{"id":2438,"date":"2012-09-10T14:28:48","date_gmt":"2012-09-10T14:28:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/?p=2438"},"modified":"2012-09-10T14:28:48","modified_gmt":"2012-09-10T14:28:48","slug":"los-gobiernos-deben-dejar-de-imponer-proyectos-de-desarrollo-en-los-territorios-de-los-pueblos-indigenas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/los-gobiernos-deben-dejar-de-imponer-proyectos-de-desarrollo-en-los-territorios-de-los-pueblos-indigenas\/","title":{"rendered":"Los gobiernos deben dejar de imponer proyectos de desarrollo en los Territorios de los Pueblos Ind\u00edgenas"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>En toda Am\u00e9rica los gobiernos siguen discriminando a las poblaciones ind\u00edgenas al negarles su derecho a participar en decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras para su supervivencia cultural. Carreteras, ductos, centrales hidroel\u00e9ctricas y explotaciones mineras a cielo abierto son algunos de los proyectos de desarrollo que los gobiernos siguen llevando a cabo dentro de territorios ind\u00edgenas o en sus proximidades sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de estas comunidades.<\/p>\n

El derecho a ser consultados, recogido en diversas normas internacionales de derechos humanos, es clave para los pueblos ind\u00edgenas, que mantienen una especial relaci\u00f3n con su territorio y su medio ambiente. Como afirma Eriberto Gualinga, de la comunidad ind\u00edgena Sarayaku de Ecuador: \u201cPara nosotros la selva es la vida. La selva nos da nuestra identidad como pueblo ind\u00edgena. Nuestra vida como pueblo depende de nuestro medio natural\u201d. En las siguientes p\u00e1ginas presentamos un resumen de algunas de las graves dificultades a las que se enfrentan diariamente los pueblos ind\u00edgenas cuando exigen su derecho a ser consultados y dar su consentimiento libre, previo e informado.<\/p>\n

Es fundamental disponer de procedimientos s\u00f3lidos de consulta y consentimiento<\/strong><\/p>\n

Una consulta es un proceso de di\u00e1logo sustantivo entre los pueblos ind\u00edgenas y los gobiernos sobre cualquier medida que pueda afectarles. Los gobiernos deben abordar los motivos de preocupaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas y tomar medidas proactivas para garantizar que se respetan y protegen plenamente sus derechos humanos. Dar a conocer oportunamente toda la informaci\u00f3n pertinente sobre un proyecto y su posible impacto sobre los derechos humanos es un factor clave en una consulta aut\u00e9ntica, que debe ser: – libre: Todas las estructuras de di\u00e1logo y toma de decisiones deben ser justas y sin coacciones, manipulaciones, amenazas, temor a las represalias, corrupci\u00f3n o desigualdad en la capacidad de negociaci\u00f3n; – previa: El di\u00e1logo y los acuerdos deben tener lugar antes de que se haya tomado cualquier medida potencialmente perjudicial, y las comunidades deben poder disponer de tiempo suficiente para dar su consentimiento de acuerdo con sus valores y tradiciones; – informada: Las comunidades deben disponer de informaci\u00f3n completa y objetiva, que se les facilitar\u00e1 de forma clara y culturalmente adecuada, y deben tener la posibilidad de conseguir asesoramiento independiente. Esto garantizar\u00e1 que no se tomen medidas que podr\u00edan tener un impacto significativo sobre los derechos humanos de los pueblos ind\u00edgenas sin su consentimiento libre, previo e informado, tal como establecen las normas internacionales de derechos humanos. Son ante todo los propios pueblos ind\u00edgenas los que deber\u00e1n determinar el impacto potencial de las medidas, teniendo en cuenta su situaci\u00f3n de vulnerabilidad y su historia de discriminaci\u00f3n.<\/p>\n

Es fundamental que los Estados y otros agentes poderosos inicien con los pueblos ind\u00edgenas s\u00f3lidos procedimientos de consulta en todas las ocasiones en relaci\u00f3n con cualquier actividad que se realice en sus territorios o que afecte a dichos territorios. En toda Am\u00e9rica hay muchos ejemplos en los que esta consulta no se realiza o se lleva a cabo mediante un procedimiento particular e incoherente, violando con ello las normas internacionales de derechos humanos.<\/p>\n

Por ejemplo, en\u00a0M\u00e9xico<\/strong>, los ind\u00edgenas wix\u00e1rikas piden al gobierno que cancele las concesiones mineras para realizar actividades de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n en Wirikuta, regi\u00f3n del estado de San Luis Potos\u00ed que es fundamental para la herencia cultural, las tradiciones y las formas de vida de los wix\u00e1rikas. Los wix\u00e1rikas llevan a cabo peregrinaciones y ceremonias tradicionales cada a\u00f1o en Wirikuta, actividades que, en opini\u00f3n de la comunidad, est\u00e1n en peligro con los proyectos mineros desarrollados en su territorio. Los ind\u00edgenas wix\u00e1rikas afirman que no han sido consultados sobre esos proyectos. Aunque el gobierno anunci\u00f3 recientemente la cancelaci\u00f3n de algunas concesiones mineras en una peque\u00f1a zona de Wirikuta, muchas otras siguen en vigor, y la mayor parte del territorio contin\u00faa abierto a las actividades extractivas.<\/p>\n

En\u00a0Ecuador<\/strong>, el gobierno ha emprendido una campa\u00f1a para informar a los pueblos ind\u00edgenas sobre sus planes de nuevas prospecciones petrol\u00edferas en el Amazonas. Las comunidades ind\u00edgenas locales ya han respondido a las autoridades se\u00f1alando sus principales motivos de preocupaci\u00f3n. \u201cEl Gobierno ha anunciado que ellos socializar\u00e1n la informaci\u00f3n y que esa socializaci\u00f3n ya es una consulta. Pero el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es algo diferente seg\u00fan los est\u00e1ndares internacionales. Para comenzar, la consulta s\u00f3lo ser\u00e1 una realidad si las autoridades nos demuestran que nos toman en serio, que respetan nuestros derechos y que act\u00faan con buena fe y transparencia. En las \u00faltimas semanas el gobierno ha invitado a talleres informativos, pero dado el contexto en el que estamos, no ser\u00eda prudente participar, pues el s\u00f3lo hecho de socializar informaci\u00f3n en los talleres para ellos ya es una consulta\u201d, se\u00f1al\u00f3 Patricia Gualinga, dirigente Sarayaku, a Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n

Sin hostigamiento, inseguridad ni violencia<\/strong><\/p>\n

Los pueblos ind\u00edgenas deben poder participar y tomar decisiones sin sentirse presionados por actores externos. Deben poder organizarse, buscar asesoramiento independiente y cuestionar a las autoridades y a otros poderosos actores sin temor a represalias tales como el hostigamiento judicial, las amenazas u otras formas de violencia.<\/p>\n

La experiencia de las comunidades de ind\u00edgenas wiwas que actualmente viven en la Sierra de Santa Marta de\u00a0Colombia<\/strong>\u00a0es un ejemplo. El limitado proceso de consulta al que tuvieron acceso en relaci\u00f3n con la construcci\u00f3n de la presa de El Cercado se desarroll\u00f3 en un marco de graves abusos contra los derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares con el apoyo y la connivencia de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los guerrilleros. En 2005 se celebraron una serie de entrevistas entre los grupos ind\u00edgenas y el organismo regional para la protecci\u00f3n del medio ambiente. Sin embargo, ya en 2002 y hasta 2007, las comunidades wiwas sufrieron constantes intimidaciones, destrucciones de viviendas, ataques a lugares de importancia cultural y amenazas y homicidios de l\u00edderes espirituales y comunitarios. A consecuencia de ello, muchas comunidades wiwas se vieron obligadas a desplazarse de la futura zona de influencia de la presa. La presa de El Cercado, en el departamento de La Guajira, comenz\u00f3 a funcionar en noviembre de 2010, pero los wiwas siguen haciendo campa\u00f1a para recibir reparaci\u00f3n por el negativo impacto que ha tenido en sus vidas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n en\u00a0Colombia<\/strong>, miembros de la comunidad afrodescendiente de La Toma, en el departamento de Cauca, recibieron amenazas de muerte en mayo de 2010, cuando hac\u00edan campa\u00f1a para que se tuvieran en cuenta sus puntos de vista sobre los proyectos mineros propuestos para la zona. Los grupos paramilitares los amenazaron de muerte antes y despu\u00e9s de que presentaran un recurso de tutela ante los tribunales exigiendo que se realizara una consulta adecuada y se solicitara su consentimiento para estos proyectos. Uno de los medios de vida de la comunidad de La Toma es la miner\u00eda artesanal. Afirman que los proyectos de actividad minera a gran escala tendr\u00e1n un efecto perjudicial sobre sus vidas. Los dirigentes de las comunidades ind\u00edgenas cercanas de Cerro Tijeras y Honduras tambi\u00e9n han sufrido reiteradas amenazas de muerte en los \u00faltimos a\u00f1os por oponerse al desarrollo de actividades de extracci\u00f3n aur\u00edfera a gran escala realizadas por empresas nacionales y multinacionales en las tierras que reclaman como propias.<\/p>\n

Las comunidades ind\u00edgenas y campesinas han tomado las calles en\u00a0Ecuador<\/strong>\u00a0para protestar por que no se les haya consultado por las leyes y pol\u00edticas propuestas por el gobierno sobre cuestiones que les afectan directamente. En lugar de entablar un di\u00e1logo constructivo y consultar adecuadamente con las comunidades que ver\u00e1n afectados sus medios de vida, las autoridades han entablado actuaciones penales contra los dirigentes ind\u00edgenas y campesinos para disuadirlos de expresar su desaprobaci\u00f3n. Amnist\u00eda Internacional public\u00f3 recientemente un informe en el que se analiza el caso de 24 dirigentes procesados sin base judicial, uno de ellos el dirigente ind\u00edgena Marco Guatemal,\ufffd quien dijo a Amnist\u00eda Internacional: \u201cEsta criminalizaci\u00f3n desalienta, o sea limita, y m\u00e1s bien es un miedo para los otros, para los nuevos l\u00edderes que vendr\u00edan\u201d. En mayo de 2010, Marco Guatemal fue acusado de sabotaje y terrorismo junto con otros dos dirigentes ind\u00edgenas, pero la investigaci\u00f3n se cerr\u00f3 por falta de pruebas. Despu\u00e9s lo acusaron de bloquear carreteras, un delito punible con hasta tres a\u00f1os de c\u00e1rcel, y tuvo que presentarse a las autoridades cada 15 d\u00edas. En octubre de 2011, Marco Guatemal fue por fin absuelto, tras pasar 21 d\u00edas detenido.<\/p>\n

En\u00a0Argentina<\/strong>, la comunidad ind\u00edgena toba qom de La Primavera ha actuado contra la propuesta del gobierno de construir un recinto universitario en parte de sus tierras tradicionales. El dirigente comunitario F\u00e9lix D\u00edaz y algunos de sus familiares han sufrido intimidaciones y amenazas de muerte, incluso tras un acuerdo firmado en mayo de 2011 con el gobierno para facilitar medidas de protecci\u00f3n para la comunidad. El proyecto actualmente est\u00e1 suspendido por orden judicial. Los miembros de la comunidad afirman que repercutir\u00e1 negativamente en sus vidas.<\/p>\n

La consulta debe hacerse antes de tomar las decisiones<\/strong><\/p>\n

Los Estados tienen la obligaci\u00f3n de entablar consultas con los pueblos ind\u00edgenas en las etapas m\u00e1s tempranas posibles de los procesos de toma de decisiones que les afectan. Sin embargo, con frecuencia inician los procesos de consulta una vez tomadas decisiones importantes, lo cual impide que los pueblos ind\u00edgenas tengan una verdadera oportunidad de influir en el resultado del proceso de toma de decisiones y genera un clima de mala fe, desconfianza y polarizaci\u00f3n que puede desembocar en conflictos sociales.<\/p>\n

Un ejemplo es el del Territorio Ind\u00edgena y Parque Nacional Isiboro-S\u00e9cure (TIPNIS), en\u00a0Bolivia<\/strong>. Desde 2003 las autoridades vienen tomando importantes decisiones sobre la construcci\u00f3n de una carretera que cruza el TIPNIS, como la salida a concurso de la obra y su adjudicaci\u00f3n a una empresa. Sin embargo, muchas comunidades del territorio afirman que no han sido consultadas previamente y, en agosto de 2011, marcharon hacia La Paz para expresar sus motivos de preocupaci\u00f3n. Con ello consiguieron la aprobaci\u00f3n de una ley que anul\u00f3 la construcci\u00f3n de la carretera. Otras comunidades del TIPNIS, partidarias de la carretera, se echaron a la calle en diciembre de 2011 y, a consecuencia de la presi\u00f3n, el gobierno aprob\u00f3 otra ley para poner en marcha un proceso de consulta. Esto dio origen a otra marcha en abril de 2012. Sus asistentes afirmaban que la consulta no era oportuna y se realizaba de mala fe, y que el gobierno estaba pasando por alto a las autoridades leg\u00edtimas de la comunidad para conseguir el apoyo de algunas comunidades. El gobierno ya hab\u00eda cancelado el contrato para la construcci\u00f3n de la carretera y la consulta deb\u00eda comenzar a finales de julio de 2012. No estaba claro cu\u00e1ntas comunidades participar\u00edan realmente en ella. Da la sensaci\u00f3n de que el conflicto social de los \u00faltimos a\u00f1os podr\u00eda haberse evitado en buena medida si el gobierno no hubiera tomado decisiones sin consultar previamente con los afectados.<\/p>\n

Cabal comprensi\u00f3n de las circunstancias de los pueblos ind\u00edgenas<\/strong><\/p>\n

Un elemento fundamental de una consulta s\u00f3lida entre Estados y pueblos ind\u00edgenas es que exista una adecuada comprensi\u00f3n de las identidades, los valores y las opciones de los pueblos ind\u00edgenas. Al demostrar que comprenden bien la forma de vida de los grupos ind\u00edgenas y sus puntos de vista sobre cuestiones clave en el terreno social, econ\u00f3mico, pol\u00edtico, cultural y medioambiental, los funcionarios del Estado propiciar\u00e1n el di\u00e1logo intercultural y la comprensi\u00f3n mutua. Una medida pr\u00e1ctica es debatir abiertamente la forma en que los pueblos ind\u00edgenas desean relacionarse con el Estado, incluida la forma, los plazos y el idioma del propio proceso de consulta. Las autoridades deben dar a los pueblos ind\u00edgenas la oportunidad de estar adecuadamente representados en t\u00e9rminos geogr\u00e1ficos, de g\u00e9nero y de identidad cultural. Se proporcionar\u00e1 informaci\u00f3n completa y accesible sobre lo que est\u00e1 en juego, y se permitir\u00e1 a los pueblos ind\u00edgenas buscar asesoramiento independiente.<\/p>\n

La representaci\u00f3n es, junto con muchas otras, una de las \u00e1reas en que los gobiernos suelen entender mal la organizaci\u00f3n cultural de los pueblos ind\u00edgenas. Por ejemplo, en el caso de las comunidades ind\u00edgenas wiwas de\u00a0Colombia<\/strong>\u00a0mencionadas antes, las autoridades programaron y celebraron s\u00f3lo una reuni\u00f3n con los delegados wiwas el 13 de mayo de 2005. \u00c9stos afirmaron que no estaban facultados para tomar decisiones en nombre de las comunidades y subrayaron que las tomar\u00eda el Consejo Territorial de Cabildos (CTC).\u00a0<\/em>El CTC es el \u00f3rgano que representa a los pueblos de la Sierra Nevada a nivel nacional e internacional.\u00a0<\/em>Sin embargo, las autoridades no convocaron m\u00e1s reuniones para debatir el proyecto de la presa de El Cercado, y tres meses despu\u00e9s concedieron licencia medioambiental al proyecto.<\/p>\n

Las corporaciones agravan los abusos<\/strong><\/p>\n

Los gobiernos tienen la obligaci\u00f3n de proteger a la poblaci\u00f3n contra los abusos contra los derechos humanos cometidos por actores no estatales, tambi\u00e9n cuando estos derechos est\u00e1n amenazados por operaciones empresariales. Pero la incapacidad del gobierno de proteger los derechos humanos no exime a las empresas de cumplir con su responsabilidad en lo que se refiere al impacto de sus operaciones sobre estos derechos. Seg\u00fan los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, de la ONU, y otras normas internacionales, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a la consulta y al consentimiento. El cumplimiento de los Principios de la ONU exige que las empresas apliquen en sus actividades las m\u00e1s estrictas normas en materia de derechos humanos.<\/p>\n

La empresa Goldcorp Inc., radicada en Canad\u00e1, es una de las muchas que lleva a cabo proyectos extractivos en tierras ind\u00edgenas de Am\u00e9rica o cerca de ellas. Uno de sus proyectos, la mina Marlin, en explotaci\u00f3n desde 2003, est\u00e1 situada en el departamento de San Marcos, en\u00a0Guatemala<\/strong>. Seg\u00fan la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, en la zona viven al menos 18 comunidades ind\u00edgenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Los residentes han subrayado las divisiones que se han originado dentro de la propia comunidad por falta de una consulta significativa. Seg\u00fan Carmen Mej\u00eda, ind\u00edgena de San Miguel Ixtahuac\u00e1n, \u201cla empresa empez\u00f3 a operar de una manera ilegal aqu\u00ed, en nuestro territorio, enga\u00f1\u00e1ndonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron [\u2026] que iba a tener […] todos estos impactos negativos, […] que iba a generar todo este conflicto\u201d. Goldcorp afirma que ha cumplido con sus obligaciones seg\u00fan leyes nacionales, pero \u2013como ha se\u00f1alado el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los pueblos ind\u00edgenas\u2013 las normas de Guatemala, tanto en la ley como en la pr\u00e1ctica, son inferiores a las normas internacionales sobre el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a consulta y consentimiento. En marzo de 2012, Goldcorp present\u00f3 un nuevo estudio de impacto medioambiental a fin de cerrar una fase de su mina y abrir otra. A pesar de las cr\u00edticas nacionales e internacionales que hab\u00edan recibido previamente la empresa y el gobierno por la falta de consultas, los activistas locales volvieron a denunciar la falta de una consulta significativa.<\/p>\n

Rendici\u00f3n de cuentas y resarcimiento eficaces<\/strong><\/p>\n

Cuando las organizaciones ind\u00edgenas echan en cara a los organismos estatales o a las empresas no haber respetado sus derechos, con frecuencia no consiguen nada. Puede suceder que los tribunales se muestren reacios a aplicar las normas internacionales si \u00e9stas no han sido incorporadas a las leyes del pa\u00eds. Tambi\u00e9n pueden sufrir fuertes presiones pol\u00edticas para no retrasar la ejecuci\u00f3n de proyectos de desarrollo. En los casos en que organismos judiciales o no judiciales defienden el derecho a la consulta y el consentimiento \u2013y ha habido importantes ejemplos en los \u00faltimos a\u00f1os\u2013 los gobiernos y las empresas cumplen a rega\u00f1adientes con sus exigencias.<\/p>\n

En la Columbia Brit\u00e1nica,\u00a0Canad\u00e1<\/strong>, el Grupo de Tratado Hul’qumi’num (HTG por su sigla en ingl\u00e9s) lleva casi dos d\u00e9cadas de negociaciones por la tierra con los gobiernos federal y provincial. Mientras, las empresas siguen comprando y vendiendo tierras tradicionales del pueblo Hul’qumi’num y llevan a cabo actividades madereras y otros proyectos de desarrollo sin el consentimiento del HTG. \u00c9ste ha llevado el caso ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, que ha decidido que los mecanismos disponibles para brindar resarcimiento por pasadas violaciones del derecho a la tierra en Canad\u00e1 no cumplen las normas internacionales de justicia. Son demasiado lentos y exigen que sean los pueblos ind\u00edgenas los que demuestren sus derechos. El negociador del HTG Robert Morales afirm\u00f3: \u201cno pedimos a la Comisi\u00f3n que viaje en el tiempo e investigue errores hist\u00f3ricos. Le pedimos que proteja eficazmente nuestros derechos a la tierra para que podamos abordar la actual deforestaci\u00f3n y otras actividades de desarrollo que se producen en ellas actualmente.\u201d<\/p>\n

En\u00a0Ecuador<\/strong>, la comunidad Sarayaku ha llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras a\u00f1os de litigios durante los cuales el Estado no adopt\u00f3 ninguna medida adecuada para remediar las violaciones que sufr\u00edan. Eriberto Gualinga, de la comunidad Sarayaku, se\u00f1ala: \u201cEn 2002 una compa\u00f1\u00eda petrolera ingres\u00f3 a nuestras tierras. El gobierno le hab\u00eda dado una licencia para explotar petr\u00f3leo. Nosotros nunca fuimos consultados por el gobierno sobre este proyecto petrolero. No nos dieron informaci\u00f3n. No nos explicaron de qu\u00e9 se trataba. No nos preguntaron que opin\u00e1bamos sobre algo as\u00ed\u201d. Finalmente, la Corte se pronunci\u00f3 a favor de la comunidad en julio de 2012.\ufffd Ahora el gobierno debe acatar plenamente el fallo judicial.<\/p>\n

En ocasiones los gobiernos se niegan a ajustarse a los mecanismos internacionales de rendici\u00f3n de cuentas. Por ejemplo, en 2011,\u00a0Brasil\u00a0<\/strong>retir\u00f3 a su embajador ante la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos en represalia por la recomendaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de que se suspendieran los trabajos de la presa de Belo Monte hasta que se llevara a cabo una consulta adecuada con las comunidades ind\u00edgenas afectadas. Posteriormente la Comisi\u00f3n Interamericana modific\u00f3 las recomendaciones sobre el caso y dej\u00f3 de pedir a Brasil que suspendiera el proyecto en tanto no se llevara a cabo la consulta. Las obras de construcci\u00f3n est\u00e1n en marcha. Muchas comunidades ind\u00edgenas afirman que no han sido adecuadamente consultadas y que el gobierno no ha aplicado las medidas de atenuaci\u00f3n previamente acordadas.<\/p>\n

En otras ocasiones, aunque pueda llevar mucho tiempo, los gobiernos toman medidas para cumplir las decisiones internacionales, como en el caso de\u00a0Paraguay\u00a0<\/strong>en relaci\u00f3n con la comunidad ind\u00edgena Yakye Axa. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos orden\u00f3 a Paraguay que restituyera sus tierras ancestrales a los Yakye Axa, que hab\u00edan librado durante casi 20 a\u00f1os una batalla legal para que les fueran devueltas sus tierras ancestrales, mientras unas 90 familias se ve\u00edan obligadas a vivir en condiciones de miseria junto a una carretera cercana. A comienzos de 2012, el gobierno y la comunidad ind\u00edgena llegaron a un acuerdo sobre unas tierras alternativas, aunque la comunidad todav\u00eda espera el traslado a esas tierras. La comunidad ind\u00edgena Sawhoyamaxa, que tambi\u00e9n recibi\u00f3 un fallo favorable de la Corte Interamericana, sigue esperando la restituci\u00f3n de sus tierras ancestrales.<\/p>\n

Marcos legales s\u00f3lidos y exhaustivos<\/strong><\/p>\n

Un acontecimiento positivo que se ha producido en toda Am\u00e9rica a lo largo de los \u00faltimos decenios es el reconocimiento legislativo y constitucional de los derechos ind\u00edgenas. M\u00e1s recientemente, algunos gobiernos tambi\u00e9n han tomado medidas para adoptar leyes o pol\u00edticas espec\u00edficas a fin de regular el derecho a consulta y consentimiento en el \u00e1mbito nacional. Sin embargo, estas leyes y pol\u00edticas han sido limitadas en cuanto a procedimiento y contenido. En el futuro deben ser adecuadamente consultadas y acordadas con los pueblos ind\u00edgenas y deben desarrollarse en todos los departamentos gubernamentales pertinentes, incluidos los dedicados a la miner\u00eda, la protecci\u00f3n medioambiental y la energ\u00eda. Adem\u00e1s, deben incluir procedimientos de vigilancia, aplicaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de conflictos.<\/p>\n

Un ejemplo reciente es la aprobaci\u00f3n del reglamento sobre el derecho a consulta en\u00a0Per\u00fa<\/strong>. En 2011, y tras una intensa campa\u00f1a de las organizaciones ind\u00edgenas, el gobierno aprob\u00f3 una ley sobre el derecho a consulta. Sin embargo, las posteriores negociaciones con los pueblos ind\u00edgenas para elaborar el reglamento de dicha ley no llegaron a buen puerto. El reglamento fue aprobado por el gobierno con el benepl\u00e1cito de s\u00f3lo una de las seis organizaciones ind\u00edgenas. El procedimiento y el contenido del reglamento no recogen importantes aspectos del derecho a consulta reconocido en las normas internacionales.<\/p>\n

Recomendaciones<\/strong><\/p>\n

A continuaci\u00f3n se\u00f1alamos algunas medidas concretas que los gobiernos de toda Am\u00e9rica deben tomar urgentemente para que el derecho a la consulta y al conocimiento libre, previo e informado sea una realidad para los pueblos ind\u00edgenas. El desarrollo econ\u00f3mico es una meta leg\u00edtima y puede ser fundamental para el avance de los derechos humanos. Sin embargo, no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n

Los gobiernos deben garantizar que cualquier posible ley, pol\u00edtica o medida que pueda afectar a los pueblos ind\u00edgenas es sometida a un proceso de consulta con ellos antes de que se tome ninguna decisi\u00f3n.<\/p>\n

En lo que se refiere a proyectos de desarrollo tales como centrales hidroel\u00e9ctricas, carreteras, ductos y actividades extractivas y petrol\u00edferas, o a cualquier otro proyecto que pueda tener un impacto significativo sobre las comunidades ind\u00edgenas, los gobiernos deben llevar a cabo s\u00f3lidas consultas con dichas comunidades y conseguir su consentimiento libre, previo e informado antes de tomar ninguna decisi\u00f3n sobre tales proyectos.<\/p>\n

Los gobiernos deben establecer mecanismos y procedimientos claros y justos, en colaboraci\u00f3n con los pueblos ind\u00edgenas, para garantizar el derecho a consulta y a consentimiento libre, previo e informado. La consulta debe realizarse de buena fe y de acuerdo con los procesos de toma de decisiones de las comunidades afectadas, sus valores y sus tradiciones. Deben incluir mecanismos de vigilancia, aplicaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de quejas. Es preciso involucrar a las comunidades en los procesos de toma de decisiones desde las primeras etapas, y proporcionarles informaci\u00f3n completa y objetiva. Esta informaci\u00f3n debe comunicarse y compartirse con las comunidades afectadas de forma transparente y accesible.<\/p>\n

Los gobiernos deben asignar recursos suficientes para que las consultas se realicen eficazmente y para garantizar que no se excluye del proceso a los miembros de la comunidad por motivos de distancia, de analfabetismo en un idioma o cualquier otra circunstancia.<\/p>\n

Las empresas deben comprometerse p\u00fablicamente a respetar todas las normas internacionales de derechos humanos y los compromisos contra\u00eddos voluntariamente en el contexto de sus actividades.<\/p>\n

Las empresas no deben llevar a cabo proyectos que puedan afectar a los pueblos ind\u00edgenas si los gobiernos no han respetado el derecho de consulta y de consentimiento libre, previo e informado tal como establecen las normas internacionales.<\/p>\n

Informaci\u00f3n general<\/strong><\/p>\n

Los gobiernos deben demostrar su voluntad pol\u00edtica de respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de los pueblos ind\u00edgenas. La lista de pa\u00edses y pueblos ind\u00edgenas mencionada en este documento no es exhaustiva. Solo ilustra la acci\u00f3n y la inacci\u00f3n del Estado en relaci\u00f3n a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n

El derecho de estos pueblos a consulta y a consentimiento libre, previo e informado est\u00e1 recogido en la Declaraci\u00f3n de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas. Esta Declaraci\u00f3n es resultado de m\u00e1s de 20 a\u00f1os de negociaciones entre los Estados y los pueblos ind\u00edgenas. Todos los Estados de Am\u00e9rica la han respaldado. Estos derechos tambi\u00e9n est\u00e1n recogidos en el Convenio sobre Pueblos Ind\u00edgenas y Tribales (Convenio 169) de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayor\u00eda de los Estados de Am\u00e9rica. Asimismo han sido apoyados reiteradamente por la ONU y los \u00f3rganos regionales vigilancia de los tratados, como el Comit\u00e9 de Derechos Humanos, el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n Racial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, as\u00ed como el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los pueblos ind\u00edgenas, el Foro Permanente para las Cuestiones Ind\u00edgenas de la ONU y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, tambi\u00e9n de la ONU.<\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional y el pueblo ind\u00edgena kichwa de Sarayaku, en Ecuador, han producido un documental en el cual se pone de manifiesto lo importante que es para los pueblos ind\u00edgenas ser consultados en los asuntos que les conciernen. M\u00e1s informaci\u00f3n en\u00a0www.bit.ly\/jaguar-trailer<\/a><\/strong>.<\/p>\n

\ufffd Amnist\u00eda Internacional, Ecuador: \u201cPara que nadie reclame nada\u201d. \u00bfCriminalizaci\u00f3n del derecho a la protesta en Ecuador?, 17 de julio de 2012, disponible en\u00a0http:\/\/www.amnesty.org\/en\/library\/info\/AMR28\/002\/2012\/es<\/a><\/p>\n

\ufffd Amnist\u00eda Internacional, Ecuador: El fallo de la Corte Interamericana supone una victoria clave para los pueblos ind\u00edgenas, 27 de julio de 2012, disponible en \ufffd HYPERLINK \u00abhttp:\/\/www.amnesty.org\/es\/news\/ecuador-fallo-cidh-supone-victoria-clave-pueblos-indigenas-2012-07-26<\/a>\u00bb \ufffdhttp:\/\/www.amnesty.org\/es\/news\/ecuador-fallo-cidh-supone-victoria-clave-pueblos-indigenas-2012-07-26<\/a>\ufffd<\/p>\n

Amnist\u00eda internacional<\/strong><\/p>\n

Documento p\u00fablico<\/strong><\/p>\n

8 de agosto de 2012<\/p>\n

\u00cdndice: AMR 01\/005\/012<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En toda Am\u00e9rica los gobiernos siguen discriminando a las poblaciones ind\u00edgenas al negarles su derecho a participar en decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras para su supervivencia cultural. 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