Un video publicado en\u00a0Facebook<\/a>,\u00a0Twitter<\/a>\u00a0y\u00a0Youtube<\/a>\u00a0el pasado 16 de octubre, por una cuenta llamada La Polla, lanza varias acusaciones contra las comunidades ind\u00edgenas en Colombia, en el marco de las manifestaciones de la minga ind\u00edgena que\u00a0inici\u00f3<\/a>\u00a0en el departamento del Cauca y que\u00a0se concentr\u00f3 durante varios d\u00edas<\/a>\u00a0en Bogot\u00e1.<\/p>\n En el video se ve a una presentadora, quien dice cada una de las afirmaciones objeto de este chequeo, mientras se muestran im\u00e1genes y frases alrededor de la pantalla.<\/p>\n La publicaci\u00f3n en Facebook ha sido compartida hasta ahora m\u00e1s de 6.800 veces, cuenta con 1.600 reacciones y m\u00e1s de 600 comentarios. Incluso, el texto del video fue compartido como cadena a trav\u00e9s de la red de mensajer\u00eda WhatsApp.<\/p>\n Entre las acusaciones, el video asegura que los ind\u00edgenas en Colombia pueden asesinar o incluso violar menores de edad sin ser judicializados; adem\u00e1s, que son grandes propietarios de tierra y usurpadores de la propiedad privada.<\/p>\n A continuaci\u00f3n la verificaci\u00f3n que hicimos de varias de las afirmaciones, de las cuales dos resultaron Falsas; tres, Cuestionables; y una, Verdadera pero.<\/p>\n Autonom\u00eda judicial<\/p>\n \u201cSi a un juez le llevan a alguien capturado por delitos como el narcotr\u00e1fico, homicidio o acceso carnal violento en beb\u00e9s de meses de nacidos, no pagan c\u00e1rcel. Deben entreg\u00e1rselos a sus cabildos para que paguen por sus delitos en sus territorios. Situaci\u00f3n que se soluciona con unos cuantos fuetazos y ya est\u00e1\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n Esto es cuestionable porque desconoce la jurisprudencia que existe en Colombia sobre el funcionamiento de la justicia ind\u00edgena y su relaci\u00f3n con la ordinaria. Adem\u00e1s, presenta una visi\u00f3n estereotipada y tergiversada de las pr\u00e1cticas tradicionales de estos grupos \u00e9tnicos.<\/p>\n La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia establece la\u00a0Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena<\/a>\u00a0en el sentido de que sus autoridades \u201cpodr\u00e1n ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su \u00e1mbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constituci\u00f3n y leyes de la Rep\u00fablica\u201d. Es decir que, para empezar, no es una autonom\u00eda \u201ctotal\u201d sino que est\u00e1 condicionada a otras normas nacionales.<\/p>\n As\u00ed lo ha entendido la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia\u00a0C-139<\/a>\u00a0de 1996 determin\u00f3 que esa justicia se compone de cuatro elementos. Los dos primeros se refieren a su autonom\u00eda: sus propias autoridades y las normas emanadas de ellas. Pero los otros dos integran lo anterior al orden nacional: la sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y la ley, as\u00ed como la facultad del Congreso para reglamentar la coordinaci\u00f3n con la justicia ordinaria.<\/p>\n Lo que pasa es que el Legislativo no ha cumplido hasta ahora con esa tarea. Lo cual ha permitido interpretaciones restrictivas que les quitan la competencia a los ind\u00edgenas sobre los casos de sus comunidades, a pesar de que la jurisprudencia respalda a sus autoridades, como lo explica el antrop\u00f3logo\u00a0Herinaldy G\u00f3mez Valencia<\/a>, profesor de la Universidad del Cauca, en un\u00a0libro<\/a>\u00a0coescrito con ocho pueblos y editado por el Consejo Superior de la Judicatura (2015).<\/p>\n El Gobierno llen\u00f3 el vac\u00edo jur\u00eddico en el decreto-ley transitorio\u00a01953<\/a>\u00a0de 2014, producto de los reclamos de la minga de 2013. La norma se\u00f1ala que la Jurisdicci\u00f3n Ind\u00edgena tiene la competencia de manera preferente en sus territorios.<\/p>\n Pero el tribunal constitucional tambi\u00e9n ha acogido en sus\u00a0sentencias<\/a>\u00a0algunos argumentos de la Judicatura para excluir de la justicia aut\u00f3noma de estos pueblos ciertas conductas que \u201cdesbordan la \u00f3rbita cultural ind\u00edgena\u201d. Esto se refiere en particular al narcotr\u00e1fico (mencionado en el video), el terrorismo, la rebeli\u00f3n, el contrabando, el lavado de activos, el porte ilegal de armas, la corrupci\u00f3n al sufragante y los delitos de lesa humanidad.<\/p>\n En otros casos, el an\u00e1lisis depende de las consideraciones de los mismos ind\u00edgenas. No son todos iguales. Por ejemplo, el texto de G\u00f3mez recuerda que algunos cabildos del pueblo Nasa han decidido por su cuenta que casos de homicidio sean resueltos por la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n El resguardo embera de Ca\u00f1amomo-Lomaprieta, Caldas, tambi\u00e9n de forma aut\u00f3noma, les entrega a los jueces todos los procesos por delitos sexuales. Herza\u00edn D\u00edaz, coordinador de su Comisi\u00f3n de Justicia, dice que esto ha generado un debate interno porque han surgido conflictos posteriores entre los dos sistemas por decisiones en temas como las condiciones de reclusi\u00f3n, en los que usualmente se impone lo ordinario mientras las autoridades ind\u00edgenas terminan \u201cpidiendo permiso\u201d.<\/p>\n Finalmente, el fuete s\u00ed es considerado por los ind\u00edgenas Nasa como un elemento propio de \u201ccastigo, ense\u00f1anza y consejo\u201d. Sin embargo, G\u00f3mez considera que los medios de comunicaci\u00f3n le han dado un \u201csentido folkl\u00f3rico y ex\u00f3tico\u201d y advierte que igualar la justicia ind\u00edgena con fuetazos es una \u201cimagen reductora\u201d.<\/p>\n Precisamente para evitar la repetici\u00f3n de esos errores, la gu\u00eda period\u00edstica\u00a0C\u00f3mo narrar la justicia en Colombia<\/em>\u00a0(Colprensa y Usaid, 2020)* aclara que \u201ccada pueblo tiene su forma de aplicarla, de acuerdo con su ley de origen, es decir, los principios que regulan su actuaci\u00f3n como pueblo ind\u00edgena\u201d.\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n En consecuencia, los mecanismos de justicia que usan son muy diversos porque var\u00edan tanto entre las etnias, como entre regiones e incluso entre familias, explica el consejero mayor de Caldas, Norman David Ba\u00f1ol.<\/p>\n \u201cNosotros no hablamos de sanci\u00f3n sino de sanaci\u00f3n, aunque para sanar se tiene que sentir la sanci\u00f3n\u201d<\/strong><\/em>, explica Ba\u00f1ol, que pertenece al resguardo San Lorenzo en Caldas. Parte del remedio y la ense\u00f1anza es el escarnio p\u00fablico. Otra parte es la reprensi\u00f3n y la ayuda por parte de las familias.<\/p>\n Las normas tambi\u00e9n permiten establecer Centros de Armonizaci\u00f3n Ind\u00edgenas de acuerdo con las caracter\u00edsticas de cada cultura. Esta figura fue creada por iniciativa de algunos pueblos \u201cpara ejercer su jurisdicci\u00f3n e imponer penas y medidas de seguridad seg\u00fan sus usos y costumbres\u201d<\/strong><\/em>, dice un\u00a0escrito<\/a>\u00a0del abogado\u00a0Michael Cruz Rodr\u00edguez<\/a>, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Nacional, en UN Peri\u00f3dico.<\/p>\n Tambi\u00e9n hay casos en los que algunas culturas acuden a la reclusi\u00f3n en centros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El\u00a0informe<\/a>\u00a0de gesti\u00f3n de esa entidad para la vigencia de 2019 da cuenta de 1.458 internos ind\u00edgenas (un aumento de 35,5 por ciento frente a 2018). Hermes Pete, consejero mayor del CRIC, afirma que los nasa incluso les han entregado disidentes de las antiguas FARC a esos establecimientos.<\/p>\n En una conversaci\u00f3n acad\u00e9mica convocada por la Comisi\u00f3n de la Verdad que se realiz\u00f3 el pasado 23 de octubre, el jurista\u00a0Rodrigo Uprimny Yepes<\/a>, investigador del centro de estudios Dejusticia, se\u00f1al\u00f3 que el sistema judicial en general \u201cpuede aprender\u201d de la justicia ind\u00edgena en cuanto a su cercan\u00eda con la gente y su capacidad de resolver conflictos con equidad. Es un mecanismo que, seg\u00fan \u00e9l, \u201cha funcionado relativamente bien desde la Constituci\u00f3n del 91\u201d.<\/p>\n Esto demuestra que la Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena no tiene las caracter\u00edsticas descritas por La Polla. No est\u00e1 completamente desarticulada del Estado colombiano, sino que forma parte de \u00e9l y est\u00e1 supeditada a sus principales normas. Tampoco resuelve todo a fuetazos, aunque algunas culturas los usen como parte de sus rituales de armonizaci\u00f3n y sanaci\u00f3n. Por tanto, este segmento del video es cuestionable.<\/p>\n * Ana Mar\u00eda Saavedra, editora de Colombiacheck, fue una de las periodistas que coordin\u00f3 la producci\u00f3n de la gu\u00eda\u00a0<\/em>C\u00f3mo narrar la justicia en Colombia, en particular el cap\u00edtulo sobre enfoque \u00e9tnico.<\/em>\u00a0https:\/\/youtu.be\/45IZi6x_Ynk<\/a><\/p>\n<\/div>\n \u201cEl Estado est\u00e1 obligado a entregarles anualmente miles de millones de pesos de nuestros impuestos para que ellos los destinen como a bien les parezca sin que tengan ninguna obligaci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas a la Contralor\u00eda o a otro organismo de control\u201d.<\/em><\/p>\n Las autoridades ind\u00edgenas s\u00ed deben responder ante el Estado por la correcta administraci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos que reciben. No solo se lo dijeron a Colombiacheck l\u00edderes ind\u00edgenas, tambi\u00e9n lo afirma la misma Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica en un\u00a0an\u00e1lisis<\/a>\u00a0normativo de 2017.<\/p>\n La competencia de los entes de control fiscal es \u201caut\u00f3noma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma de inspecci\u00f3n y vigilancia administrativa\u201d<\/strong><\/em>, o sea que en este caso no aplica la Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena. La raz\u00f3n principal es que las medidas que imponen las contralor\u00edas no son sanciones penales o disciplinarias, sino que buscan el resarcimiento del da\u00f1o al erario.<\/p>\n En caso de que el detrimento est\u00e9 relacionado con un posible delito o una falta disciplinaria, ah\u00ed s\u00ed entran a operar otras autoridades, pero la competencia fiscal es exclusiva de la Contralor\u00eda General y las regionales. Esto tambi\u00e9n est\u00e1 regulado en el decreto-ley\u00a01953<\/a>\u00a0de 2014, que obliga a los cabildos certificados por el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n a contratar como cualquier otro ente estatal, o sea de acuerdo con la Ley\u00a080<\/a>\u00a0de 1993.<\/p>\n Sin embargo, la gran mayor\u00eda de los resguardos todav\u00eda no han obtenido ese aval, dice el consejero Ba\u00f1ol. El acceso depende de requisitos que demuestran la capacidad de las autoridades para administrar los dineros. De acuerdo con el consejero mayor del CRIC, Hermes Pete, este es un problema sobre todo para los cabildos m\u00e1s peque\u00f1os, porque no les llega lo suficiente para sostener un equipo solos y la conformaci\u00f3n de asociaciones requiere otros tr\u00e1mites.<\/p>\n En estos casos, la plata queda en manos de las administraciones locales. Esto quiere decir que las encargadas de manejar los recursos de los territorios ind\u00edgenas son las alcald\u00edas o, en su defecto, algunas gobernaciones departamentales.<\/p>\n Estamos hablando del 0,52 por ciento anual de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP<\/a>), que se tradujo en casi 212.109 millones de pesos en 2020. Aunque tambi\u00e9n participan de los componentes con destinaci\u00f3n espec\u00edfica que se reparten entre todos los entes territoriales del pa\u00eds, en especial los de salud, educaci\u00f3n y agua potable.<\/p>\n Es una cifra inferior al\u00a0presupuesto<\/a>\u00a0de Quibd\u00f3, que tiene 130.000 habitantes. A\u00fan as\u00ed, debe beneficiar a\u00a0casi 2 millones de ind\u00edgenas<\/a>\u00a0que hay en Colombia, una cantidad cercana a la poblaci\u00f3n de toda el \u00e1rea metropolitana de Barranquilla (con Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa) seg\u00fan el\u00a0censo<\/a>\u00a0de 2018.<\/p>\n Tan evidente es que s\u00ed debe haber rendici\u00f3n de cuentas sobre estos dineros, que justo el pasado 19 de octubre sali\u00f3 una\u00a0auditor\u00eda<\/a>\u00a0de la Contralor\u00eda General con 156 hallazgos fiscales, 638 disciplinarios y 45 penales por el manejo de los recursos del SGP destinados a resguardos de 2015 a 2019. Solo 50 de 200 entidades evaluadas pasaron el examen.<\/p>\n La instituci\u00f3n inform\u00f3 que \u201cse presentaron deficiencias especialmente por la no suscripci\u00f3n de contratos de administraci\u00f3n [entre alcald\u00edas y resguardos] y, en otros casos, por el no reporte de los mismos\u201d<\/strong><\/em>. En resumidas cuentas, denunci\u00f3 que las administraciones municipales estaban dejando los recursos sin ejecutar o se los estaban gastando en bienes de consumo y no en inversiones para mejorar la calidad de vida de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n El informe tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 debilidades en la estructuraci\u00f3n de proyectos por parte de los resguardos. Sin embargo, de los 662.702 millones de pesos que se ejecutaron en esos cinco a\u00f1os (apenas 63,7 por ciento de lo disponible), 592.829 millones estuvieron bajo la responsabilidad de las alcald\u00edas y gobernaciones, frente a 69.873 millones sobre los que tuvieron incidencia directa las autoridades ind\u00edgenas, la d\u00e9cima parte.<\/p>\n As\u00ed se cae la falsedad, contenida en la segunda parte del video, de que son las autoridades de los resguardos quienes reciben la mayor\u00eda de esa plata sin que los entes de control puedan vigilar c\u00f3mo y en qu\u00e9 se la gastan.<\/p>\n<\/div>\n En el video, la mujer afirma que los ind\u00edgenas en Colombia \u201cno pagan impuestos, ni por sus tierras ni por sus \u2018empresas\u2019, las cuales son muy pocas, ya que el trabajo no es su fuerte\u201d.<\/p>\n Se entiende que hace referencia a las tierras que ocupan los resguardos ind\u00edgenas en Colombia, como un reconocimiento constitucional al territorio que han habitado ancestralmente.<\/p>\n As\u00ed\u00a0lo ha descrito la Corte Constitucional<\/a>: \u201cEl reconocimiento constitucional de la propiedad colectiva del resguardo sirve a la preservaci\u00f3n de las culturas ind\u00edgenas y de sus valores espirituales\u201d. Actualmente, a trav\u00e9s de la Agencia Nacional de Tierras,\u00a0se siguen reconociendo legalmente m\u00e1s \u00e1reas<\/a>\u00a0de propiedad colectiva sobre territorios a los resguardos ind\u00edgenas.<\/p>\n Los resguardos, seg\u00fan el\u00a0Decreto 2164 de 1995<\/a>, son una \u201cinstituci\u00f3n legal y sociopol\u00edtica de car\u00e1cter especial, conformada por una o m\u00e1s comunidades ind\u00edgenas, que con un t\u00edtulo de propiedad colectiva (equivalente en garant\u00edas a la propiedad privada), poseen su territorio y se rigen para el manejo de este\u201d.<\/p>\n Respecto al pago de impuestos, en efecto, es cierto que los cabildos est\u00e1n exentos de reportar obligaciones fiscales como el impuesto de renta o el predial.<\/p>\n As\u00ed fue establecido en la Ley 44 de 1990, modificada por la\u00a0Ley 223 de 1995<\/a>. Esta \u00faltima, en su Art\u00edculo 22, hace una lista de las entidades que no son contribuyentes en Colombia:<\/p>\n \u201cNo son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios la Naci\u00f3n, los departamentos y sus asociaciones, los distritos, los territorios ind\u00edgenas, (…), los resguardos y cabildos ind\u00edgenas (…)\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n De este mismo beneficio fiscal gozan las propiedades colectivas de comunidades negras establecidas en el territorio nacional, de acuerdo a la Ley 70 de 1993.Respecto al pago del impuesto predial, que en Colombia es una fuente de financiaci\u00f3n para los municipios y distritos, la misma\u00a0Ley 44 de 1990<\/a>, modificada por la Ley 223 de 1995, cre\u00f3 la figura de Compensaci\u00f3n por Resguardos Ind\u00edgenas, en su Art\u00edculo 184.<\/p>\n Esto establece que, cada a\u00f1o, del Presupuesto General de la Naci\u00f3n se deber\u00e1 girar a los municipios donde existan resguardos ind\u00edgenas, el dinero equivalente al pago del impuesto predial que dejan de percibir por estas tierras, que son rurales.<\/p>\n Para el 2020, el monto presupuestado para girar por este concepto a los municipios es de 38.693 millones de pesos y est\u00e1\u00a0incluido en los gastos<\/a>\u00a0del Ministerio de Hacienda.<\/p>\n En ese sentido, es cierto que los resguardos \u201cno pagan impuestos\u201d por la propiedad colectiva sobre sus tierras, como dice el video. Pero no por ser evasores o tener un comportamiento ilegal, sino por contar con un reconocimiento constitucional, como lo explicamos antes.<\/p>\n El Estado garantiza \u201cla dotaci\u00f3n y titulaci\u00f3n de las tierras suficientes o adicionales que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, el reconocimiento de la propiedad de las que tradicionalmente ocupan o que constituyen su h\u00e1bitat, la preservaci\u00f3n del grupo \u00e9tnico y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes\u201d, se lee en el Decreto 2164 de 1995 que reglamenta la Ley 44 de 1990.<\/p>\n Ahora, respecto al pago de impuestos \u201cpor sus empresas\u201d, que tambi\u00e9n menciona el video, no es claro a qu\u00e9 empresas se refiere el clip de \u2018La Polla\u2019.<\/p>\n Sin embargo, consultamos a Jimmy Alberto Sevilla, vicegobernador del cabildo ind\u00edgena Yanaconas, de Cali, quien explic\u00f3 que al interior de los resguardos existen iniciativas empresariales agropecuarias que permiten el sostenimiento econ\u00f3mico de las comunidades. Y estas actividades, por realizarse al interior de los mismos resguardos, cuentan con la misma protecci\u00f3n que los exime de una responsabilidad fiscal ordinaria.<\/p>\n \u201cTodo lo que se realiza en el territorio, como el trabajo colectivo, es de propiedad colectiva. Hay unidades productivas agr\u00edcolas. Por ejemplo, en el macizo tenemos procesamiento de leche, miel, producci\u00f3n de abejas, ma\u00edz, y participa la comunidad en estos proyectos. Esto forma del derecho interno y autonom\u00eda de los resguardos\u201d, se\u00f1ala el l\u00edder ind\u00edgena.<\/p>\n<\/div>\n \u201cSon terratenientes. Seg\u00fan cifras oficiales del Agust\u00edn Codazzi, Incoder y Parques Nacionales, los ind\u00edgenas colombianos tienen 34 millones de hect\u00e1reas de tierra rural y productiva. En otras palabras, ellos que representan el 14 por ciento de la poblaci\u00f3n; son los due\u00f1os de la tercera parte de las tierras rurales colombianas\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n La presentadora sustenta su afirmaci\u00f3n de que los ind\u00edgenas son \u201cterratenientes\u201d a varios datos que si bien es cierto tienen parte de realidad no evidencian que se les pueda tildar de terratenientes y adem\u00e1s las 34 millones de hect\u00e1reas no son todas de tierras productivas, parte de los resguardos est\u00e1 en zonas de bosque, protegidas.Pero antes de verificar los datos exactos, vale la pena aclarar que una de las fuentes que cita la presentadora en el video es una entidad que ya no existe: el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),\u00a0liquidado<\/a>\u00a0en el a\u00f1o 2016.\u00a0Actualmente, la entidad encargada de administrar la legalizaci\u00f3n de tierras de los resguardos es la Agencia Nacional de Tierras.Esa entidad comparti\u00f3 a Colombiacheck un\u00a0documento<\/a>\u00a0que citamos en\u00a0este otro chequeo<\/a>, en el que informa que el n\u00famero de hect\u00e1reas adjudicadas a resguardos ind\u00edgenas en Colombia es de 33,2 millones en 28 departamentos del pa\u00eds.<\/p><\/blockquote>\n Esta extensi\u00f3n de tierra est\u00e1 en manos de 767 resguardos constituidos.Entonces, aunque la cifra oficial es un poco m\u00e1s baja, el video acierta relativamente con el n\u00famero de hect\u00e1reas constituidas como resguardos ind\u00edgenas en Colombia.\u00a0Sin embargo, el video se\u00f1ala que se trata de tierra \u201cproductiva\u201d, pero como\u00a0han aclarado las mismas comunidades ind\u00edgenas<\/a>, la mayor parte de los territorios que ocupan los resguardos no son suelos de producci\u00f3n agropecuaria, pues se trata principalmente de \u00e1reas de protecci\u00f3n o reserva forestal, p\u00e1ramos o suelos sin vocaci\u00f3n agr\u00edcola.\u00a0Incluso, de acuerdo con\u00a0informaci\u00f3n<\/a>\u00a0del Ministerio de Medio Ambiente, 26 millones de hect\u00e1reas de los bosques naturales protegidos del pa\u00eds est\u00e1n en resguardos ind\u00edgenas, lo que quiere decir que la mayor parte de estos territorios \u00e9tnicos comprenden \u00e1reas de preservaci\u00f3n; no son \u201cproductivas\u201d.Esto se puede observar en este\u00a0mapa<\/a>\u00a0publicado por la Agencia Nacional de Tierras, que muestra que la mayor parte de las tierras legalizadas para resguardos ind\u00edgenas se encuentran en los departamentos de Amazonas, Guain\u00eda, Vaup\u00e9s, Vichada y Guaviare.<\/p><\/blockquote>\n Y son estos departamentos los que est\u00e1n por fuera de la \u201cfrontera agr\u00edcola\u201d del pa\u00eds, establecida por el Ministerio de Agricultura como el \u00e1rea de suelo disponible para actividades agropecuarias.As\u00ed se ve en este\u00a0otro mapa<\/a>\u00a0de la Unidad de Planificaci\u00f3n Rural Agropecuaria – UPRA – de dicho Ministerio, donde puede observar que los departamentos mencionados hacen parte del \u00e1rea de conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n ambiental.<\/p><\/blockquote>\n \u201cAunque dicen que hay unos que son narcotraficantes. El que viaje de noche de Cali a Santander de Quilichao, algo que parece un espectacular pesebre, no son casas, no son veredas, son cientos de invernaderos de los ind\u00edgenas con cultivos hidrop\u00f3nicos de marihuana. Y dependiendo de la zona, tienen coca y amapola tambi\u00e9n. Todos estos cultivos son de ellos y si no lo son, est\u00e1n en sus tierras, las cuales le alquilan a las Farc, o bueno, si ustedes creen que se desmovilizaron por el proceso de paz\u2026 digamos que se las alquilan a las disidencias de las Farc, para que ellos los cultiven y les paguen un c\u00f3modo y lucrativo arrendamiento\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n Esta argumentaci\u00f3n es cuestionable. Aunque la existencia de los invernaderos es innegable, el video hace generalizaciones sin sustento, al tiempo que responsabiliza y desconoce las luchas de las autoridades ind\u00edgenas contra este problema en sus territorios. Mejor dicho, da una versi\u00f3n parcial y acomodada de la historia.El director de la firma de consultor\u00eda en seguridad y desarrollo rural C-An\u00e1lisis,\u00a0Daniel Mauricio Rico<\/a>, la califica como \u201cuna apreciaci\u00f3n muy simplista [porque] la relaci\u00f3n es much\u00edsimo m\u00e1s compleja\u201d. En palabras del investigador sobre cultivos il\u00edcitos\u00a0Salom\u00f3n Majbub Avenda\u00f1o<\/a>, \u201ces una estigmatizaci\u00f3n muy funcional\u201d.El primero admite que, en algunos sitios, s\u00ed hay ind\u00edgenas que les arriendan tierras a colonos que siembran cultivos il\u00edcitos. Sin embargo, aclara que no es la \u00fanica comunidad con ese problema y tampoco la m\u00e1s afectada, adem\u00e1s de que tampoco les queda f\u00e1cil sacarlos de ah\u00ed. En todo caso, \u201clos cultivos no son de los grupos armados sino de las comunidades\u201d, explica el segundo. Majbub considera que la situaci\u00f3n \u201cresponde a unas din\u00e1micas de pobreza rural y agraria que no se han resuelto\u201d. Seg\u00fan una\u00a0cartilla<\/a>\u00a0elaborada por el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEDD) en octubre de 2019, estas plantaciones son el medio de sustento para una poblaci\u00f3n que, adem\u00e1s de ser mayoritariamente ind\u00edgena, tiene una alta incidencia de pobreza y pobreza extrema.Los archivos de\u00a0prensa<\/a>\u00a0indican al mismo tiempo que, con la desmovilizaci\u00f3n de las FARC tras el Acuerdo de Paz de 2016, empez\u00f3 una lucha entre las disidencias y otros grupos armados ilegales por el control del tr\u00e1fico ilegal de la producci\u00f3n. Esto demuestra que la teor\u00eda de La Polla sobre los arriendos se queda corta frente a los matices de la realidad.\u201cEsas l\u00f3gicas no funcionan as\u00ed. Menos, donde la tierra es tan importante para la estructura comunitaria\u201d, dice Majbub. Por el contrario, \u201csi hay comunidades que han hecho un control muy estricto son los ind\u00edgenas y particularmente en el norte del Cauca\u201d, se\u00f1ala.\u201cCon los cabildos, hemos intentado eliminar los cultivos, pero ha sido muy dif\u00edcil\u201d, dice Hermes Pete, consejero mayor del CRIC. En julio de 2019, el entonces alcalde de Torib\u00edo, Alcib\u00edades Escu\u00e9 Musicu\u00e9, le dijo a Noticias Caracol que las autoridades ind\u00edgenas hab\u00edan decidido apoyar los operativos para cortar las conexiones el\u00e9ctricas ilegales que alimentan las bombillas de los invernaderos.<\/p><\/blockquote>\n \u201cEn el Cauca, ellos se creen con derecho a coartar principios constitucionales a todos los dem\u00e1s caucanos, como el derecho a transitar libremente. Pues cada vez que les parece, sus l\u00edderes le ordenan a 10.000 ind\u00edgenas que alisten sus chiros y se aplasten en la v\u00eda Panamericana para no permitir que entre ni salga nadie de Popay\u00e1n por ninguno de sus puntos cardinales\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n Es verdad que una forma de protesta que usualmente se asocia a las mingas en el Cauca es el bloqueo a la carretera Panamericana. En ese sentido, afecta el derecho a la libre movilidad consagrado en la\u00a0Constituci\u00f3n<\/a>, pero la discusi\u00f3n es m\u00e1s compleja. La presentadora deja por fuera otros apartes de las normas del pa\u00eds, por lo que este segmento es cuestionable.Colombiacheck trat\u00f3 este debate en un\u00a0explicador<\/a>\u00a0del pasado 21 de enero. En el texto, se detall\u00f3 por qu\u00e9 la protesta pac\u00edfica es tambi\u00e9n un derecho estipulado en la misma\u00a0Carta Pol\u00edtica<\/a>\u00a0y c\u00f3mo se sopesa su importancia frente a las garant\u00edas que deben gozar quienes no participan de ella.Para hacerlo, consultamos a la entonces decana de Derecho de la Universidad de los Andes,\u00a0Catalina Botero Marino<\/a>, y al polit\u00f3logo\u00a0V\u00edctor Barrera<\/a>\u00a0del Centro de Investigaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Popular (Cinep), entre otras fuentes. Esto encontramos al respecto:<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 pasa cuando el derecho a protestar de unos ciudadanos afecta los derechos de otros?<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n El derecho a la protesta social es un derecho muy importante porque se utiliza para lograr el cumplimiento por parte del Estado de los derechos fundamentales, por eso es aceptable que en ciertos momentos afecte algunos derechos de otras personas como el derecho a moverse libremente por la ciudad.<\/em>\u201cLa protesta social es naturalmente disruptiva\u201d, nos dijo Botero, la decana de Los Andes. \u201cNo es violenta, es disruptiva. Naturalmente va a haber ruido, es bastante probable que haya carteles y papeles. Si uno no est\u00e1 dispuesto a asumir que la protesta social tiene esas consecuencias, entonces no est\u00e1 dispuesto a proteger la protesta social. Hay que sincerarse. Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es leg\u00edtimo porque eso disuelve la protesta\u201d.<\/em>Pero esto no significa que el derecho a la protesta pueda coartar otros derechos de manera absoluta e ilimitada, hay un momento en el que las autoridades pueden tomar la decisi\u00f3n de disolver una protesta porque los derechos de otros est\u00e1n siendo afectados de manera desproporcionada. Barrera explic\u00f3 que la protesta social \u201ces un derecho que en su ejercicio afecta otros derechos fundamentales, como pueden ser la salud y la educaci\u00f3n. La disoluci\u00f3n de la protesta se da sobre la base de que ya se haya configurado una afectaci\u00f3n a un derecho concreto, no una afectaci\u00f3n hipot\u00e9tica. Que haya un estado real de cosas donde haya una afectaci\u00f3n muy expl\u00edcita e intolerable de la seguridad y la integridad f\u00edsica de las personas\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n De modo que la afirmaci\u00f3n es cuestionable porque omite el contexto sobre la protesta y toma solo un art\u00edculo aislado de la Constituci\u00f3n para hacer su juicio.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\nAutonom\u00eda administrativa<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/DatosServiciosNoticiaPulla-300x300.jpg\")
<\/p>\nNo pagan impuestos<\/h3>\n
Son terratenientes<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Mapa-Colombia-212x300.jpeg\")
<\/p><\/blockquote>\n![\"\"](\"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Colombia-300x169.jpeg\")
<\/p><\/blockquote>\n\n
Son narcoproductores<\/h3>\n
\n
Violadores innatos de la Constituci\u00f3n<\/h3>\n
\n