Introducci\u00f3n <\/strong><\/h3>\nEl territorio del Cauca sigue siendo sometido a las peores formas de violencia, donde operan factores estructurales que determinan en \u00faltima instancia ese aparente caos en que padecemos una violencia exacerbada contra la poblaci\u00f3n y sus l\u00edderes. El Cauca se ha distinguido por su f\u00e9rtil din\u00e1mica social y de organizaciones comunitarias que generan iniciativas y luchas que trascienden a nivel nacional.<\/p>\n
A tres a\u00f1os y medio de la firma del Acuerdo de Paz, las diferentes formas como ha operado el Estado Colombiano, desde sus inicios, en contra de esta esperanza de construir territorios en los cuales predomine la justicia y el respeto a la vida, viene mutando en escepticismo; pero el esp\u00edritu luchador de esas comunidades y sus organizaciones contin\u00faa siendo el motor de trabajo de m\u00faltiples personas lideresas y defensoras de los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca.<\/p>\n
El incremento desmedido de la violencia socio pol\u00edtica en el Departamento se ha constituido en una barrera que no solo atenta en contra de la pervivencia de las comunidades de nuestro territorios, sino contra la posibilidad de consolidaci\u00f3n de la democracia Colombiana, se constituye en s\u00edntoma de un retroceso real de las m\u00ednimas formas en que el sistema operante en Colombia asume formas de apariencia de democr\u00e1tica, ya que, no puede haber democracia completa sin una institucionalidad que garantice el deber Estatal de proteger la libre expresi\u00f3n de quienes alzan sus voces para denunciar las pol\u00edticas estatales como la causa de las violencias que padecemos.<\/p>\n
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, en el Departamento del Cauca han sido asesinadas 215 <\/strong>personas lideresas, defensoras de Derechos Humanos y familiares, 36 <\/strong>ex guerrilleros de las FARC \u2013 EP en proceso de reincorporaci\u00f3n y 3 <\/strong>de sus familiares y 1 <\/strong>integrante del partido FARC.<\/p>\nPara las comunidades rurales y urbanas, cada una de nuestros compa\u00f1eros y compa\u00f1eras asesinadas, representaba una posibilidad proyecci\u00f3n hist\u00f3rica de la comunidad y de aprendizaje social, as\u00ed como la fuerza moral para hacerle frente a los desaf\u00edos propios de la vida del post acuerdo, en territorios marcados por unas pol\u00edticas econ\u00f3micas marcadas por el extractivismo y por la ausencia de una estructura institucional eficaz y transparente en cuanto a la defensa de los derechos.<\/p>\n
Para el Estado, cada una de estas personas significaba una oportunidad para dignificar la pol\u00edtica colombiana, para conocer los territorios en donde no hab\u00eda hecho presencia, para encontrar propuestas que faciliten la implementaci\u00f3n de los Acuerdos de Paz, as\u00ed como, el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de proteger la vida y la dignidad de la ciudadan\u00eda: a cada una de ellas y a cada una de sus familias, el Estado les fall\u00f3.<\/p>\n
Aunque las amenazas a la vida, integridad y seguridad personal de las comunidades y personas que ejercen liderazgos sociales, defienden los Derechos Humanos o se reincorporaron a la vida civil no son nuevas, y por el contrario se han hecho m\u00e1s evidentes con el paso del tiempo, a trav\u00e9s de la publicaci\u00f3n de m\u00faltiples registros e informes provenientes de la propia institucionalidad, de la comunidad internacional, as\u00ed como de organizaciones de la sociedad civil; las respuestas institucionales contin\u00faan siendo insuficientes.<\/p>\n
En consecuencia, encontramos que desde el inicio del actual gobierno y hasta la presente fecha, en el Departamento han sido asesinadas 149 <\/strong>personas lideresas, defensoras de derechos y familiares, 26 <\/strong>ex guerrilleros de las FARC \u2013 EP en proceso de reincorporaci\u00f3n y 3 <\/strong>de sus familiares.<\/p>\nHoy, frente a una situaci\u00f3n de pandemia mundial, que agudiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de la poblaci\u00f3n caucana, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, la violencia contin\u00faa llegando hasta las viviendas de l\u00edderes, lideresas y defensores\/as de Derechos Humanos para arrebatarles la vida. As\u00ed, entre finales de marzo (cuando se reportaron las medidas de cuarentena) y los primeros d\u00edas de mayo; 20 <\/strong>personas lideresas, defensoras de Derechos Humanos y familiares han resultado asesinadas en el Departamento.<\/p>\nEl incremento de la violencia socio pol\u00edtica amenaza especialmente a los grupos poblacionales que m\u00e1s han sufrido la negaci\u00f3n de sus derechos, como los pueblos ind\u00edgenas, afrodescendientes y las comunidades campesinas; en este sentido, los procesos organizativos que representan a dicha poblaci\u00f3n como el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC); la Asociaci\u00f3n de Cabildos Ind\u00edgenas del Norte del Cauca (ACIN); el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) \u2013 Marcha Patri\u00f3tica; El Coordinador Nacional Agraria (CNA) y el Congreso de los Pueblos, la Asociaci\u00f3n de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC); han resultado particularmente afectados.<\/p>\n
De manera particular sobresalen tambi\u00e9n las afectaciones diferenciales a las mujeres, pues desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha, 26 <\/strong>mujeres lideresas, defensoras de los Derechos Humanos y familiares han sido asesinadas en el Departamento del Cauca. Esto implica que adem\u00e1s del riesgo a ser v\u00edctimas de violencias basadas en g\u00e9nero, las mujeres deben afrontar el riesgo adicional de ser v\u00edctimas de la violencia sociopol\u00edtica; la existencia de este doble riesgo supone una gran barrera para que las mujeres puedan acceder a espacios p\u00fablicos de decisi\u00f3n, as\u00ed como a posiciones de liderazgo comunitario.<\/p>\nEl incremento de la violencia sociopol\u00edtica que se impone en los territorios a trav\u00e9s de la presencia de actores armados representa la agudizaci\u00f3n del sistema patriarcal que legitima la fuerza como fuente de poder y niega el di\u00e1logo como mecanismo de relacionamiento social, situaci\u00f3n que exacerba los riesgos a la vulneraci\u00f3n de los Derechos Humanos de las mujeres, especialmente de aquellas que pertenecen a grupos \u00e9tnicos y culturales hist\u00f3ricamente discriminados, lo que configura adem\u00e1s de un doble riesgo; una doble discriminaci\u00f3n resultante de las condiciones de g\u00e9nero y \u00e9tnicas o culturales propias de las mujeres rurales, quienes deben entonces sobrellevar limitaciones adicionales para poder acceder a programas, bienes y servicios estatales.<\/p>\n
En desarrollo de los puntos 2.2., 3.4. y 5 del Acuerdo Final de Paz, el Estado Colombiano complement\u00f3 su amplia normativa en materia de garant\u00edas para la Defensa de Derechos Humanos en Colombia (personas, grupos y comunidades en riesgo o con especial vulnerabilidad); cuenta con instrumentos administrativos como resoluciones, circulares, directivas, entre otros, que contienen iniciativas, programas y estrategias.<\/p>\n
Sin embargo, se evidencia una d\u00e9bil articulaci\u00f3n entre dichos instrumentos y la institucionalidad. La falta de conocimiento y apropiaci\u00f3n por parte de quienes hacen parte de las instituciones en el orden nacional y local, adicionando la carencia de la incorporaci\u00f3n de estas disposiciones en los instrumentos de planeaci\u00f3n y la decisi\u00f3n estatal de disponibilidad de recursos, y la ausencia de procesos e instrumentos de seguimiento efectivos, se traduce en una brecha entre los instrumentos adoptados y su implementaci\u00f3n por parte de la institucionalidad.<\/p>\n
Los Acuerdos de Paz incluyeron mecanismos normativos especialmente dirigidos a las garant\u00edas para la defensa de Derechos Humanos en Colombia. No obstante, el gobierno nacional, se ha negado a implementarlos y cre\u00f3 el Plan de Acci\u00f3n Oportuna de Prevenci\u00f3n y Protecci\u00f3n para Defensores de Derechos Humanos y L\u00edderes Sociales (PAO) con el fin de impulsar una estrategia para garantizar su seguridad y la promoci\u00f3n de los Derechos Humanos. Pese a lo anterior, se incrementa la violencia socio pol\u00edtica en nuestros territorios, es decir present\u00e1ndose asesinatos, masacres, amenazas, atentados, heridas de civiles en acciones b\u00e9licas, da\u00f1os en bienes civiles, desplazamientos forzados y confinamientos.<\/p>\n
Las posturas del gobierno en contra de la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, est\u00e1n afectando de forma significativa y adversa a las personas defensoras de Derechos Humanos que lideran la defensa de la tierra, el territorio, el ambiente sano, los derechos de las v\u00edctimas, que construyen la paz en sus comunidades e impulsan el Programa Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos de Uso Il\u00edcito \u2013 PNIS y otras propuestas comunitarias con el prop\u00f3sito de sustituir cultivos escalonadamente a trav\u00e9s de inversi\u00f3n social.<\/p>\n
En medio de esta realidad y de la reflexi\u00f3n sobre estos contrastes durante los \u00faltimos a\u00f1os, organizaciones de la sociedad civil, han continuado impulsando la implementaci\u00f3n integral de los acuerdos de paz como estrategia central para la garant\u00eda de derechos y seguridad humana para los constructores de paz, l\u00edderes y lideresas sociales y pol\u00edticos.<\/p>\n
Sin centrar el problema en las cifras, se reitera la importancia de poner el acento en las causas, en el car\u00e1cter generalizado y sistem\u00e1tico de la violencia directa, estructural, socio pol\u00edtica, econ\u00f3mica, ambiental, simb\u00f3lica y cultural, en sus ra\u00edces e intereses econ\u00f3micos y pol\u00edticos y las nefastas consecuencias para la sociedad colombiana, cuya finalidad est\u00e1 dirigida a desmembrar el tejido social, debilitar los sujetos sociales y sus organizaciones y romper cualquier posibilidad de actuaci\u00f3n colectiva desde los territorios.<\/p>\n
En este marco, y como un elemento de aporte al gran debate nacional e internacional en ciernes y en desarrollo del compromiso de las organizaciones campesinas, \u00e9tnicas y sociales con la denuncia, visibilizaci\u00f3n y seguimiento de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, en especial a la vulneraci\u00f3n de los derechos a la vida, la integridad y seguridad personal y la libertad, en contra de personas l\u00edderes sociales, defensoras de Derechos Humanos, ex guerrilleros de las FARC \u2013 EP en proceso de reincorporaci\u00f3n y sus familiares, comunidades y organizaciones, presentamos el siguiente informe especial \u201cSituaci\u00f3n de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca\u201d<\/strong>.<\/p>\nContinua…<\/p>\nInforme Especial. Situaci\u00f3n de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca. 2 de mayo 2020. Final<\/a>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Organizaciones de la Mesa Territorial de Garant\u00edas en el Departamento del Cauca Mayo Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia \u201cFrancisco Isa\u00edas Cifuentes\u201d Calle 8 No. 8 \u2013 35 Barrio San Camilo. Popay\u00e1n, Cauca. Tel\u00e9fono (57-1) 300157. Email: redfcifuentes@gmail.com Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca Carrera 4 No. 0 <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":27837,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,132],"tags":[244],"yoast_head":"\n
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