{"id":16437,"date":"2017-01-31T18:22:33","date_gmt":"2017-01-31T23:22:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/?p=16437"},"modified":"2017-02-03T12:14:33","modified_gmt":"2017-02-03T17:14:33","slug":"los-115-conflictos-que-olvido-el-posconflicto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cric-colombia.org\/portal\/los-115-conflictos-que-olvido-el-posconflicto\/","title":{"rendered":"Los 115 conflictos que olvid\u00f3 el posconflicto"},"content":{"rendered":"
Las comunidades campesinas, afro e ind\u00edgenas luchan en el territorio para frenar el avance del extractivismo y del desarrollismo. El pa\u00eds entra en la implementaci\u00f3n de la paz sin que en la agenda pol\u00edtica est\u00e9n reflejadas las, al menos, 115 pugnas socioambientales actuales y con la paz como garant\u00eda para m\u00e1s inversiones en megaproyectos.<\/div>\n
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30 Ene 2017<\/a><\/div>\n<\/div>\n
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Texto: Pilar Chato \/\/ Fotos: Steve Cagan<\/a><\/div>\n
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Los conflictos socioambientales se han multiplicado<\/strong> en los \u00faltimos 15 a\u00f1os. En medio del conflicto armado enquistado en Colombia durante d\u00e9cadas las comunidades pelean por sus territorios presionadas por una pol\u00edtica econ\u00f3mica cada vez m\u00e1s apoyada en el extractivismo. \u00bfQue va a pasar ahora en pleno proceso de paz?, \u00bfla \u2018pacificaci\u00f3n\u2019 de territorios va a poner m\u00e1s f\u00e1cil la inversi\u00f3n extranjera en megaproyectos mineros y petroleros?, \u00bfla mayor conciencia y organizaci\u00f3n social va generar m\u00e1s oposici\u00f3n?<\/div>\n
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Davos: el presidente, Juan Manuel Santos<\/strong>, habla ante los poderes econ\u00f3micos del mundo y plantea un escenario de paz abonado para las \u201cinversiones extranjeras\u201d.<\/p>\n

Cali, rendici\u00f3n de cuentas del Ministerio de Minas: la miner\u00eda (\u201cresponsable\u201d insisten) y el petr\u00f3leo son los \u201cmotores\u201d econ\u00f3micos del pa\u00eds, sin regal\u00edas peligran las inversiones sociales.<\/p>\n

Colombia, cierre del a\u00f1o 2016: 115 conflictos socioambientales* se mantienen activos, el 80% de ellos (92) impactan o se originan en las zonas rurales<\/strong>; cerca de 12,5 millones de colombianos han sido o pueden ser afectadas potencialmente por ellos; el \u00e1rea afectada o potencialmente afectada llega a las 12,4 millones de hect\u00e1reas<\/strong> (1,1% del territorio nacional). Las cifras pertenecen al \u00faltimo informe realizado por el instituto Cinara<\/a> de la Universidad del Valle liderado por el profesor Mario Alejandro P\u00e9rez-Rinc\u00f3n. El estudio concluye<\/a> que el sector extractivo explica buena parte de los conflictos ambientales del pa\u00eds<\/strong> (miner\u00eda, biomasa y energ\u00eda f\u00f3sil); que entre ellos destacan el oro y el carb\u00f3n; que existe una clara relaci\u00f3n entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los \u00faltimos gobiernos y que las comunidades ind\u00edgenas, afrodescendientes y campesinas (el 54% de los casos) son las m\u00e1s afectadas por los conflictos.<\/p>\n

El an\u00e1lisis de los datos estad\u00edsticos y de georreferencia refleja tambi\u00e9n una gran dualidad en la forma en la que se resuelven, ya que el uso de la violencia contra quienes protestan persiste<\/strong>junto a los mecanismos jur\u00eddicos y legales por parte de quienes se oponen a los megaproyectos. El final es un \u201crelativo \u00e9xito\u201d de los movimientos sociales, que han logrado detener 24 de los 115 proyectos<\/strong> generadores de conflictos.<\/p>\n

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\"MAPA\"<\/a><\/p>\n

Al pinchar sobre cada conflicto puedes acceder a la informaci\u00f3n b\u00e1sica.\u00a0Elaboraci\u00f3n propia en base al informe del Cinara de diciembre de 2016<\/em><\/p>\n

En el mismo sentido, el periodista y profesor universitario Lorenzo Morales<\/strong> plantea en su informe \u2018La paz y la protecci\u00f3n ambiental en Colombia<\/a>: propuestas para un desarrollo rural sostenible\u2019 que el fin del conflicto armado, aunque crucial para el futuro del pa\u00eds, \u201cpuede desencadenar una mayor depredaci\u00f3n de los recursos naturales\u201d. El retiro del poder armado de las FARC permite suponer, agrega, que se suprimir\u00e1n algunos de los factores de deterioro ambiental asociados al conflicto, \u201cpero al mismo tiempo se levantar\u00e1 el cerrojo que mantuvo inaccesibles muchas \u00e1reas, algunas de ellas de inmenso valor ambiental\u201d.<\/p>\n

La mayor\u00eda de los conflictos actuales, recogen los sucesivos informes del Cinara, se ubican en las zonas m\u00e1s pobladas (Andina y Caribe) y en zonas de conservaci\u00f3n. Las fronteras de colonizaci\u00f3n de esos megaproyectos son los p\u00e1ramos, el Magdalena Medio, Urab\u00e1 y La Guajira<\/strong>, y el Cinara apunta a que, en t\u00e9rminos de cantidad de conflictos, las fronteras se expandir\u00e1n a la zona Pac\u00edfica, el Choc\u00f3 biogeogr\u00e1fico y la Orinoquia. El 71% de los casos est\u00e1 en la fase de operaci\u00f3n o extracci\u00f3n y, por sectores, la actividad minera concentra el 35%. A la cabeza de todos est\u00e1 el oro (24% del total). Tras la miner\u00eda, la energ\u00eda f\u00f3sil (23%) y la biomasa el 13%, centrada en la palma africana y la ca\u00f1a. La mitad de los conflictos est\u00e1n asociados al acaparamiento de tierras y la amenaza a los derechos de acceso al agua, el aire, la biodiversidad o los territorios ind\u00edgenas<\/strong>. Contaminaci\u00f3n y desplazamientos son los \u201cmotores\u201d del conflicto , explica el responsable del Cinara para definir las principales causas que mueven a la poblaci\u00f3n a enfrentarse a esos proyectos.
\nSi le pusi\u00e9ramos nombre propio a estos conflictos, en los que tienen que ver los hidrocarburos resaltan por su virulencia los enfrentamientos con la poblaci\u00f3n de los p\u00e1ramos del Almorzadero, la exploraci\u00f3n de petr\u00f3leo en territorio U\u2019wa o la desviaci\u00f3n del r\u00edo Rancher\u00eda. En la miner\u00eda resaltan el P\u00e1ramo de Santurb\u00e1n y La Colosa. El Quinb\u00f3 e Hidroituanguo en proyectos hidroel\u00e9ctricos.<\/p>\n

M\u00e1s pol\u00edticas extractivas, m\u00e1s conflicto<\/h4>\n

Hay una clara relaci\u00f3n entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo<\/strong> extractivo de los \u00faltimos gobiernos. Los conflictos han ido creciendo en Colombia en los \u00faltimos a\u00f1os. Si los estudios de P\u00e9rez Rinc\u00f3n registraban 19 casos en el 2001, s\u00f3lo en los ocho a\u00f1os siguientes -coincidiendo con el Gobierno de \u00c1lvaro Uribe- se iniciaron otros 47 y durante el primer mandato de Santos se sumaron seis m\u00e1s. Durante los dos gobiernos de Uribe se concentran el 54% de todos los choques analizados. En su informe de 2014, el Cinara hablaba de 72 conflictos, lo que situaba a Colombia como el segundo en n\u00famero de casos del mundo, seg\u00fan el Atlas Global de Justicia Ambiental<\/a>. La cifra actual, al cierre del a\u00f1o 2016, es de 115<\/strong>. Ello est\u00e1 directamente relacionado con la consolidaci\u00f3n y potenciaci\u00f3n del sector extractivo como generador de ingresos. El Cinara apunta a que, sin tener una informaci\u00f3n completa de todos los conflictos, el monto aproximado del dinero invertido o planificado en estos proyectos ronda los 38.396 millones de d\u00f3lare<\/strong>s.<\/p>\n

Expasi\u00f3n de las fronteras extractivas<\/h4>\n

Si la paz con las guerrillas puede desactivar la violencia armada en los territorios, el acceso a esas \u00e1reas ser\u00e1 m\u00e1s sencillo, y juristas y ambientalistas temen una expansi\u00f3n de las fronteras extractivas y, por tanto, un aumento de los conflictos socioambietales. P\u00e9rez-Rinc\u00f3n agrega a estas condiciones una mayor conciencia y el empoderamiento de las poblaciones y movimientos sociales afectados. Para el profesor, el futuro depender\u00e1 de la movilizaci\u00f3n social y de las pol\u00edticas del Gobierno, que tiene varias opciones: mantener la agenda extrativista; apostar por el turismo verdes -no tan deteriorante pero que tambi\u00e9n crea conflictos-, o combinar ambas.<\/p>\n

Por su parte, el informe \u2018La Paz y la portecci\u00f3n ambiental en Colombia\u2019 plantea que los planes de desarrollo rural, restituci\u00f3n de tierras y reintegraci\u00f3n de excombatientes que contempla el acuerdo de La Habana requiere de una atenci\u00f3n sobre los posibles impactos sobre el medio ambiente, \u201cen particular la Amazon\u00eda, la selva tropical con la mayor biodiversidad y uno de los m\u00e1s grandes reservorios de carbono del mundo, as\u00ed como las regiones de la Orinoquia y el Pac\u00edfico\u201d. Este documento se apunta a que \u201clos tres principales factores de riesgo asociados al posconflicto<\/strong> son los conflictos sobre usos y ocupaci\u00f3n del suelo, el desembarco de nuevos actores econ\u00f3micos y la reintegraci\u00f3n de combatientes a nuevas actividades econ\u00f3micas\u201d.<\/p>\n

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Protestas en San Mart\u00edn del Cesar contra el fracking<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cCambiar de la noche a la ma\u00f1ana no es f\u00e1cil cuando hay unas pol\u00edticas y un contexto nacional determinado, y las experiencias de otros pa\u00edses son que la paz no cambia la direcci\u00f3n\u201d, advierte P\u00e9rez-Rinc\u00f3n, quien admite que hay un vaci\u00f3 ambiental en los acuerdos de La Habana porque la izquierda y las FARC tambi\u00e9n son desarrollistas<\/strong>. \u201cEl escenario internacional es preocupante, no es optimista. El futuro depender\u00e1 de c\u00f3mo la izquierda se aglutine, c\u00f3mo entre la parte ambiental en la agenda pol\u00edtica y de c\u00f3mo se organice la sociedad civil, las comunidades ind\u00edgenas\u201d.<\/p>\n

En este mismo sentido, Tatiana Roa Avenda\u00f1o, coordinadora de Censat-Agua Viva<\/a><\/strong>, reconoce que, al margen de las coyunturas econ\u00f3micas que imponen los precios del petr\u00f3leo o del oro, la paz ahondar\u00e1 en los conflictos porque el Gobierno \u201cest\u00e1 dispuesto a sacar todo lo que pueda\u201d y, citando al soci\u00f3logo decolonial Boaventura de Sousa Santos, recuerda que esta no va a ser la paz que quiere la gente, una paz democr\u00e1tica, sino una paz neoliberal. La agenda ambiental no est\u00e1 como tal incluida en los acuerdos de La Habana, m\u00e1s all\u00e1 de los temas de tierras pero abordados desde la perspectiva del mundo campesino, indica Roa, o algunas supuestas econom\u00edas verdes sobre las que pone todas las precauciones pues al final son las grandes empresas mineras o petroleras las que las usan para captar recursos que colaboren a lavar su imagen. En cualquier caso, cree que la agenda ambiental ir\u00e1 saliendo poco a poco<\/strong>, tal vez con ELN cuyo proceso nace con la idea de ser m\u00e1s participativo, y sobre todo con los movimientos de defensa del territorio, que ir\u00e1n \u201cmarcando\u201d esa agenda. Junto a mineras y petroleras, la responsable de Censat pone el foco en la \u201cimparable locomotora\u201d de la construcci\u00f3n de infraestructuras en el pa\u00eds<\/strong> y del extractivismo de los materiales que conlleva y que est\u00e1n acabando con monta\u00f1as enteras y creando verdaderas \u201cmafias\u201d. Este va a ser un nido de conflictos con las poblaciones a las que afecta. El informe del Cinara ya cita 17 de ellas ( 10 por infraestructuras propiamente dichas -puertos, carreteras, torres el\u00e9ctricas- y siete por la extracci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n), y Roa Avenda\u00f1o llama especialmente la atenci\u00f3n sobre la doble calzada a Villavicencio, la Sabana de Bogot\u00e1 o la Boyac\u00e1-Sogamoso.<\/p>\n

A pie de la lucha<\/h4>\n

En ese marco global de conflictos socioambientales, Isabel Cristina Zuleta<\/strong>, l\u00edder y vocera del Movimiento R\u00edos Vivos<\/a>, pone el foco en las luchas concretas. La suya es ahora la cadena de hidroel\u00e9ctricas sobre el r\u00edo Cauca, en un territorio donde la mineria tambi\u00e9n es una amenaza. Hidroituango (Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn)<\/a> ya se ha cobrado sus v\u00edctimas, doce municipios afectados, asesinatos y amenazas a sus l\u00edderes, judicializaci\u00f3n de la protesta, los da\u00f1os al bosque seco tropical, un ecosistema que est\u00e1 en v\u00eda de extinci\u00f3n en el planeta. Esta afecci\u00f3n es precisamente la que ha parado hace unos d\u00edas la licencia ambiental para la hidroel\u00e9ctrica de Ca\u00f1afisto<\/a>, otro proyecto cercano, y pesa la amenaza de Hidro Esp\u00edritu Santo. Zuleta llama la atenci\u00f3n no solo sobre los conflictos que hay, sino sobre los que se avecinan y la presi\u00f3n de los responsables p\u00fablicos que quiere hacer ver a los ambientalistas \u201ccomo una amenaza al progreso, al desarrollo\u201d<\/strong> y dar la falsa sensaci\u00f3n de que no se puede hacer nada. Lamenta la falta de espacios de discusi\u00f3n donde exponer sus argumentos en un momento en el que el pa\u00eds sigue concentrado en el proceso de paz y \u201clas luchas que se vienen son una capa invisible cada vez m\u00e1s profunda\u201d<\/strong>. \u201cCuando eres invisible eres mas vulnerable y estamos entrando en una etapa muy dif\u00edcil con Hidroituango, m\u00e1s con la victoria sobre Ca\u00f1afisto\u201d, alerta la portavoz de R\u00edos Vivos que describe un escenario mucho mas complejo de disputa del territorio entre paramilitares, milicias, guerrillas y \u201cel vac\u00edo que deja la guerra en ese control\u201d. \u00bfAgenda ambiental en La Habana?, ella no la echa de menos porque no cree que fuera el escenario de discusi\u00f3n tras negar el medio ambiente como v\u00edctima o una comisi\u00f3n de la verdad que revelara la relaci\u00f3n entre los intereses econ\u00f3micos y el conflicto armado.<\/p>\n

Los antecedentes<\/h4>\n

Mario Alejando P\u00e9rez-Rinc\u00f3n echa la vista atr\u00e1s para tratar de explicar el contexto actual que dispara los conflictos socioambientales<\/strong> en Colombia, y en toda Latinoam\u00e9rica: los procesos de sustituci\u00f3n de importaciones de los 80, la crisis de la deuda, el paso de la influencia externa de la CEPAL -m\u00e1s social- al FMI y las pol\u00edticas de ajuste neoliberales, y la liberalizaci\u00f3n del comercio internacional que hace que cada pa\u00eds se especialice en lo que abunda en sus territorios. Y, a la par, un cambio institucional y pol\u00edtico que genera normativas que reforman el sector minero y petrolero, m\u00e1s facilidades para la inversi\u00f3n de grandes multinacionales. Como resultado: \u201cLa d\u00e9cada de los 90 deja el escenario adecuado para una nueva etapa extractiva en Colombia. Todo listo para que de manera agresiva se abra el mel\u00f3n de los t\u00edtulos mineros y petroleros\u201d. Ernesto Samper, C\u00e9sar Gaviria, Andr\u00e9s Pastrana y, \u201csobre todo\u201d, Uribe. \u201cLos 2000 son el escenario abonado para dinamizar la conflictividad socioambiental. La mayor parte rural\u201d, apunta P\u00e9rez-Rinc\u00f3n. Frente a esto, se\u00f1ala, en estos a\u00f1os la sociedad civil toma \u201cconciencia y conocimiento\u201d y hay una nueva construcci\u00f3n sobre la tem\u00e1tica ambiental y al tiempo surgen cambios normativos m\u00e1s protectores: \u201cSe generan normas a las que la sociedad civil se puede agarrar\u201d (la Consulta Previa incluida en el Convenio 169 de la OIT, la Ley 70 de Territorios Afro, la acci\u00f3n colectiva de la Constituci\u00f3n de 1991), un marco legal que \u201cgenera derechos y esos \u2018boquetes\u2019 para el desarrollo lo aprovechan las comunidades\u201d.<\/p>\n

La Corte Constitucional: \u201cLa mejor agencia ambiental\u201d<\/h4>\n

\u201cEn estos momento la mejor agencia ambiental es la Corte Constitucional, que es una corte progresista en t\u00e9rminos ambientales y de derechos\u201d. El profesor P\u00e9rez-Rinc\u00f3n le apuesta tambi\u00e9n a la pol\u00edtica y los movimientos locales que trascienden a lo nacional para terminar poniendo coto a los megaproyectos que desencadenan esta conflictividad. En su opini\u00f3n, la seguridad jur\u00eddica no ha sido suficiente en unos casos, aunque en otros ha permitido parar, al menos de momento, los proyectos (24 de los 115 enumerados en el informe). La consulta previa, la ley 70, la acci\u00f3n colectiva, \u201csirven\u2026 pero es un camino vulnerable\u201d<\/strong><\/p>\n

Tatiana Roa Avenda\u00f1o afirma que estas luchas ambientales \u201cnormalmente son para toda la vida, algunos llevan 30 a\u00f1os\u201d (caso de los U\u2019wa), generaciones enteras, pero \u201cesta gente lo tiene claro, sabe que tiene que luchar con sus hijos y sus nietos, jam\u00e1s es una victoria definitiva.<\/strong> Saben que habr\u00e1 grandes victorias, pero saben que habr\u00e1 coyunturas o nuevas normas que sacar\u00e1n adelante los proyectos. Igual que nosotros pensamos en c\u00f3mo no permitir que sigan adelante, ellos piensan en como continuar, hay que entender eso\u201d. La responsable de Censat-Agua Viva, una de las organizaciones que m\u00e1s reclamaciones ha acompa\u00f1ado, explica que las peleas ambientales o de defensa del territorio son procesos democratizadores en los que la gente aprende c\u00f3mo hacer uso de las herramientas que da la propia democracia o repiensa su relaci\u00f3n con el medio ambiente. Pone como ejemplo como los habitantes del bajo Sin\u00fa se han volcado en reconstruir el territorio recuperando formas ancestrales de producci\u00f3n o el trueque frente a la l\u00f3gica capitalista. \u201cColombia en medio de su conflicto armado es uno de los pa\u00edses m\u00e1s ricos en experiencias de resistencia. En eso vamos ganando<\/strong>\u201d.<\/p>\n

*Para determinar los conflictos socioambientales el Cinara tiene en cuenta la actividad econ\u00f3mica o proyecto que tiene implicaciones ambientales y sociales negativas reales o potenciales y las reclamaciones realizadas por las organizaciones de justicia ambiental se\u00f1alando que tales da\u00f1os se produjeron o se pueden producir m\u00e1s tarde como resultado de esa actividad o proyecto.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

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