{"id":3363,"date":"2012-12-14T01:14:59","date_gmt":"2012-12-14T01:14:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/?p=3363"},"modified":"2018-05-02T21:12:34","modified_gmt":"2018-05-03T02:12:34","slug":"la-aprobacion-por-el-congreso-de-la-republica-del-convenio-internacional-para-la-proteccion-de-obtenciones-vegetales-requeria-de-consulta-previa-a-las-comunidades-indigenas-y-afroco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/la-aprobacion-por-el-congreso-de-la-republica-del-convenio-internacional-para-la-proteccion-de-obtenciones-vegetales-requeria-de-consulta-previa-a-las-comunidades-indigenas-y-afroco\/","title":{"rendered":"La aprobaci\u00f3n por el Congreso de la Rep\u00fablica del \u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales\u201d, requer\u00eda de consulta previa a las comunidades ind\u00edgenas y afrocolombianas"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>I. EXPEDIENTE LAT-386 – SENTENCIA C-1051\/12\u00a0(diciembre 5)<\/strong><\/p>\n

M.P. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez<\/p>\n

1. Norma revisada<\/strong><\/p>\n

LEY 1518 DE 2012 (13 abril),\u00a0<\/strong>aprobatoria del\u00a0\u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales\u201d,<\/em>del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.<\/p>\n

2. Decisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Declarar\u00a0INEXEQUIBLE\u00a0<\/strong>la Ley 1518 del 13 de abril de 2012,\u00a0\u201cPor medio de la cual e aprueba el \u00b4Convenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales\u00b4, del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 1978 y el 19 de marzo de 1991\u201d.<\/em><\/p>\n

3. S\u00edntesis de los fundamentos<\/strong><\/p>\n

La Corte Constitucional reiter\u00f3 que la consulta previa a los pueblos ind\u00edgenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, constituye un derecho fundamental de las minor\u00edas \u00e9tnicas. Record\u00f3 que el Convenio 169 de la OIT, en cuyo art\u00edculo 6\u00ba se establece la obligatoriedad de dicha consulta, hace parte del bloque de constitucionalidad, de manera que pretermitir ese requisito en el caso del tr\u00e1mite legislativo, configura una violaci\u00f3n a la Carta Pol\u00edtica. Reafirm\u00f3 que existe un claro v\u00ednculo entre la realizaci\u00f3n de la consulta previa y la protecci\u00f3n de la identidad cultural de las comunidades \u00e9tnicas, de tal manera que la ejecuci\u00f3n de este mecanismo de participaci\u00f3n se torna obligatorio cuando la medida, sea legislativa o administrativa, afecte directa y espec\u00edficamente a dichos pueblos en su autonom\u00eda, e impacte la preservaci\u00f3n de su etnia y cultura. As\u00ed mismo, ratific\u00f3 que esa consulta debe realizarse de manera tal, que garantice la participaci\u00f3n real y efectiva de las comunidades afectadas.<\/p>\n

En materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte record\u00f3 que dado el car\u00e1cter complejo de su tr\u00e1mite y con el prop\u00f3sito de que se pueda realmente adelantar un verdadero di\u00e1logo intercultural, la jurisprudencia ha determinado que la consulta a los pueblos ind\u00edgenas y tribales \u2013cuando quiera que el tratado los afecte directamente- debe llevarse a cabo antes del sometimiento del instrumento internacional, por parte del Presidente de la Rep\u00fablica, al Congreso de la Rep\u00fablica, bien durante la negociaci\u00f3n \u2013vgr. mediante mesas de trabajo- caso en el cual, las comunidades ind\u00edgenas podr\u00e1n aportar insumos a la discusi\u00f3n del articulado del instrumento internacional o manifestar sus preocupaciones frente a determinados temas que los afectan; o bien, cuando se cuente con un texto aprobado por las Estados, es decir, luego de la firma del tratado, caso en el cual, la consulta podr\u00eda llevar a la necesidad de renegociar el tratado. Lo anterior no significa, por supuesto, que las comunidades ind\u00edgenas no puedan servirse de los espacios que suelen abrirse durante los debates parlamentarios, con el prop\u00f3sito de ilustrar a los congresistas acerca de la conveniencia del instrumento internacional.<\/p>\n

En el caso concreto del\u00a0\u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales\u201d,\u00a0<\/em>aprobado mediante la Ley 1518 de 2012, la Corte encontr\u00f3 que como lo concept\u00faa la mayor\u00eda de los intervinientes este proceso, ha debido realizarse la consulta previa a las comunidades ind\u00edgenas y afrocolombianas, toda vez que este Convenio regula directamente aspectos sustanciales que conciernen a estas comunidades, en calidad de obtentores de las especies vegetales cuya propiedad intelectual se protege, tales como los criterios para reconocer la calidad de obtentor, concesi\u00f3n del derecho, periodicidad, condiciones de protecci\u00f3n, reglamentaci\u00f3n econ\u00f3mica y utilidad que reporta la mejora y ampliaci\u00f3n de variedades vegetales, los cuales en buena parte, forman parte de conocimientos ancestrales de estos pueblos. A su juicio, la imposici\u00f3n de restricciones propias de una patente sobre nuevas variedades vegetales como la que consagra la UPV 91, podr\u00eda estar limitando el desarrollo natural de la biodiversidad producto de las condiciones \u00e9tnicas, culturales y ecosistemas propios en donde habitan dichos pueblos.<\/p>\n

En consecuencia, la Corte procedi\u00f3 a declarar la inexequibilidad de la Ley 1518 de 2012, mediante la cual se aprob\u00f3 el\u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales,\u00a0<\/em>del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, por no haber sido consultada previamente a las comunidades ind\u00edgenas y afrocolombianas.<\/p>\n

4. Salvamentos de voto<\/strong><\/p>\n

Los magistrados\u00a0Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo\u00a0<\/strong>y\u00a0Jorge Ignacio Pretelt Chaljub\u00a0<\/strong>se apartaron de la decisi\u00f3n anterior, toda vez que en su concepto, previa a la aprobaci\u00f3n por la Ley 1518 de 2011 del \u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de las Obtenciones Vegetales\u201d, no se requer\u00eda de haberse consultado a las comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes, como quiera que este instrumento internacional contiene estipulaciones de orden general dirigidas a proteger los derechos del obtentor de especies vegetales, independientemente de su pertenencia o no a una comunidad \u00e9tnica.<\/p>\n

Habida cuenta que este Convenio adopta un marco general de pol\u00edtica p\u00fablica dirigida a todos los colombianos, que no afecta per se, de manera directa a las comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes, consideraron que no entraba en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 6\u00ba del Convenio 169 de la OIT. Cosa distinta, es que en la ejecuci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de este Convenio, en casos concretos, pueda darse una afectaci\u00f3n directa y espec\u00edfica de esos pueblos, de modo que en ese evento, las medidas legislativas o administrativas que se vayan a adoptar para el efecto, deban ser consultadas previamente a esos grupos \u00e9tnicos tribales. Por consiguiente, en su criterio, la Ley 151 de 2011 ha debido ser declarada exequible por este aspecto.<\/p>\n

El establecimiento del Incidente de Impacto Fiscal respet\u00f3 el principio de identidad flexible que se exige de toda modificaci\u00f3n introducida a un proyecto de ley o de acto legislativo en el curso de los debates parlamentarios.
\n<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n
II. EXPEDIENTE D-9127 – SENTENCIA C-1052\/12\u00a0(diciembre 5)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
\n<\/strong><\/p>\n

1. Norma acusada<\/strong><\/p>\n

ACTO LEGISLATIVO 3 DE 2011<\/strong><\/p>\n

(julio 1\u00ba)<\/p>\n

Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal<\/em><\/p>\n

ART\u00cdCULO 1o. El art\u00edculo\u00a0334\u00a0de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica quedar\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n

La direcci\u00f3n general de la econom\u00eda estar\u00e1 a cargo del Estado. Este intervendr\u00e1, por mandato de la ley, en la explotaci\u00f3n de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n, utilizaci\u00f3n y consumo de los bienes, y en los servicios p\u00fablicos y privados, para racionalizar la econom\u00eda con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribuci\u00f3n equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaci\u00f3n de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deber\u00e1 fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto p\u00fablico social ser\u00e1 prioritario.<\/p>\n

El Estado, de manera especial, intervendr\u00e1 para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios b\u00e1sicos. Tambi\u00e9n para promover la productividad y competitividad y el desarrollo arm\u00f3nico de las regiones.<\/p>\n

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y \u00d3rganos del Poder P\u00fablico, dentro de sus competencias, en un marco de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica.<\/p>\n

El Procurador General de la Naci\u00f3n o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las m\u00e1ximas corporaciones judiciales, podr\u00e1n solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo tr\u00e1mite ser\u00e1 obligatorio. Se oir\u00e1n las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas p\u00fablicas, as\u00ed como el plan concreto para su cumplimiento y se decidir\u00e1 si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ning\u00fan caso se afectar\u00e1 el n\u00facleo esencial de los derechos fundamentales.<\/span><\/strong><\/p>\n

PAR\u00c1GRAFO. Al interpretar el presente art\u00edculo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podr\u00e1 invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protecci\u00f3n efectiva.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 2o. El primer inciso del art\u00edculo\u00a0339\u00a0de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica quedar\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n

Habr\u00e1 un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades p\u00fablicas del orden nacional. En la parte general se se\u00f1alar\u00e1n los prop\u00f3sitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acci\u00f3n estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la pol\u00edtica econ\u00f3mica, social y ambiental que ser\u00e1n adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones p\u00fablicas contendr\u00e1 los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica nacional y la especificaci\u00f3n de los recursos financieros requeridos para su ejecuci\u00f3n, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 3o. El primer inciso del art\u00edculo\u00a0346\u00a0de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica quedar\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n

El Gobierno formular\u00e1 anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que ser\u00e1 presentado al Congreso dentro de los primeros diez d\u00edas de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deber\u00e1 elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 4o. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n.<\/p>\n

2. Decisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Declarar\u00a0EXEQUIBLE\u00a0<\/strong>el inciso cuarto del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 03 de 2011, por el cargo analizado.<\/p>\n

3. S\u00edntesis de los fundamentos<\/strong><\/p>\n

Le correspondi\u00f3 a la Corte Constitucional en esta oportunidad, determinar si la previsi\u00f3n de un Incidente de Impacto Fiscal frente a sentencias de las m\u00e1ximas corporaciones judiciales, desconoci\u00f3 el principio de identidad flexible que se exige de las modificaciones que se introduzcan a un proyecto de ley o de acto legislativo.<\/p>\n

Para tal efecto, la Corte constat\u00f3 que desde la exposici\u00f3n de motivos del proyecto de acto legislativo No. 16\/10 C\u00e1mara y 19\/10 Senado,\u00a0\u201cpor el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social de derecho\u201d\u00a0<\/em>que el Gobierno present\u00f3, existi\u00f3 una constante preocupaci\u00f3n sobre el impacto de las decisiones judiciales en la realizaci\u00f3n de la sostenibilidad fiscal. El debate sobre el papel de los jueces continu\u00f3 a lo largo de los ocho debates, pero tuvo un giro significativo y sustancial cuando la sostenibilidad fiscal no fue categorizada ni como derecho ni como principio y enfatiz\u00f3 en que no pod\u00eda ser un criterio a tener en cuenta por los jueces para interpretar y definir el alcance de los derechos fundamentales. En ese contexto, fue que se introdujo el incidente censurado, como una herramienta dirigida a invitar a los jueces a decisiones con la sostenibilidad fiscal del pa\u00eds, entendida como un balance de las finanzas que permita al Estado en el mediano y corto plazo, continuar cumpliendo con las obligaciones en desarrollo de la cl\u00e1usula del Estado social de derecho, especialmente, la realizaci\u00f3n de los derechos \u2013en sus dimensiones de libertad y prestacional-. Dicho incidente constituye un procedimiento establecido como consecuencia de las deliberaciones surtidas en el Congreso de la Rep\u00fablica para establecer un espacio de di\u00e1logo y concertaci\u00f3n entre el Gobierno, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y las altas Cortes sobre el impacto de los efectos de las decisiones judiciales en la sostenibilidad fiscal del pa\u00eds. Es decir, que el incidente de impacto fiscal fue una figura introducida en la segunda vuelta por el constituyente, como una respuesta concreta frente a la preocupaci\u00f3n evidenciada en los debates acerca de los efectos de las decisiones judiciales en las finanzas p\u00fablicas, sin que implique un desconocimiento del principio de identidad flexible, puesto que constituye una manifestaci\u00f3n del mandato de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los \u00f3rganos del Estado contenido del art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, con el prop\u00f3sito de realizar los fines del Estado, entre ellos, el de sostenibilidad fiscal que debe orientar a todas las ramas y \u00f3rganos del poder p\u00fablico, sin desconocer la primac\u00eda de los derechos fundamentales y la autonom\u00eda e independencia judicial, pues solo se trata de un criterio que el juez debe tomar en consideraci\u00f3n al momento de tomar una decisi\u00f3n.<\/p>\n

Por lo expuesto, la Corte declar\u00f3 exequible el inciso cuarto del art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo 3 de 2011, por no desconocer el principio de identidad flexible que se exige de toda modificaci\u00f3n que se introduzca a un proyecto de ley o acto legislativo en el curso de los debates parlamentarios.<\/p>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible el Acto Legislativo 1 de 2011 por implicar una sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al afectar, entre otros elementos esenciales, la vigencia del principio democr\u00e1tico, la prevalencia del inter\u00e9s general y al efucacia de la sanci\u00f3n de p\u00e9rdida de investidura.
\n<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n
III. EXPEDIENTE D-9131 – SENTENCIA C-1056\/12\u00a0(diciembre 5)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

M.P. Nilson Pinilla Pinilla
\n<\/strong><\/p>\n

1. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Norma acusada<\/strong><\/p>\n

ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2011<\/strong><\/p>\n

(mayo 31)<\/p>\n

Por el cual se adiciona el par\u00e1grafo del art\u00edculo 183 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia<\/em><\/p>\n

ART\u00cdCULO 1o. Adici\u00f3nese el par\u00e1grafo del art\u00edculo 183 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, con el siguiente inciso que ser\u00e1 el primero:<\/p>\n

La causal 1 en lo referido al r\u00e9gimen de conflicto de intereses no tendr\u00e1 aplicaci\u00f3n cuando los Congresistas participen en el debate y votaci\u00f3n de proyectos de actos legislativos.<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Decisi\u00f3n<\/strong>
\n<\/em><\/p>\n

Declarar\u00a0INEXEQUIBLE<\/strong>\u00a0el Acto Legislativo 1 de 2011.<\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S\u00edntesis de los fundamentos de la decisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La Corte comenz\u00f3 por reafirmar su competencia para examinar si el Congreso, al ejercer el poder de reforma, incurri\u00f3 o no en un vicio de competencia que, adem\u00e1s de tener fundamento en el art\u00edculo 241.1 de la Constituci\u00f3n, se sustenta en la diferencia existente entre poder constituyente originario \u2013poder pol\u00edtico no sujeto a l\u00edmites jur\u00eddicos- y poder constituyente derivado en cabeza del Congreso de la Rep\u00fablica (art. 374 C.P.), funci\u00f3n que le habilita para reformar el texto constitucional, pero que en esa medida es un poder limitado, sujeto a las condiciones fijadas por ella misma. La Corte ha considerado que esas condiciones comprenden lo relativo a los procedimientos de reforma, pero tambi\u00e9n lo atinente a la competencia del sujeto investido para adelantar esa reforma, pues la Carta solamente autoriza al poder de revisi\u00f3n para reformar la Constituci\u00f3n vigente, pero no para sustituirla total, parcial, temporal o definitivamente por otra Constituci\u00f3n, lo que solo podr\u00eda ser obra del constituyente originario.\u00a0<\/strong>De esta manera, el par\u00e1metro para controlar la constitucionalidad de los actos reformatorios de la Carta est\u00e1 conformado por las disposiciones del T\u00edtulo XIII de la Constituci\u00f3n, las cuales configuran una limitaci\u00f3n competencial del poder de revisi\u00f3n, por lo que, so pretexto de la reforma, el constituyente derivado o secundario no puede sustituir la Carta, ni siquiera parcialmente, porque, en tal caso, asumir\u00eda funciones propias del constituyente originario o primario.<\/p>\n

Reiter\u00f3 la Corte que el juicio de sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n tiene por objeto evaluar la constitucionalidad de un Acto Legislativo, lo cual comporta una confrontaci\u00f3n entre lo modificado y el anterior contenido de la Carta, no para determinar si hay contraposici\u00f3n normativa, pues no se trata de un control material, sino para establecer si, en realidad, se produjo un reemplazo de uno o m\u00e1s elementos axiales del ordenamiento superior o de principios provenientes del bloque de constitucionalidad. Conceptualmente, la Corte ha se\u00f1alado que la sustituci\u00f3n es un reemplazo total o parcial de la Constituci\u00f3n que implica franca oposici\u00f3n entre lo nuevo y lo anterior, en la medida en que, so pretexto de la reforma, la Constituci\u00f3n es transformada en otra completamente distinta, y cuando se produce la sustituci\u00f3n se incorpora a la Constituci\u00f3n un nuevo elemento que reemplaza al originalmente adoptado por el Constituyente. Como lo ha precisado la jurisprudencia, para establecer si hay o no sustituci\u00f3n, es necesario tener en cuenta los principios y valores vertebrales que la Constituci\u00f3n contiene, as\u00ed como aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad, con el fin de establecer si los principios estructurales anteriores y los introducidos por la presunta reforma son opuestos o integralmente diferentes, al punto que resulten incompatibles. Con tal objeto, el actor tiene la carga argumental de demostrar que la magnitud y trascendencia de dicha reforma conduce a que la Constituci\u00f3n haya sido sustituida por otra, a partir de lo cual no basta con argumentar que se viol\u00f3 una cl\u00e1usula constitucional preexistente, ni con mostrar que la reforma cre\u00f3 una excepci\u00f3n a una norma superior o que estableci\u00f3 una limitaci\u00f3n o restricci\u00f3n frente al orden constitucional anterior.<\/p>\n

La Corte resalt\u00f3 que el Acto Legislativo 1 de 2011 excluye de la consecuencia de p\u00e9rdida de investidura que bajo la Constituci\u00f3n original ten\u00eda la actuaci\u00f3n de los congresistas que violaren el r\u00e9gimen de conflicto de intereses, con ocasi\u00f3n de su participaci\u00f3n en el debate y votaci\u00f3n de actos legislativos o reformas constitucionales, decisi\u00f3n que habr\u00eda sido justificada bajo la premisa de que tales conflictos son de imposible ocurrencia en este tipo de tr\u00e1mites, dado el alto grado de generalidad que caracteriza a las normas constitucionales.<\/p>\n

A este respecto record\u00f3 la Corte que la instituci\u00f3n de los conflictos de inter\u00e9s ha sido prevista en la Constituci\u00f3n para facilitar que los congresistas puedan apartarse de la discusi\u00f3n de una determinada iniciativa cuando \u00e9sta regule asuntos que puedan redundar en su inter\u00e9s personal, particular y espec\u00edfico, con el fin de evitar que el legislador desvirt\u00fae el mandato democr\u00e1tico del que ha sido investido mediante la suplantaci\u00f3n del inter\u00e9s general y el bien com\u00fan por sus particulares ventajas y preferencias. Resalt\u00f3 tambi\u00e9n que la legitimidad del mandato de los elegidos reposa en la representaci\u00f3n del poder soberano del que es titular el pueblo, a partir de lo cual el ejercicio de las funciones de miembros de las corporaciones p\u00fablicas es siempre un acto de representaci\u00f3n del inter\u00e9s general y el bien com\u00fan en satisfacci\u00f3n de los electores, mandato que no puede ser objeto de excepciones, pues en cualquier caso \u00e9stas implicar\u00edan la deslegitimaci\u00f3n de ese mandato, en desmedro del principio democr\u00e1tico.<\/p>\n

En esta medida, y teniendo en cuenta que en realidad tales conflictos s\u00ed pueden presentarse a\u00fan cuando el objeto de discusi\u00f3n sea la configuraci\u00f3n de las normas constitucionales, el Acto Legislativo acusado implica la garant\u00eda de que no se aplicar\u00e1 la sanci\u00f3n de la p\u00e9rdida de investidura a los miembros del Congreso que participen dentro del tr\u00e1mite y aprobaci\u00f3n de eventuales reformas constitucionales, aun si \u00e9stas pudieren significar un beneficio directo para ellos, para sus familiares o para personas relacionadas. Este tribunal encontr\u00f3 que una cl\u00e1usula de esta naturaleza solo puede entenderse como una dispensa a los miembros del Congreso para que puedan adoptar modificaciones a la Constituci\u00f3n con ese prop\u00f3sito, lo que facilita que las m\u00e1s importantes y trascendentes decisiones p\u00fablicas puedan estar contaminadas por la presencia de intereses particulares.<\/p>\n

En esta medida, y como resultado del test de sustituci\u00f3n que en ocasiones anteriores ha aplicado la jurisprudencia constitucional, encontr\u00f3 la Corte que esta norma afecta sensiblemente varios elementos axiales y transversales de la Constituci\u00f3n de 1991, entre ellos el principio democr\u00e1tico, la moralidad p\u00fablica, la prevalencia del inter\u00e9s general, el deber de los congresistas de actuar en procura de la justicia y el bien com\u00fan, la posibilidad de que los electores controlen la actuaci\u00f3n de los elegidos, y en esa misma l\u00ednea, la instituci\u00f3n de la p\u00e9rdida de investidura, que en su momento fue dise\u00f1ada por el constituyente como un poderoso mecanismo de depuraci\u00f3n de las costumbres pol\u00edticas. De igual manera, encontr\u00f3 la Sala que al facilitar en forma apreciable el tr\u00e1mite de las reformas constitucionales, esta nueva norma altera de manera sustancial la configuraci\u00f3n espec\u00edfica de las reglas a partir de las cuales la carta pol\u00edtica puede ser modificada y lesiona tambi\u00e9n la separaci\u00f3n de poderes, puesto que allana el camino para la eventual aprobaci\u00f3n de otras reformas constitucionales que alteren las competencias, poderes y restricciones de los restantes \u00f3rganos constituidos, las que en s\u00ed mismas podr\u00edan significar nuevas alteraciones sustanciales o sustituciones del modelo constitucional.<\/p>\n

Por lo anterior, al considerar que el Acto Legislativo acusado causa una parcial sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n en relaci\u00f3n con varios elementos esenciales y definitorios de su identidad, concluy\u00f3 la Corte que el Congreso de la Rep\u00fablica carec\u00eda de competencia para expedir una reforma constitucional con este contenido, por lo que al hacerlo quebrant\u00f3 las reglas que deb\u00eda observar para el tr\u00e1mite y aprobaci\u00f3n de una reforma constitucional.<\/p>\n

Por consiguiente, previa integraci\u00f3n normativa del art\u00edculo 2\u00b0, relacionado con la vigencia de la norma, la Corte Constitucional procedi\u00f3 a declarar inexequible en su totalidad el Acto Legislativo 1 de 2011.
\n<\/strong><\/p>\n

4. Salvamentos y aclaraciones de voto<\/strong><\/p>\n

Los Magistrados\u00a0Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo, Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez, Alexei Julio Estrada<\/strong>\u00a0y\u00a0Jorge Ignacio Pretelt Chaljub<\/strong>\u00a0se apartaron de la anterior decisi\u00f3n por considerar que la demanda no cumpl\u00eda de manera cabal con el requisito de certeza exigido para que la Corte pueda entrar a efectuar el juicio sobre la presunta sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, en los t\u00e9rminos que lo ha exigido la jurisprudencia.<\/p>\n

El magistrado\u00a0Pretelt Chaljub\u00a0<\/strong>observ\u00f3, en primer lugar, que la propia Corte Constitucional manifest\u00f3 en la sentencia C \u2013 1040 de 2005 que\u00a0\u201cla regla general es que no cabe plantear impedimentos o recusaciones por conflicto de intereses con motivo del tr\u00e1mite de una reforma constitucional\u201d.\u00a0<\/em>En esa providencia, la Corte explic\u00f3 claramente que\u201cpor regla general las reformas constitucionales afectan por igual a todos los colombianos, independientemente de su condici\u00f3n o no de parlamentario, es inusual que alg\u00fan congresista se encuentre particularmente privilegiado o perjudicado por un acto legislativo, y que, por lo mismo, de \u00e9l se predique un conflicto de intereses\u201d.\u00a0<\/em>Finalmente,\u00a0<\/em>en esta sentencia\u00a0<\/em>esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 categ\u00f3ricamente se\u00f1alando que\u00a0\u201cDe admitirse que los intereses pol\u00edticos a favor o en contra de una reforma constitucional inhiben a los congresistas de participar en su tramitaci\u00f3n, muchas normas de la Carta se tornar\u00edan irreformables o p\u00e9treas, como por ejemplo todas las normas sobre el Congreso de la Rep\u00fablica, las elecciones, los partidos, la relaci\u00f3n entre el gobierno y la oposici\u00f3n y las entidades territoriales\u201d.\u00a0<\/em>Por lo anterior es claro que el Acto Legislativo 001 de 2011 se fund\u00f3 en un precedente constitucional v\u00e1lido que adem\u00e1s fue reiteradamente citado en la ponencia para primer debate en el Senado de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

En segundo lugar, lo magistrados disidentes consideraron que no pod\u00eda pensarse que el Acto Legislativo 001 de 2011 eliminara los conflictos de intereses, pues los mismos segu\u00edan en pi\u00e9, por cuanto todo congresista que participara en el tr\u00e1mite de un acto legislativo estando impedido pod\u00eda ser destituido e inhabilitado por el Procurador General de la Naci\u00f3n al incurrir en una falta disciplinaria grav\u00edsima, as\u00ed como tambi\u00e9n, podr\u00eda ser sancionado penalmente por los delitos de tr\u00e1fico de influencias, cohecho y concusi\u00f3n e incluso pod\u00eda perder su investidura si incurri\u00f3 en un tr\u00e1fico de influencias; por \u00faltimo, sorprende esta sentencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, pues desvirt\u00faa la doctrina de la sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n convirti\u00e9ndola en un control material de las reformas constitucionales,\u00a0afect\u00e1ndose el poder del constituyente derivado, el principio democr\u00e1tico y el normal funcionamiento del Congreso de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

A juicio del magistrado\u00a0Pretelt Chaljub, e<\/strong>l Acto Legislativo 001 de 2011 no eliminaba los conflictos de intereses en el tr\u00e1mite de actos legislativos<\/strong>, sino que simplemente\u00a0imped\u00eda que se aplicara una sanci\u00f3n espec\u00edfica que es la p\u00e9rdida de investidura,\u00a0pero no se suprimieron las dem\u00e1s consecuencias y sanciones aplicables cuando un congresista act\u00faa estando en una situaci\u00f3n de conflicto de intereses, por cuanto\u00a0(1)\u00a0<\/strong>Si un congresista que participaba en las votaciones estaba impedido, el acto legislativo aprobado quedar\u00eda afectado por un vicio si tal situaci\u00f3n impacta las mayor\u00edas requeridas para la conformaci\u00f3n del qu\u00f3rum y la aprobaci\u00f3n del proyecto.\u00a0(2)\u00a0<\/strong>El Procurador General de la Naci\u00f3n puede sancionar a los congresistas por actuar estando inhabilitados o incursos en un conflicto de inter\u00e9s. En este sentido, el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico se\u00f1ala expresamente que constituye falta disciplinaria grav\u00edsima actuar en conflicto de intereses consagrados en la Constituci\u00f3n o en la Ley:\u00a0\u201cFaltas grav\u00edsimas. Son faltas grav\u00edsimas las siguientes: (\u2026)<\/em>\u00a017. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales\u201d.\u00a0<\/em>(3)<\/strong>Seg\u00fan el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo Disciplinario \u00fanico, las sanciones aplicables a la comisi\u00f3n de una falta grav\u00edsima como la se\u00f1alada son la destituci\u00f3n y la inhabilidad general.\u00a0Por lo anterior, es claro que a pesar de que se hubiera suprimido la sanci\u00f3n de p\u00e9rdida de investidura en el evento de que un congresista actuara en una situaci\u00f3n de conflicto de intereses igual podr\u00eda ser sancionado con destituci\u00f3n e inhabilidad general.\u00a0(4)\u00a0<\/strong>El art\u00edculo 59 de la Ley 5\u00aa de 1992 establece tambi\u00e9n sanciones al conflicto de intereses que son completamente distintas a la p\u00e9rdida de investidura y que deber\u00e1n ser impuestas por la Comisi\u00f3n de \u00c9tica y Estatuto del Congresista:\u201cLa Comisi\u00f3n de \u00c9tica y Estatuto del Congresista conocer\u00e1 del conflicto de inter\u00e9s y de las violaciones al r\u00e9gimen de incompatibilidades e inhabilidades de los Congresistas\u201d.\u00a0<\/em>(5)\u00a0<\/strong>Actuar en virtud de un conflicto de intereses puede generar responsabilidad penal relacionada con la comisi\u00f3n de delitos como el cohecho, la concusi\u00f3n y el tr\u00e1fico de influencias, lo cual de acuerdo a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en las sentencias SU \u2013 047 de 1999 y C \u2013 1174 de 2004 no est\u00e1 cubierto por la inviolabilidad parlamentaria y por ello puede castigarse penalmente.<\/p>\n

Por otra parte, el magistrado\u00a0Pretelt Chaljub\u00a0<\/strong>consider\u00f3 que contrario a los sostenido por los demandantes,\u00a0no se afectaba de manera\u00a0<\/strong>esencial de la figura de la p\u00e9rdida de investidura,\u00a0<\/strong>en la medida que solamente\u00a0establec\u00eda un evento excepcional en el cual \u00e9sta no se aplicaba:\u00a0(i)\u00a0<\/strong>El acto legislativo demandado no eliminaba todos los eventos de p\u00e9rdida de investidura, solamente una causal aplicable en un tr\u00e1mite espec\u00edfico que es el de los actos legislativos. En este sentido, segu\u00edan aplic\u00e1ndose en el tr\u00e1mite de un acto legislativo las otras cuatro causales de p\u00e9rdida de investidura consagradas en el art\u00edculo 183 de la Constituci\u00f3n:\u201c2. Por la inasistencia, en un mismo per\u00edodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.\u00a03. Por no tomar posesi\u00f3n del cargo dentro de los ocho d\u00edas siguientes a la fecha de instalaci\u00f3n de las C\u00e1maras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.\u00a04. Por indebida destinaci\u00f3n de dineros p\u00fablicos. 5. Por tr\u00e1fico de influencias debidamente comprobado\u201d.<\/em><\/p>\n

(ii)\u00a0<\/strong>De las anteriores causales la m\u00e1s relevante es el tr\u00e1fico de influencias, la cual para los efectos de la p\u00e9rdida de investidura es amplia y permitir\u00e1 sancionar al congresista que reciba, haga dar o prometer para s\u00ed o para un tercero dinero, d\u00e1diva en el tr\u00e1mite de un acto legislativo, tal como se\u00f1al\u00f3 el Consejo de Estado en fallo del 12 de junio de 2012. De esta manera, todos los eventos en los cuales el congresista haya recibido cualquier beneficio para votar un proyecto de acto legislativo podr\u00edan seguirse sancion\u00e1ndose a trav\u00e9s de la causal 5\u00aa de p\u00e9rdida de investidura.<\/p>\n

De igual modo, el magistrado\u00a0Pretelt Chaljub\u00a0<\/strong>consider\u00f3 que\u00a0l<\/strong>a p\u00e9rdida de investidura no es un elemento esencial de la Constituci\u00f3n. (a)\u00a0<\/strong>Se trata de\u00a0una sanci\u00f3n de car\u00e1cter disciplinario de caracter\u00edsticas especiales que la distinguen de otros reg\u00edmenes de responsabilidad de los servidores p\u00fablicos, as\u00ed como tambi\u00e9n, de los procesos penales, electorales, de responsabilidad fiscal, e incluso del proceso disciplinario realizado por la administraci\u00f3n p\u00fablica. Por lo anterior, la p\u00e9rdida de investidura es simplemente una sanci\u00f3n adicional de car\u00e1cter disciplinario, que incluso es concurrente con el control que puede ejercer el Procurador General de la Naci\u00f3n sobre los congresistas, lo cual de ninguna manera se identifica con un aspecto esencial de la Constituci\u00f3n.\u00a0(b)\u00a0<\/strong>Tampoco puede se\u00f1alarse que los procesos de p\u00e9rdida de investidura sean esenciales en un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho, pues en la mayor\u00eda de pa\u00edses del mundo no se consagra esta sanci\u00f3n, prefiri\u00e9ndose otro tipo de responsabilidades, tal como sucede en casi la totalidad de Estados del mundo como Alemania, Italia, Estados Unidos, M\u00e9xico y Per\u00fa, Estados que tienen otras figuras para sancionar el conflicto de intereses de los parlamentarios.<\/p>\n

Por \u00faltimo, el magistrado\u00a0Pretelt Clajub\u00a0<\/strong>resalt\u00f3 que\u00a0e<\/strong>l Congreso de la Rep\u00fablica se bas\u00f3 en la sentencia C \u2013 1040 de 2005 para eliminar la sanci\u00f3n de p\u00e9rdida de investidura en el tr\u00e1mite de los actos legislativos,\u00a0<\/strong>de acuerdo con la cual por regla general no existen conflictos de intereses en el tr\u00e1mite de actos legislativos por su car\u00e1cter general, tal como se expres\u00f3 en las ponencias para primer debate realizadas en el Senado de la Rep\u00fablica y en la C\u00e1mara de Representantes.\u00a0De esta manera,\u00a0consider\u00f3 que la norma no eliminaba el conflicto de intereses en los actos legislativos ni las sanciones disciplinaria y penales aplicables a esta situaci\u00f3n, por lo cual se\u00f1alar que en este evento se presentaba una sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n afectaba el principio democr\u00e1tico y la funci\u00f3n otorgada por la Carta Pol\u00edtica al Congreso de la Rep\u00fablica de reformar la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Por su parte, el Magistrado\u00a0Nilson Pinilla Pinilla<\/strong>\u00a0anunci\u00f3 la presentaci\u00f3n de una aclaraci\u00f3n de voto, mientras que los Magistrados\u00a0Mar\u00eda Victoria Calle Correa<\/strong>,\u00a0Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio\u00a0<\/strong>y\u00a0Luis Ernesto Vargas Silva<\/strong>\u00a0se reservaron la posibilidad de presentar sendas aclaraciones.<\/p>\n

JORGE IV\u00c1N PALACIO PALACIO<\/strong><\/p>\n

Vicepresidente<\/p>\n

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I. EXPEDIENTE LAT-386 – SENTENCIA C-1051\/12\u00a0(diciembre 5) M.P. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez 1. Norma revisada LEY 1518 DE 2012 (13 abril),\u00a0aprobatoria del\u00a0\u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales\u201d,del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 1978 y el 19 de marzo de <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3220,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,19],"tags":[],"yoast_head":"\nLa aprobaci\u00f3n por el Congreso de la Rep\u00fablica del \u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales\u201d, requer\u00eda de consulta previa a las comunidades ind\u00edgenas y afrocolombianas - Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca - CRIC<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/la-aprobacion-por-el-congreso-de-la-republica-del-convenio-internacional-para-la-proteccion-de-obtenciones-vegetales-requeria-de-consulta-previa-a-las-comunidades-indigenas-y-afroco\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La aprobaci\u00f3n por el Congreso de la Rep\u00fablica del \u201cConvenio Internacional para la Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales\u201d, requer\u00eda de consulta previa a las comunidades ind\u00edgenas y afrocolombianas - Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca - CRIC\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"I. 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