{"id":674,"date":"2011-08-17T19:25:40","date_gmt":"2011-08-17T19:25:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/derechos-indigenas-y-jurisprudencia-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos\/"},"modified":"2011-08-17T19:25:40","modified_gmt":"2011-08-17T19:25:40","slug":"derechos-indigenas-y-jurisprudencia-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/derechos-indigenas-y-jurisprudencia-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos\/","title":{"rendered":"Derechos ind\u00edgenas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos."},"content":{"rendered":"

Existen m\u00faltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren espec\u00edficamente a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y son normas obligatorias para los Estados que los han ratificado. En consecuencia, estas normas son utilizadas para sustentar las demandas de los pueblos ind\u00edgenas ante los Estados de sus pa\u00edses, tanto en los \u00e1mbitos administrativos como judiciales, as\u00ed como para elevar distintos documentos ante las instancias de los sistemas de las Naciones Unidas y de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos.
<\/span><\/p>\n

\u00bfPero qu\u00e9 sucede cuando los Estados persisten en desconocer los derechos de los pueblos ind\u00edgenas? Pueden hacerlo directamente, emitiendo normas legales o administrativas, o autorizando proyectos extractivos o de infraestructura que afecten los derechos ind\u00edgenas. Tambi\u00e9n por omisi\u00f3n, al no cumplir con proteger estos derechos frente a agresiones de terceros, como las empresas multinacionales, grupos paramilitares, etc.<\/span><\/p>\n

Cuando esto ocurre, es posible acudir a una instancia supranacional: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyas dos principales instituciones son la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington DC, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San Jos\u00e9 de Costa Rica. <\/span><\/p>\n

Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/span><\/em>
<\/span><\/p>\n

Una vez agotadas las instancias internas[1]<\/span><\/a>, los pueblos ind\u00edgenas y sus organizaciones pueden denunciar al Estado infractor ante la Comisi\u00f3n, quien emite un informe con recomendaciones al Estado. Si este Estado incumple las recomendaciones y la Comisi\u00f3n lo considera, puede presentar una demanda ante la Corte. Solo pueden ser denunciados ante la Corte aquellos Estados que son parte del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica[2]<\/span><\/a> y han aceptado su jurisdicci\u00f3n. La demanda \u00fanicamente puede ser presentada a la Corte por la Comisi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Las sentencias que emite la Corte, adem\u00e1s de ser de cumplimiento obligatorio por los Estados, sientan jurisprudencia. Es decir, sus alcances son de obligatoria observancia por parte de todos los Estados parte del Pacto de San Jos\u00e9. Las sentencias establecen reparaciones, las cuales van mucho m\u00e1s all\u00e1 de las indemnizaciones econ\u00f3micas, pues incluyen cambios legislativos, seguimientos, restituciones de da\u00f1os, rectificaciones p\u00fablicas y otras acciones. <\/span><\/p>\n

Presentamos aqu\u00ed tres casos vistos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias reafirman los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas, la autodeterminaci\u00f3n, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, y la participaci\u00f3n pol\u00edtica. <\/span><\/p>\n

Caso comunidad Awas Tingni versus Nicaragua. <\/span><\/p>\n

La Comunidad Awas Tingni se ubica en la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma Atl\u00e1ntico Norte de Nicaragua. En 1995, el Estado elabor\u00f3 un plan de manejo forestal, que fue aprobado por el Consejo Regional. Luego, el mismo Estado dio en concesi\u00f3n a la empresa Sol de Caribe SA (SOLCARSA) una superficie de 62 mil hect\u00e1reas para hacer la extracci\u00f3n de madera en propiedad ancestral de la comunidad. La Constituci\u00f3n de Nicaragua reconoce la propiedad comunal, por ocupaci\u00f3n o posesi\u00f3n tradicional o ancestral. Las normas de la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma tambi\u00e9n reconocen este derecho.
<\/span><\/p>\n

La primera acci\u00f3n de Awas Tingni es administrativa. En 1996 presenta una queja mediante una carta ante el Estado y el Consejo Regional del Atl\u00e1ntico Norte. En ella la comunidad pide que no entreguen los recursos forestales de su territorio. Solicita el di\u00e1logo. Pero su pedido no surte efecto alguno. Luego presenta un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaci\u00f3n. Nuevamente pide el di\u00e1logo y que se deje sin efecto la concesi\u00f3n. El tribunal de Apelaci\u00f3n rechaza el recurso de amparo argumentando que \u00e9ste fue presentado fuera del plazo legal de 30 d\u00edas, lo cual significa \u201ct\u00e1cita aceptaci\u00f3n\u201d. La comunidad apela a la Corte Suprema de Justicia, la cual ratifica que el recurso fue presentado de manera extempor\u00e1nea. <\/span><\/p>\n

Al no encontrar justicia en las instancias internas, los demandantes acuden a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, la misma que eleva el caso a la Corte IDH. Lo hace con base en los art\u00edculos del Pacto de San Jos\u00e9, principalmente en el art\u00edculo 21[3]<\/span><\/a>, el cual se\u00f1ala que todos los seres humanos tienen derecho a la propiedad. <\/span><\/p>\n

La Corte concluye que Awas Tingni es un pueblo ind\u00edgena que ha ocupado ancestralmente su territorio. Y que no es necesario que el Estado haya delimitado ese territorio, pues basta la posesi\u00f3n ancestral que determina el derecho de propiedad. <\/span><\/p>\n

El Estado argument\u00f3 que la comunidad ocupa ese territorio desde 1940, que es parte de otros pueblos a los que ya se les dio sus t\u00edtulos, grupos que se han desmembrado, y que varios pueblos se disputan la propiedad de ese territorio, por tanto no est\u00e1 definido t\u00e9cnicamente que es propiedad de Awas Tingni. Dice que la comunidad nunca ha solicitado la demarcaci\u00f3n o delimitaci\u00f3n de su territorio. <\/span><\/p>\n

La Corte responde que no es necesario que el pueblo solicite la demarcaci\u00f3n, porque la Convenci\u00f3n Americana se\u00f1ala que el Estado est\u00e1 obligado a dar medidas de protecci\u00f3n de los derechos. Agrega que el derecho a la propiedad significa usar y gozar de todos los bienes que existen en ese territorio. <\/span><\/p>\n

En s\u00edntesis, la comunidad tiene derecho a la propiedad colectiva: ese es el contenido que la Corte otorga al art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n. Los pueblos ind\u00edgenas tienen derecho a la propiedad colectiva de sus territorios ancestralmente ocupados, independientemente a que el Estado los haya delimitado o no. Porque la Convenci\u00f3n es viva, evolutiva y se adecua a la realidad. <\/span><\/p>\n

La Corte ordena al Estado dar seguridad jur\u00eddica a los territorios de la comunidad. Mientras eso no se cumpla, el Estado no puede tomar medida alguna en esos territorios, incluido el otorgamiento de\u00a0 concesiones. Las reparaciones fijan indemnizaciones. La Corte da el Estado un plazo para su cumplimiento y se\u00f1ala que har\u00e1 seguimiento de su fallo. <\/span><\/p>\n

La sentencia fue emitida el 31 de agosto del 2001. Nicaragua en el 2006 adopt\u00f3 una ley de demarcaci\u00f3n de tierras ind\u00edgenas y en el 2008 la comunidad Awas Tingni recibi\u00f3 sus t\u00edtulos. <\/span><\/p>\n

Caso Yatama versus Nicaragua <\/span><\/p>\n

Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka,<\/span> Yatama, es un partido pol\u00edtico regional de los pueblos originarios <\/span>que ven\u00eda<\/span> participando de las elecciones regionales. Hasta 1996 en Nicaragua hab\u00eda una ley electoral que permit\u00eda a las organizaciones regionales participar en las elecciones sin necesidad de pertenecer a un partido pol\u00edtico nacional, solo ten\u00edan que presentar un n\u00famero de firmas equivalente al 5% del total de los votantes de la regi\u00f3n. Pero en enero del 2000 se promulga una nueva ley electoral que cambia las reglas de juego y obliga a los postulantes a estar afiliados a un partido pol\u00edtico nacional. Y exige ya no el 5% sino el 80% de firmas para acreditarse. <\/span>Las siguientes elecciones se realizar\u00edan en noviembre de ese a\u00f1o.
<\/span><\/p>\n

Yatama acude en primer lugar a las autoridades electorales (Consejo Supremo Electoral), que el 15 de agosto emiten una resoluci\u00f3n negativa. Ante ello, presenta un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que lo declara infundado el 25 de octubre. Agotadas las instancias internas, Yatama acude a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, la cual a su vez eleva la demanda ante la Corte IDH. <\/span><\/p>\n

La Corte emite sentencia el 25 de abril del 2005. Este es el \u00fanico caso cuyo tema central es el derecho a la participaci\u00f3n en las elecciones. La sentencia precisa los art\u00edculos de la Convenci\u00f3n Americana que hab\u00edan sido vulnerados: art\u00edculo 8 (garant\u00edas judiciales), art\u00edculo 23 (derechos pol\u00edticos), art\u00edculo 24 (igualdad ante la ley). <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la sentencia obliga al Estado a tomar medidas para que las comunidades ind\u00edgenas participen en condiciones de igualdad en todos los procesos que los afecten, a trav\u00e9s de sus instituciones y de acuerdo a sus usos y costumbres. Este fallo incluye una serie de reparaciones, entre ellas la de modificar la Constituci\u00f3n y la legislaci\u00f3n nacional, una indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica, la implementaci\u00f3n de medidas para rectificar las decisiones del Consejo Supremo Electoral (y hacerlo antes del calendario electoral). Resuelve que se reforme la Ley Electoral, modificando aquellos art\u00edculos violatorios de la Convenci\u00f3n, a fin de garantizar que los pueblos ind\u00edgenas puedan participar en las elecciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Y ordena finalmente que se publique la sentencia en idiomas originarios en medios de comunicaci\u00f3n en un plazo de un a\u00f1o contado a partir de la emisi\u00f3n de la sentencia. <\/span><\/p>\n

Caso Pueblo Saramaka versus Surinam <\/span><\/p>\n

Los antepasados del Pueblo Saramaka fueron esclavos llevados forzosamente a Surinam. El pueblo est\u00e1 organizado en 12 clanes, distribuidos en 63 comunidades que suman 34 mil habitantes. La primera pregunta que se plante\u00f3 la Corte fue: \u00bfes o no Saramaka un pueblo tribal? De all\u00ed concluir\u00eda si se le reconoce el derecho a la propiedad comunitaria y a los recursos naturales que est\u00e1n dentro y sobre su territorio. La Corte se pregunt\u00f3 tambi\u00e9n en qu\u00e9 medida el Estado puede entregar concesiones mineras en sus territorios, si las concesiones ya otorgadas son leg\u00edtimas y si el hecho de carecer de personer\u00eda jur\u00eddica inhabilita jur\u00eddicamente a los Saramaka. <\/span><\/p>\n

El Estado argument\u00f3 que los Saramaka son un pueblo negro, no ind\u00edgena, que la legislaci\u00f3n interna no reconoce la propiedad comunal y que Surinam no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Ind\u00edgenas y Tribales en Pa\u00edses Independientes. <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Pueblo Saramaka argumenta su identidad con la tierra, con los bosques. \u201cCuando nuestros ancestros escaparon al monte no llevaron nada consigo<\/em>\u201d, se\u00f1alan, sus antepasados fueron cimarrones<\/a>[4]<\/span><\/span><\/a>. La huida de los latifundios es llamada por los Saramaka su \u201cprimera vez<\/em>\u201d y afirman con orgullo: \u201csomos Saramaka y somos distintos porque nunca nos sometimos al r\u00e9gimen de esclavitud<\/em>\u201d. El territorio es para ellos la madre, su cultura est\u00e1 vinculada a la naturaleza y tienen sus propias autoridades. <\/span><\/p>\n

La primera decisi\u00f3n de la Corte fue contundente: el Pueblo Saramaka es una comunidad tribal que tiene sus propios sistemas econ\u00f3micos, culturales, pol\u00edticos, etc. Luego, la sentencia de la Corte rescata el derecho a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas. Y concluye que el derecho al agua es afectado por las actividades mineras desarrolladas en sus territorios. <\/span><\/p>\n

La Corte resuelve que el Estado tiene el deber de consultar con la comunidad seg\u00fan sus propias costumbres y tradiciones. Y que debe modificar su legislaci\u00f3n interna para reconocer el territorio, el derecho a los recursos naturales y a la consulta de los pueblos ind\u00edgenas. <\/span><\/p>\n

La reparaci\u00f3n incluye la obligaci\u00f3n de delimitar y otorgar t\u00edtulo colectivo del territorio, mediante mecanismos de consulta. Dice que hasta entonces Surinam no podr\u00e1 realizar o autorizar actividades en esos territorios sin el consentimiento previo, libre e informado de los Saramaka. Y ordena al Estado revisar las concesiones ya otorgadas. Tambi\u00e9n establece a favor del demandante una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y participaci\u00f3n en futuros beneficios. <\/span><\/p>\n

Con esta sentencia del 28 de noviembre del 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia por primera vez sobre el consentimiento previo, libre e informado. Y para hacerlo toma en cuenta la totalidad de instrumentos internacionales de derechos humanos y la obligatoriedad de los Estados de respetarlos.
<\/span><\/p>\n

Comunicaciones CAOI<\/span><\/em>
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Existen m\u00faltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren espec\u00edficamente a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y son normas obligatorias para los Estados que los han ratificado. 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