Alto And\u00e1gueda reconoce, por primera vez, los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas y les ordena a varias entidades p\u00fablicas cumplir con acciones que, a la fecha, se han hecho a medias. En la imagen, una de las familias afectadas. \/ Fotos: Andr\u00e9s Buitrago<\/em><\/p>\nImagine un lugar que ha sido abatido durante a\u00f1os por la cruda guerra de nuestro pa\u00eds, apartado y escondido entre la rica selva chocoana, donde poderosas empresas se pelean el control de las minas de oro, con presencia de grupos al margen de la ley y donde el Estado siempre ha sido un organismo ausente. Tratar de llegar ah\u00ed significa una traves\u00eda de hasta tres d\u00edas caminando desde el corregimiento de Santa Cecilia, en Risaralda.<\/p>\n
Ese es el resguardo Tahami del Alto And\u00e1gueda, ubicado en el municipio de Bagad\u00f3, en el Choc\u00f3. Organizado en 33 comunidades en las que habitan m\u00e1s de 1.500 familias y alrededor de 7.200 ind\u00edgenas. Una tierra que durante muchos a\u00f1os ha sido testigo de bombardeos a\u00e9reos, confinamientos, despojos, amenazas, torturas y asesinatos.<\/p>\n
Esta poblaci\u00f3n sigue reclamando la atenci\u00f3n del Gobierno, pues hace un a\u00f1o, en un fallo hist\u00f3rico, el Tribunal Superior de Antioquia orden\u00f3 devolverles 50.000 hect\u00e1reas de su territorio (un poco m\u00e1s del 50 % del municipio de Bagad\u00f3). La sentencia reconoce, por primera vez, los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas y les ordena a varias entidades p\u00fablicas cumplir con \u00f3rdenes que, a la fecha, no han avanzado como deber\u00edan.<\/p>\n
La falta de articulaci\u00f3n entre entidades locales y nacionales, la escasez de recursos, el clima inclemente, los complejos procesos de concertaci\u00f3n con las autoridades ind\u00edgenas y los problemas de orden p\u00fablico han impedido que los desplazados retornen a su hogar de manera digna y segura. Muchos, por una fiebre del oro que estall\u00f3 hace cerca de diez a\u00f1os, tuvieron que desplazarse a centros urbanos, lo que ocasion\u00f3 un proceso de desarraigo cultural y espiritual y la adquisici\u00f3n de nuevas pr\u00e1cticas de mendicidad, prostituci\u00f3n y drogadicci\u00f3n que, al regresar, empezaron a quebrar el tejido social de la comunidad.<\/p>\n
El n\u00famero de desplazados, seg\u00fan el registro que tiene la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia (ONIC), es de 746 ind\u00edgenas emberas kat\u00edos distribuidos entre Andes (203), Bogot\u00e1 (257), Medell\u00edn (246), Ibagu\u00e9 (17), Pereira (10) y Armenia (13).<\/p>\n
Seg\u00fan el contralor delegado para el sector agropecuario, Andr\u00e9s Bernal, \u201cexiste un alto grado de incumplimiento institucional respecto a las \u00f3rdenes de la sentencia, especialmente en temas de urgente necesidad como salud y saneamiento b\u00e1sico\u201d.<\/p>\n
Por ejemplo, se le orden\u00f3 al Ministerio de Salud en coordinaci\u00f3n con la Gobernaci\u00f3n del Choc\u00f3, la Secretar\u00eda de Salud del Choc\u00f3, la Alcald\u00eda de Bagad\u00f3, la EPS Barrios Unidos y los cabildos gobernadores de las tres zonas que conforman el resguardo, poner en marcha la construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de puestos de salud, dotarlos, contratar personal m\u00e9dico y hacer funcionar unidades m\u00f3viles en materia de prevenci\u00f3n, promoci\u00f3n, vacunaci\u00f3n, elevaci\u00f3n nutricional y atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n
Pero de acuerdo con el \u00faltimo informe de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, que ha venido monitoreando de cerca este caso, \u201cel escenario actual de esta orden es con seguridad el m\u00e1s precario de todos en t\u00e9rminos del cumplimiento y refleja la baja responsabilidad de las entidades comprometidas en esta tarea. Ha sido evidente no s\u00f3lo una nula coordinaci\u00f3n, sino una falta de comunicaci\u00f3n entre los diferentes niveles del Gobierno\u201d.<\/p>\n
El Ministerio de Salud se\u00f1al\u00f3 que \u201cla sentencia no le otorgaba competencias y que su obligaci\u00f3n era hacer seguimiento a las acciones de atenci\u00f3n, inspecci\u00f3n, vigilancia y control que deben llevar a cabo los entes territoriales\u201d. En ese sentido, hasta el momento no han sido entregados los dise\u00f1os de los puestos de salud ni hay recursos para financiarlos.<\/p>\n
La salud es de los temas que m\u00e1s preocupan al resguardo del Alto And\u00e1gueda, pues no cuenta con centros m\u00e9dicos cercanos pese a las constantes quejas de la poblaci\u00f3n por diarrea, brotes en la piel, dolor de cabeza y fiebre. Adicionalmente, la mayor\u00eda de muertes registradas en ni\u00f1os menores de 5 a\u00f1os son debidas a Enfermedad Diarreica Aguda, que habr\u00edan podido evitarse de contar con un tratamiento a tiempo.<\/p>\n
En cuanto a la obligaci\u00f3n del Ministerio de Vivienda de garantizar agua potable y saneamiento b\u00e1sico al resguardo, la Contralor\u00eda asegura que \u201cno hay cumplimiento de este compromiso\u201d y llama la atenci\u00f3n que, \u201cal igual que los centros de salud, se proyecta desarrollarlo teniendo como fuente el Sistema General de Regal\u00edas, lo que no garantiza en el momento una disponibilidad presupuestal para su cumplimiento\u201d.<\/p>\n
La alimentaci\u00f3n es otro tema que inquieta. Seg\u00fan Patricia Tob\u00f3n, abogada de la Comunidad de Juristas Akubadaura, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) considera que un programa de seguridad alimentaria para el resguardo consiste en dotar a cada familia con una libra de ma\u00edz, veinte granos de fr\u00edjol, cuatro matas de pl\u00e1tano, diez estacas de yuca y una pl\u00e1ntula de lim\u00f3n. \u201cPero es impensable, eso no es seguridad alimentaria para nadie\u201d, dice.<\/p>\n
Precisamente, garantizar la seguridad alimentaria es una de las principales falencias en el acompa\u00f1amiento al proceso de retorno de la comunidad desplazada. De acuerdo con Tob\u00f3n, \u201clas instituciones creen que solo deben ofrecer su oferta institucional y no tienen en cuenta el decreto 4633, que exige una asistencia diferencial que les garantice a los ind\u00edgenas retornar a su territorio en condiciones dignas y seguras\u201d.<\/p>\n
\u201cEl Gobierno hacia afuera habla cosas muy bonitas sobre la paz, pero hacia adentro hay un completo abandono. No estamos pidiendo un favor, sino un derecho que ampara la sentencia y que adem\u00e1s no entendemos. Estamos confundidos porque no hablamos castellano y la sentencia no se ha traducido a nuestra lengua, as\u00ed que no sabemos bien qu\u00e9 nos tienen que dar y en qu\u00e9 plazos. Necesitamos jornadas educativas al respecto\u201d, dice Yahaira Murr\u00ed, lideresa ind\u00edgena de la zona y una de las pocas mujeres que hablan espa\u00f1ol.<\/p>\n
La historia de los emberas kat\u00edos arranc\u00f3 a finales de 1979, cuando el Incora \u2013hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)\u2013 reconoci\u00f3 la existencia de su resguardo. Pero tres d\u00e9cadas despu\u00e9s, el Gobierno inici\u00f3 una intensa concesi\u00f3n de t\u00edtulos mineros que poco a poco se fueron comiendo a mordiscos esta tierra. En total, como lo advirti\u00f3 la sentencia, el 62 % de su territorio qued\u00f3 en manos de once empresas que buscaban oro.<\/p>\n
Y aunque el organismo les dio un jal\u00f3n de orejas a la Fuerza P\u00fablica y a la Autoridad Nacional de Minas (ANM) para recuperar aquellas tierras explotadas y destruir la maquinaria pesada que ah\u00ed se encuentra, los avances han sido m\u00ednimos para la magnitud del problema. De nuevo, la falta de cooperaci\u00f3n entre autoridades locales y la presencia de grupos armados impidieron que la maquinaria que ha transformado el ecosistemafuese destruida.<\/p>\n
Lo que le preocupa al grupo de abogados que le sigue la pista a la sentencia del Alto And\u00e1gueda es que despu\u00e9s de un a\u00f1o los avances han sido pocos pero los enfrentamientos contin\u00faan, al igual que los confinamientos y la zozobra con la que viven cada d\u00eda.<\/p>\n
\u201cEl Gobierno dice que ha hecho muchas cosas, pero en terreno no hay salud, saneamiento b\u00e1sico, escuelas, casas, electricidad, ni nada. Si no les cumplen a las v\u00edctimas con un acuerdo tan grande como el de justicia transicional, siendo esta la primera sentencia que ampara los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas, entonces qu\u00e9 va a pasar en un escenario de posconflicto. El hecho de que exista una sentencia no significa que haya un goce efectivo de los derechos, porque no se ha cumplido como corresponde\u201d, sostiene la abogada Tob\u00f3n.<\/p>\n
Lo mismo piensa la ind\u00edgena Morr\u00ed. \u201cQueremos que el gobierno nos cumpla, estamos cansados. Antes sembr\u00e1bamos ma\u00edz pero estas tierras ahora no son f\u00e9rtiles, sal\u00edamos a cazar pero ahora por los bombardeos y enfrentamientos nos da miedo movernos en la selva, hay desnutrici\u00f3n, agua contaminada, enfermedades occidentales por la comida que nos dan, no hay centros de salud y la gente se muere a mitad de camino. Los ni\u00f1os son los m\u00e1s perjudicados, esperamos que el Estado no los deje morir\u201c.<\/p>\n
Por: Karen Tatiana Pardo<\/strong><\/p>\nhttp:\/\/www.elespectador.com\/noticias\/medio-ambiente\/promesa-incumplida-los-emberas-katios-del-alto-andagued-articulo-608742<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A finales de 2014 un hist\u00f3rico fallo le devolvi\u00f3 50 mil hect\u00e1reas de tierra a esta comunidad del Choc\u00f3, desplazada por la violencia y la bonanza de oro. Un a\u00f1o despu\u00e9s, la poblaci\u00f3n siente que no hay garant\u00edas para retornar. Reclaman m\u00e1s atenci\u00f3n en salud y servicios b\u00e1sicos.<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":12343,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"yoast_head":"\n
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