Hace siete d\u00edas, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los dos compa\u00f1eros guardias ind\u00edgenas Gustavo Parra y Sebasti\u00e1n Vel\u00e1squez en La Delfina, departamento del Valle del Cauca. El 27 de junio, se contaron, en un periodo menor a 24 horas, dos l\u00edderes sociales asesinados Julio Sucerquia y Jos\u00e9 Garc\u00eda en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa sigue estrangulando al r\u00edo Cauca. El 28 de junio, fue asesinado el l\u00edder campesino Carlos Idrobo en la zona de El Pat\u00eda, al sur del Cauca. El 29 de junio, en el departamento de C\u00f3rdoba, fue asesinado el l\u00edder campesino Iv\u00e1n L\u00e1zaro mientras dorm\u00eda en su casa. Ayer, 2 de julio, fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.<\/p>\n
Hoy despertamos con la noticia de una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca. Se encontraron siete cuerpos con tiros de gracia en una de las v\u00edas de la zona rural del municipio. Pocos d\u00edas antes, se difundi\u00f3 por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una \u201climpieza\u201d. Para rematar, en horas de la tarde, mientras transmit\u00edan el partido de f\u00fatbol de la Selecci\u00f3n Colombia, asesinaron a dos l\u00edderes sociales: Felicinda Santamar\u00eda en el Choc\u00f3 y Luis Barrios en Atl\u00e1ntico.<\/p>\n
Hacemos este recuento porque creemos que a veces le es dif\u00edcil al pa\u00eds dimensionar las magnitudes de la violencia. Porque sabemos que los nombres de los l\u00edderes asesinados ser\u00e1n sepultados por la rotunda indolencia de la sociedad colombiana. Las cifras aumentan, el dolor persiste y las problem\u00e1ticas sociales permanecen.<\/p>\n
Las comunidades ind\u00edgenas de \u00c7xhab Wala Kiwe somos conscientes de los cambios que sufre el pa\u00eds y el camino de destrucci\u00f3n que impone el nuevo gobierno nacional. Aunque todav\u00eda no ha tomado posesi\u00f3n el presidente electo, por el territorio nacional ya se extiende en la pr\u00e1ctica el discurso de odio que tiene tanta resonancia entre el paramilitarismo no desmovilizado. El pasado 1\u00b0 de julio circul\u00f3 por el norte del Cauca y el sur del Valle un nuevo panfleto firmado por las \u00c1guilas Negras en el que amenazan de muerte a las autoridades ind\u00edgenas y l\u00edderes de Miranda, Corinto y Pradera, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obst\u00e1culo para el desarrollo; en esta ocasi\u00f3n, el proyecto pol\u00edtico-electoral MAIS y sus integrantes tambi\u00e9n fueron blanco de amenazas, siendo se\u00f1alados con el invento ret\u00f3rico del \u201ccastrochavismo\u201d. Sin lugar a dudas, los enemigos de la vida se sienten hoy empoderados, respaldados y legitimados.<\/p>\n
Con este panorama, entendemos que el pa\u00eds se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecuci\u00f3n armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitado por la silente complicidad de los medios masivos de comunicaci\u00f3n. Unido a esto, se termina de conformar un bloque pol\u00edtico cuyo objetivo es lograr \u201chacer trizas\u201d los acuerdos de paz de La Habana, que desde ya est\u00e1 tomando decisiones que desmoronan las posibilidades de cerrar el cap\u00edtulo m\u00e1s largo del conflicto en Colombia. El retorno de las fumigaciones con glifosato, la inoperancia del PNIS y la imposici\u00f3n de la erradicaci\u00f3n forzada y armada, son las prioridades del uribismo para el campo. Se suma el incumplimiento de los acuerdos, el desconocimiento del cap\u00edtulo \u00e9tnico en relaci\u00f3n principalmente a la Reforma Rural Integral; pero con mayores consecuencias a\u00fan, propiciaron la castraci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, que era el punto fundamental para conocer de una vez por todas la verdad del conflicto. Lo que percibimos en nuestros territorios, en fin, es el despliegue del proyecto militar de consolidaci\u00f3n territorial: primero los muertos, luego los proyectos, en seguida las multinacionales extractivistas y por \u00faltimo el \u201cprogreso\u201d.<\/p>\n
Sabiendo lo que debemos confrontar y manteniendo nuestro proyecto pol\u00edtico en alto, exigimos el respeto a nuestras autoridades ancestrales y al ejercicio de gobierno propio en nuestros territorios ancestrales. Reiteramos el urgente llamado a la comunidad internacional que incida en la necesidad de acciones eficaces del Estado colombiano y el gobierno nacional para detener los niveles elevados de violencia contra defensores de Derechos Humanos. Por otro lado, es urgente la intervenci\u00f3n de los organismos de control sobre las acciones del gobierno nacional en torno a su papel de garante de la vida, la integridad y la libertad de los colombianos, unido a la acci\u00f3n eficaz de los organismos de investigaci\u00f3n y justicia para determinar responsabilidades intelectuales y materiales del exterminio de l\u00edderes sociales. La impunidad de los casos sigue siendo el m\u00e1s perfecto ambiente de continuidad de violencia contra las comunidades.<\/p>\n
Finalmente, estamos convencidos que lo anterior amerita la unidad de los procesos sociales y populares del pa\u00eds, para afrontar esta nueva ola de violencia, rodear la implementaci\u00f3n de acuerdos, la mesa de di\u00e1logos y salvar la paz. El pueblo colombiano debe entender que la movilizaci\u00f3n es su principal herramienta de resistencia ante la atrocidad, la impunidad y el olvido.<\/p>\n