PUEBLOS INDÍGENAS PLURINACIONALES DEL VICHADA CONTINÚAN EN CRISIS SOCIAL Y HUMANITARIA
PUERTO CARREÑO, 1 DE DICIEMBRE 2020
De acuerdo a la visita de verificación realizada por la Consejería de Derecho de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, se evidenció la crítica situación social y humanitaria que viven los pueblos indígenas plurinacionales Amorúas, Sálibas y Sikuani en el departamento de Vichada, municipio de Puerto Carreño.
Los Veinte (20) asentamientos integrados por la población indígena mencionada se encuentran ubicados en distintos sitios geográficos no aptos para vivir, en dichos lugares no hay agua potable, ni flujo eléctrico, ausencia de baterías sanitarias y de saneamiento básico, así mismo se evidencia falta la de atención en salud, educación y garantías laborales en el marco del enfoque diferencial indígena.
La ausencia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha conllevado a la población indígena a intentar sobrevivir mediante la mendicidad, prostitución y el riesgo de contagio a graves enfermedades, pues muchas familias diariamente y en la necesidad del sustento económico buscan oportunidad y alimento en la suciedad del basurero municipal “El Merey”.
Es verdaderamente alarmante el desinterés y negligencia, pese a que anteriormente se había evidenciado por medios de comunicación esta crisis social y humanitaria, las instituciones del nivel Municipal, Departamental y Nacional no han tomado medidas estructurales para corregir esta situación que aumenta el riesgo de exterminio físico y cultural.
Exigimos al Gobierno Nacional y sus instituciones garantizar de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y demás tratados y convenios internacionales, hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, mediante la priorización y celeridad para salvaguardar estos pueblos indígenas a través de soluciones estructurales, y efectivas.
Así mismo hacemos el llamado a los entes de Control y organizaciones defensora y garantes de los derechos humanos nacionales e internacionales para que realicen el seguimiento y monitoreo de esta situación.
