{"id":535,"date":"2011-03-17T14:21:14","date_gmt":"2011-03-17T14:21:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/se-confirma-sentencia-condenatoria-contra-los-miembros-del-ejercito-responsables-del-homicidio-del-lider-indigena-edwin-legarda-vasquez\/"},"modified":"2018-05-02T21:10:43","modified_gmt":"2018-05-03T02:10:43","slug":"se-confirma-sentencia-condenatoria-contra-los-miembros-del-ejercito-responsables-del-homicidio-del-lider-indigena-edwin-legarda-vasquez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/se-confirma-sentencia-condenatoria-contra-los-miembros-del-ejercito-responsables-del-homicidio-del-lider-indigena-edwin-legarda-vasquez\/","title":{"rendered":"Se confirma sentencia condenatoria contra los miembros del ej\u00e9rcito responsables del homicidio del l\u00edder ind\u00edgena, Edwin Legarda Vasquez"},"content":{"rendered":"

El pasado 8 de marzo del 2011, la sala penal del Tribunal Superior Judicial de Popay\u00e1n sala primera de decisi\u00f3n penal Cauca, confirm\u00f3 la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del circuito especializado de Popay\u00e1n el 10 de septiembre del 2010 en contra de <\/span>los miembros del pelot\u00f3n Gale\u00f3n No. 7 adscritos al Batall\u00f3n Jos\u00e9 Hilario L\u00f3pez, por el asesinato del comunero ind\u00edgena <\/span>JOS\u00c9 EDWIN LEGARDA V\u00c1SQUEZ.
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<\/span> <\/p>\n

Como se recordara <\/span>JOSE EDWIN era <\/span>esposo de la <\/span>Ex Consejera de CRIC, AIDA MARINA QUILQUE, <\/span>una de las principales liderezas del proceso de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, <\/span>desarrollada en diferentes regiones del pa\u00eds en el mes octubre del 2010 y en la cual se exigieron garant\u00edas y respeto a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, <\/span>al entonces presidente de la rep\u00fablica \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez. <\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Frente a la decisi\u00f3n de primera instancia proferida por el juzgado, <\/span>tanto el representante del Ministerio p\u00fablico, <\/span>como lo abogados de los miembros de la Fuerza P\u00fablica condenados, apelaron la decisi\u00f3n, <\/span>en la cual solicitaron a la <\/span>segunda instancia, revocar la sentencia condenatoria y en consecuencia la absoluci\u00f3n de los acusados. <\/span><\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n nos permitimos presentar los principales argumentos esbozados en su recurso de apelaci\u00f3n tanto por la defensa como por el Ministerio Publico:<\/span><\/p>\n

Adujeron <\/span>los apelantes que la funci\u00f3n de los soldados campesinos no es la de ser combatientes, al contrario es la de proteger a la comunidad, afirman que el hecho no ocurri\u00f3 en raz\u00f3n del conflicto armado. <\/span>Que los militares eran inexpertos para enfrentar el conflicto. Se\u00f1alaron que no <\/span>hubo combates en la regi\u00f3n entre <\/span>las Fuerzas Militares y los grupos armados <\/span>ilegales y que la presencia de grupos armados era remota y esta circunstancia est\u00e1 lejos de asimilarse una situaci\u00f3n de conflicto armado interno de acuerdo con el DIH. Y por tanto no se encuentra <\/span>probada la calidad de persona protegida. <\/span>En consecuencia hubo un error en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta.<\/span><\/p>\n

El representante del Ministerio P\u00fablico <\/span>expreso adem\u00e1s que los militares acusados <\/span>no actuaron <\/span>con dolo, y que su <\/span>prop\u00f3sito no era da\u00f1ino, toda vez que la muerte se produjo en desarrollo de una actividad propia de la fuerza p\u00fablica dentro del marco constitucional y legal que le es propio. Asimismo, que en el hecho influyeron condiciones clim\u00e1ticas, que no permit\u00edan tener una visi\u00f3n clara de las circunstancias en que se presentaba el caso, por ello el homicidio <\/span>se encuentra cobijado por una eximente de responsabilidad o alternativamente bajo conducta exenta de dolo.<\/span><\/p>\n

Fundamento adem\u00e1s, que los militares actuaron por las informaciones <\/span>que recibieron del paso de una camioneta con hombres armados <\/span>y con base en esto montaron el reten <\/span>sobre la v\u00eda en horas de la madrugada. Que uno de los soldados le hizo la se\u00f1al del pare a la camioneta, pero que esta <\/span>no fue acatada y que seg\u00fan ellos aceleraron la marcha, y presuntamente escucharon unos disparos, y <\/span>estos respondieron accionando sus armas, con la intenci\u00f3n de detener la marcha del rodante. Su reacci\u00f3n fue instintiva <\/span>producto del miedo bajo la<\/span> creencia de sentirse agredidos y por tanto la conducta est\u00e1 amparada por la defensa putativa, o error de prohibici\u00f3n indirecta. <\/span><\/p>\n

Solicito adem\u00e1s que la sala se refiriera sobre la <\/span>responsabilidad del SV. ALEXIS RAM\u00cdREZ VIVAS, condenado por su calidad de garante, ya que ostentaba el Comandante del pelot\u00f3n Gale\u00f3n 7. Para el Ministerio Publico, este delego sus funciones en el Cabo Segundo JAVIER ADOLFO VIVAS , y no tuvo participaci\u00f3n <\/span>directa en los hechos, por tanto solicito se revocara el fallo de la primera instancia y se ubicara la conducta dentro de los lineamientos del art 103 <\/span>del C\u00f3digo Penal y se absolviera a los sentenciados por actuar bajo el convencimiento errado e invencible de la antijuridicidad de su conducta.<\/span><\/p>\n

Adicionalmente tanto <\/span>el Representante de ministerio p\u00fablico como los abogados de la defensa <\/span>expresaron que el proceso debi\u00f3 ser conocido por la Justicia Penal Militar y no de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en tanto el hecho se origino en una <\/span>acci\u00f3n propia del servicio. En consecuencia solicitaron se decrete la nulidad <\/span>del proceso y se remitiese el proceso al Consejo Superior de la Judicatura para que determine el problema de la competencia.<\/span><\/p>\n

Los Magistrados de la sala penal del Tribunal, realizaron un an\u00e1lisis conjunto de las sustentaciones presentadas, <\/span>y <\/span>que sintetizamos en los siguientes aspectos: <\/span><\/p>\n

Sobre el conflicto de jurisdicciones entre la Justicia penal ordinaria y la Justicia penal militar: <\/span><\/em><\/p>\n

La sala considero que las argumentaciones expresadas por la Juez de primera instancia <\/span>es <\/span>acertada, toda vez que las violaciones a los DH y DIH incorporados como cr\u00edmenes internacionales a nivel interno, rompen el nexo causal con el servicio y por tanto el proceso no debe ser asumido por la justicia penal militar. <\/span><\/span><\/p>\n

Se\u00f1alo la Sala, que la Fiscal\u00eda presento acusaci\u00f3n en contra de los sentenciados por el delito de <\/span>homicidio en persona protegida[1]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>, al haberse dado indiscriminadamente muerte a un ind\u00edgena por adopci\u00f3n, persona no combatiente, teniendo en cuenta que en una situaci\u00f3n de conflicto armado como la que se vive en el pa\u00eds, existen tratados internacionales aplicables a nivel interno, en tanto hacen parte del bloque constitucionalidad en virtud de los cuales se refiere que la poblaci\u00f3n civil es persona protegida y por tanto lo se\u00f1ala la sala, para la Fiscal\u00eda, se reun\u00edan las exigencias del c\u00f3digo penal y la conducta existi\u00f3 y los autores fueron los miembros de Ejercito Nacional. Los miembros del ej\u00e9rcito estaban capacitados en DH y DIH, conoc\u00edan quienes son personas protegidas, entend\u00edan los t\u00e9rminos de un dispositivo de seguridad, misi\u00f3n t\u00e1ctica entre otros, as\u00ed mismo, <\/span>cu\u00e1l es el procedimiento a seguir cuando un veh\u00edculo no se detiene ante una se\u00f1al de pare y sobrepasa el puesto de control. <\/span><\/span><\/p>\n

El homicidio no fue casual y no fue un error de los uniformados por el contrario <\/span>expresa la sala penal, se actu\u00f3 con dolo, y con el conocimiento que se iba a cometer un homicidio, en la medida que los militares procedieron a detener a como diera lugar el veh\u00edculo y su actuar estuvo encaminado a terminar con la vida de quienes <\/span>se movilizaban en el veh\u00edculo. <\/span><\/p>\n

Sobre si hubo error en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, <\/span>como homicidio en persona protegida, porque <\/span>no se pod\u00eda predicarse la calidad de combatientes de los militares, ya que la <\/span>muerte no se produjo en situaci\u00f3n de conflicto armado porque no se estaban desarrollando operaciones de combate, sino de seguridad del <\/span>\u00e1rea.<\/span><\/em><\/p>\n

La sala <\/span>disiente de los argumentos esbozados por los apelantes, al considerar que una situaci\u00f3n de combate <\/span>no es un presupuesto indispensable para la configuraci\u00f3n del conflicto armado, en tanto que conforme a los par\u00e1metros establecidos a nivel internacional,[2]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> el conflicto armado corresponde al enfrentamiento al interior de un Estado, entre sus fuerzas <\/span>armadas y fuerzas armadas disidentes y\/ o grupos armados organizados, y entre estos entre s\u00ed, que <\/span>bajo <\/span>la direcci\u00f3n <\/span>un mando <\/span>responsable <\/span>ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permitan realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. <\/span>En tanto que el combate comporta una situaci\u00f3n m\u00e1s reducida en el campo de cobertura, al referirse a una actuaci\u00f3n militar entre bandos opuestos que puede determinarse en tiempo y espacio, concepto reiterado por la <\/span>sala penal de la Corte Suprema Justicia.<\/span><\/em><\/p>\n

<\/em>El combate es una de las tantas manifestaciones del conflicto armado, <\/span>pero hay otras formas de materializaci\u00f3n que se desprenden a partir <\/span>de operaciones militares <\/span>sostenidas y concertadas como son las labores preventivas, de patrullaje, <\/span>vigilancia y dem\u00e1s, <\/span>encaminadas a ejercer una <\/span>posici\u00f3n de dominio y autoridad al interior de ciertas poblaciones respecto de las cuales se entra a ejercer un control territorial por cuenta de los <\/span>distintos grupos armados que en ella convergen. <\/span><\/p>\n

Por tanto, sin importar <\/span>el tipo manifestaci\u00f3n del conflicto que se presente al interior <\/span>de un territorio determinado, <\/span>sea esta una acci\u00f3n <\/span>militar de combate <\/span>u operativo de seguridad <\/span>es indispensable , tanto para las miembros de la fuerza p\u00fablica como para los militares de cualquier organizaci\u00f3n <\/span>ilegal, el deber <\/span>mantener al margen de sus actos b\u00e9licos a las personas <\/span>y bienes civiles, conforme <\/span>con el par\u00e1grafo Art 135 estatuto penal, <\/span>las prescripciones de los convenios de Ginebra <\/span>de 1949 y sus protocolos adicionales.<\/span><\/p>\n

La operaci\u00f3n desarrollada el 16 de diciembre del 2008, a cargo del pelot\u00f3n Gale\u00f3n 7 del Batall\u00f3n Jos\u00e9 Hilario L\u00f3pez, donde perdiera la vida JOSE EDWIN LEGARDA, <\/span>no se puede presentar como ajena a la situaci\u00f3n de conflicto armado que experimentaba la regi\u00f3n para la fecha de los hechos, porque hay un nexo <\/span>entre las operaciones militares desplegadas <\/span>por el Ejercito en virtud del accionar de los grupos insurgentes en la zona. Obran pruebas como <\/span>informes de inteligencia <\/span>presentado por de <\/span>Teniente Coronel ALEXIS IV\u00c1N CANTILLO BARRAZA y el Capit\u00e1n OYOLA <\/span>GONZ\u00c1LEZ oficial de Inteligencia del Batall\u00f3n, <\/span>que dan cuenta de la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico en jurisdicci\u00f3n de <\/span>los municipios de Inza, Paez, Totoro y Popay\u00e1n, donde tienen incidencia la columna m\u00f3vil Jacobo Arenas de las FARC . Si bien, <\/span>la situaci\u00f3n de conflicto armado no internacional no ha sido reconocida oficialmente por el Estado Colombiano, la legislaci\u00f3n <\/span>emitida as\u00ed lo acredita, <\/span>y esto se demuestra con la expedici\u00f3n de ley 782\/2002 y ley 975 del 2005, <\/span>las cuales se constituyen en una manifestaci\u00f3n pol\u00edtica del Estado de admitirla y esta normativa <\/span>refuerza el argumento de la sala y confirma la existencia de una situaci\u00f3n de conflicto armado que se quiere poner a duda. <\/span><\/span><\/p>\n

El crimen contra EDWIN LEGARDA VASQUEZ <\/span>se presento en medio de este escenario con presencia de miembros de las Fuerzas Armadas como la Insurgencia , y sostiene <\/span>la sala es un crimen del derecho internacional humanitario en tanto no se respeto a un miembro de la poblaci\u00f3n civil que no participaba en las hostilidades, de acuerdo a al estatuto de la Corte Penal Internacional. <\/span><\/p>\n

Sobre la calidad de no combatientes de los soldados campesinos alegadas por la defensa por su falta de preparaci\u00f3n en el combate y falta de experiencia al interior de las filas, la sala penal acude al Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra donde se conceptualiza sobre combatientes y prisioneros de guerra y donde se define quienes son miembros de las fuerzas Armadas, y en consecuencia porque son combatientes y por tanto los procesados formaban parte de las <\/span>Fuerzas Armadas organizadas bajo un mando responsable, a quienes les fueron asignadas un sinn\u00famero de funciones entre ellos la protecci\u00f3n de la infraestructura el\u00e9ctrica de la zona adem\u00e1s de la seguridad de la misma por que de acuerdo a los informes de inteligencia se acreditaba la situaci\u00f3n de conflicto armado. <\/span><\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo se\u00f1ala que hay constancias del entrenamientos recibidas por los soldados, los cursos recibidos, entre ellas se releva justicia penal militar, derechos humanos y DIH, r\u00e9gimen disciplinario, inteligencia y contrainteligencia, etc. y concluye que los militares estaban ampliamente instruidos en lo que ata\u00f1e al combate y manejo de armamento y explosivo, <\/span>reglas de encuentro adem\u00e1s hab\u00edan recibido la misma instrucci\u00f3n que reciben los soldados <\/span>regulares. Por tanto sus acciones son reprochables porque ten\u00edan la formaci\u00f3n sobre normas y funcionamiento de retenes, avisos <\/span>luminosos, nombre de la unidad, <\/span>conos, chalecos etc., <\/span>el uso de las armas cuando sea razonablemente necesaria y sobre el cumplimiento de las obligaciones de legalidad, necesidad, proporcionalidad, asi como <\/span>la obligaci\u00f3n de respetar la poblaci\u00f3n civil.<\/span><\/p>\n

La actuaci\u00f3n de la fuerza p\u00fablica, encargados de hacer cumplir la ley fue desproporcionada. Los militares capacitados para el combate, ten\u00edan conocimiento que el uso de las armas es considerado como una medida extrema y en consecuencia que debe hacerse todo lo posible por excluir su uso, a menos <\/span>en los casos que un presunto delincuente ofrezca resistencia armada, o ponga en peligro la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos <\/span>extremas. <\/span><\/p>\n

Hubo exceso de los militares, por que cuando accionaron las armas no hab\u00eda agresi\u00f3n <\/span>o resistencia alguna por parte de la victimas, quienes eran parte de <\/span>poblaci\u00f3n y se transportaban por la v\u00eda en donde se encontraban los militares resultando agredidas sin motivo alguno, peor aun sin atender a los protocolos <\/span>sobre los cuales mostraron un absoluto rechazo. <\/span>Si los soldados hubiesen desconocido las reglas de la guerra, no se le habr\u00eda entregado las armas, <\/span>esta licencia para portar armas, no los autoriza para actuar al margen de la ley y del sentido com\u00fan, <\/span>porque primero ten\u00edan que haber confirmado quienes eran las personas en respeto al principio de distinci\u00f3n. Y concluye la sala que el homicidio se produjo en situaci\u00f3n de conflicto armado y los sentenciados ostentaban la calidad de combatientes. <\/span><\/p>\n

Sobre si puede predicarse el error de tipo en tanto los sentenciados actuaron en cumplimiento de un deber legal, sin llegar <\/span>a representarse la ilicitud de su conducta:<\/span><\/em><\/p>\n

Considera la sala que el error de tipo <\/span>seg\u00fan la doctrina es la discordancia entre la realidad y el conocimiento de la gente y <\/span>donde este se representa de manera equivocada a lo existente y obra amparado en el convencimiento de que no concurre en su actuaci\u00f3n uno o varios elementos del tipo. <\/span>Seg\u00fan la CSJ, el error de tipo establecido en el <\/span>Art 32, <\/span>No 10 <\/span>del CP, <\/span>se configura cuando el agente tiene una representaci\u00f3n equivocada de la <\/span>realidad <\/span>y por tanto <\/span>excluye el dolo <\/span>del comportamiento por ausencia <\/span>del conocimiento efectivo <\/span>de estar llevando a cabo <\/span>la conducta como se describe en el tipo.<\/span><\/p>\n

En caso objeto de an\u00e1lisis, de acuerdo con los elementos del juicio allegados al proceso, <\/span>los militares accionaron sus armas intencionalmente, en contra de la camioneta donde <\/span>se transportaba la victima EDWIN LEGARDA VASQUEZ. <\/span>No hay error de tipo, sino dolo eventual en el entendido que los militares pensaban que en el veh\u00edculo pod\u00edan ir guerrilleros o civiles o guerrilleros y civiles y sin embargo decidieron disparar dejando al azar el resultado de infringir el DIH y particularmente el respeto a la poblaci\u00f3n civil. <\/span><\/p>\n

A juicio de la sala constituye una aberraci\u00f3n <\/span>afirmar como los quieren hacer ver <\/span>los m\u00faltiples defensores, <\/span>que la conducta de los enjuiciados es at\u00edpica por existir en ella un error de tipo en tanto que est\u00e1 demostrado que ellos procedieron a disparar a sabiendas <\/span>que en el veh\u00edculo se transportaban algunas personas no siendo posible considerar que los susodichos desconociesen que su comportamiento se subsum\u00eda dentro de los preceptos de un tipo penal. De acuerdo al entrenamiento <\/span>y preparaci\u00f3n recibida para llevar a cabo la lucha armada contra la guerrilla, los soldados y particularmente su sargento sabia que el reten solo pod\u00eda llevarse a cabo informando al comando central y con los elementos adecuados, <\/span>para evitar actos reprochables como el que se presento, donde decidieron con intenci\u00f3n y voluntad dispararle al veh\u00edculo no apuntando a sus llantas, sino al cuerpo de las personas que all\u00ed viajaban. Al disparar las armas, los accionantes <\/span>ten\u00edan pleno conocimiento que con su accionar incurr\u00edan en <\/span>el aspecto objetivo del tipo penal de homicidio, no siendo posible predicar lo contrario, pues la conducta estuvo dirigida a cegar la vida de quienes se transportaban en el veh\u00edculo.<\/span><\/p>\n

No cabe el error, porque los soldados no se cercioraron quienes se transportaban en <\/span>el veh\u00edculo, <\/span>y asumieron la conducta homicida. No hubo motivo para que los soldados procedieran de manera tan atroz, sacrificando interese superiores, <\/span>y actuando <\/span>bajo el presupuesto de su deber de proteger, y si bien esta es una funci\u00f3n de las fuerzas militares, este debe hacerse dentro de los l\u00edmites de la proporcionalidad el cual fue vulnerado. <\/span>Afirmar que escucharon un disparo es un argumento pueril, porque seg\u00fan Liliana Vald\u00e9s esto no sucedi\u00f3, ya que en la escena del veh\u00edculo solo se encentraron vainillas de fusil que portaban los militares. Lo que se quer\u00eda era matar y se mato, <\/span>en desmedro del DIH , del respeto de la vida a los civiles y de la b\u00fasqueda de la humanizaci\u00f3n de la guerra. Sostiene la sala que la comunidad campesina <\/span>no goza de seguridad ciudadana dado el comportamiento de quienes tienen la obligaci\u00f3n de protegerlos. As\u00ed mismo una persona sensata no da curso a cualquier informaci\u00f3n que reciba y ordenar un operativo sin los elementos adecuados, por tanto concluye la sala no se pueda hablar del error de tipo alegado por la defensa.<\/span><\/p>\n

De otra parte, <\/span>se la circunstancia del miedo en que se escuda la tesis defensiva tampoco tiene acogida por la sala, <\/span>porque de acuerdo a las condiciones f\u00e1cticas presentadas al momento de los hechos, los uniformados contaban con unas condiciones estrat\u00e9gicas que superaban ampliamente la de sus posibles agresores, el veh\u00edculo impactado no ten\u00eda la capacidad para albergar m\u00e1s de 8 personas, <\/span>numero <\/span>este no que no superaba la cantidad de soldados que se encontraban en la v\u00eda <\/span>y en las zonas adyacentes para el <\/span>d\u00eda de los hechos que eran 14 y se encontraban en mejor posici\u00f3n que sus supuestos agresores.<\/span><\/p>\n

<\/span>Estas condiciones deb\u00edan haber causado un efecto contrario al sostenido por la defensa, toda vez que en el caso hipot\u00e9tico que hubiesen sido agredidos, los soldados se encontraban en ventaja tanto en n\u00famero como ubicaci\u00f3n. Por tanto no es dable invocar el miedo como causal excluyente de irresponsabilidad, porque para su configuraci\u00f3n no exist\u00eda en los procesados un profundo estado emocional, por temor al advenimiento de un mal, porque el da\u00f1o que hubieran podido soportar no ostentaba tal magnitud como para alterar diametralmente su estado emocional. <\/span>En conclusi\u00f3n, no se trato de un miedo insuperable, <\/span>toda vez que los uniformados al encontrarse bajo una amenaza de esta naturaleza tuvieron la posibilidad de <\/span>disparar en direcci\u00f3n a los neum\u00e1ticos del veh\u00edculo y no en todas direcciones sacrificando la seguridad de las personas que se movilizaban dentro del veh\u00edculo.<\/span><\/p>\n

Sobre si los militares actuaron bajo una causal de irresponsabilidad penal llamada defensa putativa <\/span>o error indirecta de prohibici\u00f3n?<\/span><\/em><\/p>\n

Se\u00f1ala la sala frente al argumento de la defensa de la irresponsabilidad en relaci\u00f3n con la defensa putativa. La leg\u00edtima defensa se presenta por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra agresi\u00f3n injusta actual, inminente <\/span>siempre que la defensa sea proporcional a la agresi\u00f3n. <\/span>La leg\u00edtima defensa es el ejercicio de violencia para tutelar o proteger un bien jur\u00eddico atacado injustamente. De acuerdo a ello, <\/span>se requiere de la existencia de una agresi\u00f3n inminente, injusta y real. <\/span><\/p>\n

En el caso concreto se estableci\u00f3 de la declaraci\u00f3n de Liliana Valdes, y <\/span>las pruebas de los peritos de bal\u00edstica de demostr\u00f3 que en ning\u00fan momento se ejecutaron los disparos que aseguran haber escuchado los militares y tampoco hab\u00eda armas al interior del veh\u00edculo y que hubiese sido el <\/span>motivo para repeler la agresi\u00f3n a trav\u00e9s de las armas, <\/span>por tanto no se advierten los requisitos alrededor de la leg\u00edtima defensa porque no hubo agresi\u00f3n del occiso y de la acompa\u00f1ante, y desestima <\/span>dicho planteamiento al no encontrar configurada ninguna causal de eximente de responsabilidad alegada por la defensa.<\/span><\/p>\n

Sobre la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora GIOMAR PATRICIA RIVEROS, <\/span>que rindiera testimonio dentro del proceso penal, <\/span>y que insinu\u00f3 que AIDA QUILQUE, <\/span>habr\u00eda provocado la muerte de Edwin, sin extenderse en <\/span>m\u00e1s explicaciones. La manifestaci\u00f3n de la se\u00f1ora <\/span>Riveros, <\/span> <\/span>a juicio de la sala la estima como vaga y por lo tanto digna de m\u00faltiples explicaciones, por ejemplo si <\/span>era Aida l\u00edder ind\u00edgena la amenazada, pudo pensar que el atentado iba contra ella, <\/span>de todas maneras lo probado es <\/span>que quienes cometieron el delito de sangre fueron <\/span>los soldados infringiendo el <\/span>DIH.<\/span><\/p>\n

La sala termina aduciendo <\/span>quien considera que las circunstancias referidas por el Sargento ALEXIS RAM\u00cdREZ VIVAS sobre la movilizaci\u00f3n de una camioneta con hombres armados, nunca fue reportada a los superiores del batall\u00f3n para que estos de conformidad con los protocolos <\/span>existente hicieran las recomendaciones y decisiones que a bien tuviera. Tampoco se probo sobre la llamada de un presunto cooperante, puesto cu\u00e1ndo se le indago sobre esto expreso que no recordaba la identidad surgiendo una duda probatoria. <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala la sala que esta posici\u00f3n es compartida <\/span>por la representante de las v\u00edctimas, la Dra Soraya Guti\u00e9rrez A, miembro del colectivo de abogados \u201cJAR\u201d, quien considera que las circunstancias <\/span>referidas no encuentran sustento probatorio sin que sea posible justificar el ataque indiscriminado contra el veh\u00edculo, <\/span>y se establece con los 14 disparos que recibi\u00f3 la camioneta, lo que demuestra un pleno conocimiento y decisi\u00f3n de los militares de acabar con la existencia de quienes ocupaban el interior de la camioneta.<\/span><\/p>\n

Lo anterior llevo a concluir a la Sala Penal, que se configura un homicidio doloso, esto es homicidio en persona protegida, el cual fue cometido por los soldados pertenecientes al pelot\u00f3n Gale\u00f3n 7 del Batall\u00f3n Jos\u00e9 Hilario L\u00f3pez, <\/span>y que fueron condenadas en primera instancia. <\/span><\/p>\n

Con respecto a la responsabilidad penal del SV ALEXIS RAMIREZ VIVAS por su posici\u00f3n de garante considero la sala que con respecto al procedimiento efectuado por este oficial surge el desconocimiento en que incurre, porque lo procedente era que recibida la informaci\u00f3n sobre la camioneta hubiese sido informar a los superiores sobre los acontecimientos recientes y de la supuesta llamada de un cooperante, pero contrariando los deberes legales procedi\u00f3 a montar un reten sorpresivo, precario como quiera que no empleo el material que se exige para ellos y procedi\u00f3 sin contar con la aquiescencia de sus superiores quienes eran las personas indicadas para se\u00f1alarle las operaciones a ejecutar, todo con base en una informaci\u00f3n poco seria y sin sustento seguro aspecto de la cual no tuvo la precauci\u00f3n de verificar la veracidad. <\/span><\/p>\n

As\u00ed el Sargento Viceprimero ALEXIS RAM\u00cdREZ, desech\u00f3 la obediencia a los par\u00e1metros y lineamientos a los cuales deb\u00eda sujetarse como garante de la seguridad de los ciudadanos y decidi\u00f3 actuar en contraposici\u00f3n a los reglamentos <\/span>reconocidos incluso a los de rango supranacional que rigen su actuaci\u00f3n, y para lo cual estaba instruido, <\/span>y no tuvo la precauci\u00f3n en disponer lo necesario para separar a la poblaci\u00f3n civil del enemigo y dar as\u00ed garant\u00eda <\/span>a los derechos de <\/span>superior categor\u00eda que le asisten <\/span>para finalmente llegar a realizar un operativo que condujo a la muerte de Edwin Legarda. <\/span><\/p>\n

Es clara entonces su posici\u00f3n de garante <\/span>que ostentaba el sargento, originada a partir del rango superior que ten\u00eda en virtud de la cual su obligaci\u00f3n era la de garantizar los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad, a la cual el prestaba sus servicios militares a partir del recto ejercicio de su cargo <\/span>y orientar a sus subalternos a un desarrollo eficaz de sus labores. Se\u00f1alo la sala que la representaci\u00f3n de las victimas en su calidad de no recurrente solicito que no <\/span>se estimara la pretensi\u00f3n de absoluci\u00f3n frente a Ram\u00edrez Vivas porque ten\u00eda una posici\u00f3n de garante y ordeno el dispositivo con los graves resultados.<\/span><\/p>\n

La sala se\u00f1ala que la posici\u00f3n de garante atribuida a las Fuerzas militares <\/span>como a la polic\u00eda a partir del Art 217 de la constituci\u00f3n Nacional ha establecido como una de sus funciones la de garantizar el orden constitucional y los deberes relacionados con el Estado social de derecho <\/span>como es la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos y donde las fuerzas armadas tienen un papel significativo. <\/span>Citando jurisprudencia de la Corte constitucional expresa la sala que est\u00e1 legitimado el uso de las armas por parte de las fuerzas armadas, siempre que se persiga un fin constitucionalmente legitimo, esto es <\/span>de aquellos para los cuales ha sido investido el Estado <\/span>por intermedio de sus autoridades de poderes exclusivos como lo es el del monopolio <\/span>en el uso de la fuerza que descansa sobre los organismos pertenecientes al Ej\u00e9rcito <\/span>para el caso concreto. Pero debe tenerse presente que si bien estas atribuciones les han sido conferidas para dar garant\u00eda esto no puede convertirse en un recurso <\/span>para realizar ciertas conductas que transgredir los fines para los cuales fueron constituidos. <\/span><\/span><\/p>\n

La posici\u00f3n de garante debe ser asumida por los miembros de la Fuerza P\u00fablica de tal manera que en cada una de sus actuaciones <\/span>se refleje el respeto por los derechos humanos de que son titulares los ciudadanos, a partir de una sujeci\u00f3n estricta de las normas que rijan la actuaci\u00f3n <\/span>de quienes como en este caso se encuentran vinculados a las fuerzas armadas del Estado. Ello sin dejar de lado las relaciones de jerarqu\u00eda que existen al interior de dicha instituci\u00f3n y la responsabilidad que conlleva en tanto que los funcionarios con autoridad o atribuciones superiores tienen el deber de adoptar las medidas correctivas tendientes a evitar que sus subordinados recaigan en conductas que comporten una vulneraci\u00f3n a los derechos constitucionales fundamentales <\/span>verbigracia cuando como en el caso un comandante no impide teniendo la posibilidad de hacerlo que uno de sus subalternos incurra en un delito de lesa humanidad. <\/span>La posici\u00f3n de garante seg\u00fan la doctrina se deriva la obligaci\u00f3n de tomar las medidas para impedir conductas violatorias de los dh en que puedan incurrir los hombres bajo su mando. <\/span><\/p>\n

El Sargento cuestionado a juicio de la sala, <\/span>no estaba en la posibilidad de conjurar el homicidio por que se encontraba en otro sitio y confiaba que la operaci\u00f3n <\/span>adelantada por su cabo no fuese arbitraria, por eso la conducta asumida por el Sargento es culposa, negligente y descuidada al permitir o <\/span>disponer un reten sin corrobar la informaci\u00f3n <\/span>en la fuente, no informar al comando central, disponer <\/span>un reten sin los elementos necesarios para evitar suceso como el presentados. <\/span>La sala considera que como est\u00e1 proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, concluye que el Sargento responde por el delito en calidad de culposo porque infringi\u00f3 el deber objetivo de cuidado contemplado en los reglamentos militares y dispuso una operaci\u00f3n militar infringi\u00e9ndolos. <\/span><\/p>\n

El homicidio culposo esta previsto en el art 109 del CP y reviste una pena de 2 \u2013 6 a\u00f1os. <\/span>La pena fue modificada y la pena <\/span>quedo de 36 a 144 meses. En tal virtud la sala impone al SV ALEXIS RAMIREZ VIVAS una pena de 61 meses y una multa de <\/span>50 SMLV.<\/span><\/p>\n

Atendiendo a la petici\u00f3n de la representante de las v\u00edctimas, la sala ordena compulsar copias ante la Fiscal\u00eda <\/span>al soldado ALEJANDRO CALVAHE por su presunta responsabilidad en el homicidio de Edwin Legarda <\/span>Vasquez, As\u00ed, el <\/span> <\/span>Tribunal Superior judicial del Cauca, sala penal:<\/span><\/p>\n

Confirma <\/span>la sentencia proferida el <\/span>10 de septiembre del 2010, en contra de <\/span>los miembros del pelot\u00f3n Gale\u00f3n No. 7 adscritos al Batall\u00f3n JOS\u00c9 HILARIO L\u00d3PEZ Cabo Tercero Ej\u00e9rcito Nacional JAVIER ADOLFO OSORIO DIAZ <\/span>Soldado Campesino NUMAR ARMIDO BUITR\u00d3N CABEZAS, <\/span>Soldado Campesino LIZANDRO OBANDO CAICEDO, Soldado Campesino JAVIER FRANCISCO BELALCAZAR TROCHEZ, Soldado Campesino WILLIAM WEIMAR LEMECHE HURTADO, <\/span> <\/span>por el delito de HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA y cuya pena hab\u00eda sido fijada en 480 meses de prisi\u00f3n <\/span>. Esto es 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de (2.666.66 smlv).<\/span><\/p>\n

Modifica la decisi\u00f3n contra el <\/span>SV ALEXIS RAMIREZ VIVAS, <\/span>y lo condena por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, <\/span>imponi\u00e9ndole una pena de 61 meses de prisi\u00f3n y una multa de (50 smlv).<\/span><\/p>\n

Ordena compulsar copias ante la Fiscal\u00eda <\/span>General de la Naci\u00f3n para que investigue al soldado ALEJANDRO CALVAHE por su presunta responsabilidad en el homicidio de Edwin Legarda <\/span>Vasquez.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El pasado 8 de marzo del 2011, la sala penal del Tribunal Superior Judicial de Popay\u00e1n sala primera de decisi\u00f3n penal Cauca, confirm\u00f3 la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del circuito especializado de Popay\u00e1n el 10 de septiembre del 2010 en contra de los miembros del pelot\u00f3n Gale\u00f3n No. 7 adscritos al <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"yoast_head":"\nSe confirma sentencia condenatoria contra los miembros del ej\u00e9rcito responsables del homicidio del l\u00edder ind\u00edgena, Edwin Legarda Vasquez - Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca - CRIC<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/se-confirma-sentencia-condenatoria-contra-los-miembros-del-ejercito-responsables-del-homicidio-del-lider-indigena-edwin-legarda-vasquez\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Se confirma sentencia condenatoria contra los miembros del ej\u00e9rcito responsables del homicidio del l\u00edder ind\u00edgena, Edwin Legarda Vasquez - 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