Hay que enfatizarle al Ministro de Minas, Germ\u00e1n Arce, que el proyecto minero de La Colosa no tiene licencia ambiental, es decir, no tiene ning\u00fan derecho adquirido. Es importante recordar que en relaci\u00f3n a los t\u00edtulos mineros, la Corte Constitucional (ver Sentencia C-035 de 2016) defini\u00f3 que el estado puede limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesi\u00f3n (enti\u00e9ndase t\u00edtulo minero), cuando con ello se pretenda proteger un bien jur\u00eddico de mayor importancia constitucional. En este caso podemos afirmar que el derecho colectivo al ambiente sano, el derecho a la participaci\u00f3n ciudadana y la autonom\u00eda de los territorios son superiores y prevalecen sobre las expectativas econ\u00f3micas de los mineros. En tal sentido, es falso afirmar que la tenencia de un t\u00edtulo minero representa derechos adquiridos.<\/p>\n
Al Ministro de Minas hay que recordarle que el art\u00edculo primero de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia define que somos un estado social de derecho, organizado en forma de rep\u00fablica unitaria, descentralizada, con autonom\u00eda de sus entidades territoriales, democr\u00e1tica, participativa y pluralista; que los municipios tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo y promover la defensa del patrimonio ecol\u00f3gico desde el principio de la autonom\u00eda territorial (ver art\u00edculos 287, 311 y 313).<\/p>\n
El Ministro olvida intencionalmente que uno de los principios del Estado Social de Derecho colombiano es la participaci\u00f3n ciudadana, la cual es reconocida como derecho fundamental. Dentro de los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana tenemos que la CONSULTA POPULAR<\/strong> se encuentra soportada constitucionalmente en los art\u00edculos 40, 103, 104, 105 p y por medio de ella se convoca al pueblo para decidir asuntos de competencia para la comunidad, cuya decisi\u00f3n es de obligatorio cumplimiento en los t\u00e9rminos de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1557 del 2015.<\/p>\n En relaci\u00f3n al car\u00e1cter vinculante de las Consultas Populares es importante referenciar los aportes que el Centro de Investigaci\u00f3n Jur\u00eddica Dejusticia plantea sobre el asunto: La decisi\u00f3n que toma la ciudadan\u00eda en una consulta popular es vinculante y obligatoria<\/em>[1]<\/strong><\/em>. La ley establece de forma clara que si la votaci\u00f3n en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisi\u00f3n que obtenga la mitad m\u00e1s uno de los votos v\u00e1lidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Concejo Municipal est\u00e1 obligado est\u00e1 obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisi\u00f3n del pueblo<\/em>[2]<\/strong><\/em>. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en \u00faltima instancia el alcalde) est\u00e1 obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la miner\u00eda.\u00a0<\/em><\/p>\n Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que la Consulta Popular de Cajamarca tiene un soporte constitucional, legal y democr\u00e1tico que permite proteger el patrimonio ecol\u00f3gico del municipio, la vocaci\u00f3n agroalimentaria, el derecho colectivo al ambiente sano, la salud de nuestra ni\u00f1ez y familias, la identidad campesina y el agua frente a la amenaza que representan los proyectos mineros contaminantes.<\/p>\n Pese a las posturas centralistas, autoritarias y unilaterales que esboza el Ministro de Minas que desconocen la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, la autonom\u00eda de las entidades territoriales, la democracia y la voluntad popular, es claro que la decisi\u00f3n de los cajamarcunos debe ser asumida por las autoridades locales y no puede ser desconocida por el gobierno nacional. En conclusi\u00f3n, la Anglogold Ashanti debe salir de la despensa agr\u00edcola de Colombia y respetar la voluntad popular.<\/p>\n Gracias Cajamarca por ratificar que nuestros derechos no se negocian y que nuestra dignidad no se vende<\/strong><\/p>\n \n [1] (1) Ley 134 de 1994. \u201cArt\u00edculo \u00a08\u00ba.- Consulta popular. La consulta popular es la instituci\u00f3n mediante la cual, una pregunta de car\u00e1cter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la Rep\u00fablica, el gobernador o el alcalde, seg\u00fan el caso, a consideraci\u00f3n del pueblo para que \u00e9ste se pronuncie formalmente al respecto.<\/p>\n En todos los casos, la decisi\u00f3n del pueblo es obligatoria.\u201d<\/p>\n Ley 1757 de 2015. \u201cArt\u00edculo 41. Car\u00e1cter de la decisi\u00f3n y requisitos. La decisi\u00f3n del pueblo ser\u00e1 obligatoria en todo mecanismo de participaci\u00f3n democr\u00e1tica cuando se cumpla con los siguientes requisitos: (\u2026)c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad m\u00e1s uno de los sufragios v\u00e1lidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral;\u201d<\/p>\n [2] (2) Ley 1757 de 2015. \u201cArt\u00edculo 42. Consecuencias de la aprobaci\u00f3n popular de un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana que requiere votaci\u00f3n. Los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana, que habiendo cumplido los requisitos contemplados en el art\u00edculo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias: (\u2026)c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisi\u00f3n obligatoria en una consulta popular, el \u00f3rgano correspondiente deber\u00e1 adoptar las medidas para hacerla efectiva.<\/p>\n Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resoluci\u00f3n local, la corporaci\u00f3n respectiva deber\u00e1 expedirla dentro del mismo per\u00edodo de sesiones o a m\u00e1s tardar en el per\u00edodo siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la Rep\u00fablica, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes la adoptar\u00e1 mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resoluci\u00f3n local, seg\u00fan el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisi\u00f3n popular ser\u00e1 de dos meses<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hay que enfatizarle al Ministro de Minas, Germ\u00e1n Arce, que el proyecto minero de La Colosa no tiene licencia ambiental, es decir, no tiene ning\u00fan derecho adquirido. Es importante recordar que en relaci\u00f3n a los t\u00edtulos mineros, la Corte Constitucional (ver Sentencia C-035 de 2016) defini\u00f3 que el estado puede limitar, condicionar o prohibir la <\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":17284,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"yoast_head":"\n