las (127) Autoridades Tradicionales y los (10) pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, con fundamento en nuestra ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio, EXIGIMOS GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CONSEJERA DE DERECHOS HUMANOS, AIDA QUILCUE, EL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, DENUNCIAMOS:

Ante la Opinión Pública, Organizaciones y organismos de Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional y a la Defensoría del Pueblo, que en el día de hoy 2 de junio de 2020, a las 5:30 pm se presentan hechos donde hacen presencia en el Resguardo Piçkwe Tha Fiw cinco (5) sujetos fuertemente armados y vistiendo prendas militares, solicitando información de localización de la Consejera Aida Quilcue Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcue y del profesor Emirson Huetia.

Antecedentes de los hechos ocurridos:

  • Esta situación se viene presentando desde el pasado 10 de febrero cuando, en el Territorio Ancestral del Pueblo Nasa, siendo a las 08:45 pm se recibe una llamada anónima alertando a la comunidad del Resguardo Piçkwe Tha Fiw, de la comunidad de la Villa, municipio de Páez, informando sobre la presencia de un grupo armado en el territorio; por lo que se hizo necesario el ejercicio de control territorial de la guardia de este territorio, que por acción inmediata identificó a (12) personas fuertemente armadas con camuflados y porte de armas de uso privativo de la fuerzas militares, personal que posteriormente fue transportado en camioneta en doble cabina escoltada por dos unidades motorizadas rumbo a la vía principal.

Es preocupante la situación de derechos humanos en Colombia y, de manera particular, las amenazas, el amedrentamiento, y el asesinato contra líderes sociales, y contra nuestros procesos organizativos. En el Departamento del Cauca hemos visto como se ha instrumentalizado la no terminación del conflicto armado como compromiso público del partido de Gobierno y por tanto del Gobierno nacional, que se han empecinado en no cumplir el acuerdo de paz, dando como resultado que nuestros territorios se han copado con fuerza pública con el argumento de combatir los actores ilegales de disidencias, grupos residuales, y grupos guerrilleros, atentando unos y otros contra nuestros procesos organizativos y nuestras luchas de resistencia social y comunitaria. Como en los picos más altos del conflicto armado en la primera década del siglo XXI, la confusión de múltiples violencias se ensaña contra nuestros territorios; terminando siempre la población civil como un trofeo de guerra ante quienes pretenden apoderarse de nuestros territorios, para convertir a la naturaleza en un desierto y para deshacerse de nuestros procesos organizativos y de nuestras poblaciones.

Constantemente tenemos que alertar sobre la ejecución permanente de actos violatorios e indiscriminados que atentan contra la armonía y el equilibrio de nuestros territorios ancestrales, como consecuencia de la presencia de grupos armados, y el señalamiento perverso de los detentadores del poder contra nuestros procesos y dirigencia. Se ataca a estigmatización, señalamientos, criminalización y la persecución a nuestros líderes, Autoridades y sabedores tradicionales, al cuerpo colectivo de la guardia indígena, y en general a las instancias comunitarias que con fundamento y claridad política, organizativa y cultural, realizamos el ejercicio de control territorial.

Rechazamos estos actos que se desarrollan a partir de la llegada de la consejera Aida Marina Quilcue Vivas, al territorio de Piçkwe Tha Fiw; ella a pesar de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra nuestras comunidades y contra ella como persona, no ha cesado en su empeño de avanzar en los planes de vida de nuestras comunidades y en la defensa de nuestro proceso organizativo. Es una líder social y una autoridad tradicional de nuestros pueblos. Nuevamente somos víctimas de crímenes que implican la vulneración del derecho fundamental a la vida, la pervivencia, la convivencia pacífica de los Pueblos Indígenas. Somos cultivadores de la paz, la unidad, la armonía y el equilibrio como principios organizativos.

El Estado colombiano tiene la obligación constitucional y el compromiso internacional de darle las garantías a ella como persona, a la autoridad tradicional y al profesor del resguardo, hoy amenazados, así como a todos los integrantes de las comunidades indígenas del Cauca. El Estado colombiano tiene la obligación constitucional de parar la guerra y generar condiciones para parar la violencia y garantizar la vida, la justicia y la paz, para todos los colombianos y colombianas. Los organismos internacionales deben velar para que esto no se siga incumpliendo.

Por lo anterior, las (127) Autoridades Tradicionales y los (10) pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, nos colocamos en máxima alerta ante esta y otras situaciones de amenaza de nuestros compañeros, compañeras y de nuestros procesos sociales.

Pueblos milenarios seguimos en resistencia

CONSEJERÍA MAYOR DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA- CRIC JUNIO DOS (2) DE JUNIO DE 2020

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