por\u00a0Andr\u00e9e Viana Garc\u00e9s<\/p>\n
Lo que est\u00e1 en juego en la demanda contra el decreto 1953 de 2014 es la firmeza o la derrota de la pluralidad. Sin embargo, el proceso se ha adelantado hasta ahora de espalda a los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
Hay un fantasma en la Corte Constitucional<\/strong><\/p>\n Hace pocos d\u00edas los pueblos ind\u00edgenas y los c\u00edrculos acad\u00e9micos que han acompa\u00f1ado las discusiones m\u00e1s importantes sobre sus derechos, se han enterado que, desde hace meses, se tramita en la Corte Constitucional una demanda contra el decreto 1953 de 2014, construido por el gobierno nacional y los pueblos ind\u00edgenas despu\u00e9s de la minga de 2013.<\/p>\n La minga termin\u00f3 en La Mar\u00eda-Cauca con la firma de treinta acuerdos. Parte de esos acuerdos se refer\u00eda a este decreto, que resuelve una vieja deuda del Estado colombiano con los pueblos ind\u00edgenas. La norma dice c\u00f3mo se ponen en funcionamiento los territorios ind\u00edgenas y reconoce que tienen sus propias autoridades. Establece que los Resguardos administrar\u00e1n directamente los recursos especiales del Sistema General de Participaciones para estas entidades, y dispone que los territorios ind\u00edgenas administrar\u00e1n los sistemas propios de salud, de educaci\u00f3n y de agua potable y saneamiento b\u00e1sico, para lo cual recibir\u00e1n recursos del Sistema General de Participaciones y de otras fuentes.<\/p>\n Con el decreto, el reconocimiento de las autoridades propias de los pueblos ind\u00edgenas trae consigo la recuperaci\u00f3n de las decisiones sobre recursos de los que depende el ejercicio de sus derechos, y en \u00faltimas, su pervivencia f\u00edsica y cultural.<\/p>\n Este decreto 1953 de 2014 reconcilia al pa\u00eds con el esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n de 1991 que apostaba por superar los discursos ligeros en que el reconocimiento jur\u00eddico de la diferencia viene atado a la idea de que ella es regulada y controlada por el poder hegem\u00f3nico.<\/p>\n En este giro hacia la pluralidad, casi 25 a\u00f1os despu\u00e9s del mandato constitucional, el decreto choc\u00f3 contra las campanas de las haciendas coloniales del Cauca y despert\u00f3 los fantasmas de la Naci\u00f3n Homog\u00e9nea.<\/p>\n Fantasmas de las viejas relaciones del Estado con los pueblos ind\u00edgenas, regidas por pol\u00edticas de aniquilamiento y dominaci\u00f3n, por l\u00f3gicas de sometimiento de sus personas, de negaci\u00f3n de su autoridad sobre sus territorios y de despojo y acumulaci\u00f3n de sus riquezas en favor del propio Estado y de terceros distintos de \u00e9l. Fantasmas que nadan entre las l\u00edneas de la demanda y que reviven discusiones que el pa\u00eds debe dar abiertamente en los foros adecuados, y no a prop\u00f3sito de difamaciones y artima\u00f1as period\u00edsticas. La demanda ante la Corte Constitucional pretende que el decreto sea declarado inconstitucional porque sostiene que el Gobierno nacional no ten\u00eda competencia para expedirlo. La historia jur\u00eddica de esa competencia, que s\u00ed tiene y mantiene el gobierno nacional, es m\u00e1s sencilla de lo que el demandante pretende.<\/p>\n La Constituci\u00f3n dise\u00f1\u00f3 el marco general del ordenamiento territorial colombiano. Ese es el marco de la organizaci\u00f3n pol\u00edtico-territorial del pa\u00eds, e incluye figuras conocidas por todos como los municipios, los distritos especiales o los departamentos, y otras menos conocidas pero igual de importantes como las Entidades Territoriales Ind\u00edgenas. Con ese marco, los constituyentes trataban de dejar atr\u00e1s dos caracter\u00edsticas sobre las que se erigi\u00f3 la Naci\u00f3n colombiana y que hab\u00edan estado tras la historia m\u00e1s sangrienta del pa\u00eds: el centralismo y el colonialismo.<\/p>\n La Constituci\u00f3n de 1991 deleg\u00f3 el desarrollo de ese modelo de ordenamiento territorial al legislador. Pero, previendo que no ser\u00eda f\u00e1cil volver a encontrar la voluntad pol\u00edtica que acompa\u00f1\u00f3 a la asamblea nacional constituyente, se incluy\u00f3 el art\u00edculo 56 transitorio. Seg\u00fan ese art\u00edculo, mientras se conforman y regulan las entidades territoriales ind\u00edgenas en la ley org\u00e1nica de ordenamiento territorial, el gobierno puede dictar las normas necesarias relativas al funcionamiento de los territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n Lo que dice el demandante es que esa ley ya existe (ley org\u00e1nica 1454 de 2011) y que, adem\u00e1s en el a\u00f1o 1993 ya se dict\u00f3 un decreto en desarrollo del art\u00edculo 56 transitorio, para regular las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales. Entiende que, por eso, el gobierno no ten\u00eda competencia para expedir el decreto 1953 de 2014.<\/p>\n Ambos argumentos son m\u00e1s bien d\u00e9biles. El primero porque la Corte Constitucional ya dijo que la Ley Org\u00e1nica de Ordenamiento Territorial (LOOT) omiti\u00f3 absolutamente regular las entidades territoriales ind\u00edgenas, por lo que las competencias del art\u00edculo 56 transitorio siguen vigentes a\u00fan despu\u00e9s de su expedici\u00f3n. Y el segundo, porque el decreto expedido por el gobierno nacional en 1993 no regula los territorios ind\u00edgenas. Pero adem\u00e1s, porque el art\u00edculo 56 transitorio permite al gobierno dictar todas las normas necesarias para regular el asunto mientras no lo haga el legislador. No es una competencia que caduque con la firma del primer decreto, cualquiera que sea su alcance y objeto.<\/p>\n Estos razonamientos son expuestos con claridad en el concepto rendido por el Procurador General dentro del proceso y en la intervenci\u00f3n extempor\u00e1nea de los pueblos ind\u00edgenas. Adem\u00e1s han sido discutidos por la comunidad acad\u00e9mica interesada en la construcci\u00f3n de la norma.<\/p>\n Sin embargo, en una decisi\u00f3n extra\u00f1a a la tradici\u00f3n de la Corte Constitucional, no se invit\u00f3 a intervenir en el proceso ni a las instituciones acad\u00e9micas que tradicionalmente han estudiado esta materia, ni a los propios pueblos ind\u00edgenas, cuyos derechos est\u00e1n en juego y quienes adem\u00e1s participaron en la construcci\u00f3n de la norma.<\/p>\n Una llave para abrir el proceso en la Corte Constitucional<\/strong><\/p>\n Por v\u00edas distintas a la invitaci\u00f3n que tradicionalmente les ha hecho la Corte en casos que comprometen sus derechos, los pueblos ind\u00edgenas se enteraron de la existencia de la demanda ahora que el proceso est\u00e1 avanzad\u00edsimo (ya est\u00e1 registrado el proyecto de sentencia para ser discutido).<\/p>\n Hace pocos d\u00edas, en consecuencia, presentaron la intervenci\u00f3n extempor\u00e1nea a la que se hizo referencia, con un an\u00e1lisis jur\u00eddico juicioso sobre el asunto, y con un llamado de atenci\u00f3n por no haberles permitido participar en la discusi\u00f3n. En su escrito, los ind\u00edgenas solicitan a la Corte que convoque una audiencia p\u00fablica para que los escuche y para que pueda conocer los aportes de expertos, centros de pensamiento e instituciones acad\u00e9micas que dar\u00edan elementos para abordar la demanda desde una perspectiva m\u00e1s completa.<\/p>\n La Corte Constitucional ha sido la corporaci\u00f3n judicial m\u00e1s progresista de la Regi\u00f3n en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los pueblos ind\u00edgenas, especialmente de aquellos derechos que tienen una relaci\u00f3n directa con su perviviencia f\u00edsica y cultural y de aquellos que redundan en el fortalecimiento de la democracia sustantiva y plural. La Corte ha dado al traste con la idea de que las decisiones sobre los pueblos ind\u00edgenas se adoptan desde las l\u00f3gicas occidentales, y sus sentencias y procedimientos se han convertido en lugares de encuentro de saberes y conocimientos.<\/p>\n Por eso, en este proceso de constitucionalidad, que no es uno m\u00e1s, la Corte deber\u00eda utilizar la llave de la audiencia p\u00fablica para abrir el proceso y enriquecer la decisi\u00f3n. \u00c9ste es un proceso de extraordinaria importancia. Es tan importante como aquellos otros en los que esa corporaci\u00f3n ha convocado audiencias p\u00fablicas, como el reciente del matrimonio igualitario, o el del marco jur\u00eddico para la paz, o el de la segunda reelecci\u00f3n.<\/p>\n En este proceso no est\u00e1 de por medio una norma menor, una decisi\u00f3n ligera. Con esta demanda se est\u00e1 discutiendo el alcance del art\u00edculo primero de la Constituci\u00f3n porque remite a la tensi\u00f3n entre la identidad constitucional pluralista y una naci\u00f3n preconstitucional sin derechos diferenciales. En esta demanda se est\u00e1 discutiendo el modelo territorial, y remite a otra tensi\u00f3n entre la apuesta constitucional para que el modelo territorial colombiano se despoje de su dejo colonial y una apuesta distinta para que se perpet\u00fae la muerte artificial de las entidades territoriales ind\u00edgenas, impedir su autogobierno, y recuperar el rumbo hacia la Naci\u00f3n Homog\u00e9nea y centralista.<\/p>\n Lo que est\u00e1 en juego en la demanda es la firmeza o la derrota de la pluralidad en serio. Y lo que est\u00e1 en juego en el proceso, adelantado hasta ahora de espalda a los pueblos ind\u00edgenas, es el papel de la Corte como lugar de encuentro, como instancia que ha salvado siempre el di\u00e1logo y la diferencia, sobre la imposici\u00f3n y el unanimismo.<\/p>\n En una audiencia como la solicitada por los pueblos, la Corte podr\u00eda enriquecer sus argumentos antes de decidir, porque por ahora s\u00f3lo cuenta con los de unos pocos a quienes invit\u00f3 a intervenir, todos muy similares entre ellos. Esa audiencia permitir\u00eda que los detractores del modelo plural por el que avanza el decreto expliquen mejor sus posiciones, permitir\u00eda que el gobierno defienda la legitimidad de hacer lo que no hab\u00eda hecho, permitir\u00eda escuchar a otros acad\u00e9micos y a los pueblos ind\u00edgenas, permitir\u00eda, en \u00faltimas, entender el verdadero alcance constitucional de esa norma y de las pretensiones de su impugnaci\u00f3n.<\/p>\n
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\nLa demanda y el proceso<\/strong><\/strong><\/p>\n