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La Corte Constitucional obliga a consultar a los grupos \u00e9tnicos antes de tomar una decisi\u00f3n sobre territorios. Resguardos de Riosucio (Caldas) ganaron lucha contra Alcald\u00eda del municipio para defender su autonom\u00eda.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Lo pueblos ind\u00edgenas ganaron un nuevo round de su lucha por hacer respetar su autonom\u00eda frente a las administraciones locales donde est\u00e1n sus territorios. La Corte Constitucional les dio de nuevo respaldo a trav\u00e9s del fallo de tutela 601 de 2011, en el que insisti\u00f3 en que cualquier acci\u00f3n que pretendan adelantar alcald\u00edas y gobernaciones en territorios ind\u00edgenas se debe consultar previamente con sus autoridades tradicionales.<\/span><\/p>\n Este es el resumen de la decisi\u00f3n que tomaron los magistrados al resolver en \u00faltima instancia (tras dos a\u00f1os de pelea) una tutela que impuls\u00f3 la comunidad embera cham\u00ed, del resguardo ind\u00edgena de San Lorenzo de Riosucio (Caldas), contra la Alcald\u00eda municipal, por reactivar luego de 28 a\u00f1os las Juntas Administradoras Locales (JAL) en su territorio sin consultarles.<\/span> <\/span><\/p>\n Seg\u00fan el fallo, las JAL vulneran los derechos de los ind\u00edgenas a la autodeterminaci\u00f3n, a la supervivencia, a la identidad, a la integridad territorial y a la consulta previa, por tratarse de figuras ajenas a sus usos y costumbres.<\/span> <\/span><\/p>\n Este caso se suma a otra reciente decisi\u00f3n de la Corte en el enfrentamiento entre la comunidad ind\u00edgena Achagua y Piapoco, del Resguardo Turpial (Meta), contra el Gobierno y a la petrolera Meta Petroleum, en la que los magistrados ordenaron reestructurar el proyecto Oleoducto Campo Rubiales, al considerar que no consultaron la explotaci\u00f3n con los grupos ind\u00edgenas de la regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n Tras el an\u00e1lisis de ambos casos, la Corte fue concreta al limitar las acciones de las administraciones, al indicar que cualquier actuaci\u00f3n que afecte los \u00e1mbitos pol\u00edticos, econ\u00f3micos, culturales, educativos, sociales o espirituales de los ind\u00edgenas \u201cdeber\u00e1 ser canalizada por intermedio de sus autoridades tradicionales\u201d.<\/span> <\/span><\/p>\n Frente a la autonom\u00eda, dice la Corte, \u201cexige el derecho de tales grupos a participar en las decisiones que los afectan\u201d. Y agrega que existen \u00e1mbitos de la autonom\u00eda en los que la intervenci\u00f3n externa puede ser nociva y, en consecuencia, lo m\u00e1s indicado es promover el di\u00e1logo interno de la comunidad para que los conflictos sean resueltos en el marco de su cosmovisi\u00f3n, usos y costumbres\u201d<\/span> <\/span><\/p>\n Los enfrentamientos entre los gobiernos civiles y las autoridades ind\u00edgenas pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de implementar mecanismos efectivos para que las autoridades involucren a los grupos \u00e9tnicos en las decisiones que afectan sus territorios.<\/span> <\/span><\/p>\n \u201cPese a que en el pa\u00eds existe el marco jur\u00eddico para la consulta previa, en muchas ocasiones no se cumple, por desconocimiento o por la mala intenci\u00f3n de las autoridades locales, que se arriesgan a tomar decisiones a ver qu\u00e9 reacci\u00f3n tienen las comunidades. Ah\u00ed es donde nos toca acudir a la justicia\u201d, dijo Juli\u00e1n T\u00e9llez M\u00e9ndez, asesor jur\u00eddico de la Consejer\u00eda de Territorio de la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia (ONIC).<\/span> <\/span><\/p>\n