Según conclusiones del XIV congreso. En aras de generar una propuesta que sea posible consensuar entre los distintos pueblos indígenas de Colombia, Latinoamérica y del mundo y que además, represente alternativas concretas de exigibilidad, con posibilidades de evaluación y seguimiento en términos de los derechos diferenciales y del fortalecimiento de la autonomía, se ha construido la propuesta del CRIC frente a la discusión del actual grado de cumplimiento de los Objetivos del Milenio y su posible replanteamiento para el 2015, partiendo de la formulación de cuatro propuestas de política pública, en los temas de tierras, ambiente, familia y gobernabilidad.
En este sentido se propone
En el tema de Territorio: (políticas públicas de tierra y ambiente)
Ante e incumplimiento reiterativo de los acuerdos suscritos en los últimos quince años entre el gobierno y los pueblos indígenas del Cauca y las amenazas de despojo y destrucción de los territorios indígenas para beneficio de los grandes intereses económicos mundiales, proponemos que los gobiernos se comprometan con:
1. El apoyo integral y la garantía política, legal e institucional para el fortalecimiento y posicionamiento de las estrategias de auto dependencia alimentaria de las familias y comunidades indígenas, lo que implica: garantías para el acceso a la tierra y para el ejercicio autónomo de los procesos de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos.
2. El apoyo integral y la garantía política, legal e institucional para el acceso y manejo autónomo del derecho al agua en los territorios indígenas, lo que implica: a) respeto a la integridad territorial y a los derechos de la madre naturaleza, b) apoyo a la implementación de tecnologías de mínima dependencia para el acceso y abastecimiento de agua, c) garantías para el manejo comunitario de los sistemas de abastecimiento del agua y reconocimiento efectivo de los cabildos indígenas como autoridades ambientales en sus territorios.
En el tema de gobernabilidad y autonomía.
Los mecanismos de seguimiento a políticas públicas están planteados para evaluar un posible y teórico cumplimiento de derechos, sustentado en procedimiento estadísticos fácilmente manipulables, sin embargo, no existe un mecanismo que permita evaluar el incumplimiento de la garantía de esos derechos, por parte de los estados. El cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la constitución de 1991 y en los convenios internacionales, se ha diluido reiteradamente en pretextos administrativos y legales. Por ello se propone:
1. El establecimiento de un mecanismo sancionatorio con participación de la comunidad internacional, que permita hacer el seguimiento al incumplimiento sistemático por parte de los gobiernos en la garantía de los derechos diferenciales y a la manipulación política y estadística de su real aplicación.
En el tema de familia
La familia indígena será el referente que permita evaluar el cumplimiento efectivo de las tres anteriores propuestas. Es decir, es a escala familiar que se puede verificar la concreción de las políticas públicas diferenciales y el cumplimiento efectivo de derechos, por eso se propone que:
1. En los temas de acceso autónomo a la alimentación, al agua y en la verificación del papel del Estado con respeto a los derechos diferenciales, sea la familia indígena el punto de evaluación del cumplimiento efectivo de las obligaciones legales por parte del Estado.