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A\u00fan as\u00ed, y en contrav\u00eda de lo estipulado en el Acuerdo Final, el Ministerio del Interior decidi\u00f3 no involucrar a las autoridades \u00e9tnicas en el dise\u00f1o del Plan Integral y se abstuvo de incluir en \u00e9l medidas para el fortalecimiento de las guardias ind\u00edgena y cimarrona, creadas por las comunidades como mecanismos de prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n y soluci\u00f3n pac\u00edfica de conflictos articulados a procesos de organizaci\u00f3n aut\u00f3nomos.<\/p>\n
Sin concertar ni socializar el decreto con las organizaciones de base y \u00e9tnico territoriales, que durante a\u00f1os han construido propuestas y mecanismos de protecci\u00f3n colectiva para minimizar los impactos del conflicto armado, el Ministerio elabor\u00f3 un borrador y lo puso a consideraci\u00f3n de la Mesa Nacional de Garant\u00edas, integrada por cuatro plataformas de derechos humanos: la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinaci\u00f3n Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (DESC); y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.<\/p>\n
Convocada para esa tarea, y dado el enfoque territorial del decreto, la Mesa le plante\u00f3 al gobierno nacional la necesidad de involucrar a organizaciones agrarias y a otras interesadas en la implementaci\u00f3n del Acuerdo. Fue as\u00ed como el Ministerio acept\u00f3 instaurar una especie de Mesa Nacional ampliada transitoria, con la participaci\u00f3n de voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, \u00c9tnica y Popular; la Confederaci\u00f3n Nacional de Acci\u00f3n Comunal y el Grupo de Trabajo Gpaz, entre otras organizaciones. De ese espacio, que solo se reuni\u00f3 en dos ocasiones, salieron varias propuestas que le fueron presentadas al Ministerio, que finalmente tom\u00f3 decisiones unilaterales sobre su incorporaci\u00f3n.<\/p>\n
Una de las mayores cr\u00edticas que surgieron durante el proceso fue, justamente, la exclusi\u00f3n de las guardias del Programa, incluyendo la guardia campesina. Diana S\u00e1nchez, directora de la Asociaci\u00f3n Minga, quien hizo parte de la discusi\u00f3n en la Mesa, le dijo a VerdadAbierta.com que \u201cen ese espacio se pidi\u00f3 que se reconociera el trabajo de las organizaciones, porque en materia de protecci\u00f3n los movimientos ind\u00edgena, campesino y afro vienen exigiendo que las guardias hagan parte integral de los sistemas de protecci\u00f3n territorial, pero el gobierno dijo que no lo aceptaba\u201d. Y agreg\u00f3 que \u201cel Estado no quiere reconocer a las guardias para no darles autonom\u00eda a los procesos organizativos\u201d.<\/p>\n
Armando Caracas Carabal\u00ed, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y del Espacio Nacional de Consulta Previa, reiter\u00f3 que \u201cni al PCN, ni a los consejos comunitarios, ni al Espacio Nacional se les consult\u00f3 ese decreto. Estamos esperando que se convoque nuevamente el Espacio para discutir con el ministro Rivera ese tema, porque el gobierno sigue cometiendo el error de avanzar en medidas que no son consultadas\u201d. Igualmente, asegur\u00f3 que, \u201ctal como qued\u00f3 incluido en el Cap\u00edtulo \u00c9tnico, requerimos que la guardia sea legalmente reconocida para poder avanzar en las medidas de protecci\u00f3n de los territorios en el marco del trabajo de las organizaciones de base y de los consejos comunitarios\u201d.<\/p>\n Otras organizaciones que representan a los afros le dijeron a este portal que el gobierno nacional ni siquiera les ha dado a conocer el decreto. Yolanda Garc\u00eda, integrante de la secretar\u00eda t\u00e9cnica de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) y Marino C\u00f3rdoba, presidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), expresaron no conocer el documento ni haber sido consultados, pese a tener fuerte trabajo de base y a que sus organizaciones han sido duramente victimizadas. Garc\u00eda explic\u00f3, adem\u00e1s, que Anafro ha intentado a trav\u00e9s de la Cumbre Agraria presionar el fortalecimiento de la guardia cimarrona en el norte de Cauca, pero que las labores de incidencia no han rendido frutos.<\/p>\n En el mismo sentido se pronunciaron fuentes de la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia (ONIC), que afirmaron que los pueblos ind\u00edgenas y sus guardias no fueron tenidos en cuenta durante el dise\u00f1o del Programa Integral de Seguridad.<\/p>\n Y aunque el Acuerdo de paz no contempl\u00f3 el fortalecimiento de la guardia campesina, el tema s\u00ed se discuti\u00f3 en el limitado espacio de participaci\u00f3n que convoc\u00f3 el Ministerio, al que tampoco fue invitada la Asociaci\u00f3n Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), una de las organizaciones que ha promovido con mayor insistencia el reconocimiento de las guardias como mecanismos de protecci\u00f3n de las comunidades rurales. Al respecto, C\u00e9sar Jerez, vocero de la Asociaci\u00f3n, asegur\u00f3 que \u201ccomo todos los decretos que ha sacado el gobierno en materia de implementaci\u00f3n, este se expidi\u00f3 de manera unilateral y en ning\u00fan momento se nos pregunt\u00f3 ni consult\u00f3 sobre el tema\u201d.<\/p>\n Este viernes 27 de abril, durante el foro \u201cRetos y balance de la pol\u00edtica de protecci\u00f3n y derecho a la vida de l\u00edderes y lideresas sociales \u00e9tnicos\u201d, convocado por Afrodes, la ONIC y la Comisi\u00f3n \u00c9tnica para la Paz, los dirigentes \u00e9tnicos le preguntaron al ministro Rivera qu\u00e9 ocurri\u00f3 con el compromiso de fortalecer las guardias ind\u00edgena y cimarrona. Al respecto, Rivera respondi\u00f3 que \u201creconocemos las diferentes figuras derivadas de las autoridades ancestrales, no queremos soslayar la importancia que representan para las comunidades, pero creemos que debemos caracterizar qu\u00e9 tareas pueden cumplir\u201d. No obstante, la necesidad de reglamentar esas figuras y vincularlas a la pol\u00edtica de protecci\u00f3n colectiva tampoco se mencion\u00f3 en el decreto.<\/p>\n Igualmente, el ministro declar\u00f3 que es necesario recordar que en septiembre de 2017 el Congreso aprob\u00f3 el Acto Legislativo 05, que proh\u00edbe la creaci\u00f3n y financiaci\u00f3n \u201cde grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo\u201d, por lo cual se hace necesaria la definici\u00f3n del alcance de las guardias. Sin embargo, cabe aclarar que esas estructuras de las comunidades \u00e9tnicas y campesinas no portan armas ni persiguen fines ilegales. De hecho, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, se\u00f1al\u00f3 en el mismo espacio que, en virtud del Cap\u00edtulo \u00c9tnico del Acuerdo, el gobierno debe fortalecer, asignar presupuesto y reglamentar las guardias, as\u00ed como construir las medidas de protecci\u00f3n colectiva con las comunidades y sus organizaciones.<\/p>\n Contrario a la exclusi\u00f3n de los pueblos \u00e9tnicos y el campesinado en el dise\u00f1o del Plan, el Ministerio deleg\u00f3 en gobernadores y alcaldes las mayores responsabilidades en su implementaci\u00f3n y le otorg\u00f3 preponderancia al papel de la Fuerza P\u00fablica. De hecho, el propio ministro Rivera declar\u00f3 el d\u00eda de la expedici\u00f3n del decreto que la ejecuci\u00f3n de los planes de protecci\u00f3n \u201cfundamentalmente va a estar en cabeza de la Polic\u00eda Nacional\u201d.<\/p>\n El reci\u00e9n creado Programa Integral consta de cuatro componentes, que ser\u00e1n gestionados a nivel nacional por dos Comit\u00e9s T\u00e9cnicos y a nivel regional y local por Instancias Territoriales dirigidas por alcald\u00edas y gobernaciones. En ninguna de esas instancias tienen asiento definido las organizaciones afro o ind\u00edgenas.<\/p>\n El primer componente del Programa consiste en una serie de medidas de prevencio\u0301n, seguridad y proteccio\u0301n, cuyo elemento principal es el dise\u00f1o y la implementaci\u00f3n de Planes Integrales de Prevenci\u00f3n en los territorios priorizados y focalizados por uno de los comit\u00e9s t\u00e9cnicos, bajo el liderazgo de las autoridades locales. En ese proceso, las comunidades y sus organizaciones solo podr\u00e1n participar cada a\u00f1o en una reuni\u00f3n de evaluaci\u00f3n.<\/p>\n El dise\u00f1o de los planes, adem\u00e1s, depender\u00e1 de una gu\u00eda metodol\u00f3gica cuya construcci\u00f3n se deleg\u00f3 exclusivamente en el Ministerio del Interior y para la cual esa entidad tiene un plazo de seis meses, es decir, hasta octubre de este a\u00f1o.<\/p>\n El componente tambi\u00e9n delega en alcaldes y gobernadores la adopci\u00f3n de medidas para el fomento de \u201ccondiciones para la convivencia\u201d y \u201cla prevencio\u0301n y superacio\u0301n de la estigmatizacio\u0301n y discriminacio\u0301n\u201d. Entre ellas se encuentran campa\u00f1as en medios de comunicaci\u00f3n p\u00fablicos, actos simb\u00f3licos de reconocimiento, fortalecimiento de estrategias de pedagog\u00eda y de observatorios de derechos humanos, \u201cconstrucci\u00f3n de imaginarios alrededor de la paz\u201d, pronunciamientos p\u00fablicos, capacitaci\u00f3n a funcionarios, ejercicios de \u201cintegraci\u00f3n social\u201d con excombatientes de las Farc y \u201cestudios sobre estigmatizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n El segundo componente consiste en la creaci\u00f3n de la figura de Promotores Comunitarios de Paz y Convivencia, cuyo trabajo no ser\u00e1 remunerado ni est\u00e1 articulado con las guardias. Los promotores, que ser\u00e1n postulados por organizaciones sociales y \u201cavalados\u201d por la comunidad en una \u00fanica reuni\u00f3n, deber\u00e1n surtir un proceso de capacitaci\u00f3n a cargo del Ministerio del Interior y realizar de manera voluntaria m\u00faltiples actividades, como ayudar a prevenir la estigmatizaci\u00f3n pol\u00edtica, facilitar la construcci\u00f3n de confianza entre los ciudadanos y el Estado, contribuir a transformar \u201cprejuicios y estereotipos negativos hacia poblaciones especi\u0301ficas\u201d y promover la educaci\u00f3n en derechos humanos.<\/p>\n El tercer componente crea la figura del Protocolo de Protecci\u00f3n para Territorios Rurales, en cabeza de una Instancia Territorial que el decreto no define y cuya composici\u00f3n y definici\u00f3n deja en manos de gobernadores y alcaldes. Tras una fase de recepci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n sobre la inminencia de riesgos de seguridad, la Instancia podr\u00e1 concertar con organizaciones y comunidades medidas \u201cmateriales e inmateriales de prevencio\u0301n, proteccio\u0301n y seguridad\u201d, aunque el decreto no especifica de qu\u00e9 manera se deber\u00e1 realizar la concertaci\u00f3n ni c\u00f3mo se llevar\u00e1 a cabo con las autoridades afro e ind\u00edgenas.<\/p>\n Algunas de las medidas que el documento sugiere para proteger comunidades en riesgo son \u201ccursos y charlas de autoprotecci\u00f3n\u201d, misiones humanitarias, albergues temporales, instalaci\u00f3n de cercas y vallas, \u201cfortalecimiento de las comunidades\u201d, pronunciamientos oficiales p\u00fablicos, emisi\u00f3n de directivas y circulares e \u201cimpulso a la investigaci\u00f3n por los hechos denunciados\u201d.<\/p>\n El \u00faltimo componente del Programa Integral consiste en la realizaci\u00f3n de jornadas m\u00f3viles de acceso a la justicia y en la puesta en marcha un \u201cprograma de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales\u201d, que tendr\u00e1 \u00e9nfasis en suministro de herramientas para documentar violaciones a los derechos humanos. Ese programa, sin embargo, no estar\u00e1 listo hasta antes de seis meses, que es el plazo que el decreto le otorg\u00f3 al Ministerio del Interior para concluir su elaboraci\u00f3n.<\/p>\n La manera como qued\u00f3 estructurado el Plan ha generado otros cuestionamientos que se suman al de la falta de medidas espec\u00edficas para garantizar el enfoque \u00e9tnico y que est\u00e1n asociadas a los tiempos, el alcance de la participaci\u00f3n de las organizaciones sociales en el proceso y la efectividad de las medidas.<\/p>\n Una de las preocupaciones que expresaron las organizaciones en la Mesa Nacional de Garant\u00edas est\u00e1 relacionada con el hecho de que el decreto haya estipulado plazos de seis meses para el dise\u00f1o de la metodolog\u00eda para la construcci\u00f3n de los Planes Integrales y el programa de fortalecimiento de las capacidades de denuncia. Ello se debe no s\u00f3lo a que comunidades y l\u00edderes de territorios como el Catatumbo (Norte de Santander), el Bajo Cauca antioque\u00f1o, el Bajo Atrato Chocoano, el norte del Cauca y Tumaco (Nari\u00f1o) requieren medidas urgentes de protecci\u00f3n, sino a que el gobierno actual concluye en agosto, por lo que el proceso quedar\u00eda inconcluso y en manos de un nuevo presidente.<\/p>\n Otro interrogante tiene que ver con los alcances de la participaci\u00f3n de las comunidades y sus organizaciones en el dise\u00f1o de las medidas de protecci\u00f3n para territorios rurales, que no fueron detallados en el decreto. Juan Pablo Guerrero, investigador del Centro de Investigaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Popular (Cinep), que ha estudiado de cerca las necesidades y propuestas de las organizaciones \u00e9tnico territoriales en materia de protecci\u00f3n colectiva, opina que \u201csi esas consultas no se hacen de manera abierta, con una incidencia directa de la sociedad civil en la construcci\u00f3n de los planes, se van a presentar las mismas dificultades que han venido ocurriendo con la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP)\u201d.<\/p>\n De acuerdo con Guerrero, las medidas de protecci\u00f3n adoptadas por la UNP \u201chan evidenciado la enorme distancia que existe entre la formulaci\u00f3n de acciones desde la institucionalidad y la realidad socioterritorial de consejos comunitarios y resguardos ind\u00edgenas, donde se complejiza la implementaci\u00f3n de medidas individuales y colectivas al confluir procesos organizativos, funcionarios p\u00fablicos, terceros que tienen inter\u00e9s en el territorio y organizaciones armadas ilegales\u201d.<\/p>\n Justamente, Diana S\u00e1nchez, directora de la Asociaci\u00f3n Minga, explica que en la Mesa Nacional se le solicit\u00f3 al Ministerio otorgarle un papel decisorio a las organizaciones, en vez de uno meramente consultivo. Asimismo, que en ese espacio se propuso incluir en el decreto la participaci\u00f3n directa de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal (JAC) en el dise\u00f1o y la implementaci\u00f3n de los planes, dado que esas estructuras est\u00e1n la base de procesos organizativos s\u00f3lidos como los que existen, por ejemplo, en Norte de Santander. No obstante, ninguna de esas propuestas fue incorporada.<\/p>\n S\u00e1nchez tambi\u00e9n se\u00f1ala preocupaciones frente a los Promotores Comunitarios, dado que sus labores no quedaron espec\u00edficamente articuladas al trabajo del movimiento social ni les fueron asignados recursos para el cumplimiento de las tareas. En su concepto, \u201cincentivar promotores individuales va en contra de la l\u00f3gica del fortalecimiento comunitario. El decreto le carga m\u00faltiples responsabilidades a una persona que resulta siendo omnipotente, omn\u00edmoda y plenipotenciaria, en territorios donde lo que se requiere es el fortalecimiento de las organizaciones b\u00e1sicas, como las JAC y sus comit\u00e9s\u201d. Y agrega que \u201caunque esas personas tengan toda la voluntad, no est\u00e1 claro c\u00f3mo se van a mover sin recursos ni seguridad en territorios amplios y complejos como, por ejemplo, el Catatumbo y el Choc\u00f3\u201d.<\/p>\n De hecho, el tema de los recursos para la puesta en marcha del Plan tambi\u00e9n ha generado inquietud entre las organizaciones sociales, dado que el decreto estipula que cada entidad comprometida con su desarrollo deber\u00e1 ejecutar las nuevas funciones con los recursos globales que le sean asignados en cada vigencia fiscal, pudiendo usar recursos de cooperaci\u00f3n internacional o de otros fondos destinados a la implementaci\u00f3n del Acuerdo Final, pero sin contemplar la asignaci\u00f3n de partidas espec\u00edficas.<\/p>\n El asunto preocupa principalmente por el papel central que deber\u00e1n jugar las alcald\u00edas, teniendo en cuenta que municipios pobres con presencia de conflictividad social y armada dif\u00edcilmente priorizar\u00e1n recursos para la adopci\u00f3n de medidas preventivas y simb\u00f3licas de protecci\u00f3n.<\/p>\n Adem\u00e1s, sobre el lugar preponderante que el gobierno les asign\u00f3 a las autoridades locales, Guerrero se\u00f1ala que \u201clas alcald\u00edas generalmente tienen problemas de articulaci\u00f3n institucional, dif\u00edcilmente logran consolidar canales permanentes con las comunidades debido a una excesiva prevenci\u00f3n pol\u00edtica o tienen funcionarios directa o indirectamente relacionados con actores armados\u201d, todo lo cual podr\u00eda complejizar los escenarios de participaci\u00f3n.<\/p>\n Tambi\u00e9n se desconoce la manera como el Plan se articular\u00e1 con el decreto 2078 de 2017, que crea una ruta de protecci\u00f3n colectiva para grupos y comunidades a cargo de la UNP. Al respecto, el gobierno solo dej\u00f3 constancia en el nuevo decreto que al momento de valorar los riesgos y tomar las medidas de protecci\u00f3n previstas en esa ruta se deber\u00e1n tener en cuenta los insumos elaborados por las Instancias Territoriales, pero no se detalla c\u00f3mo dialogar\u00e1n ambos modelos de protecci\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, el mayor temor es que, como otros instrumentos de protecci\u00f3n, el Plan Integral se ahogue en la pr\u00e1ctica por falta de recursos, voluntad pol\u00edtica y articulaci\u00f3n, as\u00ed como que su desarrollo no responda a los compromisos asumidos por las partes en el Acuerdo Final de paz. Un primer campanazo de alerta frente al incumplimiento acaba de ocurrir con la exclusi\u00f3n de las medidas de fortalecimiento de los sistemas de seguridad de los pueblos \u00e9tnicos, consideradas una conquista de los movimientos afro e ind\u00edgena en la mesa de conversaciones de La Habana.<\/p>\n A esta situaci\u00f3n se suma otro descontento en las regiones: la persecuci\u00f3n judicial de la que, se\u00f1alan, est\u00e1n siendo objeto algunos de sus l\u00edderes en el Pac\u00edfico. La semana pasada fueron capturados alrededor de 30 en Nari\u00f1o, Cauca y Valle del Cauca, se\u00f1alados por la Fiscal\u00eda de tener supuestos nexos con el Eln. Algunos de ellos han quedado en libertad por falta de pruebas y otros han denunciado tratos discriminatorios por parte del ente acusador.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/verdadabierta.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/plan-proteccion-no-consultado-02.jpg\")
El nuevo Programa<\/h2>\n
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Otras preocupaciones<\/h2>\n
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