00edculo 8<\/p>\n

                      \n
                    1. Al aplicar la legislaci\u00f3n nacional a los pueblos interesados deber\u00e1n tomarse debidamente en consideraci\u00f3sus costumbres o su derecho consuetudinario.<\/li>\n
                    2. <\/li>\n
                    3. Dichos pueblos deber\u00e1n tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que \u00e9stas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jur\u00eddico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deber\u00e1n establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicaci\u00f3n de este principio.<\/li>\n<\/ol>\n

                      Art\u00edculo 9<\/p>\n

                        \n
                      1. En la medida en que ello sea compatible con el derecho jur\u00eddico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deber\u00e1n respetarse los m\u00e9todos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represi\u00f3n de los delitos cometidos por sus miembros.<\/li>\n
                      2. <\/li>\n
                      3. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deber\u00e1n tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.<\/li>\n<\/ol>\n

                        En igual sentido la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, que prescribe:<\/p>\n

                        Art\u00edculo 3<\/em><\/p>\n

                        Los pueblos ind\u00edgenas tienen derecho a la libre determinaci\u00f3n. En virtud de ese derecho determinan libremente su condici\u00f3n pol\u00edtica y persiguen libremente su desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural.<\/p>\n

                        Art\u00edculo 4<\/em><\/p>\n

                        Los pueblos ind\u00edgenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinaci\u00f3n,\u00a0tienen derecho a la autonom\u00eda o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, as\u00ed como a disponer de medios para financiar sus funciones aut\u00f3nomas.<\/p>\n

                        Art\u00edculo 5<\/em><\/p>\n

                        Los pueblos ind\u00edgenas\u00a0tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones pol\u00edticas, jur\u00eddicas, econ\u00f3micas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y cultural del Estado.<\/p>\n

                        En sind\u00e9resis con la legislaci\u00f3n internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha creado varias jurisprudencias como el Caso Comunidad Ind\u00edgena Yakye Axa vs. Paraguay, del 17 de junio de 2005 que sentenci\u00f3 \u00ab(…) para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideraci\u00f3n las caracter\u00edsticas propias que diferencian a los miembros de los pueblos ind\u00edgenas de la poblaci\u00f3n en general y que conforman su identidad cultural\u00bb.<\/p>\n

                        No hay dudas que despejar, la legislaci\u00f3n nacional fue creada en funci\u00f3n a los instrumentos internacionales y los tribunales de justicia, m\u00e1xime si se trata de la justicia constitucional, solo tiene que garantizar su cumplimiento y en caso de duda aplicar los principios de pluralismo jur\u00eddico, autonom\u00eda, debido proceso, oralidad, legitimaci\u00f3n activa, diversidad, igualdad, non bis in \u00eddem, pro jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena e interpretaci\u00f3n intercultural como dispone el art. 66 de la Ley Org\u00e1nica de Garant\u00edas Jurisdiccionales y Control Constitucional y el art. 344 del C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial.<\/p>\n

                        El pluralismo jur\u00eddico plantea el desaf\u00edo de garantizar la convivencia de los sistemas de justicia ordinario y especial ind\u00edgena mantengan una activa, constante, directa y estrecha coordinaci\u00f3n, basada en el di\u00e1logo horizontal, la cooperaci\u00f3n, el respeto, la tolerancia y el aprendizaje mutuo y permanente.<\/p>\n

                        Por otro lado el \u201cconflicto interno\u201d ha sido el pretexto para cuestionar la autonom\u00eda de la justicia ind\u00edgena. El Estado colonial (ejecutivo y sus cortes de justicia) invent\u00f3 la equivalencia de conflicto interno a \u201cdelitos menores\u201d siguiendo la estructura mental occidental, claro jer\u00e1rquico, colonial, clasista, racista y machista. As\u00ed la CCE para definir \u201cconflicto interno\u201d no analiza el principio de la libre determinaci\u00f3n, ni plurinacionalidad, interculturalidad, menos al pluralismo jur\u00eddico y los otros principios anotados, sino recurre a la \u201cTeor\u00eda Pura del Derecho\u201d del padre de las jerarqu\u00edas Hans Kelsen[4]<\/sup><\/a> y trascribe en la sentencia el dogma sobre autoridad \u201c(\u2026) es simplemente un \u00f3rgano jur\u00eddico habilitado para emitir tal o cual especie de norma jur\u00eddica o adoptar tal o cual decisi\u00f3n jur\u00eddica; un \u00f3rgano habilitado para crear derecho\u00bb, claro si es un jurista iuspositivista en ning\u00fan momento se le cruz\u00f3 la idea del pluralismo jur\u00eddico, porque cree en el monopolio del Estado, ignorando as\u00ed toda la tradici\u00f3n milenaria presente y viva en los pueblos ind\u00edgenas como la rica doctrina y jurisprudencia sobre pluralismo jur\u00eddico[5]<\/sup><\/a>; Para la CCE pes\u00f3 m\u00e1s el iuspositivismo colonial, solo vale lo que se produce en Europa y Norteam\u00e9rica (eroyankeecentrismo), el resto no cuenta.<\/p>\n

                        M\u00e1s adelante la CCE trae una cita del Rey de Espa\u00f1a que se dirige al presidente y oidores de la Real Audiencia de Quito: \u00abPresidente y Oidores de la nuestra Audiencia Real que reside en la ciudad de San Francisco de la provincia del Quito nos somos informados que los indios naturales de esa provincia del Quito no son gobernados por las leyes y provisiones nuestras sobre ellos dadas sino por las de estos Reinos siendo diversa la rep\u00fablica y el gobierno de donde se sigue los ense\u00f1an a pleitear en los negocios y de usurpar las haciendas ajenas con autoridad y justicia y se les pervierte su gobierno quit\u00e1ndoles de la sujeci\u00f3n de sus caciques y se\u00f1ores naturales y porque como sab\u00e9is ten\u00e9is orden precisa de que en los pleitos de los dichos indios no se hagan procesos ordinarios y que sumariamente guardando sus usos y costumbres no siendo claramente injustas de no hacerse as\u00ed dem\u00e1s de seguirse tanto da\u00f1o de los indios no somos des servido y nuestra voluntad es para que mejor se acierte se os declare y abierta m\u00e1s en particular la orden que en ello har\u00e9is detener y para hacedlo es necesario saber los usos y costumbres que los dichos indios ten\u00edan en el tiempo de su gentilidad en todo el t\u00e9rmino de vuestro gobierno os mandamos que luego que recib\u00e1is esta nuestra c\u00e9dula aya\u00eds informaci\u00f3n de ello muy en particular lo cual enviareis al nuestro Consejo de las Indias para que en \u00e9l vista se provea lo que convenga fecha en Badajoz a 23 de septiembre de mil quinientos y ochenta a\u00f1os Yo el Rey\u201d <\/em><\/p>\n

                        Curiosamente la CCE a\u00f1ade \u201cEsta disposici\u00f3n mon\u00e1rquica es un hito hist\u00f3rico que establece el reconocimiento de un nivel de autoridad ind\u00edgena al disponer que se respeten las facultades y competencias de los pueblos ind\u00edgenas, en los albores de la conquista (\u2026)\u201d <\/strong>(la negrita es nuestro). Es decir reconoce el texto colonial que pese a estar en tiempos picos de conquista y colonizaci\u00f3n (ss. XVI) reconoce a la autoridad ind\u00edgena y su jurisdicci\u00f3n por su validez, eficacia y legitimidad que \u201cni la cruz ni la espada\u201d pudo aniquilar; mas hoy en el ss. XXI de un solo porrazo aniquila derechos humanos milenarios e irrenunciables de los pueblos consagrados en el Derecho Internacional.<\/p>\n

                        Otra perla que esgrime la CCE al referirse a la justicia milenaria aplicada en el Caso de la Cocha dice \u201cNo juzga ni sanciona la afectaci\u00f3n a la vida, en tanto bien jur\u00eddico protegido y derecho subjetivo de la persona, sino que lo asume, lo juzga y lo sanciona en tanto genera un conflicto m\u00faltiple entre las familias y en la comunidad, que debe ser resuelto con el fin de restaurar la armon\u00eda de la comunidad; en este sentido, no se juzga el atentado contra la vida considerada individualmente. Por tanto, esta Corte constata que la justicia ind\u00edgena, cuando conoce casos de muerte no resuelve respecto de la afectaci\u00f3n al bien jur\u00eddico vida, como fin en s\u00ed mismo, sino en funci\u00f3n de las afectaciones que este hecho provoca en la vida de la comunidad\u201d<\/em>. Y para ello argumenta que el art\u00edculo 3 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos determina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.<\/p>\n

                        La naturaleza jur\u00eddica de la justicia ind\u00edgena es comunitaria, colectiva, difiere del paradigma individual de la justicia estatal – occidental que jerarquiza la naturaleza individual. En la justicia ind\u00edgena la naturaleza es comunal, comunitaria, se rige por lazos de comunitariedad, por ello se define a los colectivos humanos originarios milenarios como comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. La comunidad es autoridad, organizaci\u00f3n, reciprocidad, solidaridad, complementariedad, integralidad, relacionalidad, es vivir, sentir, convivir, convidar colectivamente.<\/p>\n

                        Ahora la muerte es un desequilibrio comunal o enfermedad social que afecta no solo a la v\u00edctima, victimario y su familiares, afecta a la comunidad y desarmoniza completa y absolutamente a todos, no solo a quien va a la c\u00e1rcel y cementerio, tambi\u00e9n a los hu\u00e9rfanos, dolientes y a toda la comunidad por ello la justicia ind\u00edgena no busca reparar el desequilibrio parcial sino integral, por tanto no hay conflicto inter partes o partes procesales.<\/p>\n

                        La CCE acude al art. 3 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, pero omite analizar el contexto hist\u00f3rico en que se aprob\u00f3 la Declaraci\u00f3n. El 10 de diciembre de 1948, ubica a una \u00e9poca de posguerra, la prioridad no era los pueblos ind\u00edgenas, a pesar que los abuelos fueron aniquilados m\u00e1s que ninguna guerra[6]<\/sup><\/a>, era garantizar la paz mundial, no se concibi\u00f3 los derechos humanos de los pueblos, los derechos de tercera generaci\u00f3n, por lo tanto se legisla derecho humanos como categor\u00eda individual siguiendo el imperante pensamiento iuspositivista; reci\u00e9n el 13 de septiembre de 2007 la ONU aprueba la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, teniendo como antecedentes a la OIT que en 1953 public\u00f3 un estudio sobre poblaciones ind\u00edgenas; en 1957 adopt\u00f3 el Convenio No 107 y Recomendaci\u00f3n No 104 sobre la protecci\u00f3n e integraci\u00f3n de las poblaciones ind\u00edgenas y tribales, y en junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo aprob\u00f3 el Convenio No. 169 sobre Pueblos Ind\u00edgenas y Tribales en Pa\u00edses independientes.<\/p>\n

                        Solo la gigantesca resistencia de los pueblos ind\u00edgenas a pujos hizo parir estos tratados, convenios y declaraciones universales, que corrigen parcialmente las deudas hist\u00f3ricas e insanables con las comunidades que sumamos 370 millones de ind\u00edgenas (5% de la poblaci\u00f3n mundial) repartidas en 90 pa\u00edses; dialogamos en 4 mil lenguas, de 7 mil idiomas en el planeta y ocupando apenas el 20% del territorio mundial, preservamos el 90% de la biodiversidad del planeta. La relaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas con la Pachamama es \u00edntima y reverencial, siendo justo, urgente y necesario la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos de la Pachamama o Madre Naturaleza, para no sonrojarnos cuando volvamos, de donde vinimos, a reencontrarnos en el seno de la Allpamama.<\/p>\n

                        En fin, la justicia de naturaleza occidental as\u00ed ha juzgado, ahora queda a la justicia comunitaria en armon\u00eda con la justicia internacional y la justicia natural de la Pachamama convidar el veredicto final.<\/p>\n

                        Censura previa<\/strong><\/p>\n

                        De yapa[7]<\/sup><\/a> la CCE impone censura previa a los medios de comunicaci\u00f3n p\u00fablicos, privados y comunitarios, sentenciando:<\/p>\n

                        \u201cEs obligaci\u00f3n de todo medio de comunicaci\u00f3n p\u00fablico, privado o comunitario que para la difusi\u00f3n de casos de justicia ind\u00edgena, previamente se obtenga autorizaci\u00f3n de las autoridades ind\u00edgenas concernidas y comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualizaci\u00f3n, reportando de manera integral los procesos de resoluci\u00f3n de conflictos internos y no solo los actos de sanci\u00f3n, al tenor de los razonamientos desarrollados en la parte motiva de esta sentencia\u201d<\/p>\n

                        La CCE \u201cde un tiro mat\u00f3 dos p\u00e1jaros\u201d ahora los medios de comunicaci\u00f3n no podr\u00e1n difundir casos de justicia ind\u00edgena si mediar autorizaci\u00f3n. La justicia ind\u00edgena es p\u00fablica, transparente, nada se oculta, se ejercita en la plaza, en la pampa, en el cerro, en la laguna, no requiere de cerrajer\u00edas por ser espacios p\u00fablico-comunitarios. La sentencia debi\u00f3 exigir que la informaci\u00f3n a difundir se enmarque dentro del pluralismo y la interculturalidad, sea contextualizada, difundan lo relevante de principio a fin, para ello es necesario que los comunicadores tengan elementales conocimientos de cosmovisiones y cosmovivencias de los pueblos ind\u00edgenas para evitar sensacionalismo y confusiones entre la justicia ind\u00edgena y los \u00ablinchamientos\u00bb, \u00abajusticiamientos\u00bb, \u201cjusticia por mano propia\u201d, \u201cvendetas p\u00fablicas\u201d, etc. legalmente sin autorizaci\u00f3n no habr\u00e1 difusi\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia ind\u00edgena, mas la justicia ind\u00edgena con sentencias o no, con cerrojos o no, seguir\u00e1n ejerciendo la justicia originaria, como milenariamente han venido ejerciendo, garant\u00eda de la natural armon\u00eda comunitaria de los pueblos.\u00a0<\/span><\/p>\n

                        http:\/\/www.inredh.org\/index.php?option=com_content&view=article&id=634:la-justicia-indigena-amenazada-de-muerte-en-el-ecuador&catid=74:inredh&Itemid=49<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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