Asegur\u00f3 que su supervivencia est\u00e1 en riesgo por el conflicto armado, el narcotr\u00e1fico y la miner\u00eda.<\/p>\n
En febrero del a\u00f1o pasado hubo varios choques entre ind\u00edgenas Nasa y Fuerza P\u00fablica.<\/p>\n
Durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os el pueblo Nasa ha sufrido al menos 23.000 violaciones a los derechos humanos.\u00a0Esa dram\u00e1tica cifra se traduce en 20.800 desplazamientos forzados, 650 ind\u00edgenas de estas comunidades asesinados, 550 heridos y 500 retenidos de manera ilegal.<\/p>\n
En esas dos d\u00e9cadas, adem\u00e1s, 250 han sido amenazados, en la zona han ocurrido 150 masacres, y 100 de sus integrantes han sido desaparecidos sin que hoy se conozca su paradero. El reclutamiento forzado de las Farc ha afectado al menos a un centenar de ni\u00f1os Nasa, y 60 de sus integrantes han sufrido torturas. Otros 25 se han suicidado, y por lo menos 15 mujeres de la comunidad han sufrido hechos de violencia sexual.<\/p>\n
Y mientras -seg\u00fan afirman l\u00edderes \u00e9tnicos-, algunas autoridades de la zona los se\u00f1alan como guerrilleros, los grupos al margen de la ley los consideran un obst\u00e1culo para sus actividades de narcotr\u00e1fico y sus planes militares.Muchas de las v\u00edctimas eran m\u00e9dicos que practicaban la medicina ancestral, o l\u00edderes y guardias ind\u00edgenas que rechazaban cualquier forma de violencia en sus territorios.<\/p>\n
Esta es la raz\u00f3n por la que la Corte Constitucional, en una trascendental sentencia, fall\u00f3 una tutela a favor de la Asociaci\u00f3n de Cabildos Ind\u00edgenas del Norte del Cauca (ACIN) que\u00a0reclama por la vulneraci\u00f3n recurrente contra la vida, integridad personal y el debido proceso de comunidades \u00e9tnicas Nasa que han sido beneficiarias de medidas cautelares del 2005, 2008 y 2011 de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).<\/p>\n
La sentencia beneficia en total a 42.000 ind\u00edgenas Nasa que habitan los pueblos de Torib\u00edo, San Francisco, Tacuey\u00f3 y Jambal\u00f3. El Cauca, precisamente, ha sido una regi\u00f3n de dominio hist\u00f3rico de las Farc (en el 2011 Alfonso Cano muri\u00f3 en zona rural de este departamento en un operativo de la Fuerza P\u00fablica) y\u00a0 hoy es uno de los departamentos con m\u00e1s cultivos ilegales de coca de los que se lucran los grupos ilegales.<\/p>\n
La representante legal de ACIN, Luz Eyda Julicu\u00e9 G\u00f3mez, asegur\u00f3 en el proceso que las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, secuestros, amenazas y otros hechos violentos, protagonizados por grupos armados ilegales, no han cesado en su contra. Tampoco \u201cla discriminaci\u00f3n, se\u00f1alamientos, estigmatizaciones y excesos de fuerza\u201d por parte del Ej\u00e9rcito y el Escuadr\u00f3n Antidisturbios.<\/p>\n
Y aunque seg\u00fan el fallo han sostenido reuniones con el Ministerio del Interior, la Unidad de Protecci\u00f3n, la Fuerza P\u00fablica, la Fiscal\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda para acordar medidas de protecci\u00f3n, seg\u00fan lo ordenado por la CIDH, Julicu\u00e9 sostiene que esas acciones han sido insuficientes, muchas veces porque se dan por un tiempo muy corto y no han ayudado a prevenir nuevos hechos violentos.<\/p>\n
Mientras el Ej\u00e9rcito ha aumentado su pie de fuerza en la regi\u00f3n,\u00a0los Nasa aseguran que esto ha llevado a que militarizar resguardos ind\u00edgenas, incremente \u00abel fuego cruzado entre Ej\u00e9rcito, Farc, y bandas criminales\u201d.
\nEsta zona se convirti\u00f3 para los Nasa en un campo de batalla.\u00a0\u201cLos ind\u00edgenas enfrentan obst\u00e1culos para cultivar sus productos, acceder a los recursos naturales de los que depende su subsistencia y transmitir sus pr\u00e1cticas, valores y ense\u00f1anzas culturales a las nuevas generaciones. Esta situaci\u00f3n, en resumen, amenaza la supervivencia f\u00edsica y cultural de todo el pueblo\u201d, dijo la l\u00edder \u00e9tnica en la tutela.<\/p>\n
Con esos argumentos Jalicu\u00e9 le pidi\u00f3 a la Corte que ordene un cese al fuego bilateral por parte del Ej\u00e9rcito y las Farc, el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, el funcionamiento efectivo de los esquemas de protecci\u00f3n de ocho l\u00edderes ind\u00edgenas, la atenci\u00f3n de cinco concejeros y la celeridad en la valoraci\u00f3n del riesgo de otros de sus representantes. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 un mayor control estatal a la miner\u00eda ilegal en la zona y al narcotr\u00e1fico, hechos que, asegura, \u201catraen y justifican el accionar de grupos armados al margen de la ley en la zona\u201d.<\/p>\n
La Corte hizo una reconstrucci\u00f3n de la historia del pueblo Nasa, y encontr\u00f3 que\u00a0\u201cpese a los intentos del Gobierno por acatar las medidas cautelares decretadas por la CIDH, y la elaboraci\u00f3n del Plan de Salvaguarda, la amenaza sobre los derechos del Pueblo Nasa persisten y el riesgo en contra de su existencia f\u00edsica y cultural contin\u00faa\u201d.<\/p>\n
Y aunque desde hace 6 a\u00f1os el Gobierno cre\u00f3 un Plan de Salvaguarda, seg\u00fan las \u00f3rdenes de la CIDH, la Corte asegura que \u201ca\u00fan falta un periodo indeterminado para su puesta en marcha\u201d. Esa estrategia, adem\u00e1s, \u201cno ha tenido la eficacia, ni ha respondido con la urgencia necesaria para atender el serio problema de seguridad y las amenazas de extinci\u00f3n f\u00edsica y cultural del pueblo ind\u00edgena Nasa\u201d.<\/p>\n
Las \u00f3rdenes de la Corte<\/p>\n
Si bien la Corte no ordena un cese al fuego bilateral, como pidi\u00f3 la tutelante, da una serie de mandatos para buscar garantizar la seguridad de todo el pueblo. Por ejemplo, aunque 40 de los ind\u00edgenas que interpusieron la tutela tienen medidas de protecci\u00f3n de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP), la Corte dice que la generalidad de los habitantes de los cuatro resguardos Nasa siguen siendo afectados por el conflicto armado.<\/p>\n
Por eso, la Corte dice que el Estado debe dejar de desarrollar una estrategia \u00fanica o mayoritariamente desde la entrega de esquemas de seguridad, pues tendr\u00eda que \u201cllegar al absurdo de ofrecer esquemas individuales de protecci\u00f3n a todos los ind\u00edgenas con influencia pol\u00edtica m\u00e1s o menos notoria\u201d.<\/p>\n
Para proteger \u201ca todo el pueblo\u201d la Corte dice que el Estado debe encontrar medidas espec\u00edficas para garantizar el derecho a la memoria, la autonom\u00eda y el territorio colectivo. Para esto, el alto tribunal le orden\u00f3 al Gobierno concertar las medidas con la comunidad con el fin de encontrar soluciones que les permitan superar los hechos de violencia.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Corte asegur\u00f3 que el territorio Nasa es inviolable por lo que \u201cla \u00fanica intromisi\u00f3n permitida es aquella que resulta ser estrictamente necesaria\u201d. Por esto el Estado debe prever cualquier riesgo, \u00abincluso el derivado de operaciones militares y policivas, as\u00ed como los que trae la miner\u00eda\u00bb.<\/p>\n
La Corte tambi\u00e9n orden\u00f3 que se capacite a la Fuerza P\u00fablica para que comprendan las principales caracter\u00edsticas del pueblo Nasa, y \u201cla manera en que han sido perjudicados por el conflicto armado interno\u201d.<\/p>\n
El alto tribunal dice que resulta una amenaza contra los Nasa los pronunciamientos y documentos oficiales que asocian a las comunidades paeces (Nasa) con grupos guerrilleros, paramilitares o delincuenciales de cualquier tipo pues \u201cdesconocen sus esfuerzos por mantenerse al margen del conflicto\u201d.<\/p>\n
Un pueblo en peligro de extinci\u00f3n<\/p>\n
La Corte record\u00f3 que el mismo Gobierno hizo en su momento un diagn\u00f3stico que concluy\u00f3 que entre 1995 y 2012 en el Valle del Cauca y Cauca hubo 2.204 v\u00edctimas ind\u00edgenas, sin incluir a los desplazados por la violencia. De ese total, al menos 774 fueron v\u00edctimas de actores armados estatales, 492 de grupos insurgentes, 398 de paramilitares y 540 fueron responsabilidad de otros grupos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el alto tribunal asegur\u00f3 que la miner\u00eda, los cultivos il\u00edcitos de marihuana y coca afectan sus territorios porque obligan a talar sus bosques, les llevan a perder autonom\u00eda de sus fuentes h\u00eddricas, y a cambiar sus actividades de agricultura.<\/p>\n
Los magistrados de la Corte concluyeron que la \u201csupervivencia f\u00edsica y cultural del Pueblo Nasa est\u00e1 en grave riesgo\u201d por la violencia hist\u00f3rica y actual que \u201cha acabado con la vida y al tranquilidad de centenares de sus l\u00edderes, guardias y comuneros\u201d.<\/p>\n
\u201cComo resultado de lo anterior, los Nasa son un pueblo ind\u00edgena que hoy se auto reconoce en resistencia pac\u00edfica, ante lo que considera como una guerra perpetua contra su existencia. Desde hace siglos, se han destacado, primero, por tener que defender su territorio y cultura de una inmensa y heterog\u00e9nea cantidad de agresores y, segundo, por responder a este desaf\u00edo con braveza y valent\u00eda . Consecuentemente, afirman que viven en un preocupante desequilibrio a ra\u00edz de la mencionada yuxtaposici\u00f3n de actores e intereses, que desconoce el espacio espec\u00edfico que le corresponde a cada ser y a cada pueblo\u201d, dice la sentencia.<\/p>\n
La Corte asegura que \u201ces asombroso que ante un escenario tan adverso como el que les ha tocado enfrentar, sigan vivos\u201d y exalta la fuerza para resistir de este pueblo de manera pac\u00edfica y organizada.<\/p>\n
Sobre si las medidas decretadas por la CIDH son o no vinculantes, la Corte record\u00f3 que en seis oportunidades se ha pronunciado afirmando que s\u00ed tienen este car\u00e1cter y que \u201cdeben ser siempre acatadas\u201d, pues Colombia ha reconocido la convenci\u00f3n americana y el Bloque de Constitucionalidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s, dice la Corte, el cumplimiento de las \u00f3rdenes que da la CIDH debe ser inmediato y desacatarlas conlleva a desconocer los compromisos internacionales de Colombia y a una posible responsabilidad internacional del Estado.<\/p>\n
La respuesta del Estado<\/p>\n
En el proceso, tanto Polic\u00eda como Ej\u00e9rcito afirmaron que desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o que en la regi\u00f3n no se presentan hechos de violencia. La Polic\u00eda aseguro, por ejemplo, que los grupos armados no han protagonizado este tipo de situaciones en parte por el cese al fuego unilateral decretado por las Farc el 15 de julio del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Los Ministerios y el Gobierno en general afirmaron, por su parte, que han cumplido cabalmente las \u00f3rdenes dadas por la CIDH a trav\u00e9s de designaci\u00f3n de escoltas, suministro de equipos de comunicaciones, veh\u00edculos blindados, entre otras medidas.<\/p>\n
El Gobierno dijo, adem\u00e1s, que las medidas decretadas por la CIDH no deb\u00edan ser de obligatorio cumplimiento pues correspond\u00edan a un tema de pol\u00edtica interna.<\/p>\n
JUSTICIA<\/p>\n