En la Pandemia por el COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud OMS y que ha paralizado a gran parte del planeta, los más afectados somos los sectores empobrecidos por un sistema injusto y expoliador de nuestros recursos y nuestras vidas, dentro de los cuales nos contamos los pueblos indígenas que hemos sido sometidos al exterminio físico, cultural y territorial. Los países del mundo buscan salidas a esta grave situación, unos priorizando a la salud y la vida de la población y otros buscando que los grandes capitales no vayan a ser afectados.

Por la manera en que no hemos sido consultados los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos ni los sectores de trabajadores, estudiantes, transportadores y pequeños empresarios, así como por las decisiones que se están tomando en los diferentes decretos de emergencia, pensamos que en Colombia se está encaminando prioritariamente hacia la protección del gran capital.

Es injusto que en medio de esta cuarentena donde se ha dado vía libre por parte del gobierno a las empresas de suspender contratos a sus trabajadores ahondando más la crisis de las familias colombianas, entonces surgen unas preguntas validas ¿Qué podrán decidir los padres y madres que deben alimentar a sus hijos de la mal llamada economía informal? ¿quedarse en casa, si es que la tienen, morir de hambre o arriesgarse a salir para buscar que comer y entonces morir infectados por el CORANAVIRUS?, son decisiones de vida o muerte pero que se deben tomar mientras seguimos viendo anuncios por televisión del presidente que dice va ayudar a las familias vulnerables del país; sin embargo en la practica la operatividad es tardía e ineficiente, desde un Estado, muy lento y poco funcional en épocas normales pero que en esta emergencia parece estancarse por completo, el cual cuando ejecuta acciones causa más congestión que lo que soluciona.

La privatización y mercantilización del servicio a la salud, que se ha implementado desde el año 1993 con la ley 100, hace que el país haya abandonado los hospitales públicos, dejándolos al libre albedrio de la oferta y la demanda y sujetas al no pago de las empresas que manejan la salud subsidiada y contributiva, llevando a que en este momento el país tenga una muy débil infraestructura médica, ventiladores, y escasísimo nivel de Unidades de Cuidados Intensivos UCI; a ello se suma la debilidad en la investigación en salud, a la cual se asignan pírricos presupuestos; llevando todo ello a una capacidad de respuesta bastante insuficiente en épocas normales y casi nula en una emergencia como la actual.

A la falta de gobernabilidad nacional se suma la deficiencia del gobierno departamental que ni siquiera se ha pronunciado sobre los altos precios que están cobrando por los enseres de la canasta familiar en las ciudades: un pueblo paralizado económicamente y grandes proveedores de alimentos haciendo su “agosto” sin ninguna consideración hacia la situación que estamos presentando actualmente, son caldo de cultivo para la agudización de esta emergencia. Tampoco conocemos cuales son las medidas que está tomando el gobierno departamental y los gobiernos locales para responder en la mitigación de esta emergencia; sabemos que nuestros hospitales están en una situación de crisis y no soportarían un crecimiento de los casos a una tasa promedio como la que ocurre en el país; tampoco vemos las medidas para aliviar a los sectores más vulnerables de la población y a las dinámicas económicas de la región.

Hacemos el llamado al gobierno nacional, departamental y municipales para que ejerzan gobernabilidad, y controlen y regulen los precios de los alimentos, en coherencia con la difícil situación que estamos atravesando; también invitamos al pueblo colombiano a que compre sus alimentos en las tiendas y supermercados que se encuentran en sus barrios y veredas; en lo posible comprar los productos agrícolas directamente a los productores y no recurrir a hacer grandes filas en almacenes de cadena comprando productos con precios exorbitantes que en nada consideran la crisis del pueblo colombiano.

Las comunidades indígenas del Consejo Regional Indigena del Cauca –CRIC- con nuestra guardia indígena estamos operativizando nuestros planes de contingencia regional, zonal y local para evitar que el pueblo caucano sufra grandes consecuencias por el COVID-19; invitamos a las organizaciones sociales, campesinas y populares a seguir fortaleciendo desde los territorios los planes de contingencia, y a la ciudadanía a que se concientice de la gravedad del asunto y eviten salir si no es necesario, recordamos que los sitios turísticos dentro de nuestros territorios están cerrados y no se permite el ingreso de personal foráneo. También los llamamos a articularnos para exigir al Gobierno colombiano un tratamiento diferencial para nuestras comunidades y a no permitir que sectores voraces del capitalismo y del poder atenten contra nuestras vidas, nuestros sistemas propios y nuestros territorios. Es importante estar atentos para que la normatividad y la política pública que se están expidiendo con la declaratoria de esta emergencia no atenten contra nuestros derechos como personas, como comunidades y cómo territorio y, antes bien, que respondan a nuestras urgentes necesidades y a los planes y proyectos de vida digna.

“Todo para la vida y la paz nada para la guerra y la muerte”.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC.

Abril 3-2020

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