Saldo de tres comuneros muertos, entre ellos un menor de edad, una anciana y más de ochenta personas heridas deja un procedimiento de desalojo adelantado por unidades del Ejército Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, en un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales SAE, en la ciudad de Santa Leticia capital del departamento del Amazonas, hechos que han sido confirmados por las Autoridades Tradicionales de la zona.
La situación se presentó desde la madrugada de hoy en cumplimiento de una orden emanada del alcalde municipal de Leticia Jorge Luis Mendoza Muñoz, pese a que el director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior Fernando Aguirre Tejada, le había solicitado el aplazamiento de esta diligencia, en un oficio fechado el 23 de septiembre del 2020, con el fin de adelantar un proceso investigativo y agotar los mecanismos necesarios para evitar un procedimiento violento. Entre las familias que están siendo desalojadas hay 6 con personas en condición de discapacidad, 30 desplazadas, 6 mujeres en gestación y 15 mujeres en situación de riesgo, advierten en el documento del Ministerio del Interior, documento que buscaba un acuerdo entre las partes.
Organizaciones indígenas y de otros sectores populares del trapecio amazónico llamaron la atención de los organismos de Derechos Humanos, a fin de que atiendan esta situación en momentos en que las familias asentadas en este predio, se encuentran a la intemperie luego de perder todas sus pertenencias. “Queremos la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, la defensoría del pueblo del orden nacional así como de los organismos de control, también desde la capital del país porque aquí en el Amazonas todos los funcionarios no tienen ninguna disposición de proteger nuestros derechos y por el contrario se encuentran “amangualados” en contra de las comunidades” señaló uno de los voceros comunitarios al solicitar una acción urgente en favor de comunidades indígenas, afrocolombianos y de otros sectores asentados en ese lugar.
Para el Consejo Regional Indígena del Cauca este es otro hecho de persecución y aniquilamiento de las organizaciones indígenas del país, que buscan el reconocimiento de sus derechos especialmente el de la tierra y una vivienda digna.
Llamamos la atención de los organismos de Derechos Humanos del orden Nacional e Internacional, para que se apersonen de esta situación, y exigimos una investigación transparente que permita individualizar y judicializar a los responsables del asesinato de las tres personas en condiciones de indefensión que habitaban el predio en mención.
Exigimos de los organismos de control mantenerse vigilantes al proceso investigativo y el restablecimiento de los derechos usurpados por los organismos de seguridad del estado en cumplimiento de disposiciones de la alcaldía de Leticia.
Por: Programa de Comunicaciones CRIC
