Declaración

Rechazo a la audiencia del Plan de Manejo Ambiental para la fumigación aérea con glifosato

Diciembre 17 de 2020, República de Colombia

Los abajo firmantes, somos integrantes de comunidades afectadas por las políticas que tienen en crisis al campo colombiano; integrantes de organizaciones sociales que venimos exigiendo la implementación efectiva de los planes integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito, la reforma rural integral, así como el reconocimiento y apoyo a otros planes comunitarios y regionales de erradicación, sustitución, diversificación o dejación de cultivos.

Rechazamos la pretensión del gobierno nacional de imponer el plan de aspersión aérea y dejamos constancia de nuestros desacuerdos frente a la audiencia del  Plan  de Manejo Ambiental del PECIG con la que se pretende haber ajustado al Plan de Manejo Ambiental con miras a reactivar las fumigaciones áreas con glifosato.

Rechazamos ese Plan de Manejo Ambiental para la aspersión aérea con glifosato y las audiencias de la ANLA por las siguientes razones:

  1. Porque las fumigaciones son un atentado contra nuestra dignidad, atemorizan a nuestros hijos y constituyen un riesgo sanitario para nuestras familias en veredas en las que ya de por sí las instituciones de atención de salud son escasas; más escasas en las condiciones actuales de pandemia.
  2. No se ha presentado el estudio epidemiológico de las zonas que se pretenden asperjar, ni la línea de base y políticas preventivas, de monitoreo y de mitigación de impactos, tal como ordena la ley y ha sido exigida en pronunciamientos de los tribunales y de la Corte Constitucional.
  3. No se han entregado estudios específicos sobre las condiciones socioeconómicas de las comunidades y personas de las zonas y regiones de impacto de las fumigaciones y por el contrario en los Estudios de Impacto Ambiental se incluyen estadísticas generales de algunos municipios sin caracterización detallada y evaluación de costos y de alternativas.
  4. Porque nuestra subsistencia la derivamos del campo y es con nuestros productos que se alimenta el pueblo colombiano. Es indudable que esos productos se verán adversamente afectados por las fumigaciones aéreas, así como están siendo afectados por las fumigaciones terrestres que se están llevando a cabo en nuestros territorios.
  5. Porque no se ha suministrado la información primaria sobre las fuentes de agua en las zonas que piensan fumigar, ni se ha estipulado una distancia prudente y adecuada de las áreas que se constituyen en fuentes de abastecimiento los acueductos municipales y veredales. El glifosato, como bien sabemos por experiencia en 40 años de aspersiones aéreas, y como han mostrado estudios científicos e incluso las etiquetas de fabricantes, puede ser supremamente nocivo para las fuentes de agua; además, la mezcla con un coadyuvante potencia los riesgos.
  6. No se han entregado los estudios de impacto en las especies acuáticas y de manera ligera se sostiene que el glifosato y la mezcla que se anuncia no las afectan. El Estudio de Impacto Ambiental no presenta la lista de especies evaluadas en cada región ni los estudios que corresponden a cada una de ellas; en cambio hace referencias generales basadas en estudios en otros países para una pocas que seleccionan arbitrariamente.
  7. Lo mismo puede reclamarse en lo que se refiere a aves e insectos; contrariando investigaciones y advertencias de los mismos fabricantes, ese Estudios de Impacto Ambiental, afirma que el glifosato y la mezcla que van a utilizar no los afecta, incluida a las abejas. Deberían incluir los estudios sobre el tema que han hecho los fabricantes que son posibles proveedores del veneno agrotóxico, del coadyuvante y de la mezcla y no lo hacen.
  8. Porque, mientras la altura de vuelo recomendada para poder afectar las malas yerbas a erradicar es de 2 metros, las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos se pretenden efectuar a unos 30 metros, incluso hasta 40 metros de altura ocasionando así un mayor riesgo de deriva sobre nuestras familias, viviendas, cultivos de pancoger, ganado, gallinas, animales domésticos, fauna y vegetación silvestres. Aunque la Policía Nacional afirma que la deriva con los aviones es de

10. metros a un solo costado y cero deriva con lo helicópteros, esto en condiciones de campo y de riesgo de confrontaciones armadas no está probado y no se puede probar experimentando químicamente en el terreno.

  1. Porque lo que queda claro en el intercambio de oficios con el IDEAM, Minsalud, Minambiente y otras instituciones, es que ninguna de las entidades parece presta a asumir la responsabilidad por el monitoreo y reparación; con lo que se vislumbra que no existe duda alguna sobre los riesgos de afectaciones ambientales y en la salud.
  2. Porque la ANLA no ha dado respuesta efectiva y suficiente incorporado, a las advertencias del IDEAM [2020100000671]; CVC [0150-573020]; y PNN [202030018681], antes de convocar a estas audiencias.
  3. Porque se convoca esta audiencia ambiental con las comunidades que se verán afectadas sin que la ANLA haya tomado la decisión de fondo y/o aprobado el ajustado PMAG y, si lo ha hecho, no es claro con base en que estudios aprobó dicho ajuste puesto que la Policía Nacional DIRAN claramente no entrega investigación científica de rigor, de calidad e imparcial sobre el riesgo planteado por el glifosato, incumpliendo así lo exigido por la Sentencia T-236/17.
  4. Porque no parece razonable que se someta a consideración de las comunidades un PMAG que puede ser posteriormente objeto de modificaciones inconsultas con las comunidades, en clara violación de la razón de ser de dichas audiencias.
  5. Porque la información geográfica nacional y de las áreas específicas a fumigar, no ha sido entregada y no se encuentra actualizada, con lo que se incrementan los riesgos de afectación a predios no cocaleros y consiguiente riesgo de deforestación y costos a la nación por acciones de reparación.
  6. Porque mientras el gobierno nacional priorice invertir en fumigaciones en lugar de invertir en mejorar las condiciones de vida y posibilidades productivas de los habitantes del agro, los cultivos de coca seguirán expandiéndose por todo el territorio nacional. La respuesta a la coca es generar condiciones de vida digna, no la indignidad de las fumigaciones.
  7. Porque el gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional (Sentencia T-236 de 2017 y Auto 387 de 2019), entregando los estudios científicos requeridos y demostrando que se han tomado las medidas de implementación del punto 4 del Acuerdo de terminación del conflicto suscrito el 24 de noviembre de 2016.
  8. Porque el gobierno no acata el mandato legal y constitucional de respeto a la consulta y consentimiento previo, libre e informado en los planes de erradicación en territorios étnicos.

Solicitamos:

  1. Se nos informe públicamente sobre las medidas previstas para proteger a las comunidades del riesgo de afectación de la soberanía alimentaria y contra el desplazamiento forzado que ocasionan las fumigaciones aéreas.
  2. Que previo a las audiencias y consultas se entreguen los estudios de salud, ambiente y socioeconómicos; los estudios científicos sobre el impacto en los seres vivos de cada ecosistema del cual forman parte las áreas a impactar. De la misma manera que se entreguen los estudios y planes alternativos y de reparación a las poblaciones.
  3. Que se entregue, si la hay, evidencia suficiente y comprobada de la imposibilidad de implementar el PNIS u otros planes comunitarios de sustitución, diversificación o dejación voluntaria de cultivos, en las áreas que se pretenden fumigar o ser objeto de erradicación forzada: evidencia suficiente de que se ha intentado de buena fe implementar los programas integrales de sustitución en forma concertada; y que se muestre la falta de voluntad de las comunidades para vincularse al PNIS; que se muestre que se ha dado respuesta o se está en proceso de dar respuesta a las comunidades y familias que en esas regiones han acudido voluntariamente a los planes de sustitución.
  4. Se prevenga al ANLA, al Estado colombiano y a los fabricantes de los productos químicos con los que se piensa fumigar que los daños ocasionados a zonas protegidas, zonas étnicas; cultivos y bienes lícitos son susceptibles y serán objeto de acciones de reparación de nuestra parte.
  5. Se entregue a los moradores de los 104 municipios a fumigar los correspondientes planos del IGAC y cédulas castastrales de cada uno de los lotes de las veredas a fin de evitar que los predios colindantes a los lotes de coca se vean “inadvertidamente” o por deriva afectados.
  6. Se precise a qué distancia de los predios y zonas “lícitas” se efectuarían las fumigaciones aéreas a fin de prevenir no correr el riesgo de que el Estado afecte adversamente los predios colindantes.
  7. Se reseñen detalladamente y con precisión las áreas protegidas; reservas de la sociedad civil y otras; los corredores de conservación y áreas para la conservación de grandes carnívoros (especies paraguas); áreas importantes para la conservación de aves(AICA); poblaciones de anfibios; polinizadores; vegetación silvestre y recursos hidrobiológicos; las fincas tradicionales y cultivos de pan coger en nuestros municipios ya que debemos tener la certeza de que hayan sido correctamente cartografiadas a fin no correr el riesgo de que, al quedar bajo una lluvia de 10 lt/ha de glifosato más coadyuvante, se vean destruidos por obra del Estado y falta de previsión de las empresas fabricantes de los componentes de la mezcla química (producto denominado PF1/PF2/PF3).
  1. Se detallen con información primaria las fuentes hídricas superficiales y subterráneas existentes en cada uno de nuestras veredas y las correspondientes pruebas de campo que permitan validar los efectos (a corto, mediano o largo plazo) de las fumigaciones con la mezcla en cuestión.
  2. Se informe cual será la entidad encargada si la Policía Nacional, la ANLA y/o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la metodología con la cual efectuaría el monitoreo para que, de acuerdo con los resultados de la evaluación de impactos, se presenten las acciones de seguimiento a las posibles afectaciones. Debe permitir revisar las decisiones que se tomen cuando se reporten nuevos riesgos y contar con la participación de las autoridades de salud, ambiente y el Ministerio Público en el orden nacional y territorial;
  3. Se entreguen los estudios aprobados por las entidades competentes que clasifican a los pequeños productores de coca, marihuana y amapola y que los distinguen de los productores industriales e inversiones en cultivos del narcotráfico.

En consecuencia, se solicita que en tanto se da respuesta satisfactoria a estas criticas y peticiones se suspendan las audiencias y consultas encaminadas a dar vía libre a las fumigaciones con glifosato y otros de los cultivos de uso ilícito.

Firmas

Organizaciones de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular

Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos

Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Marihuana y Amapola – COCCAM

Organización Nacional Indígena de Colombia Espacio Regional de Paz del Cauca

Proceso de Comunidades Negras de Colombia Consejo Regional Indígena del Cauca Consejos Comunitarios del Cauca

Federación Nacional de Sindicatos Agrarios Coordinador Nacional Agrario

Comité de Integración Social del Catatumbo Asociación de Campesinos del Catatumbo Asociación de Cabildos del Norte del Cauca

Proceso de unidad popular del sur occidente colombiano Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur

Comité de Integración del Macizo Colombiano

Corporación Viso Mutop/Guaviare/Nacional Marcha Patriótica

Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes Asociación Minga

Palenque afrourbano Tumaco Asopuertoasis

ANUC Mocoa

MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES/Putumayo

Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte, Cauca y Cofanía jardines de Sucumbios

Asociación campesina del sur de Córdoba ( ASCSUCOR), Asociación nacional de zonas de reservas campesinas (ANZORC) Ríos Vivos Colombia

Fundación de DD HH Amazonia Viva Fundación Mama Coca

A la Orilla del Río/Caquetá Asociación Minga

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz /Indepaz

Siguen firmas….

Nota: Para agregar nombres basta con enviarlos a alguna de las organizaciones firmantes.

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